(Mapuexpress).- Este jueves 11 de octubre se dará
inicio a una de las últimas audiencias en la causa por el asesinato del
dirigente indígena Javier Chocobar, con los alegatos de las partes. Se
juzgan a tres imputados y se dictará sentencia nueve años después del
hecho. Doce audiencias pasaron por la sala del Tribunal Oral, con
declaraciones de testigos, víctimas y peritos. Pero hay una idea que
intentan imponer desde la defensa y que atravesó todo el proceso: un
dueño (Amín), se defendió de unos extranjeros/usurpadores (la Comunidad
Indígena de Chuschagasta) que quisieron quitarle “su” cantera de lajas.
Entonces vale preguntarse: ¿las tierras son de Amín?
Por Santiago Camuña. Fotos Bruno Cerimele.
“Nunca imaginé que el dueño de la casa
quede imputado”, declaró Darío Amín el día 13 de septiembre en el
Tribunal Oral de Tucumán. El señalado como autor del disparo que mató a
Javier Chocobar (el 12 de octubre de 2009), no había hecho uso de la
palabra hasta ese momento, pero decidió dar una versión de lo ocurrido.
Buscó victimizarse e intentó negar que haya sido un ataque, por el que
está imputado por homicidio calificado y homicidio calificado en grado
de tentativa, junto a dos ex policías vinculados a la dictadura:
Humberto “el niño” Gómez y José Valdivieso. La víctima fatal es Chocobar
y los heridos dos integrantes de la Comunidad Indígena Los Chuschagasta
de Tucumán.
“Yo no soy asesino. Que quede claro que
yo estaba en mi casa”, agregó Amin el día de su primera declaración.
Esta referencia a las tierras como “las de la familia Amin” se repitió
varias veces. Lo dijeron no sólo el imputado, sino también los abogados y
abogadas defensoras, la misma presidenta del tribunal (al formular las
preguntas) y algunos medios masivos. Apuntó a crear una imagen en donde
alguien estaba en “su casa”, a la que fue con dos amigos (o socios) y
como había gente supuestamente extraña, les dispararon. Aunque es
evidente que, de ser realmente los dueños, no se reduciría en lo más
mínimo la responsabilidad criminal de los imputados, cabe preguntarse
¿Realmente las tierras son de Amín?
Derecho indígena y ancestralidad
En una nueva etapa de la colonialidad,
con el afianzamiento de la república y ya avanzado el SXX, vino la
promulgación de múltiples normas jurídicas nacidas al influjo de la
lucha de los pueblos originarios a nivel mundial. Las mismas obligaron a
los estados nacionales y provinciales a acatar mandatos para resarcir a
los pueblos indígenas por toda la degradación vivida desde los inicios
de la invasión europea.
Numerosas leyes, nacionales e
internacionales más la constitución nacional (y provincial en el caso de
Tucumán) incorporan -entre otros derechos- la preexistencia al estado
de estas comunidades y reconocen a los pueblos originarios que habitan
Argentina.
Pero no es motivo de este artículo
repasar tal legislación pues es conocida y la damos por cierta aunque
diste de ser respetada o aplicada en su totalidad. Nos interesa abordar
algo central y anterior. ¿Cómo se dio la apropiación y desplazamiento de
los pueblos originarios hasta la propiedad privada del estado argentino
como tal? ¿Hasta donde llegan esos resabios coloniales? Que a veces
pueden suponerse terminados, pero lejos de ello está el estado de la
cuestión.
Este citado marco legal da por falsa la
afirmación de la familia Amín/Herrera sobre ser dueños de éstas tierras,
ya que niega (mal que les pese o les suene expropiatorio) derechos a
privados sobre las tierras indígenas que ocupan tradicionalmente por
generaciones. La Comunidad Indígena Los Chuschagasta habita esos cerros
al menos hace 400 años, tiene un uso tradicional y cuenta con historia
oral, escrita y patrimonio arqueológico que respalda tal hecho.
La Unión de los Pueblos de la Nación
Diaguita de Tucumán plantea que “desde el origen de la República y
mediante una política colonizadora (Campaña del Desiertos y otros) los
políticos y familias del Gobierno de turno, adquirieron grandes
extensiones de tierras en forma ilegal e ilegítima. Definen a éstas
familias terratenientes como “terceros viviendo en tierras indígenas”.
La obligación, el yerbaje (o pastaje) y el arriendo aún subsisten como
formas de explotación a comunidades indígenas o “lugareños”, por parte
de terratenientes en los valles Calchaquí y de Tafí y también en
particular en el lugar en donde está emplazada Chuschagasta, como así
también Anfama (recordar un hecho similar en los ochenta en esta última
del capataz Eduardo O’Brien), Ancajuli, Chasquivil, Potrero de Rodeo
Grande, Pueblo de Tolombón. En todos estos territorios ocurrieron y
ocurren atropellos y resistencias semejantes desde siempre.
La Finca La Higuera
El actual territorio que reivindica la
comunidad indígena como propio tiene como límites una antigua Finca
llamada La Higuera en la actual Trancas, que abarcó lo que es
actualmente la ruta nacional 9 (este), el río Vipos (sur), el río
Choromoro (norte) y un cordón montañoso más indefinido al día de hoy que
probablemente abarcó sectores del Chorro, Ñorco y Ancajuli. En la
transición de la etapa colonial al actual estado-nación, la finca fue un
lugar donde se ubicó un “pueblo de indios chuscha” que tenían como
origen el valle calchaquí según algunos escritos históricos. Estas
ocupaciones a través de “pueblos de indios” o “encomiendas” eran
habituales y el territorio de la actual Trancas es un ejemplo extendido
de este tipo de ocupación colonial, con migraciones poblatorias de eje
este-oeste.
En los años previos a la constitución de
la república, estos territorios fueron repartiéndose entre familias de
los antiguos encomenderos y otras familias luego “tradicionales” de la
oligarquía tucumana como los Colombres, quienes figuran ya en 1839 como
supuestos dueños de esa finca.
Sucesivas divisiones y ventas se
realizaron sobre la misma, dando lugar a parcelamientos que fueron
reduciendo el tamaño de la finca original. Claramente esas divisiones y
remates suponían convenientemente a esas tierras vacías de población,
pero los indígenas y sus descendientes se encuentran allí, desde que una
porción fue trasladada luego de las guerras calchaquíes del SXVII. Esta
estratagema, la de las “tierras vacuas” fue recurrentemente utilizada
por los colonizadores españoles para obtener mercedes reales de tierras y
luego, obtenida ésta solicitaban en encomienda sus habitantes.
Los consiguientes parcelamientos y
registros dan cuenta que la familia Amín compra una sucesión en el año
1959, cuyo título ya trae un error importante. Para ser sintéticos, esa
parcela es verdaderamente de 7.500 hectáreas y no de 10.500 como dice el
título, ya que hay un error en el traspaso de la unidad de leguas a
hectáreas de la finca original y sus divisiones. Además sus límites no
están definidos claramente en la porción adquirida por los Amín, cuyo
título y mensura son, cuando menos, dudosos.
La expropiación estatal
Este error de traspaso de unidades hace
más chica la extensión de su teórica propiedad y concretamente la zona
de la cantera de lajas donde fue el asesinato, queda fuera de lo que la
familia Amin dice que es suyo.
A esto hay que agregar un hecho central
para esta reconstrucción histórica: en 1973 el estado inicia una
expropiación que se concreta para dar tierra a los “pobladores” de una
porción de la sucesión Colombres (Ley 4025 del 23/12/73).
La misma por diversos errores en el
traspaso de medidas ya mencionados, es sensiblemente más grande de lo
que figura o pretenden hacer aparecer. Abarca completo el sector donde
vive una porción mayoritaria de la Comunidad Indígena en la zona de El
Chorro y parte de Ñorco. Allí vivía Javier Chocobar y viven Andrés
Mamani, Emilio Mamani y Delfín Cata (heridos en el ataque) y las decenas
de familias-víctimas en este juicio, que conforman la Comunidad
Indígena de Chuschagasta.
Las supuestas tierras de Amín pretenden
avanzar -aprovechándose de ese error- y proclamarse dueños de 3500
hectáreas más que no les corresponden. Ocupan ilegal e ilegitimamente
las tierras que fueron expropiadas por el estado provincial en 1973 y
que 45 años después -y a pesar de las numerosas diligencias de la
comunidad-, nunca se entregaron a los pobladores. Ni siquiera se
intervino en el conflicto para aplicar la ley de expropiación, teniendo
en cuenta que el estado tucumano conoce perfectamente lo que ocurre en
esa zona.
¿Las tierras son de Amin?
En la causa federal iniciada en 2005 por
amenazas contra Dante y Silvia Chiarello, -en la que la familia Amin
estuvo incluída-, la comunidad tuvo un fallo favorable por parte de
la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La misma reconoce a la
comunidad de Los Chuschagasta como legítimos propietarios del
territorio comunitario, haciendo hincapié y recalcando “la basta
normativa internacional a la cual la justicia tucumana no se remitió
correctamente”. Deja claro que de esa manera se propició las condiciones
para el asesinato de don Javier Chocobar y las graves lesiones a otros
comuneros.
Tras este repaso histórico y jurídico,
no quedan dudas que las tierras (donde está la cantera) no son bajo
ninguna circunstancia propiedad de la familia Amín.
Primero y principal por la preexistencia
que marca que hace más de 400 años que habitan ese lugar, y que esas
tierras fueron sucesiva (e ilegalmente) vendidas con ellos adentro.
Esta preexistencia al estado, que es
contemplada por el derecho indígena ya sería suficiente. Pero aún para
los descreídos de estos temas y derechos, la legalidad occidental,
blanca y del estado nación nos marca que una porción mayoritaria de la
Comunidad Indígena de Chuschagasta está en tierras estatales y que éstas
nunca les fueron entregadas. Mal que les pese a los Amín y por
extensión a las familias tradicionales de Tucumán.
El crimen de Chocobar y la condena que
se dicte a los imputados, van a ser un precedente importantísimo, porque
se enmarca en una escalada general contra las organizaciones indígenas
en la provincia. Las más de 17 comunidades sufrieron en ésta década
decenas de desalojos, más de 100 comuneros y comuneras tienen causas
judiciales y se registra la aparición cada vez más frecuente de grupos
de choque armados en sus territorios. En la medida que el estado no
intervenga en el cumplimiento de sus derechos, esta situación va a
empeorar sin lugar a dudas. Por eso hoy es central la cárcel a Amín,
Gómez y Valdivieso. En la memoria de Don Javier, exigimos justicia.
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