La Marcha del Apagón se celebra todos los años en Jujuy recordando a los detenidos desaparecidos durante la noche del 19 al 20 de julio y hasta el 27 inclusive. En ella se exige el juzgamiento de los responsables militares y civiles de los secuestros, las torturas y las desapariciones de más de 100 personas de los pueblos jujeños Calilegua y Libertador General San Martín. Este año, la Marcha coincidió con el juicio que está en marcha por la Noche del Apagón y otras causas más por delitos de lesa humanidad en la provincia. Martina Montoya, de CAPOMA, expresó estar muy contenta por la convocatoria a la marcha del jueves pasado: “Fue una marcha tranquila. Nos sorprendió la cantidad de gente. Pensamos que iban a ser menos porque sabemos la situación que se está atravesando. A muchas compañeras y compañeros se les ha dificultado muchísimo poder viajar. Hubo más de 5 mil personas marchando. Después nos recibió la CCC (Corriente Clasista y Combativa) en Libertador con 2 mil personas más. Fue tranquila y muy diversa. Hubo hasta organizaciones y sectores que no comulgan en muchas cosas. Esta marcha logra unificar a esa diversidad de espacios de lucha por la memoria. Estamos muy conformes”, dijo.
La integrante de CAPOMA se refirió a las sensaciones que dejó el acto central, realizado en la Escuela Normal de Libertador: “El acto es el momento del encuentro. Es muy significativo porque los ex alumnos vuelven. Los compañeros que han podido sobrevivir, vuelven a esa escuela. Traen con sus palabras a los compañeros desaparecidos. Cómo eran, qué leían, de qué se reían, las bromas que se hacían, el pensamiento que tenían y todos los sueños que la dictadura les dejó truncados. Es muy emocionante ese acto, sobretodo escucharlos a ellos cuando hablan de sus compañeros. Lito, un compañero ex detenido, recordó dónde vivían, habló de las novias, de los sueños que tenían y también de cómo los torturaron. Los que participan de este acto pueden tener esa empatía y hacer contacto con la realidad que se vivió acá”, manifestó Montoya en Radio La Retaguardia y se refirió a lo que viene luego de esta marcha: “Ahora estamos en un momento de evaluación donde hablamos de todo lo que se dijo y de todo lo que se vio. Ya estamos pensando para el año que viene que tenemos que buscar más lugares para acoger a los compañeros que no se podrán quedar. Tenemos que armar fotos para el año que viene y pensar algunas cuestiones. No es que solamente hacemos la marcha del apagón sino que estamos acompañando y pacificando en un montón de conflictos y acciones. Nos empezamos a preparar para lo que viene. La Marcha del Apagón es para nosotros el fin de un año y el comienzo de otro en esto de la militancia. Nos llenamos de energía. Vemos que las compañeras y los compañeros siguen apostando a que tenemos que estar en la calle y acompañar cada acto de la memoria”, celebró.
Por último, Montoya mencionó el hecho de la convivencia de distintas organizaciones sociales y políticas dentro de la Marcha: “A nosotros mismos nos sorprende. Hace tiempo hay sectores que no marchan. Han encontrado diferencias muy fuertes. Este año se marchó. El FIT hace su propia convocatoria y no llega hasta la plaza. Son acciones contradictorias. En otros momentos estamos todos juntos. En el momento de marchar se confluye en eso. No es un logro nuestro. Sí consideramos que tiene un valor impresionante. Los discursos se van renovando, pero la memoria es la misma. Es una convocatoria abierta, donde se le deja la libertad a cada compañero y a cada espacio que levante su propia bandera y que se una en ese pedido por la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos de Libertador, de Calilegua y por los 30 mil. Siempre en el acto se les da lugar a todos. Se permite que cada uno se exprese del lugar que lo considere. Marchamos todos juntos. Es un camino marcado que nos dejaron las Madres y los Familiares y nosotros respetamos eso. Les permitimos a todos expresarse”, explicó Martina Montoya, de CAPOMA.
El juicio
Estos crímenes ocurridos durante las noches de los apagones en Jujuy están siendo juzgados en una megacausa que abarca distintas causas de delitos de lesa humanidad ocurridos en la provincia durante el terrorismo de Estado.
María José Castillo, abogada querellante en el juicio, describió sus sensaciones por este nuevo juicio y se refirió a los grandes ausentes en el banquillo de los imputados, el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su mano derecha, Alberto Lemos:“Es una mezcla de ansiedad y emociones. Es un juicio muy esperado y trabajado. Ha significado un esfuerzo descomunal de parte de víctimas, de testigos y de organismos para llegar a esta instancia. Nosotros la llamamos la megacausa, sin embargo hay personas que no están en el banquillo de los imputados. Genera esa mezcla de alegría y tristeza. Aunque tardío es necesario e imprescindible para avanzar en la sociedad con Justicia, Verdad y Memoria. Hay otras personas que por fallecimiento o estado de salud tampoco se encuentran sentados en el banquillo. Son 22 los imputados que sí están. En el caso de Blaquier y Lemos para la Cámara de Casación Penal faltó acreditar que ese préstamo de camionetas había sido con intención de dárselas a las fuerzas de seguridad para secuestrar personas. Para la Justicia está acreditado que existieron los hechos para detener personas, torturarlas, llevarlas a centros de detención clandestinos y hacerlas desaparecer. En caso de responsabilidad empresarial, para la justicia falta acreditar la intención en la participación. Esperamos que la Corte revoque este fallo absurdo y disponga que estas personas sean llevadas a juicio”, pidió la abogada querellante.
Las causas que comprende el juicio
El “Apagón de Ledesma” se produjo entre el 20 y 27 de julio de 1976 y fue un operativo en conjunto entre el Ejército, la Gendarmería y la Policía de la provincia donde detuvieron, torturaron y desaparecieron a trabajadores del Ingenio Ledesma y habitantes de las regiones de Calilegua y de Libertador General San Martín: “Se apagaron las luces de dos pueblos, Calilegua y Libertador General San Martín. Sucedieron secuestros masivos de muchas personas. En la memoria colectiva quedó como la noche del 19 al 20 de julio. Muchos estudiantes, grandes y jóvenes se juntaron a celebrar el día del amigo y en ese marco se produjeron secuestros. También hubo secuestros en Tucumán de estudiantes oriundos de Libertador. Los apagones se sucedieron hasta el 27 de julio. Aunque se conoce como La Noche del Apagón, fueron varios apagones. El pueblo quedó en la oscuridad total. Esa acción conjunta de las fuerzas de seguridad habilitó el pánico y el temor de la población. No se sabía a dónde se iba. Esas personas secuestradas fueron trasladadas en camiones y camionetas a un centro clandestino que fue inaugurado en esa noche del apagón en la localidad de Guerrero, cerquita de San Salvador de Jujuy. Allí permanecieron cientos de personas y, al día de hoy, muchas de ellas se encuentran desaparecidas. Se secuestraron a más de 100 personas. Las víctimas eran numeradas y muchos de los sobrevivientes tenían los números 113 o el 120. Son números estimativos. Algunas organizaciones hablan de 300 personas que fueron víctimas esas noches. Todo eso fue posible porque había, y aun hay al día de hoy, una empresa que maneja la vida y la muerte de las personas. Es la empresa Ledesma, que manejaba la usina eléctrica. Su dueño es Blaquier. Las víctimas siempre lo han señalado como el responsable de esas persecuciones y esas desapariciones de personas”, explicó la querellante y amplió: “Son 15 causas. La más emblemática es la causa de la Noche del Apagón, que incluye la causa “Aredez” sobre hechos en ocurridos en Ledesma. También está la causa Mina El Aguilar donde se investiga la desaparición de decenas de trabajadores mineros sindicalizados secuestrados el 24 de marzo y llevados al centro clandestino en lo que se convirtió la cárcel del Gorriti. Tenemos otras acumulaciones que ya han tenido juicio, pero que ahora incluye otras responsabilidades.Son 15 acumulaciones, un total de más de 100 víctimas, unos 300 testigos presenciales y 22 imputados”, expresó Castillo en el programa Enredando Las Mañanas de la RNMA.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Jujuy está integrado por Federico Díaz, Alejandra Cataldi y Hector Juárez Almaráz. Para la querellante es importante respetar la elección de los magistrados en la elección de este Tribunal y confía en que ejercerán su labor sin condicionantes. De todos modos, insistió en que la Corte debe imputar a Blaquier y Lemos en esta megacausa: “Creemos que tienen que ser los jueces naturales que concursaron para este Tribunal los que deben juzgar estos hechos. Si son de la provincia de Jujuy eso no implica que deban hacerlo con imparcialidad. Esperamos que este Tribunal, que ya tiene 2 sentencias en estas causas, actúe como tiene que ser. Creemos que están dadas las condiciones para condenar a los imputados que llegaron a este juicio. Queremos que la Corte resuelva la situación procesal de Blaquier y Lemos para que ellos ingresen a este juicio oral porque están todos los hechos procesales previos para que ellos puedan estar en este juicio. Ellos deben ingresar como imputados. La Corte está garantizando la impunidad. En el transcurso de la duración del juicio tiene que resolverse la situación procesal de los 2 e ingresar eventualmente al juicio”, sentenció María José Castillo
Mina El Aguilar
Otra de las causas que contiene este juicio es por los delitos cometidos en la Mina El Aguilar contra 32 trabajadores y de los cuales uno de ellos, Avelino Bazán, continúa desaparecido. Para ampliar la información sobre esta causa en particular el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia conversó con Donato Cachambi, miembro de la Comisión de Conmemoración de los 50 años de la Marcha Heroica de los Mineros realizada el 8 de mayo de 1964: “Donde hay tortura, secuestro y muerte está el terrorismo de Estado. Es violencia y es algo nefasto. Eso termina repercutiendo en la conducta social de los trabajadores y del pueblo. Nuestro compromiso se redobla para que no se consolide la impunidad. Pasaron 40 años y todavía no sabemos quiénes son los responsables financieros e ideológicos de la aplicación del terrorismo de Estado en la Mina El Aguilar y en el pueblo. No estamos dispuestos a tolerar a esa concepción de trabajo. Vamos a bregar para que se esclarezca y encontremos los verdaderos responsables. Hasta ahora, después de los 5 juicios que se han celebrado en Jujuy, se ha logrado comprobar y encarcelar únicamente al sector militar; A los tipos que ejecutaban y eran los perros que maltrataban a nuestros mineros y a nuestros dirigentes sociales. Lo que falta son los responsables, los que pusieron la plata y dieron la orden de ejecutar este plan siniestro. En Mina El Aguilar se han detenido a 32 mineros y uno de ellos continúa desaparecido: Avelino Bazán es nuestro máximo referente social y sindical”, dijo Cachambi y contó cómo fue el operativo ilegal en la mina: “Los 32 compañeros detenidos en Mina El Aguilar fueron trasladados al Regimiento 20 y después fueron torturados en el penal de Gorriti que funcionó como centro clandestino de detención. También, algunos fueron llevados al penal de La Plata. Fue una historia muy violenta y triste”, expresó.
Si bien todavía falta encontrar a los responsables financieros e ideológicos de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Mina El Aguilar, Cachambi destacó la imputación de uno de los entregadores que se creía estaba muerto: “Eduardo López es un mal nacido argentino que actualmente reside en Buenos Aires. Este hombre era jefe de personal. Hacía el trabajo sucio de los empresarios. Según el testimonio de los mineros, este señor sería responsable de la elaboración de la lista de los 32 detenidos más la desaparición de Avelino Bazán.A este señor la familia lo había dado por muerto y después, a través de la acción del juez (Fernando)Poviña, han logrado ubicarlo. López estaría imputado, pero arriba de este señor nos falta visualizar a muchos empresarios”, concluyó Cachambi.
En estos momentos, el juicio está detenido por el receso de invierno. El 5 de julio declaró Enriqueta de Narváez, una madre emblemática en Libertador San Martín que continua buscando a su hijo desaparecido, Hugo Antonio Narváez: “Fue muy emocionante escucharla pidiendo por su hijo que se encuentra desaparecido. Esta testimonial se hizo de manera anticipada por la edad de la testigo. Tiene 94 años, pero la edad no le ha quitado lucidez”, expresó Castillo.
La querellante avisó que "desde los organismos estamos militando para se acerque la ciudadanía en general" a acompañar los juicios. El proceso se retomará el próximo 2 de agosto.
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