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Editorial de esta semana: ¡GLORIA AL BRAVO PUEBLO! ...No es fe en Maduro. No es Maduro, ni Chávez. Es un bravo pueblo que aprende a llevar con dignidad la idea Revolución. Más allá de los personalismos. Más allá de los obstáculos, los boicot, el desabastecimiento, y miles más, es el Pueblo bolivariano quien sostiene la Revolución. ... leer la editorial completa ....

jueves, 19 de abril de 2018

NUEVO COMUNICADO DE LA FAMILIA DE SANTIAGO MALDONADO

(Red Eco Alternativo).- “Ante los nuevos ataques recibidos en redes sociales y medios de comunicación, que no informan objetivamente tergiversando los hechos, nos vemos forzados a  reiterar que ante la desaparición forzada de Santiago que, el Estado Nacional asumió la obligación de afrontar una parte de los gastos que, como familiares, nos vimos obligados a erogar para intentar obtener una respuesta que aún no llego: quienes son los responsable de la desaparición y muerte de Santiago”, afirmaron los familiares de Santiago a través de un comunicado.
“El apoyo económico recibido, que se encuentra debidamente documentado y justificado ante el Ministerio de Justicia de la Nación, está a disposición de quien así lo requiera.
En particular, negamos que el Estado haya abonado los honorarios de la Dra. Verónica Heredia. Recordamos, además, que esta “ayuda” se trata, en realidad, del cumplimiento de una OBLIGACIÓN del Estado asumida en tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución.
Como hemos reiterado en varios comunicados, somos personas comunes y corrientes que debimos atravesar circunstancias extraordinarias (y fatales) que cambiaron nuestra vida para siempre.
No somos militantes partidarios, buscamos Verdad y Justicia para Santiago. Si eso nos transforma en blancos de personas despiadadas, les avisamos que los ataques no nos van a detener porque contamos con la fuerza de la enorme mayoría de las personas de paz que habitan nuestro país y el resto del mundo y nos abrazan con su solidaridad”, agregaron.

Reproducimos a continuación el comunicado completo:

1.
El 29 de agosto de 2017 se solicitó al Estado a través de la presentación al Ministro de
Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina:
1.-  El reconocimiento público del Gobierno de la Desaparición Forzada de Santiago
Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el Departamento de Cushamen de la Provincia del Chubut;
2.-  Garantice la efectiva participación de las víctimas en el proceso penal Expte.
8232/2017 “MALDONADO Santiago s/ Desaparición forzada de personas –  art.  142 ter CP” en trámite en la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut. A tal fin se solicita:
a)   se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y
colaboradores que ellos convoquen;
b)  se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean,
económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago;
3.-  Garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las diversas responsabilidades. A tal fin se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con sede en Chile, para la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisen y, en su caso, colaboren con la investigación.

2.
En virtud de tales peticiones, se inició el Expediente IF-2017-18502439-APN-MJ del Ministerio de Justicia de la Nación, en el que se resolvió:
1. A lo solicitado en el punto “1)” de la nota: Encontrándose una investigación en curso a cargo del Poder Judicial de la Nación, no corresponde que este Ministerio emita la opinión requerida ya que ello podría considerarse una indebida intromisión. No obstante lo cual, se ha dado intervención a la Secretaría de Derechos Humanos a los efectos de que preste colaboración a la querella de la familia.
2. A lo solicitado en el punto “2.a)” de la nota, relativo a la intervención de la Defensoría ante la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, corresponde señalar que serán el Juez y el Fiscal a cargo de la investigación quienes deben decidir sobre ese extremo. Sin perjuicio de ello, y con el ánimo de apoyar la labor de la querella, se deja constancia que este Ministerio no tiene objeciones para formular sobre dicha intervención, la que deberá ser validada por la autoridad correspondiente.  En el caso que se materialice la intervención de la mentada Defensoría, este Ministerio se pondrá a disposición para colaborar en lo que sea necesario.
3.  A lo solicitado en el punto “2.b)” de la nota, este Ministerio manifiesta que brindará a la querella de la familia el apoyo que le sea requerido.
4.  Finalmente, a lo solicitado en el punto “3)” de la nota, este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presta conformidad e instruye al Sr. Secretario de Derechos Humanos para que procure la colaboración de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos.

3.
El derecho a la tutela judicial efectiva, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia del
Sistema Interamericana de Derechos Humanos, es una norma del ius cogens que genera la obligación en los Estados de adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva. Nuestra   Constitución Nacional recepta este derecho humano en su Preámbulo y en los artículos 14, 18, 75.22 de la Constitución Nacional; artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 8.1, 25 en relación a los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14.1 en relación al artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4.
Como todo derecho humano, corresponde a su reconocimiento, en los planos tanto nacional como internacional, la capacidad de vindicarlos o ejercerlos.
1 Uno de los obstáculos para ejercer el derecho humano a la tutela judicial efectiva es el factor económico. En términos capitalistas podríamos hablar de pobreza organizativa, esto es que “...  aunque no seamos pobres – en el sentido riguroso de la palabra-, como consumidores de bienes producidos por los enormes productores que caracterizan nuestra época, sí somos pobres. ¿Por qué somos pobres? Somos pobres porque el consumidor aislado no puede enfrentar al gran productor”.
2 En este caso “el gran productor” es el mismo Gobierno Federal.
4.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha en relación a la tutela judicial
efectiva
1.  El derecho internacional  de  los  derechos  humanos  ha  desarrollado estándares  sobre  el  derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que  resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, la obligación de los Estados no es sólo negativa --de no impedir el acceso a esos recursos-- sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a  esos  recursos.  A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o  económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia.
(...)
6. Al respecto, el SIDH ha establecido la obligación de remover aquellos obstáculos en el acceso a  la  justicia  que  tengan  origen  en  la  posición  económica  de  las  personas.  Tanto  la  Corte  Interamericana  como  la  CIDH  han  fijado  la  obligación  de  proveer  en  ciertas  circunstancias servicios  jurídicos  gratuitos  a  las  personas  sin  recursos,  a  fin  de  evitar  la  vulneración  de  su  derecho  a  las  garantías  judiciales  y  a  la protección  judicial  efectiva.  Con  esto  en  miras,  la  Comisión   Interamericana   ha identificado   algunos   criterios   para   la   determinación   de   la   procedencia de la asistencia legal gratuita en los casos concretos. Estos son: a) la disponibilidad de recursos por parte de la persona afectada; b) la complejidad de las cuestiones involucradas en el caso y c) la importancia de los derechos afectados.
(...)
8.  Del  mismo  modo,  el  SIDH  ha  establecido  que  los  costos  del  proceso,  sea  éste  judicial  o  administrativo,  y  la  localización  de  los  tribunales,  son  factores  que también  pueden  redundar  en  la  imposibilidad  de  acceder  a  la  justicia  y  en  la  consecuente  violación  del  derecho  a  las  garantías  judiciales.  Los  órganos  del  SIDH  han  determinado que  un  proceso  que  demande  excesivos  costos  para  su  desarrollo,  vulnera  el  artículo  8  de  la  Convención  Americana.  La  Comisión ha expresado sobre
 el particular que el recurso judicial que se establezca para revisar el actuar de la administración, no sólo debe ser rápido y efectivo, sino también "económico" o asequible.

5.
Santiago  desapareció  el  1  de  agosto  en  el  Pu  Lof  de  Resistencia  Cushamen,  a la altura  1848  de  la  ruta  nacional  40,  Provincia  del  Chubut,  a  200  km  y  más de  2000  km  del lugar donde residimos sus familiares. No teníamos ningún conocimiento ni práctica en   procesos   administrativos,   judiciales   ni   políticos.   No   pertenecemos a ninguna organización social  ni  partidaria.  Los  tribunales  judiciales  a  donde  debimos  recurrir  a
fin de conocer las investigaciones, intentar hablar con el juez y la fiscal a cargo, hacer las  presentaciones,  concurrir  a  audiencias,  realizar  nuestras  investigaciones,  queda  a  90 km del lugar donde desapareció Santiago, alejándose aún mas de nuestros hogares y de nuestro lugar de trabajo.

6.
A  partir  del  2  de  agosto  de  2017  nuestras  vidas  cambiaron  abruptamente, debimos  dejar  nuestra  casa  y  nuestro  trabajo.  Es  lo  que  debíamos  hacer  y  así  lo  hicimos.  A  todos  los  obstáculos  a  los  que  debimos  enfrentarnos  para  saber  dónde  estaba Santiago,  qué  le  había  sucedido  - persecuciones,  seguimientos,  espionajes, hostigamientos,     humillaciones,     malos     tratos,     mentiras,     especulaciones- nos
enfrentamos   con   los   económicos.   Por   sugerencia   de   nuestra   abogada   Verónica 
Heredia,  realizamos  la  petición  el  29  de  agosto  a  fin  que  el  Estado  removiera  los
obstáculos económicos que garantizara nuestro acceso a la justicia.

7.
De  tal  forma,  solicitamos  se  garantizara  el  alojamiento,  pasajes  y  viáticos  en  los
lugares  y  por  los  días  donde  se  encontraban  los  tribunales  y  donde  mantuvimos  las
reuniones con las autoridades–punto 2.b)- y para garantizar las investigaciones –
punto 2.a)-.

8.
A fin de hacer frente al costo económico del proceso, hemos contado con la solidaridad de infinidad de personas, las que también nos acompañan todos días con sus palabras de afecto y estímulos.
9.  Cabe aclarar que la asistencia económica del Estado a las víctimas y los familiares de
las víctimas es una OBLIGACIÓN del Estado asumida en tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución