Por HIJOS
La Plata
Fotos Juan Ciale
El jueves
15 de marzo se realizó una conferencia de prensa del espacio Justicia Ya La
Plata para explicar los alcances de la respuesta del Estado argentino de
llamado a una “Solución Amistosa” ante la presentación que el espacio realizó
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) por el caso de la
segunda desaparición forzada de Jorge Julio López.
El 7 de mayo del año 2014, el colectivo de organismos de DDHH
Justicia Ya La Plata realizamos una denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por el secuestro y la
segunda desaparición forzada del compañero Jorge Julio López, ocurrida el 18 de
septiembre de 2006. La denuncia solicitó que se investigue la responsabilidad y
aquiescencia del Estado argentino en el caso. El 28/8/17, más de 3 años
después, fuimos notificados por parte de la CIDH de que se remitió nuestra
denuncia al Estado argentino para que responda la demanda en el plazo de 90
días. Vencido ese plazo, el 8 de diciembre pasado la CIDH nos informó que
concedía una prórroga al Estado hasta el 5/1/18.
El involuntario bluff de la diplomacia argentina de citar una
“Convención Amistosa”, como lo ilustra el facsímil que aquí publicamos, puede
ser fruto del apuro por resolver sin mayores sobresaltos esta denuncia. O
quizás, presa de propia torpeza, el macrismo se apura en enmendar
amigablemente el punto porque forma parte de una trama de impunidades que de
develarse en su total complejidad comprometen enteramente el tan pregonado
proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. Máxime cuando el Estado
propone la enmienda “sin perjuicio del derecho de efectuar sus objeciones a la
admisibilidad de la denuncia o sus méritos, de no prosperar el avenimiento
propuesto”. Quien firmó la contestación formal por el Estado argentino es Javier
Salgado, funcionario de carrera de la Cancillería argentina y encargado del
área Contencioso Internacional, es decir comisionado a la defensa de los
intereses del Estado ante denuncias en foros internacionales. Doctorado en la
UBA en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Salgado es docente en “Derechos
Humanos y Garantías” en esa casa de estudios y ha dictado clases especiales
sobre el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en
diversas instituciones muy interesadas en el tema como el Instituto del
Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y la Escuela Nacional de Inteligencia. En
2013 fue un fervoroso defensor ante la CIDH de la ley de Medios K frente la
denuncia de las corporaciones Clarín y La Nación por supuesta “falta de
libertad de expresión”. Con importante presencia de programas propios en el
Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que presentó el macrismo para el
período 2017-2020, el área de Cancillería y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto jugará un importante papel en el esfuerzo que el macrismo
realizará para intentar explicar su falta de responsabilidad en el caso López.
O bien la eterna apelación a la “herencia recibida”, tan clara en este caso.
Según Salgado “la
Argentina es un Estado observante y respetuoso de los estándares
internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos”.
(1) A mayor abundamiento de garantías, en junio de 2016 se supo que unos 20
represores presentaron reclamos ante la Comisión reiterando planteos que sus
abogados hacen habitualmente en los debates orales, como ser juez natural,
debido proceso, imparcialidad y plazo razonable de detención sin juicio. El
gobierno macrista les dio en principio un apoyo tácito, porque no refutó los
planteos de los genocidas, aun teniendo a mano fallos que rechazan esos argumentos
ya emitidos desde los juzgados de instrucción a las Cámaras Federales y la
propia Corte Suprema. Es más, recordemos que la reapertura de las causas a los
genocidas se realizó con el auspicio e impulso de la propia CIDH. Pero así, del
apoyo tácito se pasó a que los reclamos de represores ya condenados como Ricardo
Lardone, Alejandro Duret, Daniel Amelon, Carlos Enrique Gallone y Carlos María
Romero Pavón fueran ayudando a generar una política activa en el gobierno
nacional a favor de los condenados por los peores crímenes de nuestra historia como país. En marzo de 2017, en el
marco de una visita de la CIDH al país por el caso de la política presa Milagro
Sala, el propio Secretario de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, su subsecretario Brian Schapira
y el Dr. Salgado se reunieron con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo
Abrao, para interesarlo sobre lo que eufemísticamente denominaron “la
situación de los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad”. (2)
En diciembre pasado se conoció un listado de 110 genocidas mayores de 70 años que
el Servicio Penitenciario Federal sugiere enviar a sus casas con tobilleras
electrónicas y la voluntad del ministro de Justicia
Germán Garavano de no “revisar los juicios” a los genocidas, pero
sí actuar ante “un problema de personas muy mayores en cárceles donde nosotros
creemos que podría funcionar con una prisión domiciliaria. La prisión
domiciliaria está funcionando muy bien con dispositivos electrónicos que van en
los tobillos de las personas”. (3) El ministro no aclaró en aquella
oportunidad que la preocupación no son los presos comunes sino los genocidas,
que no están en situaciones de hacinamiento porque tienen pabellones
especiales. Hoy que los grandes medios se hicieron eco de la política de
“domiciliarias masivas para los genocidas” que denunció en soledad el portal La
Retaguardia, la situación está más clara.
Lo que no
comunica el macrismo es que la propia Convención Americana establece en su
artículo 48 (2) que “en casos graves y urgentes puede realizarse una
investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue
haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o
comunicación que reúne todos los requisitos formales de admisibilidad”. Si la
denuncia por López es admitida por la CIDH se pondrá a prueba el trato amistoso
del propio Estado argentino para responder por los hechos denunciados.
Con estas
gestiones puntuales en su haber a favor de la impunidad de los genocidas, el
macrismo intenta ahora frenar la denuncia d Justicia Ya ante el foro
interamericano de defensa de Derechos Humanos por el caso Jorge Julio López. En
este sentido son importantes algunas definiciones de los integrantes de
Justicia Ya en la conferencia de prensa.
Al abrir la exposición, Carlos Zaidman (AEDD) aclaró “el
Estado argentino en vez de constar la grave denuncia presentada y dar
explicaciones sobre la impunidad en la segunda desaparición de López, nos llama
a una audiencia de ‘conciliación amistosa’, de la cual vamos a participar para
decirle de primera mano al Estado que la única solución amistosa sería que
aparezca López y que vayan en cana todos los responsables tanto materiales como
intelectuales”.
Luz Santos Morón (CEPRODH) señaló que no habrá ni es posible solución
amistosa porque “el gobierno pretende ésta vía en el marco de impunidad que ya
lleva más de 11 años y además no acompañó ni un solo pliego mencionando qué
pasó con la causa de Jorge Julio López, lo cual nos parece aberrante e
inadmisible para el conjunto de los organismos de derechos humanos que
presentamos esta denuncia internacional.”
Pía Garralda (APEL) afirmó que “la respuesta del Estado es una
expresión más de impunidad; no confiamos de ninguna manera en que los
organismos Internacionales de DDHH nos puedan dar una respuesta, cuando no
resuelven el fondo de la cuestión, y cuando en otros casos condenan a los
Estados a que ‘reparen el daño’ con medidas superficiales”.
Carolina Vilches (Colectivo de Abogadxs Barriales La Maza) explicó que si bien el procedimiento de la denuncia en el sistema interamericano contempla esta posibilidad de negociación, donde la Comisión juega el rol de intermediario entre los denunciantes y el Estado, la negociación no invalida la posibilidad de retirarse y seguir denunciando el hecho de fondo, que en este caso es la desaparición forzada de una persona. Además aclaró que seguramente el Estado ofrecerá diversas “reparaciones” y “compromisos de no repetición” también presentes en los acuerdos que establece la Convención Americana, y concluyó en que “el Estado utiliza el mecanismo del diálogo para en realidad no decir y no hacer, como lo hizo durante estos 11 años” y agregó “ese mismo diálogo que este gobierno utiliza para dar vía libre a la doctrina Chocobar del gatillo fácil contra los pibes pobres, para pegarle dos tiros a Facundo en Tucumán, para fusilar por la espalda a Rafael Nahuel, para desaparecer y asesinar a Santiago Maldonado”.
Desde HIJOS La Plata aportamos un análisis de los límites de las
herramientas internacionales de denuncia sobre violaciones a los Derechos
Humanos. Señalamos que el gobierno macrista busca la “solución amistosa” para
no recibir otra condena de la CIDH por un hecho ocurrido en la gestión
kirchnerista. Recordamos que hubo dos condenas claves de aquel organismo a
Argentina: en el caso de Walter Bulacio, ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires
en 1990 y con sentencia del órgano internacional en 2003, y por la desaparición
forzada de Iván Torres, ocurrida en Comodoro Rivadavia en 2003 y con fallo condenatorio
de CIHD en 2011. Pero señalamos que aún con condenas, la impunidad en ambos
casos no se logró quebrar. Por Bulacio en 2013 se condenó en juicio oral al
comisario Miguel Expósito a 3 años en suspenso, pero sólo por la detención
arbitraria de Walter y no por las torturas seguidas de muerte que sufrió. En el
caso Torres en julio de 2016 se condenó a sólo 2 de los 12 policías imputados
(Fabián Tillería y Marcelo Chemin) y sólo como partícipes necesarios de una
desaparición forzada que para el Estado argentino aún no tiene autores
materiales directos responsables. Por eso afirmamos que incluso una condena de
la CIDH a argentina por el caso López no nos garantiza el esclarecimiento del
hecho. Aclaramos además que las “medidas de reparación” que prevé el mecanismo
no van más allá de reparaciones económicas, compromisos de impulso de la
investigación judicial (en este caso ya agotada), reformas legislativas y
reglamentarias, sanciones judiciales y administrativas, capacitación de las
fuerzas de seguridad en los famosos cursos de DDHH y la infaltable construcción
de edificaciones oficiales en honor a las víctimas. Con todo ello, decimos que
el único camino para luchar por la causa López a tantos años de encubrimiento
es la calle y la denuncia de la responsabilidad ineludible del Estado en el
tema, porque si no se los presiona el Estado busca la impunidad de sus
crímenes.
María Laura Bretal (Ex detenida del CCD “La Cacha”) recordó el rol
activo y destacado que tuvo Nilda Eloy en la pelea por la aparición con vida de
Jorge Julio López, quien desde el primer día junto con Adriana Calvo dijo “al
Viejo lo chuparon”. Además, Bretal denunció el resto de los casos de
desaparición forzada de personas en democracia, en una lista que lleva más de
215 casos, y que en particular sobre las mujeres se vincula con los secuestros
para la explotación sexual en las redes de trata que cuentan con cobertura
policial y judicial. Es el caso de Johana Ramallo, la joven platense
desaparecida desde el 26 de julio pasado y donde la investigación en manos de
la justicia federal platense no muestra voluntad de avance para el
esclarecimiento del hecho.
Desde Justicia Ya La Plata se
anunció que la reunión con representantes del Estado argentino por el caso
López no tienen fecha, se estima un plazo de un mes desde la
notificación enviada por la CIDH el pasado 16 de febrero, aunque en el proceso
todos los plazos se vienen estirando por exclusiva responsabilidad del Estado
demandado. De todas maneras se afirmó que se trabajará para que la reunión se
haga en el país y con carácter público, para que pueda ser cubierta por los
medios de comunicación.
Además se llamó a movilizar masivamente este 23 en la ciudad de La Plata
con la tradicional movilización independiente del Estado y los gobiernos que
realiza la Mulsectorial La
Plata-Berisso-Ensenada, para decir que fue un genocidio, para decir que
fueron 30.000, para repudiar las domiciliarias a los genocidas y para seguir
reclamando por la aparición con vida de Jorge Julio López y el castigo a los
responsables materiales y políticos del hecho.
Editoriales ANP
