18 de Julio de 2017(Red Eco).-
En los últimos días se conocieron varios casos de
personas que fallecieron en dependencias policiales y cárceles.
Torturas, golpes, falta de atención médica y contención son las
prácticas habituales contra los privados de libertad. Red Eco
Alternativo.
(Red Eco) Argentina - Gonzalo Fernández tenía 22 años, dos hijos y
vivía en una barriada del conurbano bonaerense. Trabajaba como
repartidor de bidones de agua en Lanús y estaba construyendo su hogar en
el fondo de la casa de sus papás.
En la madrugada del 18 de junio fue detenido acusado de hacer disturbios en la vía pública y trasladado a la comisaría 3º de Temperley. Esa misma tarde su pareja intentó verlo y dejarle comida, pero no se lo permitieron. Más tarde le informarían a su madre que se había suicidado con una remera en su calabozo.
Sin embargo, al ver el cuerpo los familiares notaron que le faltaban dos dientes y tenía marcas de golpes. Además, la autopsia reveló que la hora aproximada de la muerte fue a las 16 de ese domingo, mismo horario en que su pareja se había presentado en la dependencia policial.
La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) comenzó a intervenir en el caso y se presentó ante la Fiscalía 5 de Lomas de Zamora para solicitar información respecto al avance de la investigación. A su vez, se pidió la aplicación de la Resolución 1390, mediante la cual no pueden intervenir funcionarios policiales en las causas que involucren a las fuerzas de seguridad. También se hizo referencia a las resoluciones 3975/11 y la 268/12 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que indican que en esa comisaría de Temperley no se pueden alojar detenidos.
La de Gonzalo no es la única muerte registrada en una dependencia policial en los últimos días. La semana pasada un hombre de 38 años se suicidó en la comisaría de Salto, donde estaba detenido por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, encubrimiento, entre otros delitos. El comisario relató que ya habían recibido la orden del juzgado para trasladarlo a un penal, pero aún esperaban “cupo”.
Según datos de la CPM, actualmente hay 3010 detenidos en 432 dependencias policiales cuando en realidad hay lugar para 1039; es decir que 2 de cada 3 personas duermen sin colchones. En los últimos cinco años murieron 43 personas en comisarías bonaerenses.
Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Comité Contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales, han afirmado en varias oportunidades que las comisarías no son lugares aptos para la detención de personas.
Cabe recordar que a principios de marzo murieron 7 detenidos en la Comisaría Primera de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, durante un incendio en una de las celdas sobrepobladas como ya es habitual.
Las pericias y los testimonios de sobrevivientes indicaron que los agentes policiales no intervinieron para prevenir el siniestro, ni para auxiliar a las víctimas una vez que el fuego se desató. Las puertas que tenían que estar abiertas estaban cerradas, sólo se abrieron para sacar al policía encargado del control y cuidado directo de los detenidos y las volvieron a cerrar con candado; también tardaron en llamar a los bomberos y cuando llegaron no sólo no ayudaron sino que obstruyeron las tareas de los rescatistas refiriendo haber perdido las llaves cuando las tenían el oficial de servicio y el comisario.
Por el hecho fueron detenidos 5 policías, pero 4 de ellos recibieron el beneficio del arresto domiciliario. Primero fue el juez de Garantías, César Solazzi, quien dictó esta medida que incluye un monitoreo satelital a través de una tobillera con GPS. Tras una apelación, la medida fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.
Tanto las querellas como el fiscal de la causa, Néstor Mastorchio, habían denunciado estrategias de entorpecimiento de la investigación judicial por parte de los imputados y sus defensores. Además, permanece prófugo el comisario Alberto Donza.
La CPM, que también interviene en esta causa, remarcó que desde el comienzo la propia policía intentó entorpecer la investigación, adulterando por ejemplo los libros de la comisaría. A su vez, los imputados y sus defensores realizaron permanentes cuestionamientos sobre los funcionarios judiciales actuantes y denunciaron amenazas. Sin embargo, nada de esto pudo ser comprobado.
La muerte tiene muchas caras en el encierro. El 60% de los fallecimientos que se producen en este marco son consecuencia de falta de acceso a la salud y la atención médica. Es el caso de Luisa Cienfuego, quien estaba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos y murió de un paro cardíaco.
Sus compañeras denunciaron que la mujer de 43 años padecía problemas de salud que no eran atendidos de manera adecuada a pesar de su insistente pedido.
La versión oficial indicó que “Cienfuego recibió la visita de dos hijas y un yerno. Tenía problemas cardíacos y los familiares le informaron que había caído detenido un sobrino. Esto la puso nerviosa y se descompensó. La atendió un médico de la unidad, que la derivó a la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana". Sin embargo, sus compañeras de pabellón denunciaron que pidió ir a Sanidad y no fue escuchada.
Al enterarse de la muerte de Luisa, sus compañeras iniciaron una protesta para denunciar la negligencia y abandono del servicio penitenciario. La respuesta fue la represión y el traslado de al menos 14 de ellas a las Unidades 45 y 51 de Melchor Romero y Magdalena.
“Estas muertes se inscriben en un contexto de hacinamiento crítico y de incremento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en todos los territorios. (…) Estas muertes no son casuales, tienen su explicación en la violencia estatal que se asume como respuesta natural a la problemática del delito. (…) Las promesas demagógicas de mayor seguridad siguen propiciando la violencia y la restricción de derechos. Los tres poderes del Estado son responsables de tomar las medidas efectivas para que no se produzcan más muertes”, afirmaron desde la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
Fuentes: CPM / Anred
En la madrugada del 18 de junio fue detenido acusado de hacer disturbios en la vía pública y trasladado a la comisaría 3º de Temperley. Esa misma tarde su pareja intentó verlo y dejarle comida, pero no se lo permitieron. Más tarde le informarían a su madre que se había suicidado con una remera en su calabozo.
Sin embargo, al ver el cuerpo los familiares notaron que le faltaban dos dientes y tenía marcas de golpes. Además, la autopsia reveló que la hora aproximada de la muerte fue a las 16 de ese domingo, mismo horario en que su pareja se había presentado en la dependencia policial.
La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) comenzó a intervenir en el caso y se presentó ante la Fiscalía 5 de Lomas de Zamora para solicitar información respecto al avance de la investigación. A su vez, se pidió la aplicación de la Resolución 1390, mediante la cual no pueden intervenir funcionarios policiales en las causas que involucren a las fuerzas de seguridad. También se hizo referencia a las resoluciones 3975/11 y la 268/12 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que indican que en esa comisaría de Temperley no se pueden alojar detenidos.
La de Gonzalo no es la única muerte registrada en una dependencia policial en los últimos días. La semana pasada un hombre de 38 años se suicidó en la comisaría de Salto, donde estaba detenido por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, encubrimiento, entre otros delitos. El comisario relató que ya habían recibido la orden del juzgado para trasladarlo a un penal, pero aún esperaban “cupo”.
Según datos de la CPM, actualmente hay 3010 detenidos en 432 dependencias policiales cuando en realidad hay lugar para 1039; es decir que 2 de cada 3 personas duermen sin colchones. En los últimos cinco años murieron 43 personas en comisarías bonaerenses.
Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Comité Contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales, han afirmado en varias oportunidades que las comisarías no son lugares aptos para la detención de personas.
Cabe recordar que a principios de marzo murieron 7 detenidos en la Comisaría Primera de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, durante un incendio en una de las celdas sobrepobladas como ya es habitual.
Las pericias y los testimonios de sobrevivientes indicaron que los agentes policiales no intervinieron para prevenir el siniestro, ni para auxiliar a las víctimas una vez que el fuego se desató. Las puertas que tenían que estar abiertas estaban cerradas, sólo se abrieron para sacar al policía encargado del control y cuidado directo de los detenidos y las volvieron a cerrar con candado; también tardaron en llamar a los bomberos y cuando llegaron no sólo no ayudaron sino que obstruyeron las tareas de los rescatistas refiriendo haber perdido las llaves cuando las tenían el oficial de servicio y el comisario.
Por el hecho fueron detenidos 5 policías, pero 4 de ellos recibieron el beneficio del arresto domiciliario. Primero fue el juez de Garantías, César Solazzi, quien dictó esta medida que incluye un monitoreo satelital a través de una tobillera con GPS. Tras una apelación, la medida fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.
Tanto las querellas como el fiscal de la causa, Néstor Mastorchio, habían denunciado estrategias de entorpecimiento de la investigación judicial por parte de los imputados y sus defensores. Además, permanece prófugo el comisario Alberto Donza.
La CPM, que también interviene en esta causa, remarcó que desde el comienzo la propia policía intentó entorpecer la investigación, adulterando por ejemplo los libros de la comisaría. A su vez, los imputados y sus defensores realizaron permanentes cuestionamientos sobre los funcionarios judiciales actuantes y denunciaron amenazas. Sin embargo, nada de esto pudo ser comprobado.
La muerte tiene muchas caras en el encierro. El 60% de los fallecimientos que se producen en este marco son consecuencia de falta de acceso a la salud y la atención médica. Es el caso de Luisa Cienfuego, quien estaba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos y murió de un paro cardíaco.
Sus compañeras denunciaron que la mujer de 43 años padecía problemas de salud que no eran atendidos de manera adecuada a pesar de su insistente pedido.
La versión oficial indicó que “Cienfuego recibió la visita de dos hijas y un yerno. Tenía problemas cardíacos y los familiares le informaron que había caído detenido un sobrino. Esto la puso nerviosa y se descompensó. La atendió un médico de la unidad, que la derivó a la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana". Sin embargo, sus compañeras de pabellón denunciaron que pidió ir a Sanidad y no fue escuchada.
Al enterarse de la muerte de Luisa, sus compañeras iniciaron una protesta para denunciar la negligencia y abandono del servicio penitenciario. La respuesta fue la represión y el traslado de al menos 14 de ellas a las Unidades 45 y 51 de Melchor Romero y Magdalena.
“Estas muertes se inscriben en un contexto de hacinamiento crítico y de incremento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en todos los territorios. (…) Estas muertes no son casuales, tienen su explicación en la violencia estatal que se asume como respuesta natural a la problemática del delito. (…) Las promesas demagógicas de mayor seguridad siguen propiciando la violencia y la restricción de derechos. Los tres poderes del Estado son responsables de tomar las medidas efectivas para que no se produzcan más muertes”, afirmaron desde la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
Fuentes: CPM / Anred
Editoriales ANP
