El pasado 22 de agosto, en el sector de Tranguil en la comuna de Panguipulli, fue encontrada muerta -por su hijo de 11 años (madre de 4 hijos)- Macarena Valdés (32) en lo que se revelaba como un aparente suicidio. Ella, junto a su compañero – pareja, Rubén Collío, vocero de la Coordinación Newen Tranguil, eran conocidos en la zona por su fuerte oposición a la construcción de una central de paso a cargo de la empresa hidroeléctrica austriaca RP-Global y de la empresa eléctrica chilena SAESA, en territorios pertenecientes a comunidades mapuche. El día anterior, dos lugareños y trabajadores de la empresa le exigieron a la propietaria del terreno en donde reside la familia Collío – Valdés, que echara a la familia porque el werken Collío “estaba revolucionando mucho a la gente”. Aquello fue acompañado de una advertencia, “que se cuidara, porque había gente que lo iba a agredir”. Al día siguiente su esposa fue encontrada muerta. En medio de la conmoción de la muerte de Macarena, la empresa SAESA, acompañada de carabineros de Liquiñe, y a menos de 24 horas de ocurrido el hecho, comenzó la instalación del cableado de alta tensión afuera de la casa de los Collío – Valdés a la que tanto habían resistido.
Era domingo 21 de agosto, la familia dueña de los terrenos, donde vive Rubén y su familia, fue visitada por dos trabajadores contratistas de RP Global – la empresa a cargo de la hidroeléctrica-, exigiéndoles que los echaran, advirtiéndoles que gente quería hacerles daño. Al día siguiente Macarena fue encontrada muerta al interior de su casa, colgada. Su hijo menor estaba recién mudado, y el bolso listo para salir al consultorio de Liquiñe en el bus de las 14:30 horas. El informe de autopsia del Servicio Médico Legal (SML) señala que “murió de asfixia por ahorcamiento sin intervención de terceros”, avalando la tesis del suicidio. Sin embargo, la opinión de tres profesionales del rubro señala que las lesiones descritas en el informe no logran acreditar la causa de muerte. Mientras, ninguno de quienes conocen a Macarena cree que ella se hubiera suicidado, y exigen justicia por lo que consideran un crimen vinculado a la instalación de la empresa. De paso, puntualizan que no van a bajar los brazos hasta que se vayan las hidroeléctricas de los territorios ancestrales mapuche.
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