27 de abril (Red Eco).-
La Dirección Nacional de Control y Fiscalización
del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) puso en práctica una de sus
nuevas facultades y, con la colaboración de fuerzas policiales y una
orden judicial, procedieron al secuestro de los equipos de dos radios,
mantuvieron a unos de los responsables de una de estas emisoras varias
horas demorado en la comisaría y se le inició una causa penal. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Buenos Aires- A principios del mes de abril, se dio a
conocer una resolución del ENACOM, la 2064 que facultaba a la Dirección
Nacional de Control y Fiscalización a disponer la clausura, secuestro,
apercibimiento, multa y/o decomiso según corresponda, de estaciones
radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de
radiodifusión.
Dicha Resolución complementaría la dictada el 23 de diciembre de 2016, la 9435, donde se estableció un Protocolo de actuación ante casos de interferencias en el espectro radioeléctrico. La Resolución alude a interferencias a sistemas de radionavegación aeronáutica, servicio móvil aeronáutico y otros servicios utilizados por autoridades nacionales, provinciales o municipales “y/o cualquier otro en el que se ponga en peligro la seguridad de la ciudadanía, la vida humana o el cumplimiento de competencias asignadas a organismos públicos”.
Según relató Guillermo Saucedo de Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza al programa Enredando las Mañanas de la RNMA, en enero y febrero pasado, a Radio M, 104.1 de Virrey del Pino, y a 87.7 FM Fórmula de Merlo les llegaron intimaciones desde ENACOM para que cesen las emisiones con el argumento de interferencia a las ondas radioeléctricas de aviación, “pero no dicen de dónde. Sabemos que eso puede ser cierto, como también algo armado”, señaló Saucedo.
En una situación similar se encuentra la emisora FM Ocupas 88.3 del partido de Moreno, también en la provincia de Buenos Aires que no sale al aire desde el 26 de febrero cuando el ENACOM solicitó la normalización de ciertos requerimientos técnicos por interferencias. Si bien dichos inconvenientes fueron solucionados, y hecha una presentación de descargo en el ente, la emisora aún no recibió respuesta por parte del organismo. Ante esta situación, este jueves 27, de 15 a 19, la emisora realizó un programa especial con el propósito de volver a salir al aire.
Radio M apagó a fines de febrero sus equipos, bajó las antenas, puso los filtros, para que la radio deje de generar interferencias. Sin embargo, este martes, sin tener constancia de que el ENACOM hiciera nuevos controles, sus equipos fueron secuestrados y uno de sus responsables, Ariel Montes, fue demorado en una comisaría de Morón. Se le imputó el delito tipificado en el Código Penal Argentino bajo el artículo 194. Casualmente, el mismo que dio lugar a otro Protocolo antipopular, el protocolo antipiquetes.
El protocolo del ENACOM, de acuerdo a la Resolución dictada en diciembre, se activa ante denuncia de interferencias o ante alguna tarea de inspección. Luego ENACOM hace una comprobación técnica de la interferencia. Si existe, se intima al que interfiere a cesar con las emisiones. Si se niega, se avisa a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización “a los fines de solicitar al juzgado competente del sitio sometido a verificación, para su intervención con el objeto de concretar el mencionado cese de emisiones.”
Luego, el titular de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización puede declarar la ilegalidad, la clausura, decomiso o secuestro de equipos.
Ya a principios de abril, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, dieron a conocer un comunicado en el que aludían a esta Resolución y señalaban: “Rechazamos cualquier intento de acallar las voces alternativas, comunitarias y populares, bajo cualquier pretexto, y alertamos sobre la discrecionalidad que esta Resolución puede darle al Estado para embestir contra las voces disidentes.
Recordamos que los medios comunitarios, alternativos y populares no son ilegales por voluntad, sino por los retrasos del Estado para comprender su rol social y garantizando así su legalidad y sus mínimas condiciones de desarrollo.
Las voces que quiere silenciar este gobierno, son las mismas que denuncian sin ningún tipo de censura el ajuste y la represión, las que no dudan en poner el micrófono a otras voces oprimidas que no tienen ningún otro sitio en el que expresarse, las que ponen el micrófono a quienes construyen desde la adversidad con la organización y la lucha como herramientas.
Nuestros medios alternativos, comunitarios y populares atentan contra la impunidad que los medios corporativos le brindan al poder político y económico. Pero la voz del pueblo se expresa en nuestros medios y en la calle. No taparán el sol con un dedo”.
Por su parte, y en respuesta a este Protocolo de ENACOM, la Coalición por una Comunicación Democrática dio a conocer uno propio que da cuenta de los procedimientos que debe llevar a cabo una emisora frente a procedimientos e inspecciones del ente enmarcados en la resolución y que pueden leerse aquí.
Finalmente son de destacar dos cuestiones:
La primera es que estas facultades que se le otorgan ahora a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, eran ejercidas, hasta diciembre de 2015, por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y antes por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Durante las décadas del 80 y 90 el riesgo de decomiso y posterior criminalización de las organizaciones comunitarias que querían ejercer su derecho a la comunicación, fue el factor aglutinante de las luchas de estas emisoras.
La otra cuestión es la premura con la que el Ministerio de Comunicaciones ha llevado adelante y puesto en funcionamiento este accionar mientras que otras políticas, como el pago de los FOMECA y la apertura de nuevas líneas de fomento, demoraron casi un año mientras que la elaboración de un plan técnico, que efectivice la reserva del 33 % para las emisoras comunitarias alternativas y populares, continúa pendiente.
Fuente: CPR
Dicha Resolución complementaría la dictada el 23 de diciembre de 2016, la 9435, donde se estableció un Protocolo de actuación ante casos de interferencias en el espectro radioeléctrico. La Resolución alude a interferencias a sistemas de radionavegación aeronáutica, servicio móvil aeronáutico y otros servicios utilizados por autoridades nacionales, provinciales o municipales “y/o cualquier otro en el que se ponga en peligro la seguridad de la ciudadanía, la vida humana o el cumplimiento de competencias asignadas a organismos públicos”.
Según relató Guillermo Saucedo de Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza al programa Enredando las Mañanas de la RNMA, en enero y febrero pasado, a Radio M, 104.1 de Virrey del Pino, y a 87.7 FM Fórmula de Merlo les llegaron intimaciones desde ENACOM para que cesen las emisiones con el argumento de interferencia a las ondas radioeléctricas de aviación, “pero no dicen de dónde. Sabemos que eso puede ser cierto, como también algo armado”, señaló Saucedo.
En una situación similar se encuentra la emisora FM Ocupas 88.3 del partido de Moreno, también en la provincia de Buenos Aires que no sale al aire desde el 26 de febrero cuando el ENACOM solicitó la normalización de ciertos requerimientos técnicos por interferencias. Si bien dichos inconvenientes fueron solucionados, y hecha una presentación de descargo en el ente, la emisora aún no recibió respuesta por parte del organismo. Ante esta situación, este jueves 27, de 15 a 19, la emisora realizó un programa especial con el propósito de volver a salir al aire.
Radio M apagó a fines de febrero sus equipos, bajó las antenas, puso los filtros, para que la radio deje de generar interferencias. Sin embargo, este martes, sin tener constancia de que el ENACOM hiciera nuevos controles, sus equipos fueron secuestrados y uno de sus responsables, Ariel Montes, fue demorado en una comisaría de Morón. Se le imputó el delito tipificado en el Código Penal Argentino bajo el artículo 194. Casualmente, el mismo que dio lugar a otro Protocolo antipopular, el protocolo antipiquetes.
El protocolo del ENACOM, de acuerdo a la Resolución dictada en diciembre, se activa ante denuncia de interferencias o ante alguna tarea de inspección. Luego ENACOM hace una comprobación técnica de la interferencia. Si existe, se intima al que interfiere a cesar con las emisiones. Si se niega, se avisa a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización “a los fines de solicitar al juzgado competente del sitio sometido a verificación, para su intervención con el objeto de concretar el mencionado cese de emisiones.”
Luego, el titular de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización puede declarar la ilegalidad, la clausura, decomiso o secuestro de equipos.
Ya a principios de abril, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, dieron a conocer un comunicado en el que aludían a esta Resolución y señalaban: “Rechazamos cualquier intento de acallar las voces alternativas, comunitarias y populares, bajo cualquier pretexto, y alertamos sobre la discrecionalidad que esta Resolución puede darle al Estado para embestir contra las voces disidentes.
Recordamos que los medios comunitarios, alternativos y populares no son ilegales por voluntad, sino por los retrasos del Estado para comprender su rol social y garantizando así su legalidad y sus mínimas condiciones de desarrollo.
Las voces que quiere silenciar este gobierno, son las mismas que denuncian sin ningún tipo de censura el ajuste y la represión, las que no dudan en poner el micrófono a otras voces oprimidas que no tienen ningún otro sitio en el que expresarse, las que ponen el micrófono a quienes construyen desde la adversidad con la organización y la lucha como herramientas.
Nuestros medios alternativos, comunitarios y populares atentan contra la impunidad que los medios corporativos le brindan al poder político y económico. Pero la voz del pueblo se expresa en nuestros medios y en la calle. No taparán el sol con un dedo”.
Por su parte, y en respuesta a este Protocolo de ENACOM, la Coalición por una Comunicación Democrática dio a conocer uno propio que da cuenta de los procedimientos que debe llevar a cabo una emisora frente a procedimientos e inspecciones del ente enmarcados en la resolución y que pueden leerse aquí.
Finalmente son de destacar dos cuestiones:
La primera es que estas facultades que se le otorgan ahora a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, eran ejercidas, hasta diciembre de 2015, por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y antes por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Durante las décadas del 80 y 90 el riesgo de decomiso y posterior criminalización de las organizaciones comunitarias que querían ejercer su derecho a la comunicación, fue el factor aglutinante de las luchas de estas emisoras.
La otra cuestión es la premura con la que el Ministerio de Comunicaciones ha llevado adelante y puesto en funcionamiento este accionar mientras que otras políticas, como el pago de los FOMECA y la apertura de nuevas líneas de fomento, demoraron casi un año mientras que la elaboración de un plan técnico, que efectivice la reserva del 33 % para las emisoras comunitarias alternativas y populares, continúa pendiente.
Fuente: CPR
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