Durante más de un año estuvo detenida sin comprender el proceso penal por el que estaba en esa situación. En 2012, en una de las inspecciones que la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) realiza habitualmente en los lugares de encierro, entrevistó a la joven, conoció su caso y comenzó a intervenir. Así se logró que la Suprema Corte le asigne una intérprete de lenguas originarias para que Reina pudiera comunicarse y entender con claridad el proceso judicial al que debía someterse.
El juicio se desarrolló en 2014 y Maraz fue condenada a cadena perpetua por el TOC 1 de Quilmes al encontrarla culpable del asesinato de su marido Límber Santos, ocurrido en noviembre de 2010.
Para la CPM, el caso Reina Maraz ha visibilizado la situación de extrema vulnerabilidad en tanto víctima de las múltiples violencias que promueve y sostiene el sistema judicial, ya que Reina es mujer, pobre, migrante, indígena, y víctima de situaciones de violencia género, algo que la justicia en primera instancia no quiso ver ni oír: “Si lo hubiera hecho Reina no habría padecido todos los sufrimientos de los que fue víctima durante estos seis años. Desde la CPM celebramos su libertad esperando que pronto Casación se expida en un sentido favorable para que puedan comenzar a repararse los daños producidos por una condena injusta, arbitraria y discriminadora del mismo tribunal que hoy la libera”, afirmaron desde la Comisión.
Fuente: Agencia Andar
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