Con el objetivo de dar tratamiento al histórico proyecto de Ley por Iniciativa Popular, que fuera respaldado por 13.007 firmas, MAPU se suma a la campaña provincial de la UAC Chubut “Aún nos deben una ley”, denunciando el fraude legislativo sucedido hace casi dos años, uno de los mayores escándalos de la vida democrática chubutense. La sesión del 25 de noviembre de 2014 debía tratar la mencionada Ley, pero no solo no se trató, sino que los diputados terminaron aprobando una ley que abría la posibilidad de la minería a partir de consultas, pero sólo en las localidades de la meseta central, lugar en que se encuentran los yacimientos de oro, plata y uranio. Es decir, en los pequeños poblados que han sido históricamente postergados por el Estado chubutense y que por ello viven en las peores condiciones socio-económicas de la región. La manipulada ley propone “excluir” al resto de la provincia, cómo si el territorio pudiera ser aislado de las consecuencias ambientales y sociales que genera la megaminería a cielo abierto.
MAPU dice NO a la consulta zonificada, NO al engaño
El gobierno de la provincia del Chubut ha zonificado el territorio en cuatro comarcas: Los andes, Río Senguer-Golfo San Jorge, VIRCH-Valdés y Meseta Central. El objetivo claramente ha sido “aislar” al centro de la provincia, que contiene grandes yacimientos de oro, plata y uranio, entre otros minerales metalíferos. Según un informe realizado por la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales, allí viven aproximadamente 9.000 personas y poseen, en conjunto, los niveles socio-económicos más bajos de la provincia, producto de una histórica desatención estatal. Es allí donde la fraudulenta ley del 25 de noviembre pretende hacer la consulta.
El ambiente lejos está de ser un conjunto de regiones aisladas, más bien se trata de un complejo sistema en el cuál todas sus partes están relacionadas como ecosistema. Si se analizaran las consecuencias de la Mega-Minería a través de las cuencas[1] existentes en la región, la población bajo riesgo de contaminación incluiría a los poblados existentes por fuera de la Comarca de la Meseta Central. Según el Censo de 2010, la población de las cuencas implicadas serían más de 240.000 personas. No sería descabellado proyectar que a 2016 la población bajo riesgo de contaminación directa superase las 300.000. Esto sin incluir a la población de cordillera y el sur de la provincia, que seguramente también se verán afectadas por los fuertes vientos que hay en la región.
Podría decirse entonces que la región bajo riesgo de contaminación es muy superior a la que propone el gobierno. Incluso se debe incluir la contaminación del Océano Atlántico, ya que la cuenca del Río Chubut es exorreica (sus agua drenan en el mar). El efecto del viento no es un dato menor. Chubut posee los de mayor velocidad promedio de todo el país, y durante gran parte del año la dirección de los mismos es en sentido oeste-este. Por lo tanto la contaminación podría ser también por transporte de las partículas vía aérea, ya sea por rodadura, saltación o suspensión. En este caso la contaminación también podría expandirse a la región cordillerana y hacia el sur de la provincia, según la dirección de los vientos.
MAPU por la soberanía de las cuencas y por la alternativa productiva
La meseta central y la provincia en general posee cuencas de gran importancia, como la del “Río Chubut”, de la cual dependen más de 300.000 personas, y aquellas existentes en “la Meseta” (Sacanana, Gastre, Arroyo Perdido, Somuncurá, entre las principales). Es de destacar la Cuenca del Sacanana, ubicada entre Gastre y Gan Gan, que contiene un acuífero aún poco estudiado, pero que en principio contendría agua para abastecer a 300.000 habitantes durante 320 años, dato no menor para una región semidesértica como ésta. Cabe preguntarse si el gobierno arriesgará la contaminación irreversible de un bien que debería ser comunitario, y no privatizado en favor de las mineras.
En definitiva, la consulta zonificada es un engaño surgido el 25 de noviembre de 2014. Desde MAPU exigimos el tratamiento y aprobación de la Ley por Iniciativa Popular que jamás se trató. Además proponemos poner el agua y las cuencas al servicio de la población, lo cual sería el punto de inicio de un modelo de economías regionales sustentables, que ayudasen a motorizar el potencial eólico, turístico, agrícola-ganadero que posee la región en su conjunto.
Editoriales ANP
