El Bolsón (ANPP).- EDITORIAL: JUSTICIA ENTRE COMILLAS
Dos hechos políticos, de orden jurídico,
tuvieron su seudo final en los últimos tres días, pero llevan semanas
siendo denunciados por distintos colectivos y organizaciones. Tras ambos fallos de la justicia, tanto en el primero como en el
segundo, los acusados quedaron en libertad. Pero la justicia no funciona
de la misma forma para todos, la justicia es sexista, patriarcal,
castrense y muchos adjetivos más que la atraviesan y la deslegitiman;
por lo menos a los ojos de unos cuantos, muchos más de los que creemos.
El
primer hecho político se visibiliza a partir de la consigna “libertad
para Belén”. Belén (no es el nombre real) es mujer, una mujer que llegó a
un hospital con dolores abdominales y tuvo allí un aborto espontáneo.
Los médicos que la atienden, al igual que otras personas del sector que se hallaban ahí, acusan a Belén de abortar y dejar
abandonado el feto en un baño del mismo hospital. “En el expediente
figura que la jefa de Parteras acudió por indicación del médico Martín,
con la Guardia Policial del Avellaneda a los baños del hospital “a la
búsqueda del producto que habría expulsado” Belén. En un baño –existen
contradicciones acerca de en cuál de ellos, ya que hay varios–,
encuentran un feto y automáticamente es nombrado por médicos, médicas,
policías y operadores judiciales como “hijo” de Belén, sin que se haya
realizado ningún estudio de ADN que corrobore el vínculo, hasta el día
de hoy.”( http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-297840-2016-04-26.html).
Belén
es denunciada a la justicia, condenada a ocho años de prisión por
homicidio agravado por el vinculo y alevosía. No se pudo constatar
filiación con el feto que el medico y los enfermeros le adjudican, y
como única prueba de su existencia hay una foto, ya que del feto se
deshicieron. Claramente, Belén fue acusada, denunciada, enjuiciada y
condenada por ser pobre, por ser mujer, en una provincia donde las
clases populares no gozan de los mismos derechos que otras clases. A
nivel nacional, e incluso internacional, se movilizaron he hicieron suya
esta causa muchas mujeres y organizaciones feministas, con la consigna
“BELEN SOMOS TODAS”, se exigió su libertad, se exigió que se cumpla con
la excarcelación que le fue negada.
En esa misma provincia,
Tucumán, hace dos días se le concedió la prisión domiciliaria al cuarto
represor en lo que va del año “De los 37 represores condenados por
delitos de lesa humanidad en la llamada Megacausa Arsenales II de
Tucumán, ya no queda ninguno en cárcel común. El último, Ariel Orlando
Valdiviezo, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria esta
semana.”( http://www.politicargentina.com/notas/201608/16054-la-justicia-tucumana-concedio-prision-domiciliaria-al-cuarto-represor-en-lo-que-va-del-ano.html)
El
segundo hecho político esta relacionado con el torturador y represor
Etchecolatz, a quien el Tribunal Oral de La Plata le
concedió la prisión domiciliaria en dos de las causas por las que se lo
juzga, aunque seguirá preso, ya que el beneficio le fue negado, por un
juez, en otro expediente (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-307367-2016-08-20.html)
Es sabido y comprobado el rol y la participación de Etchecolatz durante
la dictadura de la década del 70, eso no se pone en duda en los
juicios. Lo que subyace en esta concesión de prisión domiciliaria, no es
la negación de su accionar, sino de algún modo el guiño por una parte
del poder judicial que analiza el pasado y nuestra historia con una
lente distinta a la propuesta por la última década, producto de la lucha
de años y años de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de HIJOS y otras
cientos de organizaciones y miles de personas que se nuclearon alrededor
de una idea “JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES” “CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y
EFECTIVA A LOS GENOCIDAS”. La concesión de la domiciliaria, deja
entrever también, la connivencia del poder judicial, nos referimos con
esto, a que es sabidamente comprobado que muchos de los varones que
ocupan distintos lugares o estamentos en el poder judicial, simpatizan (algunos más profundamente que otros) con ciertas normas y pautas de
sociabilidad y convivencia que provienen de la ideología castrense.
Las
leyes son las mismas, pero la Justicia, que es el poder que define y
regula cómo esas leyes deben ser leídas y aplicadas, no es entonces para
todos de la misma forma. Si así fuera, cómo es posible que una mujer
que sufre un aborto en una dependencia pública sea acusada de homicidio y
deba esperar presa lo que dure el juicio en su contra, mientras que un
represor, torturador y genocida que sí fue condenado, no en una sino en
varias causas, pueda cumplir lo que queda de su sentencia en su casa. A
Belén le corresponde la cárcel, porque es mujer, porque abortó. A
Etchecolatz, le corresponde la domiciliaria porque es viejo, pero sobre
todo porque es militar, porque una parte de nuestra sociedad no juzga lo
sucedido en el pasado como un genocidio del estado, sino como una
“guerra sucia”.
Vamos a seguir luchando para que los Etchecolatz no salgan de la cárcel, y para que las Belén no entren nunca más en ellas.
Está
claro que si los casos de Otoño Uriarte y Guillermo "Coco" Garido,
hubiesen contado con tal predisposición para poner tras las rejas a sus
culpables, la cosa sería más difícil de plantear, pero también eran pobres.
Entonces, una vez más, la realidad nos dice que la justicia no es justicia si el pueblo no está en la calle.
Vamos
a seguir gritando y marchando hasta que el último genocida sea
condenado y su sentencia sea efectiva, que se cumpla en la cárcel. Vamos
a seguir exigiendo el derecho de las mujeres al aborto legal seguro y
gratuito, porque Belén ahora está en libertad, pero no es libre, ¡vamos por la nulidad de su juicio con todas y todos en las calles!
Editoriales ANP
