No solo peleamos para defender las semillas como Pueblos, somos también las semillas que se defienden
El gobierno argentino inauguró su mandato en diciembre 2015decretando una mega-transferencia de 20 000 millones de dolares hacia el sector agroindustrial concentrado acompañado por una tremenda devaluación monetaria. Era de esperar que la fuerza corpo-estatal impulsado por Cambiemos mandará desde el ámbito legislativo otra señal positiva a los mercados mediante un proyecto de ley de semillas, pre-moldeada con la multinacional Monsanto/Bayer. El ministerio de agroindustria había anunciado desde el principio que la regulación de semillas iba a ser una prioridad de su agenda. Lo que no se preveía sin embargo era que Monsanto/Bayer iba a encabezar una multisectorial patronal para amenazar al gobierno en pos de resolver la cuestión pendiente de las regalías y del valor tecnológico agregado en las semillas transgénicas. La resolución del conflicto con Monsanto/Bayer marca el punto de partida del anuncio del proyecto de ley que debería ser enviada esta semana para luego ser tratado en agosto 2016 en el Congreso. Esta iniciativa, marcada como otras tantas por la franca gestualidad corporativo-estatal de la alianza Cambiemos, nos obliga a estar movilizados y hacer un panorama más amplio sobre la temática.
A nivel internacional, los monopolios bioagroquímicos están transitando una etapa tan contradictoria como peligrosa. La tendencia a la fusión de las multinacionales avanza y despiertamensajes de altera en distintos ámbitos de la sociedad. El grupo chinoChemChina compró el gigante Syngenta. Dupont acordó la adquisición de Dow Chemical en julio que viene, y Bayer hizo su propuesta a Monsanto. Las tres corporaciones que manejan la mitad de la comercialización de semillas a nivel mundial se encuentran en proceso de concentración, en un momento donde los tratados multilaterales de comercio y de inversión están a la ofensiva para controlar las tecnologías transgénicas y los mecanismos de propiedad intelectual. El ingreso de Argentina como país observador de la Alianza del Pacífico es un claro avance en este sentido, tanto en el sector agroindustrial, farmacéutico, minero, de seguridad o informacional. Por otro lado, en Rusia y la Unión Europea, los parlamentos de distintos países han manifestado una actitud de rebelión inédita contra el uso de ciertos agrotóxicos, en particular el glifosato cuya licencia de uso no ha sido renovada en varios países. Las movilizaciones sociales contra los oligopolios van creciendo como lo muestran las 400 marchas desarrolladas en más de 50 ciudades durante el mes de mayo 2016. En EEUU, varios Estados han decretado un etiquetado obligatorio de los productos transgénicos, desatando una feroz contra-ofensiva jurídica, científica y comunicacional de parte de los grupos económicos para volver a legitimar los paquetes agrotecnológicos. Para la sorpresa de muchos, en Argentina, la Corte Suprema rechazó el pedido de patentamiento de la multinacional en noviembre 2015, fundando su argumentación en que se trataba de una modificación de algo ya existente en la Naturaleza.
Localmente, caracterizamos la etapa como un giro autoritario hacia un nuevo fundamentalismo de mercado buscando satisfacer las demandas de los actores poderosos, particularmente en las ramas económicas de la energía, la agroindustria y la minería, y reconstituir un regionalismo dependiente de los centros occidentales. Las acciones destinadas a los agricultores familiares, campesinos e indígenas, como parte más ampliamente de la economía popular, han sido relegadas y se ha avanzado el desmantelamiento del Renatea(Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios), la Secretaría de agricultura familiar, con cientos de despidos de trabajadores en dependencias de dicha agencia estatal a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Quedaron por ahora desactivado el Consejo de la agricultura familiar o la implementación de la nueva Ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Los tarifazos y la inflación han puesto en jaque en poco tiempo a los pequeños productores, al encarecerse notablemente los insumos y servicios públicos. La situación es semejante en Brasil donde el gobierno de facto de Michel Temer debilitó al sector de la agricultura familiarvaciando el ministerio de desarrollo agrario. Numerosas organizaciones de agricultores han llevado a cabo jornadas de lucha en ambos países reclamando políticas públicas para el sector y por la reincorporación de los trabajadores. Todo esto en medio de un cambio de correlación de fuerzas y de una perdida de hegemonía política, que no solo invisibilizan las historias campesinas y los sectores productivos vulnerables, sino que habilitan en cierta medida su aislamiento hasta inclusive su criminalización por parte de los sectores de poder (como en el caso extremo de Milagro Sala o del escándalo de Curuguaty en Paraguay).
La Ley nacional de Semillas y Creaciones Fitogenéticas esta vigente desde el año 1973 en Argentina. Como decía la FONAF en el 2011, es necesario adecuar una ley que tiene 40 años de edad a los cambios del mundo, pero sin dejarse llevar por los dogmatismos, las tergiversaciones y actuar con plena lucidez. El contexto político actual da una clara ventaja al aparato mediático y parlamentario para instalar el debate en el terreno del respeto a la propiedad privada, de la caducidad de la ley, del retorno debido sobre la inversión tecnológica, sin dejar de lado la supuesta “desideologización” necesaria del ciclo anterior que seguramente será culpabilizado por la conflictividad generada en torno al uso de las semillas. No obstante, todos sabemos que el conflicto sobre la regulación de semillas en Argentina se viene arrastrando desde hace varios años, por una puja entre intereses económicos, autoridades, productores y defensores de los derechos socioambientales. En 2012, al momento del lanzamiento de la soja RR2 Intacta por Monsanto, el gobierno nacional anticipó la intención de modificar la ley de Semillas. La iniciativa generó un importante rechazo de los anteproyectos que pudieron conocerse, por parte de organizaciones sociales, políticas, campesinas, indígenas. El conflicto ilustra ante todo la profundidad del choque de paradigmas que se condensa en la regulación del uso de las semillas. Y hay que admitir que este desafío de regulación desborda muchas veces los marcos conceptuales y normativos. En este sentido, elaboramos el informe "Regular el uso de semillas" para dar cuenta de esta complejidad, de la diversidad de concepciones y legitimidades.
En síntesis, las semillas son un bien bio-socio-cultural, interrelacionando fuertemente aspectos biológicos, sociales, identitarios, culturales, espirituales y económicos, que fundamentan varias modalidades de intercambio, de preservación, de diversificación, de mejoramiento y valorización colectiva, no reducibles a los modos implementados por el mercado (y tampoco por las formas tradicionales de protección de derechos). La ley argentina de 1973 contempla el “derecho al uso propio”, es decir que reconoce el proceso ancestral felizmente inventado por la Naturaleza y los agricultores para resembrar las semillas obtenidas en cada cosecha sin tener que pedir autorización o pagar al obtentor de la variedad sembrada. Reconoce también el derecho de obtentor, un derecho exclusivo para la explotación comercial a quien “obtiene” una nueva variedad de semilla.La nueva generación de leyes de semillas que están surgiendo actualmente tienden a garantizar que todas las semillas estén registradas y certificadas, es decir “policializadas” a las puntas extremas de la producción de granos, en pos de maximizar la ganancia de los grupos semilleros. La disolución del conflicto con Monsanto/Bayer y el gobierno desemboca justamente en el anuncio de delegar al Instituto Nacional de Semillas (INASE) y no la empresa, para realizar estos controles en los puertos. Esto implicará casi el doble del presupuesto actual del INASE pasando de 120 millones de pesos a 210 millones de pesos anuales. Las empresas proveedoras de tecnología, como Monsanto/Bayer u otras, podrán hacer luego los reclamos de pago a los productores u accionar por vía judicial.
La señal enviada recientemente por Bayer, planteando que Argentina es clave para adquirir a Monsanto y fortalecer la renta de propiedad intelectual en toda la región, no puede ser más clara para evidenciar que se intensifican las estrategias empresariales para agudizar el control de la alimentación, esta vez en articulación más orgánica con los gobiernos antipopulares. En un contexto de importante fragmentación del campo popular y de gran debilidad institucional, es hora de una unidad de acción multisectorial para defender los derechos campesinos, indígenas y ciudadanos. Mucho más que mercancías, las semillas están en el ADN del pueblo argentino, como lo es el saber, la universidad, la lucha trabajadora, o como lo sería el maíz para el pueblo mexicano. Las nuevas leyes nacionales de semillas en Venezuela o en Bolivia nos muestran un horizonte normativo emancipador. Sin pretender ir tan lejos debido a la actual correlación de fuerza, los casos de Chile o Colombia, y lo recorrido hasta hoy por Argentina para defender los derechos campesinos, demuestran que hay un camino de lucha posible. No solo peleamos para defender las semillas comoPueblos y ciudadanos/as, somos también las semillas que se defienden.
François Soulard, Adriana Monzón
Editoriales ANP
