Así comienza la gestión el nuevo gobierno de Cambiemos que acaba de asumir. El flamante presidente Mauricio Macri llega al sillón de Rivadavia con una escalada de precios y con el camino allanado para el endeudamiento externo. Red Eco Alternativo.
Ninguno de los dos elementos conforman una novedad sino que se fueron gestando durante el gobierno kirchnerista más allá de que ambos fueron sistemáticamente ocultados o negados. Desendeudamiento e inflación irreales son dos componentes de una gestión que finalizó luego de casi 13 años de gobierno y que terminó con una escalada de precios.
El economista Julio Gambina y Héctor Polino, integrante de Consumidores Libres, dieron su opinión sobre este tema en entrevistas realizadas por el programa Los Locos de Buenos Aires.
“El gobierno de Cristina Fernández terminó su mandato con aumento de precios y obviamente culpando a los anuncios del gobierno entrante de Mauricio Macri, aunque aún era el kirchnerismo quien estaba en funciones y la realidad es que no podía disciplinar a los fijadores de precios. Inclusive una parte del aumento de precios está asociado al aumento de los combustibles y éste lo disparó YPF, una empresa privada de gestión estatal”, comentó el presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP), Julio Gambina.
El aumento del combustible - recordó Gambina - había sido acordado con el Ministerio de Economía y las autoridades a principios de 2015, “se sabía que iba a aumentar, es más, aumentaron ahora porque esperaron que pasaran las elecciones. Estaba previsto aumentar los combustibles antes del 22 de noviembre (balotaje), pero con toda la intención de disputar votos se planteó que el aumento se aplicara después de esa fecha”.
El aumento de los combustibles siempre termina impactando sobre los precios a los cuales se traslada. Por lo tanto, una parte importante de los recientes incrementos tiene su explicación con la suba de los combustibles por disposición de la empresa de gestión estatal.
La situación queda muy complicada sobre todo para los sectores de menores ingresos que son los principales afectados por esta escalada de precios.
Así lo confirmó Héctor Polino, director de Consumidores Libres, entidad que realiza desde hace 20 años, en forma quincenal, mediciones de precios de artículos que componen la canasta básica de alimentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La última medición de fines de noviembre arrojó aumentos similares a los que se venían produciendo durante el año. “La canasta de 38 artículos subió 1,95 % y el acumulado desde principios de año dio un incremento del 20,82 %”, comentó Polino. Sin embargo, a principios de diciembre, en tres días, se produjo una estampida sobre todo en los artículos de la canasta básica de alimentos, aumentos sobre los incrementos que ya se venían generando normalmente.
“Estos últimos son absolutamente injustificados, no hay ninguna razón que los explique, solamente los anuncios que hicieron algunos futuros funcionarios (hoy ya en funciones) de que va a haber una devaluación del peso en relación al dólar”.
Sobre estas especulaciones, Polino manifestó la necesidad de ver qué artículos son importados. “Aumentar los precios de los artículos cuya materia prima, tanto agropecuaria como industrial, es argentina, los salarios son argentinos, impuestos argentinos, es un absurdo querer referenciarlos al valor del dólar. Y si alguno tiene componente importado hay que determinar en qué proporción incide ese componente en la estructura del costo. Tratar de aumentar todos los productos porque va a haber una devaluación del peso es una actitud claramente especulativa, antisocial, que demuestra que los buitres no están solo fuera del país sino también adentro”, afirmó.
Ambos entrevistados coincidieron en que el gobierno saliente tuvo la legitimidad necesaria para parar esta estampida hasta entregar su mandato pero no lo hizo. “El gobierno tenía diversos instrumentos, en primer lugar la Ley de Defensa del Consumidor que establece sanciones de multa hasta la clausura del establecimiento. Debió haberse creado hace tiempo el Observatorio de Precios, que es una ley que se aprobó en 2014 sobre la base de un proyecto del propio Poder Ejecutivo, constituido por funcionarios de distintas aéreas económicas del gobierno nacional, con representantes de las entidades de defensa de los consumidores para observar la evolución de los precios desde la materia prima hasta el producto que llega al consumidor y determina en qué eslabón de la cadena se produce un aumento injustificado del precio y el Estado actuar rápidamente sobre ese eslabón. Pasó un año y no se hizo nada de esto”, recordó Polino.
Los aumentos ya están y muchos afirman que nada asegura que cuando el gobierno actual precise sus medidas económicas, que son hasta ahora enunciados generales, no vuelvan a aumentar. “Estas remarcaciones perjudican a los sectores de clase media, de clase media baja, a los trabajadores que viven de ingreso fijo y que deberán esperar hasta agosto o setiembre del año próximo en que finalicen las convenciones colectivas de trabajo, a los jubilados que perciben el haber mínimo (un 70%) y que recién en marzo se realizará un nuevo reajuste de sus jubilaciones. O sea que van a poder comprar menos y esto puede afectar el empleo en especial los que hacen horas extras, y esto puede conducirnos a un proceso claramente recesivo”, describió Héctor Polino, trazando una secuencia ya conocida en los ciclos económicos de nuestro país.
Otra de las cuestiones que tiene definido el nuevo gobierno de Cambiemos es el tema del endeudamiento. “Es verdad que hay menor deuda externa pero no menos deuda pública. Y esa va a ser la gran excusa del gobierno de Macri, decir que como estamos con baja deuda externa, entonces vamos a endeudarnos. Argentina está en excelentes condiciones para que el gobierno de Macri endeude a nuestro país y no tengan duda que lo va a hacer”, aseguró Gambina.
Como dato que contribuye a tener certeza sobre el camino nunca abandonado del endeudamiento, el titular de FISyP recordó que María Eugenia Vidal (quien acaba de asumir como gobernadora de la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, la alianza encabezada por Mauricio Macri) dijo que la caja que le entregó el gobierno de Daniel Scioli (FPV) está en cero pero aseguró que pagarán los sueldos y el aguinaldo de todos los empleados públicos con dinero que le pedirá a la Nación. “En el marco del actual déficit fiscal que tiene el gobierno nacional, solo podrá resolverlo tomando deuda pública”, afirmó.
Solo pensando en el corto plazo, Gambina recordó que en 2016 vence el bono que suscribió el Tesoro argentino con el Banco Central cuando Néstor Kirchner le pagó 1500 millones de dólares en 2006 y le firmó un pagaré a 10 años: “Al vencimiento lo más probable es que el gobierno renueve esa deuda y a lo mejor pague los intereses o los incluya en la renovación como parte del capital”.
Otro dato importante que trajo Gambina durante la entrevista es el de las reservas del Banco Central. Cuando Cristina Fernández asumió su segundo mandato, había 50 mil millones de reservas internacionales y hoy son la mitad (aunque gran parte son títulos públicos y encajes del sistema financiero) “porque se han utilizado esos recursos para pagar deuda y para fugar capitales de manera legal: remesas de utilidades al exterior y mecanismos especulativos como el contado con liquidación (que son inversiones que se hacen en pesos comprando en Argentina bonos dolarizados que luego se venden en dólares en el exterior y esa plata no vuelve a nuestro país). En Argentina se han ido 26.000 millones de dólares en estos cuatro años. Hubo un favorecimiento a quienes pudieron sacar los dólares de Argentina en forma muy impresionante”, dijo.
Gambina recordó además que el gobierno kirchnerista fue el que más deuda pagó. Cristina Fernández dio en diferentes momentos tres cifras distintas de todo lo que se había pagado. Habló de 192 mil millones de dólares, de 173 mil y de 146 mil. “Cualquiera de las tres cifras es una inmensidad, es más de lo que debía Argentina al momento de cesación de pagos en 2001, momento en el que debía 141 mil millones de dólares. Aunque se tome cualquiera de las tres, el país pagó 146, o 173, o 192 y está debiendo 230 mil millones de dólares de deuda pública”, manifestó quien integra la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes.
“La deuda es un terrible condicionante de la política económica en Argentina y el gobierno de Macri lo primero que va a decir es que reciben el paquete del juicio de Griesa, que tiene sentencia en firme. Recordemos que el gobierno de Cristina Fernández jamás dijo que no lo iba a pagar sino que quería buscar condiciones de negociación de cómo pagar. Macri va a entrar en esas negociaciones lo que supone el camino a un mayor nivel de endeudamiento”, aseguró.
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