El yacimiento es explotado hace 10 años por
la canadiense Barrick Gold, que reconoció el derrame pero negó que tenga
efectos adversos. Gisell Carrizo Muñoz, del Movimiento Jáchal No se Toca,
resaltó la preocupación por la falta de precisión sobre lo ocurrido y apuntó a
la connivencia entre el Estado y la minera.
.
El cianuro en la megaminería se utiliza para
separar las partículas de los metales de la roca. El derrame en la mina
Veladero se produjo por la rotura de una cañería y se conoció por un mensaje
anónimo por Whatsapp que rápidamente se difundió entre los vecinos.
La compañía reconoció en un comunicado que el
hecho ocurrió, aunque dijo que el cianuro no llegó a la cuenca del río Jáchal y
que no se produjo contaminación. Sin embargo, los vecinos esperan los
resultados de las muestras de agua para saber si el veneno llegó a los ríos.
En declaraciones a Radio La Lechuza, el
presidente del Concejo Municipal de Jáchal, Mario Luna (Frente para la
Victoria), aclaró que el agua que consume la población viene de otra vertiente
aunque reconoció que el derrame afectará al ecosistema. También dijo que se hará
un “monitoreo permanente” de la situación y la evolución de la explotación
minera.
Gisell Carrizo Muñoz, integrante del
Movimiento Jáchal No se Toca, resaltó la preocupación por la falta de
información precisa sobre lo ocurrido y apuntó a la complicidad que existe
entre el Estado y la minera. “El poder debería estar a las manos del pueblo y
no de las empresas mineras”, afirmó y destacó que sospechan que no es el primer
derrame de este tipo que ocurre en la zona.
“Hay muchas fallas en
toda la operación y en la forma en que se ha dado la minería en la provincia”,
sintetizó.
La empresa canadiense Barrick Gold tiene
denuncias en otros países por contaminación. En nuestro país, controla la mina
Veladero y pretende explotar el yacimiento Pascua Lama compartido entre
Argentina y Chile. Del lado Chileno en 2013 la Corte de Copiapó la sancionó por
no cumplir con las normas de prevención ambiental y por contaminar el agua. Del
lado argentino, la Corte Suprema le reclamó hace dos semanas que informe sobre
las medidas de protección ambiental.
Editoriales ANP
