El
Centro Clandestino de Detención “ La Cacha ” fue creado en el
Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar
los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura.
Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua
planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de
Olmos.Fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron El Ejército, la Marina , las Policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE ( Servicio Inteligencia Ejército). Según los relatos de algunos sobrevivientes el nombre “ La Cacha ” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.
Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los tiene la justicia hace 30 años, y fueron producidos por estimonios de sobrevivientes en Brasil en 1983 ( grupo CLAMOR en San Pablo), y testimonios en la CONADEP y reconocimiento del predio 1984.
Anuladas las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras indagatorias. Pero recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados. Y se comenzó a fragmentar la instrucción, según Blanco por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad”.
Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (recientemente detenido en Panamá), Teodoro Aníbal Gauto (aún escondido en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.
En marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 127 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 y no incluyendo a todos, dejaron causas "residuales" de desaparecidos del 77 y dejaron para otro juicio futuro los desaparecidos de 1978 en el mismo CCD.
Hasta ese momento, el juicio incluía a sólo 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).
En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 360 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha , al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía , Penitenciarios, de la Armada y del Ejército.
A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 477 represores por 2859 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa sólo el 25% de los 2.100 genocidas procesados en estos años.
En La Plata llegamos a fines de 2014 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 90 procesados a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso total de juzgamiento que el Estado propone no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.
- Juicio y Castigo a todos los genocidas por todos los compañeros.
- Juicios completos por TODOS los delitos de cada Centro Clandestino de Detención.
- Por la restitución de la identidad de TODOS los jóvenes apropiados.
- Por Julio Lopez, Silvia Suppo y los 30.000 compañeros.
CONVOCAMOS A PRESENCIAR LOS ALEGATOS EN EL JUICIO
DESDE EL Miércoles 3 DE SEPTIEMBRE – 10hs - 4 ENTRE 51 Y 53
Editoriales ANP
