(ANred). Hoy, sábado 12 de julio, a las 6:30, en Río de Janeiro, se
inició la ejecución de una serie de mandatos de prisión contra activistas,
profesores, abogados que defienden manifestantes y periodistas independientes.
La policía civil está irrumpiendo en las casas de estos ciudadanos portando
mandatos de prisión temporaria, en donde puede leerse “Plazo de prisión = 5
días”. Según las informaciones a las que se pudo acceder hasta ahora, hay por
lo menos 60 mandatos de este tipo.
Los
presos están siendo llevados a
la ciudad de la policía, complejo creado en el 2013 para
"investigaciones" y que reúne a varias comisarías y a otros
organismos similares. Por el
momento son cerca de 30 los detenidos, entre otros: Pedro
Guilherme Freire, Eloisa Samy Santiago, David Paixão, Camila Jourdan y Filipe
Proença. Aún no hay información precisa sobre si permanecerán allí o hacia
dónde serán trasladados. Una fuente indica que podrían ser llevados a Bangu, un
complejo penitenciaron común. Esto sucede en el más absoluto silencio de la prensa corporativa,
mientras que a los medios
independientes se les prohibió la entrada a la ciudad de la
policía y a los abogados de
los activistas no se les brinda información sobre los presos.
Para
mañana, final de la copa del
Mundo en el Maracaná, Río de Janeiro, están previstos varios actos. Uno de ellos
pedirá el esclarecimiento de
la desaparición del peón de obra Amarildo, desaparecido en la
favela Rocinha hace un año, a manos de la Policía Militar que ocupa esa área de
la ciudad. Los implicados en el caso, acusados de tortura y muerte por otros
policías que fueron testigos del crimen, están en libertad. Otro de los actos
será en apoyo a los
trabajadores en lucha, ya que hace algunas semanas los profesores de escuelas públicas están en
huelga. La respuesta del gobierno fue simplemente el corte de
sus salarios, por decretar la huelga ilegal. Esto es algo inédito en la
historia del país e irónico, si consideramos que la presidente Dilma pertenece
al Partido de los Trabajadores. Algunos de estos profesores -hasta ahora dos-
se encuentran entre las personas que fueron llevadas a la ciudad de la policía.
El
objetivo inmediato de esta acción, ilegal y arbitraria como muchas otras que
acontecen en el país desde los protestas que comenzaron en junio del año
pasado, parecer ser intimidar
y amedrentar a aquellos que estén dispuestos a participar de las protestas de
mañana. Para esto, se
está utilizando la legislación de excepción aprobada a nivel
federal y estatal durante el año pasado. Esta legislación fue condenada como atentado al Estado de Derecho
por entidades y organizaciones defensoras de los derechos humanos de todo el
mundo, incluyendo la Organización
de Abogados de Brasil (OAB) y Amnistía Internacional.
Los
manifestantes denuncian que esta violación a los derechos humanos es
inaceptable en un país democrático, al tiempo que afirman que no aceptarán la
criminalización de las protestas sociales.
Editoriales ANP
