Durante la última audiencia en la causa por la denominada “zona liberada de Plaza Huincul”, un policía fue encontrado fotografiando y filmando a los periodistas que cubrían el juicio. La sentencia se conocerá el lunes próximo.
El abogado defensor Martín Segovia y el ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch.
Los abogados querellantes en la causa contra Jorge Sobisch por la
denominada “zona liberada de Plaza Huincul” solicitaron ayer que el ex
gobernador de Neuquén sea condenado por el delito de “abuso de
autoridad”. El pedido lo hicieron Ricardo Mendaña y Gustavo Palmieri, en
representación de los ex jefes policiales Leonel Seguel y Luis Morales,
quienes acusan al ex gobernador de haberles ordenado no intervenir
durante una agresión a docentes en 2006. La defensa, en cambio, pidió el
“sobreseimiento o absolución” de Sobisch por considerar que se armó
“una construcción adornada de lo que no existió”. Durante la audiencia,
se produjo un gran revuelo cuando un policía de civil sacó fotos y filmó
a los periodistas que estaban cubriendo la etapa final del juicio. Si
bien el efectivo fue retirado de la sala al ser descubierto por los
propios periodistas espiados, la jefatura de la policía neuquina
reconoció luego haber asignado
“un efectivo del área de investigaciones a la sala de audiencias” del
juicio a Sobisch con el supuesto objeto de “preservar el orden público y
la paz social”.
En marzo de 2006, en Plaza Huincul, un grupo de docentes fueron
agredidos por manifestantes del Movimiento Popular Neuquino –el partido
político de Sobisch– cuando obstaculizaban la entrada y salida de
camiones en una destilería de YPF. “A la luz de la prueba incorporada se
ha demostrado en forma cabal la orden impartida por Sobisch, porque
aplicando el sentido común nadie puede ignorar que hubo inacción
policial”, señaló Mendaña, quien recordó el video proyectado en
audiencias previas, en el que “el mismo ex gobernador reconoció en un
discurso en la Jefatura de Policía que él dio la orden de no actuar”.
Por su parte, Gustavo Palmieri –quien intervino como querellante
en el juicio que condenó a prisión perpetua al policía Darío Poblete por
el crimen del maestro Carlos Fuentealba– precisó que “Sobisch violó la
Ley Orgánica de la Policía provincial al impartir una orden ilegítima”.
Palmieri aseguró que “no sólo cometió abuso de poder, sino que actuó con
dolo”.
Para el defensor Martín Segovia, “la querella parte de una premisa
falsa” y los ex jefes policiales querellantes, Seguel y Morales,
actuaron con “negligencia” en el manejo del conflicto entre los
atacantes y el grupo de docentes. “Si la orden de no intervenir hubiera
existido los habrían premiado con ascensos y no los hubieran separado
inmediatamente de sus funciones”, sostuvo.
Al hablar en el cierre de la audiencia, Sobisch sostuvo que “se
pretendió mezclar un discurso político con una orden y hemos estado
cuatro días aquí y he visto a los abogados Mendaña y Palmieri esgrimir
todos argumentos políticos en este juicio”.
El desarrollo de la audiencia se vio alterado por el espionaje del
policía de civil. La fuerza de seguridad neuquina reconoció el envío
del agente, pero sostuvo que “no realizaba tareas de inteligencia,
seguimiento y/o similar” ya que “para conocer los detalles del caso es
suficiente con encender la radio o prender el televisor”.
Según los propios periodistas y fotógrafos acreditados en la sala,
cuando el policía entró, se colocó en el fondo del juzgado y empezó a
registrar imágenes con su teléfono celular. Cuando se le consultó a qué
medio pertenecía, contestó que estaba “enviando un mensaje de WhatsApp”.
Inmediatamente se armó un revuelo que hizo que personal judicial
interviniera y le pidiera al efectivo –quien había ingresado comenzada
la audiencia, cosa que estaba expresamente prohibida por las autoridades
del juicio– que se retirara de la sala.
El Sindicato de Prensa de Neuquén repudió “enérgicamente la
actividad intimidatoria hacia los periodistas” en lo que denominó como
actividad de “inteligencia sobre los trabajadores de prensa”. Con la
firma de su secretario general, Oscar Livera, el SPN reclama “al
gobierno provincial, en la persona de su ministro de Gabinete, Seguridad
y Trabajo, doctor Claudio Gastaminza, que dé las explicaciones de por
qué la policía que está bajo su órbita de gobierno hace inteligencia
sobre el trabajo de los periodistas que cubren el juicio de un ex
gobernador”. “Exigimos se aclare si el personal que filmaba a los
trabajadores de prensa es un auxiliar de la justicia en accionar oficial
o un intruso amparado por la policía de la sala”, remarca el sindicato
de prensa local.
Angélica Lagunas, diputada provincial del Frente de Izquierda de
los Trabajadores (FIT), también se pronunció contra lo que denominó “un
vergonzoso espionaje contra la prensa de nuestra provincia, intimidando a
los periodistas y fotógrafos que vienen mostrando el desa-rrollo del
juicio (a Sobisch) que está demostrando cómo el ex gobernador liberó la
zona de Plaza Huincul”. Lagunas, quien también es una dirigente docente
del gremio ATEN, hizo públicas en su cuenta de Facebook una serie de
fotos donde se muestra al policía descubierto in fraganti en un
entrenamiento y curso realizado en mayo de este año en Neuquén impartido
por personal del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE)
perteneciente a la Policía Militar de Brasil. En una fotografía de un
certificado que el propio policía, al parecer, habría hecho conocer en
su propio FB y que luego misteriosamente fue borrada, se lee que el
nombre del efectivo es Jorge
Manriquez.