Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 (Observatorio Petrolero Sur).- El miércoles 28 de agosto la policía neuquina reprimió brutalmente una movilización que se oponía a acuerdo entre el Ejecutivo provincial e YPF para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Las decenas de heridos, uno con una munición de plomo, no impidieron que los “representantes del pueblo” decidieran sesionar y ratificaran la concesión de la nueva área. Esto, a su vez, habilitó el convenio entre YPF y Chevron, como informaron Miguel Galuccio y Ali Moshiri el pasado viernes.
Las irresponsables declaraciones del gobernador Jorge Sapag, del ministro de Energía Guillermo Coco y del diputado Luis Felipe Sapag alimentaron una espiral de violencia, que tuvo su peor capítulo cuando el viernes fueron incendiadas tres viviendas y un salón comunitario del lof Campo Maripe, situadas en el área donde YPF y Chevron pretenden llevar adelante la explotación de hidrocarburos no convencionales. Ante estos graves hechos el ministro Coco afirmó que las casas habían sido quemadas por las mismas personas de la comunidad, negando, además, que las familias atacadas pertenezcan al Pueblo Mapuche.
Poco antes el gobierno nacional, a través de Oscar Parrilli, otrora defensor de las privatizaciones y actual Secretario General de la Presidencia, había calificado de “inadaptados” a las más de 5.000 personas que se movilizaron el miércoles y a las 10.000 que lo hicieron el jueves.
En repudio a los ataques incendiarios el sábado organizaciones sociales y mapuche de Neuquén cortaron el ingreso al campamento central de Loma La Lata y lograron que la fiscal Gloria Lucero visite la zona y acepte la denuncia. A raíz de esta protesta, representantes de YPF convocaron a la comunidad a una reunión junto a funcionarios de la provincia, que se debería concretar esta semana.
Esperamos que tanto YPF como el gobierno neuquino comprendan que la comunidad no quiere la explotación de hidrocarburos no convencionales y que se respete su decisión de no permitir el ingreso de Chevron a su territorio.
La forma violenta y represiva en la que se establece este nuevo marco normativo tanto nacional como provincial para promover la explotación de no convencionales viola los derechos humanos tanto individuales como colectivos.
Nos solidarizamos con la comunidad Campo Maripe, víctima del atropello, y con Rodrigo Barreiro, quien fue herido con una munición de plomo durante la represión del miércoles.
Reclamamos una investigación que determine quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de ambos hechos y se los condene.
Exigimos el cese de la violencia en contra de quienes nos oponemos a este tipo de explotación y repudiamos la judicialización de los compañeros y compañeras que se movilizaron el miércoles 28 en Neuquén.
Editoriales ANP
