Para muchos en la Comarca Andina la novedad sorprendió. Para otros no tanto, sólo que decidieron callar. O peor, apañar. ¿Pero quién es Roberto Castellani?
La impronta del autoritarismo
Roberto Castellani fue, duarnte el mandato de Jorge Sobisch, el titular de la Dirección de Nivel Terciario del Ministerio de Educación de Neuquén. Durante las trágicas jornadas de abril de 2007, en momentos en que prácticamente la totalidad de los educadores neuquinos estaban llevando adelante una lucha sindical, Castellani formó parte de un grupo de rompehuelgas que ingresó a la fuerza a diversas escuelas que estaban plegadas a la huelga.
Una de esas escuelas fue nada menos que a la escuela 298, en la que trabajaba Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuentealba, maestro fusilado por la espalda por ese gobierno durante la masacre de Arroyito.
Luego de este crimen que encendió la indignación generalizada de la sociedad argentina (visible en innumerables manifestaciones y en los paupérrimos resultados electorales de la fórmula presidencial Jorge Sobisch-Jorge Asís, por ejemplo), Castellani se alejó de la escena política neuquina.
Y vino a parar a la Comarca Andina. Castellani ingresó en marzo de 2010 como interventor del ISFD 813, aquejado por una crisis ética e institucional que en teoría venía a subsanar.
Entre sus primeras medidas determinó dejar sin efecto el Consejo Consultivo, una especie de junta de coordinadores (que no concursaron por sus cargos) que de hecho había tenido en sus manos la toma de decisiones durante el período anterior.
Se abrieron carreras para las que nunca se habían elevado pedidos de apertura con los acuerdos institucionales correspondientes.
Nunca se convocó a llamado para cubrir la coordinación de la carrera de Bibliotecología: quien ocupa ese cargo, Leopoldo Ortiz, fue designado directamente desde el Ministerio de Educación de Chubut.
Docentes que se manifestaban en desacuerdo con el modo verticalista y poco transparente de gestionar el terciario empezaron a sufrir presiones más o menos indirectas y algunos terminaron renunciando a sus puestos.
Así, tres carreras se quedaron sin coordinación, sin que se volvieran a cubrir esos cargos.
En tanto, integrantes del ISFD 813 (que decidieron mantener su identidad reservada para evitar represalias) denunciaron que algunos profesores eran puestos “a dedo” en cátedras que jamás se concursaron.
Contra los estudiantes
Durante los primeros meses de 2011, a 16 estudiantes avanzadas del Profesorado de Nivel Inicial se las dejó literalmente afuera del instituto argumentando que no había lugar para hacer las prácticas pedagógicas e instándolas a ir a estudiar al Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, que recién abría su primera cohorte en esa carrera.
A su vez, varios estudiantes del tercer año del Profesorado de Matemática debieron abandonar la carrera luego de denunciar, en vano, prácticas autoritarias por parte de algunos docentes.
Debido a estas situaciones se organizó el Centro de Estudiantes, que inmediatamente manifestó su repudio ante la Dirección de Nivel Terciario y pidió asesoramiento a representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech).
Empezaron a registrarse situaciones persecutorias especialmente contra los estudiantes de Lengua y Literatura. En ese contexto llegó al Centro de Estudiantes la información acerca de las implicancias políticas que el interventor tuvo durante los sucesos de 2007 en la provincia de Neuquén, siendo funcionario de Sobisch, responsable de la represión a los docentes y de la muerte de Fuentealba.
Castellani, entonces, envió un correo electrónico a todo el personal docente para informar que se había orquestado una supuesta “campaña de difamación” en su contra y acusó a los estudiantes de manifestarse “clandestinamente”.
Asimismo, advertía allí que recurriría, de ser necesario, a abogados y cartas documento para resguardar su honor.
Las cartas documento finalmente llegaron: a un estudiante primero, al profesor Marcelo Lacassie después. Dice el dicho popular que las mañas no se pierden. Pretender judicializar a las personas por razones ideológicas parece ser, lamentablemente, una de las mañas que arrastran algunos funcionarios.
Editoriales ANP
