Salta (Marcha)-Por Leonardo Candiano. Tras dos días de acampe de miembros del MOCASE-VC frente al juzgado penal Nº 2 de Metán, Salta, fue liberado Gabriel Galván, hermano del campesino santiagueño asesinado el pasado 10 de octubre.
Centenares de familias campesinas indígenas e integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina dejaron sus hogares en su provincia para comenzar, en la mañana del miércoles pasado, un acampe frente al juzgado penal Nº 2 de la localidad salteña de Metán en protesta por la detención de Gabriel Galván, hermano del integrante del MOCASE-VC asesinado el 10 de octubre en el marco de la permanente disputa por la tierra existente en nuestro norte argentino entre latifundistas y las comunidades que habitan en la región desde tiempos ancestrales.
La denominada “Carpa negra” logró rápidamente su objetivo, ya que el jueves por la tarde Gabriel fue puesto en libertad ante el júbilo de sus compañeros que lo esperaban fuera del juzgado.
Recordemos que, como señaláramos en Marcha la semana pasada en “Una causa patas para arriba”, Gabriel Galván quedó detenido el 5 de noviembre después de prestar declaración por la muerte de su hermano.
Su encarcelamiento se debió a la acusación realizada por el presunto autor material del asesinato, Paulino Riso Patrón, quien lo denunció por “tentativa de homicidio” hacia su persona e incluso de haber provocado él mismo la muerte de Miguel Galván.
El MOCASE-VC reveló en su momento el hecho planteando que se trataba de un intento de desvío de la causa para garantizar la impunidad de Riso Patrón y de aquellos para quienes trabaja –según el propio movimiento, los dueños de Agropecuaria La Paz, empresa radicada en Rosario de la Frontera, Salta, que pretende las tierras habitadas por la familia Galván en el paraje El Simbol, en el límite de las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero-.
Después de que Gabriel haya pasado 17 días tras las rejas, en un comunicado difundido luego de su excarcelación el MOCASE-VC señaló que su salida de prisión es “un logro más de la unidad de las comunidades campesinas indígenas.” El movimiento decidió levantar la protesta y volver a sus comunidades, “donde producimos, nos criamos y realizamos nuestra historia”, subrayando que “nos vamos con la mayor de las firmezas de seguir defendiéndolo colectivamente y hasta las últimas consecuencias”.
En relación con esta causa y en diálogo con Marcha, Adolfo Farías, integrante del MOCASE-VC, nos expresó desde Santiago del Estero que: “si bien gracias a estar acampando frente al juzgado y a la difusión que se le pudo dar a la situación se logró liberar a Gabriel, no hubo un cambio de carátula en la causa, sólo la eximición de prisión”, por lo cual se debe estar atento al transcurso del proceso judicial.
Sin embargo, aclaró al respecto que: “el informe médico es favorable a nosotros, Riso Patrón fue dado de alta en unos días porque en el hospital en el que estaba internado decían que no había motivos para que siguiera ahí, no tenía nada prácticamente”, motivo por el que se considera que debiera caerse la imputación de “tentativa de homicidio”.
Justamente, en referencia con las contradictorias versiones sobre la situación de quien es señalado como el verdadero asesino de Miguel Galván, Farías indicó que ahora Riso Patrón ya estaría preso en una cárcel de Salta, no obstante lo cual esto no hizo mermar el accionar de sicarios y patotas en la región. Por eso remarca que “seguimos en la lucha, porque en estos momentos hay una banda de gente armada comandada por Tala Aranda, que anda persiguiendo a la gente por las casas. Esta banda es la que estaba llevando adelante los alambrados en la zona cuando mataron a Miguel, y siguen ahora amedrentándonos y persiguiendo, por eso seguimos resistiendo, luchando y denunciando lo que está pasando.”
Por último, espera que hoy lunes se cumpla la promesa realizada por una comisión de diputados de hacerse presente en el lugar ante la agravante situación que está viviendo el norte en esta materia, además de buscar acelerar el trabajo por una reglamentación territorial de las comunidades indígenas.
Si bien Gabriel está libre, continúa procesado y el juez actuante -Mario Dilascio- investiga el hecho como “una pelea entre vecinos”, negando que el problema de la tierra pueda ser el móvil del asesinato. Como denuncian el Movimiento Nacional Campesino Indígena –MNCI- y el propio Farías, las bandas armadas se mantienen al día de hoy en la zona para amenazar y desalojar a los habitantes originarios de sus viviendas y zonas de cultivo mientras la ley Cristian Ferreyra espera en las oficinas del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires.
Ante todo esto, las familias campesinas se siguen organizando a sabiendas de que allí, en nuestro interior profundo, esa es su principal garantía. La liberación de Gabriel Galván es una muestra de ello.
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