En su sentencia, el juez retomó los fundamentos del alegato de García Lois, quien solicitó la absolución al considerar que si bien la materialidad del hecho se demostró, “no cualquier corte de ruta puede encuadrarse en la figura del artículo 194 del Código Penal”. El fiscal sostuvo que es necesario apreciar la forma en que se desarrolló la acción, su duración, la existencia o no de vías alternativas, si se recurrió al reclamo institucional previo, entre otros puntos. De esta manera, indicó que la demanda salarial no tuvo respuestas por parte del gobierno, que la protesta se extendió durante tres meses, que el corte del 18 de mayo de 2010 duró tres horas, que había caminos alternativos y que fue pacífica.
En su alegato, el fiscal había asegurado: “A mi criterio, no se trata de un delito igual que el resto de los tipificados en el Código Penal. En el presente caso, existieron no solo reclamos y diálogos previos entre las partes en conflicto, sino el anuncio anterior de que se iba a realizar el corte de ruta en ese lugar y durante esas 3 horas, lo que dieron cuenta las notas periodísticas incorporadas al juicio correspondientes al día anterior. No se concibe que alguien vaya a cometer un delito y lo anuncie previamente en los medios…”
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