La grave situación producto de la erupción del Caulle y las fuertes sequias en la zona sur de la provincia no son consideraciones apropiadas ni razonables para propiciar la contaminación del los escasos recursos acuíferos que cuenta la región, cuando el principal factor limitante en la zona es el agua parece poco coherente pensar que la estrategia para resolver el problema socioeconómico sea incrementar las probabilidades de contaminación de los mismos recursos acuíferos.
Por otro, la creación de un Consejo Evaluador que incorpore a funcionarios del gobierno, representantes de universidades nacionales de la región y de los pueblos originarios, vecinos, ambientalistas y un representante de INVAP S.E. puede ser una muy buena iniciativa, que se desmerece cuando surge pegada a la eliminación de la prohibición de utilizar cianuro en las extracciones de minerales. La creación de este Consejo Evaluador se podría haber implementado sin la necesidad de abolir la prohibición del uso del cianuro.
Esta provincia a padecido muchas acciones y decisiones que han propiciado un fuerte deterioro ambiental en las últimas décadas, algunas de ellas pudieron detenerse con una amplia participación de las organizaciones sociales y de los vecinos en general. Es muy lamentable y sumamente preocupante que una de las primeras medidas que toma la Legislatura de la provincia avance con tanta desconsideración sobre una de las principales conquistas en defensa de la calidad ambiental, y que lo haga sin recurrir al bagaje de conocimientos científicos que llevan a tantas instituciones a nivel mundial a alertar sobre los peligros del uso del cianuro con fines de extracción mineralógica. Nunca ha sido una buena y sustentable estrategia de superación de una crisis socioeconómica descuidar la calidad de los recursos naturales que conforman la zona en la que vive la población principalmente afectada, entonces: ¿A quién le sirve esta nueva ley?
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