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domingo, 19 de diciembre de 2010

SALTA: DESALOJO A LA COMUNIDAD LAS PAILAS

18 de diciembre(Agencia walsh).- En un acto conjunto la Policía provincial de Salta y la Gendarmería Nacional arrasaron con los sembradíos y casas de la comunidad Diaguita-kalchaqui Las Pilas. Los terrenos se los adjudica un terrateniente llamado Rubén Robles, sin embargo los desalojos son violatorios de la ley Emergencia de propiedad comunitaria indígena.
La comunidad de las pilas denuncia la inoperancia del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) como en el IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta)




Hoy viernes 17 de diciembre en horas del mediodía se produjo el desalojo de la comunidad indígena Diaguita-kalchaqui LAS PAILAS en el departamento Cachi en la provincia de Salta, y actuaron en la misma, efectivos de la policía provincial de las localidades de Cachi, Payogasta, La Poma y Ceclantas.
En horas de la noche se hicieron presente fuerzas de Gendarmeria Nacional junto a maquinas que arrasaron todo a su paso tanto sembradios como casas.
Este desalojo se produce estando vigente la Ley 26160 de EMERGENCIA DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA, que prohíbe los desalojos por el termino de la emergencia,(prorrogado hasta 2013). La comunidad ya había denunciado otros intentos de desalojo por parte del terrateniente Rubén Robles que se quiere adjudicar la titularidad de estos territorios, cuando los comuneros vivieron en estas tierras desde siempre.
Estas denuncias fueron hechas tanto al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) como en el IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta) y una vez mas, vemos la total inoperancia del INAI para cumplir los objetivos por lo cual fue creado.
No sorprende esta actitud teniendo en cuenta el papel de este organismo en el desastroso Relevamiento Territorial, y en las muertes de los hermanos Qom en la masacre de Formosa, por lo que solicitamos la URGENTE SOLIDARIDAD DE TODAS LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, ORGANIZACIONES SOCIALES E INDIGENAS a repudiar estos hechos y exigir a las autoridades nacionales y provinciales a que cumplan con la ley.


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