AW) El pasado 20 de Agosto de 2010, el Movimiento campesino de Santiago del Estero (MOCASE), cumplía 20 años de historia, también celebraba la constitución definitiva de un instrumento político que le da legitimidad a los habitantes originarios de Santiago del Estero. Las primeras luchas estaban dirigidas a evitar los desalojos cotidianos que vivían los hermanos campesinos de sus tierras por parte de empresarios apoyados por el poder político de entonces. El Movimiento también fue el puntual de la lucha contra el autoritarismo de la dinastía Juárez (Carlos Juárez y su esposa Nina) que gobernaron la provincia por más de 50 años.
Por Pedro Herrera para El Coyuyo.
Santiago del Estero, jueves 18 de Noviembre de 2010 (El Coyuyo)
Hoy no son los Juárez los que están a la cabeza de la administración pública pero, varios de sus descendientes políticos están ubicados en reparticiones que dirige el actual gobernador y consentido de la presidencia de la nación Gerardo Zamora, este tuvo la virtud de reconocer la existencia del movimiento campesino firmando acuerdos y promoviendo proyectos de desarrollo pero al final todo se tradujo en una manipulación de la opinión pública aprovechando que cuenta como aliado con el grupo empresarial dirigido por Néstor Ick con quien controla los medios de comunicación y le otorga la administración del tesoro provincial a través del Banco de Santiago del Estero (entidad usurpada a la provincia), respecto a soluciones, todo sigue igual e incluso se incrementan los atropellos y la venta de tierras para el desmontes y la instalación de la Soja y ganadería de gran escala.
Ese ninguneo y los constantes atropellos de empresarios foráneos a territorio campesino ha impulsado a las organizaciones del MOCASE a tomarse la ruta nacional 34 desde el 17 de Octubre de 2010 a la altura de la comunidad de Vilmer unos 15 km de Santiago Capital
Un campesinado invisible
Al cierre de esta edición el MOCASE lleva más de 20 días cortando la vía en lapsos intermitentes de 2 horas de interrupción donde se entrega información sobre la existencia y las demandas de los campesinos. Otra situación insoportable son los aprovechadores políticos como la presencia en los primeros días de la Federación Agraria Argentina (FAA), los mismos que se aliaban con las sociedades de los empresarios usurpadores en las protestas del Campo el 2008 ahora pretenden ser protagonistas de las iniciativas del MOCASE pero su sorpresa vino cuando fueron echados de la ruta junto con sus carteles y más tarde los voceros del Movimiento campesino rechazaban las gestiones realizadas por integrantes de la FAA ante Diputados nacionales en una reciente visita que hacían a Buenos Aires los dirigentes del MOCASE.
En el escenario local, los operadores políticos con cargos en la delegación provincial de la Subsecretaria de Agricultura provincial son los encargados de manipular las acciones del MOCASE, constantemente se tiene las visitas de funcionarios de esa repartición ofreciendo su apoyo, por otro lado aparecen firmando un comunicado donde rechazan el corte de ruta aduciendo que sus protagonistas son un "un sector minorista" que no saben lo que hacen, es tanto el asedio que, Osvaldo Gallego Gonzáles, uno de los funcionarios más controvertido e insidioso de la Subsecretaria, aparece en Buenos Aires acompañando a los delegados del MOCASE en sus visitas a medios de comunicación y en las entrevistas con diputados, defensoría del pueblo y organismos de derechos humanos sostenidas con el movimiento campesino.
Las demandas del MOCASE
La salida a la ruta 34 e instalar un campamento en sus inmediaciones tuvo motivadas por el ataque de bandas armadas que responden a los empresarios Luis Resio, Alberto Croche y José Pérez Quiroz a la comunidad de Pozo del Castaño (200 km al norte de Santiago del Estero), esto ocurrió a pocos días en que el movimiento campesino firmaba un acuerdo con el gobierno provincial donde se detallaban acciones políticas que evitarían este tipo de situaciones.
Para restablecer el dialogo los campesinos proponen que el gobierno provincial saque a los empresarios de la zona de conflicto, que renuncien algunos ministros involucrados con inversionistas (Luis Gelid, Ricardo Daives, Emilio Neder), que se castigue con cárcel a policías y empresarios involucrados en bandas armadas y se apruebe una ley provincial que le de legitimidad a los poseedores de la tierra, hasta el momento, el gobierno provincial ha hecho oídos sordos y ha instruido a los medios de comunicación a no publicar los pormenores del corte de la ruta 34, un histórico acontecimiento llevada adelante por el Movimiento campesino de Santiago del Estero.
Pedro Herrera
www.elcoyuyo.org
Editoriales ANP
