Esquel(No a la Mina).- Se presenta un difuso (y millonario) programa para promover la minería. El Secretario de Minería de la nación y el ministro de la producción de la provincia estuvieron analizando el alcance que tendrá el Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN) que contiene mecanismos de financiamiento para promover la minería, subvencionada con 40 millones de dólares por el BID y 10 millones de dólares por el estado argentino. La pregunta es si mucho de lo que se indica en los fundamentos no lo tendrían que financiar las propias empresas mineras que explotan en la Argentina.
Fuente: OPI Santa Cruz
11/06/2010. El Ministro de la Producción de la provincia, Jaime Álvarez se reunió con el Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral los detalles para la presentación del programa GEAMIN (Programa de gestión Ambiental Minera) que tiene como objetivo arbitrar los mecanismos para financiar y promover emprendimientos mineros, una actividad que tiene excesivas ventajas impositivas, paga muy bajas regalías y hace usufructo de todas las prerrogativas que la ley le asigna, facilidades que muy pocas (o ninguna) otra actividad productiva, comercial o de explotación tiene en Argentina.
Los “fundamentos” y “argumentaciones” que se pueden leer en el comunicado del gobierno o los que se pueden escuchar de boca de los funcionarios, no alcanzan a convencernos de que esos fondos vayan a tener una aplicación práctica o al menos que sirvan para favorecer a la gente de los municipios donde se asientan los complejos mineros.
Asimismo la lectura el “Subprograma de Gestión Ambiental Minera” el que tuvimos oportunidad de repasar, deja muchas dudas, abre múltiples sospechas sobre su aplicación práctica y en todo caso pone el acento en el financiamiento de actividades como las denominadas “Apoyo a la gestión ambiental de áreas mineras degradadas” que debieran correr exclusivamente por cuenta de las mineras, por ejemplo cuando se refiere al sostenimiento de “un plan estratégico para recuperación de áreas críticas” o “la realización de intervenciones integrales de remediación de los pasivos ambientales como recuperación de suelos, remoción, transporte o encapsulamiento de desechos contaminados, obras de derivación, control de erosiones etc, es decir pasivos ambientales heredados de la actividad que no se entiende bien porqué el Estado debe hacerse cargo, si de acuerdo a la legislación vigente deben ser las propias empresas quienes tiene la obligación de remediarlo.
En noviembre de 2007 el Ministro de Economía de Kirchner firmó el Contrato de Préstamo entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo N° 1865/OC-AR, para la ejecución del Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo AR-L1026 (PROY – S01:0010667/2007).
El Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo, cuya negociación con el Banco fue realizada entre los años 2005 y 2007, será financiado en un 80% por el Banco Interamericano de Desarrollo (US$ 40 Millones) y en un 20% por el Estado Argentino (US$ 10 Millones). El mismo incluye dos Subprogramas, uno a ejecutar por la SAyDS “Promoción de la Producción limpia” (US$ 24,4 Millones) y otro a ejecutar por la Secretaría de Minería, denominado “Gestión Ambiental Minera” (US$ 25,6 Millones).
Lo ideal y lo real
Mientras se expresan argumentos altisonantes dentro del texto, millonarias inversiones que van salir del BID y del Estado nacional para ahorrarle trabajo (y plata) a las empresas extranjeras de extracción en el país, en Santa Cruz hay un yacimiento (Mina Marta) de una empresa internacional (COEUR) está en proceso de abandono de la producción luego de apenas 2 años de actividad; es decir un virtual cierre de la mina. Sin embargo, para no hacer frente a los costos por “cierre de mina”, la estrategia empresaria es: despedir a los trabajadores, desactivar la mina, dejar una guardia mínima en el yacimiento y ponerla “a la venta”, situación que puede durar infinitamente o hasta que aparezca alguna solución que les permita evitar cumplir con lo comprometido en el Estudio de Impacto Ambiental. Obvio que cuando en el 2008 Cristina Fernández y Peralta la presentaron en sociedad, aseguraron la importancia de la inversión, la durabilidad del recurso y la mano de obra que traería a la zona de Gobernador Gregores (¿?).
Tal vez este nuevo programa lanzado por el gobierno nacional, pueda aportarle a este yacimiento alguna solución a la obligación que las empresas mineras de Santa Cruz faltan sistemáticamente: el cuidado del medioambiente, la remediación y la seguridad en mina.
O tal vez este programa le pueda aportar a la novísima Secretaría de Estado provincial de fondos para generar controles serios y no tener un solo comisario que visite esporádicamente los complejos mineros de la provincia en misión protocolar, argumentando que no pueden controlar más porque “no hay gente” (mientras tanto el tiempo pasa). Todo es posible, si el dinero que el gobierno está tan interesado en derramar, va a objetivos claros, transparentes y de interés social. Si acaso resulta solo una manera más de subsidiar a la minería y caer en manos de algunas consultoras o empresas relacionadas con el poder, estaremos ante más de lo mismo, no cabe duda.
Editoriales ANP
