(AW).- La causa fue iniciada por la policía de oficio, por el "delito de corte de ruta", de los obreros de Cerámica Stefani el 4 de Febrero de 2010. Mientras tanto la denuncia que se realizó en al misma Fiscalía contra los dueños de fábrica por evasión de impuestos, no avanzó y la fiscal se declaró incompetente para investigar, enviándola a Buenos Aires.
El día lunes 07 de Junio, fue citada a notificarse de la iniciación de una causa penal, por parte de la Fiscalía Federal de Neuquén, la abogada del CEPRODH Natalia Hormazabal. La causa fue iniciada de oficio por la policía, con el avance de medidas investigativas por parte de la fiscal federal Cristina Beute. El delito por el que se la acusa es el del art 194 del Código Penal conocido como "corte de ruta". La causa se inicia a partir de una acción de protesta sobre la ruta por parte de los obreros de Cerámica Stefani, el 04 de Febrero de 2010, en el cual la policía "identifica" a la abogada, que mantiene un diálogo con ellos cuando se acercan al corte.
Ante esta situación, entendemos que esta causa penal contra una de las abogadas de los obreros, es un ataque significativo hacia la lucha ceramista y hacia el derecho de defensa de los obreros/as. Es un intento de disciplinar a los abogados que defienden a los trabajadores que luchan y de cercenar los derechos de los propios obreros. Mientras tanto la denuncia que se realizó en al misma Fiscalía contra los dueños de Cerámica Stefani por evasión de impuestos, no avanzó y la fiscal se declaró incompetente para investigar, enviándola a Buenos Aires.
Creemos que no es casual este ataque cuando los obreros ceramistas de Stefani y su sindicato convocan a la población de Cutral Có a respaldar su lucha para impedir el cierre de la cerámica con el voto por el SI en el referéndum municipal del 4 de julio y se intenta cercenar el derecho a huelga de los docentes en la provincia. Ni va a contramano del giro que emana del propio gobierno nacional que manda las fuerzas del "orden" a desalojar el puente en Gualeguaychú que cortan los ambientalistas, y en la Capital se intente 50 días de arresto contra los dirigentes estudiantiles que bloquearon las calles en solidaridad por los obreros de Kraft a fines del año pasado.
Por ello, los abajo firmantes denunciamos este ataque a las libertades democráticas, que se da en un marco donde el gobierno de Sapag busca criminalizar la protesta y atacar derechos elementales de los trabajadores como el derecho a huelga, y nos pronunciamos por el inmediato sobreseimiento de Natalia Hormazabal y decimos que esta causa es un ataque al más elemental derecho de defensa de los trabajadores/as.
Editoriales ANP
