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martes, 22 de septiembre de 2009

LEY DE MEDIOS EN TERRITORIOS INDÍGENAS YA

Buenos Aires (Comunicadores “Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios”).- El 18 de septiembre, en el Congreso de la Nación, se celebró una conferencia de prensa convocada por los Comunicadores del Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios.
Una docena de comunicadores, de los 40 que han participado de la elaboración de la propuesta de inclusión del derecho a la comunicación con identidad, llegaron desde sus territorios para acompañar el debate de la Ley Servicios Audiovisuales, participando activamente de las audiencias públicas con una cantidad de intervenciones que lograron visibilizar la propuesta indígena y el apoyo en general a la ley de la democracia.
La media sanción en Diputados, con la inclusión de un título para pueblos originarios, la categoría de personas de derecho público no estatales, al igual que las universidades nacionales y la iglesia católica, más una serie de artículos que reconocen la naturaleza jurídica que la Constitución Nacional le atribuye a los Pueblos Originarios, constituye una victoria en la lucha por el respeto a los derechos de los pueblos, a la comunicación con identidad cultural, a los territorios donde desarrollarla, a los 16 idiomas que se hablan y dan muestra de la riqueza de la diversidad.
Los pueblos originarios sujetos de derecho público, traspasaron el cerco de la invisibilización y forjaron el debate con propuestas acordes al marco de derechos del sistema jurídico argentino e internacional, sentando un precedente en la región de definición política-jurídica en la comunicación popular y el acceso a medios autónomos de comunicación.
La conferencia del viernes al mediodía contó con la presencia de Valentín Mejillones Acarapi, Amauta de Bolivia quien trajo los saludos del presidente del estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales, como el de los Ponchos Rojos.
La conferencia la abrió Matías Melillan, por el Encuentro de Comunicadores, quien repasó el proceso de participación en torno al proyecto de ley.
Luego la abogada indígena Ángela Jaramillo expuso el tratamiento que la ley que ingresa al Senado le da a los pueblos originarios.
El respetado Mejillones fue ovacionado por el público y los periodistas; tomó la palabra después de que los comunicadores Armando Quispe, Mariela Flores, Carlos Katrileo, Ailin Piren, Bernabé Montellanos y Walter Barraza informarán sobre las violentas situaciones que viven sus pueblos en los territorios y sobre la prensa racista, que omite o realiza campañas contra las organizaciones indígenas.
Se sumaron a la conferencia el actor Juan Palomino, los jugadores Pablo Rotchen y Juan Taurinio y el ingeniero Alberto Lapolla, quien aportó la línea histórica de las luchas emancipatorias de Abya Yala y llamó a dar la batalla por la restitución territorial.
También estuvo Néstor Piccone, de la Secretaría de Medios de la Nación, que habló de la nueva ley de la democracia que incluye a todos los sectores sociales en la batalla por democratizar la palabra.
La conferencia contó con adhesiones y reconocimiento como el respaldo internacional al derecho indígena en la nueva ley de comunicación en Argentina, firmado por las numerosas organizaciones indígenas que integran la Red Continental Indígena de Comunicación Abya Yala, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI).
En los últimos meses, equipos de comunicadores de las organizaciones indígenas como la Confederación Mapuche Neuquina, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, el pueblo Qom del Chaco, la Organización Napalpí del Chaco, Qullamarka de Salta, comunicadores del pueblo Kolla de la Puna, de la Asamblea del Pueblo Guaraní, el Consejo Tonocoté Llutqui, entre otras organizaciones, mantuvieron entrevistas con muchos de los bloques y contaron con el respaldo institucional del área jurídica del Instituto de Asuntos Indígenas bajo la presidencia del saliente Horacio Pascual, a punto de vencerse la ley de relevamiento territorial que intenta frenar los desalojos que acosan a los pueblos originarios con el avance de las industrias extractivas y el monocultivo de soja.