(ANRED-T)-Durante la última dictadura militar en la Argentina emergieron centenares de centros clandestinos de detención en los que se secuestró, se torturó y desapareció a 30 mil personas. "En general, funcionaban disimulados dentro de una dependencia militar o policial. A pesar de que se sabía de su existencia, los movimientos de las patotas se trataban de disimular como parte de la dinámica ordinaria de dichas instituciones", explica la politóloga Pilar Calveiro, sobreviviente de los campos de concentración de la Aeronáutica y la Armada.
En algunos casos, la realidad superó ampliamente a la imaginación más atrevida. Escuelas y hospitales se erigieron en verdaderos campos del horror. Operativos a plena luz, detenciones en las salas del nosocomio, aulas convertidas en salas de tortura trazaban un mapa en el que se advertía la convivencia con la parálisis y el terror. "La Aeronáutica hizo funcionar un centro clandestino de detención en el policlínico Alejandro Posadas. Los movimientos ocurrían a la vista tanto de los empleados como de las personas que se atendían en el establecimiento, 'ocasionando un terror que provocó el silencio de todos'", reconstruye la autora de Poder y desaparición.
El poder desaparecedor no se mostró reticente a convertir a la totalidad del territorio argentino en un verdadero campo de concentración, es decir, no dudó en emplear espacios que habían sabido cumplir una función social en lugares para la opresión y el disciplinamiento del cuerpo social.
"Las tres Armas asumieron la responsabilidad política del proyecto de salvataje. Ahora sí, producirían todos los cambios necesarios para hacer de la Argentina otro país. Para ello, era necesario emprender una operación de "cirugía mayor", así la llamaron. Los campos de concentración fueron el quirófano donde se llevó a cabo esa cirugía- no es casualidad que se llamara quirófanos a las salas de tortura-; también fueron, sin duda, el campo de prueba de una nueva sociedad ordenada, controlada, aterrada", resume en Poder y desaparición la politóloga Pilar Calveiro.
El experimento genocida en el hospital de Haedo Norte se llevó adelante entre 1976 y 1977. El Estado adoptó una metodología dual: por un lado, desplegaba su aparato represivo ferozmente contra los trabajadores y vecinos de los barrios cercanos y, por otro, mantenía en pie la asistencia sanitaria. En un mismo sitio se torturaba y ejecutaba pero, también, se cuidaba y daba vida.
"Un hospital que había nacido- afirma en los autos de procesamiento el juez Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción de la causa por los crímenes cometidos en ese centro de salud- y se había edificado sobre las bases de una institución cuya idea fue llegar con su servicio a lugares carentes de una suficiente cobertura médica y otros servicios asistenciales básicos fue socavado por el terror que no sólo tuvo por destinatarios a sus profesionales y demás empleados, sino que incluso fueron los propios pacientes quienes como testigos pasivos de los hechos debieron vivenciar el accionar abusivo".
Como remarca el magistrado a cargo de la investigación, la metodología implementada en el predio del Policlínico Posadas está en plena consonancia con el objetivo genocida de la última dictadura: la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y de cooperación. Si antes los trabajadores del hospital habían decidido que el rol social que le correspondía a esa institución era salir a los barrios, la decisión de los militares y de quienes los apoyaban fue cerrar las puertas del hospital, marcando con sangre qué le podría pasar a quien no estuviera dispuesto a obedecer ese mandato. Un centro de torturas y muerte ubicado en un chalet que se percibe desde la entrada era más que elocuente como mensaje. Trabajadores y trabajadoras que eran incluidos en listas, cargados en celulares policiales y desaparecidos se convirtieron en elementos demasiado aleccionadores.
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