Las maestras y los maestros cordilleranos habían decidido entonces iniciar un plan de lucha que ponía en primer lugar la exigencia de reincorporar a los docentes arbitrariamente despedidos en la localidad (más de 14 hasta el momento) y la derogación de dos resoluciones que limitan el derecho al trabajo a decenas de trabajadores que no residen en la ciudad.
El pliego de reivindicaciones, que fue ratificado hoy en asamblea, incluye también un aumento salarial, el suministro de alimentos frescos a las escuelas, el arreglo y la construcción de edificios escolares y el funcionamiento del Ipross, entre otros puntos.
El acampe frente a la Delegación Regional del Consejo Provincial de Educación persistirá de no haber una respuesta favorable del gobierno rionegrino.
Por el momento, todo parece indicar que las actividades administrativas que deben realizar esa sede gubernamental, así como las supervisiones, permanecerán obstaculizadas por la protesta popular.