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Editorial de esta semana: AGENDA FEMINISTA ... En el cuarto aniversario del grito Ni Una Menos, la marea feminista crece y con ella crece la sororidad y también quiénes se sienten incómodos y cuestionados por los escraches y denuncias. Allá ellos, el movimiento feminista va más allá, va por una transformación cultural y no en contra de nadie en particular. Quienes se sientan incómodos aún, deberán superarlo, transformar su incomodidad en nuevas conductas. ... leer la editorial completa ....

viernes, 21 de abril de 2017

DE LA PATAGONIA A BRASILIA, EL PODER DE LA LUCHA INDÍGENA

(La Tinta).- Mientras en la Patagonia marchan a pie 800 kilómetros, en Brasil se  hará la mayor movilización indígena de la historia. El denominador común, la defensa del territorio y la lucha contra las políticas anti-indígenas que arremeten contra los Derechos de los Pueblos Originarios.
Por Sergio Alvez para La Tinta
En la provincia de Río Negro, del 20 al 24 de abril se realiza la marcha de Pueblos Indígenas en rechazo al proyecto del nuevo Código de Tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto Weretilneck. “Petu mongueleiñ, fey muta trekaleiñ” (estamos vivos, por eso caminamos) es la consigna de una movilización que recorrerá 800 kilómetros, encabezada por Comunidades Mapuches que habitan la Patagonia, pero que cuenta con el apoyo de numerosos Pueblos y Naciones Originarias, así mismo de organizaciones sociales de todo el país.
El mismo día que concluye la marcha en Viedma, se inicia en Brasilia el “Acampamento Terra Livre” (ATL), manifestación que durante cuatro días reunirá a más de un millón y medio de indígenas provenientes de todo el país, realizada ante un contexto de brutal ofensiva contra los Derechos Indígenas en ese país. El objetivo primordial de esta actividad – que prevé ser la mayor concentración pública de Pueblos Indígenas en la historia de Brasil- es unificar las luchas en pos de la defensa de los derechos de los Pueblos Originarios que en Brasil están siendo avasallados a partir de políticas anti-indígenas, según explican desde la organización.
Estas dos actividades, en Río Negro y Brasilia, resumen de algún modo la creciente organización y la expansión de la lucha de los Pueblos Originarios en un escenario continental donde la mayoría de los gobiernos profundizan sus políticas de saqueo territorial y discriminación.
La Patagonia Rebelde
La marcha en la Patagonia se divide en dos columnas. Una de ellas partió desde la ciudad de Bariloche, a través de la ruta Nacional 23, previendo atravesar las localidades de Ingeniero Jacobacci, Valcheta, y finalizando el domingo en Viedma. La otra columna salió desde Catriel hasta Fiske Menuko (Roca) hasta alcanzar Sierra Colorada, para luego arribar hasta Viedma el 24 de abril. Ambas columnas se encontrarán para marchar hasta la casa de Gobierno, donde se entregará un documento consensuado.
En la convocatoria, se comunicó lo siguiente:
“El Pueblo Mapuche convoca a la marcha provincial por el derecho a la tierra sin contaminación, en rechazo del nuevo Código de Tierras Fiscales que el gobierno provincial quiere imponer sin consulta previa, libre e informada (establecida por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas).
Con este proyecto de ley se pretende terminar el histórico reclamo territorial Mapuche-Tehuelche al no reconocer la preexistencia de los Pueblos Originarios y disponer de las más de 5 millones de hectáreas, relevadas como territorio ancestral por la Ley 26.160, al servicio de la mega minería, el modelo extractivista de petróleo y gas por vías no convencionales, el monocultivo, el turismo para pocos y la continua extranjerización de la Patagonia. Esta ley atentará contra el Art. 75 Inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional y el Art. 42 de la Constitución Provincial al no priorizar la entrega de tierras a los Pueblos Originarios en pos del modelo extractivista. Se trata de un proyecto que perpetúa la senda de la derogación de la Ley Anticianuro realizada en las vísperas navideñas del año 2011”.
Brasil: hacia un encuentro histórico
“Acampamento Terra Livre” se constituye en un momento de importante articulación entre movimientos indígenas de todo Brasil, que vienen luchando contra la paralización de la demarcación de territorios indígenas, recortes presupuestario en instituciones públicas orientadas a los Pueblos Originarios, iniciativas legislativas anti indígenas que se tramitan en el Congreso de la Nación, emprendimientos extractivistas que afectan directamente a las Comunidades, la precarización de las políticas sanitarias para Pueblos Indígenas – que se repite en el área de Educación-, la negación al acceso a la Justicia y la criminalización de líderes indígenas, entre otros puntos.
Durante los tres días que dura el evento, acontecerán marchas, actos públicos, audiencias con autoridades de los tres poderes estatales, debates públicos, y actividades culturales.
Los Pueblos Originarios siguen en pie de lucha, de punta a punta del continente.
*Por Sergio Alvez para La Tinta

LAS TRABAJADORAS DE LIMPIEZA DE LA UNIVERSIDAD DEL COMAHUE CONTINÚAN RECLAMANDO POR SUS PUESTOS DE TRABAJO.

21 de abril de 2017(ANred).-


Luego de más de una semana de toma del decanato en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la facultad de Lengua de la Universidad Nacional del Comahue en su sede de Fiske Menuco (Rio Negro), desde el Enredando las Mañanas nos comunicamos con Paola Tripilao, una de las trabajadoras que permanece dentro del edificio. Afirmó que hace más de cinco meses la situación laboral es insostenible y nadie se hace cargo de las siete obreras tercerizadas para realizar tareas de limpieza. Por RNMA

¿Cuál es la situación que las llevó a tomar el decanato?
La situación hoy por hoy es que la semana pasada recibimos una intimación con escribano público para dejar de prestar el servicio de limpieza, donde desvinculaban a la cooperativa y a todos los asociados. Ante la situación, nosotros decidimos hacer una toma dentro del predio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales considerando que desde el mes de noviembre, mes en el que terminó el contrato con la cooperativa Mariano Moreno que era quien nos representaba, al no renovarse el contrato empezamos con medidas de protesta. A partir de la semana pasada empezamos con la toma del decanato porque estamos hace cinco meses trabajando en negro, porque ya había dejado de existir relación laboral, pero a nosotros nos seguían teniendo como prestadores del servicio de limpieza.
¿Cuántas trabajadoras son?
Éramos 10 trabajadoras y hoy quedamos 7.
¿Cuál era la situación en la que ustedes son desvinculadas y conforman la cooperativa?
Nosotras empezamos a trabajar a principios de septiembre de 2015;firmamos un contrato de trabajo con la empresa santafesina Litoral Clining, que fue la empresa que en agosto de 2015 gana la licitación del servicio de limpieza en la UNCO para prestar el servicio acá en Roca (Fiske Menuco), lo firmamos dentro de la FADECS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales). En ese momento éramos 13 trabajadoras de limpieza, lo hicimos durante 5 meses. El primer mes empezamos con problema de insumos, problemas de la indumentaria para trabajar, problemas con nuestro salario, no nos pagaron en tiempo y forma. Comenzamos a recibir amenazas por parte de la empresa, tratamos de solucionarlo con ellos, empezamos a asesorarnos legalmente porque estábamos cobrando 3.500 pesos. Nos habían sacado hasta el salario de los chicos, no teníamos acceso a obra social, no teníamos seguro que nos cubriera. La situación fue empeorando cada vez más, cuando comenzamos a hacer conocer esto a las autoridades de las facultades porque fueron ellos quienes tomaron el servicio de limpieza y nunca hicieron un control a la empresa. Tomamos una medida de fuerza en el mes de diciembre de 2015, tuvimos una mesa de diálogo con la empresa y la universidad y se comprometieron a pagarnos las diferencias salariales y a poner todo en regla como corresponde, cosa que se firmó y a las dos horas se desestimó por parte de la empresa. Comenzaron a llamar gente y al día siguiente recibimos todos las notas de despido.
A partir de ahí iniciamos otra medida de lucha, estuvimos 26 días tomando la facultad, cuando volvieron todos de sus vacaciones las autoridades se dignaron a llamar a una nueva mesa de diálogo donde obtuvimos un triunfo parcial, pero la precarización la seguimos manteniendo. Nos tomaron en forma de cooperativa y nos apadrinó la cooperativa Mariano Moreno, hasta que saliera la nuestra. Trabajamos todo un año y ellos nos pusieron como condición que tramitemos una cooperativa para participar en una licitación para poder autogestionarnos y tener una situación laboral más clara. Nos pusieron la condición que tenía que ser explícitamente que preste servicio de limpieza. Hicimos todos los trámites para nuestra cooperativa y desde el INAES nos rechazaron porque dicen que desde el año 1994, por un decreto que realizó Menem, prohibieron las cooperativas de limpieza para evitar justamente esta situación de trabajo en negro que están generando las Universidades nacionales.
¿Desde que iniciaron con esta nueva medida tuvieron alguna respuesta?
Por parte de la universidad en la sede central no hemos tenido ninguna, el día miércoles recibimos una intimación del secretario general Atilio Sguazzini para desalojar el lugar incluidos todos los presentes, sino iba a tomar las medidas judiciales y administrativas para el desalojo. Fue la única notificación por parte de la central.
Hace dos días representantes de la FADECS nos acercaron un comunicado y una nota donde piden que se dé con urgencia una mesa de diálogo, que la universidad tome los mecanismos necesarios para resolver esta situación de manera urgente. Por parte de la FADEL(facultad de Lengua) no se ha acercado nadie, ellos declaran asueto pero no se presenta nadie a trabajar ni tampoco hay voluntad política para venir a resolver la situación.
¿Cuáles son los pasos que van a seguir?
Acá vamos a seguir hasta que el rector Crisafulli (Gustavo), quien es el tiene la posibilidad y debería tener la voluntad política de resolver nuestra situación, ya que ante muchas actas que hemos firmado a lo largo de dos años desestimó todo lo acordado. Como él nunca se presentó a una mesa de diálogo, siempre manda intermediarios, esta vez pedimos que sea él quien venga a resolver de manera urgente y que se haga presente en las instalaciones porque es nuestro lugar de trabajo y donde prestamos el servicio.
Se va a presentar una nota en la ciudad de Neuquén pidiendo la apertura de una mesa de diálogo, lo vamos hacer de manera formal para que quede administrativamente por escrito que nuestras intención es resolverlo lo más pronto posible. Llevamos 7 días acá dentro, somos todas mujeres, madres de familia, estamos acá y nuestros hijos en las casas, una situación por demás desgastante. Confiamos en la buena voluntad de la Universidad, que esta situación no la van a dejar dilatar tanto tiempo y que lo van a solucionar. Esto está así porque la Universidad permitió y nos negreó durante más de 5 meses. Lo que más queremos es que nuestros derechos sean como los de cualquier trabajador de acá adentro de la Facultad.
Al día de la publicación de la gráfica de esta entrevista, las trabajadoras llevan 9 días de toma en la FADECS y el panorama es cada vez más tenso. Este miércoles llegaron miembros de la Policía Federal vestidos de civil a intimarlas para que desalojen el lugar, al tiempo que registraron imágenes del edificio y de las obreras. Durante la misma jornada, autoridades de la Universidad presentaron una propuesta de mesa de negociación extorsiva, ya que para concretarla exigieron que se levante la medida de fuerza. Ellas reafirman que mantendrán la toma hasta que sean contratadas de manera directa.



BAUEN: SIGUE LA BATALLA POR LA EXPROPIACIÓN

20 de abril de 2017 (Red Eco).-
Una ráfaga de justicia llegó para los trabajadores del Hotel Bauen. A punto de efectuarse el desalojo, con la convocatoria a las fuerzas de seguridad para garantizarlo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos hizo lugar al pedido presentado por la cooperativa y lo suspendió. Repasamos en esta nota las diferentes instancias judiciales y recordamos quienes son los interesados en desalojar a los trabajadores. Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo


(Mario Hernandez para Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- “Debido al levantamiento de la orden desalojo y las condiciones climáticas y siendo un evento al aire libre nos vemos obligados a suspender la actividad ‘Milonga por el BAUEN’. Se suspende el Festival pero no la Lucha. ¡Seguimos firmes en defensa de este proyecto de todxs!”, informaban este miércoles los trabajadores del Bauen en un comunicado de prensa.
La actividad era una más de las pensadas para sumar voluntades contra el desalojo y en defensa de los 130 puestos de trabajo. Dos horas antes se presentaría el libro Bauen el hotel de los trabajadores.
Unos días antes, el martes 11 de abril, la cena solidaria en apoyo a los trabajadores de la cooperativa BAUEN había reunido a más de 700 referentes de la cultura, el deporte, los gremios, la política y el cooperativismo, que se acercaron para expresar su apoyo las familias que defienden sus fuentes de trabajo frente al veto presidencial a la expropiación del hotel y a la inminente orden de desalojo que pesaba sobre el emblemático edificio de Callao 360.
En este contexto de gran acompañamiento, los cooperativistas reafirmaron su convicción de seguir gestionando el hotel de manera cooperativa, dándole continuidad al modelo eficiente y sustentable que impulsan desde 2003, resistiendo el desalojo e insistiendo con el trámite parlamentario.
La cena del ese martes se enmarcó en una importante campaña que tiene como principal objetivo ratificar este año en ambas cámaras del Congreso de la Nación la ley que determina la expropiación y declara de utilidad pública el edificio y las instalaciones del hotel, una norma sancionada con el más amplio respaldo de diversas fuerzas políticas que fue vetada a fines del año pasado por el presidente Mauricio Macri.
A pocas horas de ese evento, la jueza volvió a expedirse sobre la causa y esta vez lo hizo para requerirle al Jefe de Gabinete Marcos Peña el uso de la Policía para llevar adelante el desalojo, en caso que sea necesario. En el escrito que lleva la firma de puño y letra de la jueza podía leerse el argumento de ese pedido “dado el interés público que reviste y la eventual necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad”.
Mientras tanto, los trabajadores habían presentado dos escritos ante la Justicia para frenar el desalojo. En el primero plantearon la inconstitucionalidad del veto presidencial por ir contra una ley que garantiza sus puestos de trabajo y, por tanto, vulnera tratados internacionales de Derechos Humanos que el Estado está obligado a cumplir. El planteo cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 10 a cargo de la jueza Liliana Heiland, quien sin analizar los fundamentos lo rechazó por cuestiones formales, quedando la resolución en manos de la Cámara de Apelaciones.
El segundo fue presentado ante Hualde en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, donde se tramita la quiebra. Allí los trabajadores mencionaron otros dos puntos a considerar: que no está agotado el trámite legislativo porque aún el Congreso puede insistir en la Ley vetada y si es aprobada con dos tercios de los votos debe promulgarse; y que el desalojo es solicitado por un actor que no es parte de la quiebra. Este escrito también fue rechazado y los trabajadores apelaron a la Cámara Comercial.
Por último, los diputados Leonardo Grosso, Diana Conti y Araceli Ferreyra, los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresa Luna, y los responsables de la CTA, la CNCT, la CTEP y la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), entre otros, también presentaron un amparo donde destacan que el veto pasa por alto los derechos laborales de los 130 integrantes de la cooperativa. Su reclamo cayó en el juzgado nacional de primera instancia laboral N° 38, a cargo de María Dora González.
Allí también intervino la Fiscalía Nacional del Trabajo N° 5 a cargo de Juan Manuel Domínguez, quien respaldó con su dictamen el planteo colectivo y solicitó una “medida interina” que suspenda el desalojo hasta tanto se analice el “interés público comprometido” que, en este caso, son los derechos laborales.
Finalmente, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos hizo lugar al Recurso de Queja presentado por la cooperativa, suspendiendo de esa manera el desalojo previsto.
La Cámara entendió que la Dra. María Paula Hualde, a cargo del Juzgado Comercial 9 en donde tramita la quiebra de la ex patronal de los trabajadores, había cometido un error al rechazar la apelación intentada por la cooperativa. En consecuencia, por unánime decisión de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial el desalojo quedó suspendido y ahora deberá resolver si deja definitivamente sin efecto la medida arbitraria de la Dra. Hualde en contra de la simbólica empresa recuperada.
"Esperamos que este principio de justicia se convierta en un contundente respaldo judicial a los trabajadores que decidimos evitar la estafa de la familia Iurcovich en contra de todos los argentinos, dejando definitivamente sin efecto el desalojo. Seguiremos defendiendo nuestros puestos de trabajo y por eso invitamos a todos a acompañar nuestra lucha dado que tenemos que lograr que el poder legislativo ratifique su decisión, rechazando el veto presidencial, tal como lo dice la Constitución Nacional", dijo Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa.
Todo queda en familia
No es un tema menor que una de las protagonistas de este nuevo capítulo de intereses sea Susana Beatriz Espósito, apoderada de Mercoteles SA, la empresa que aduce ser la dueña del edificio del Bauen. Espósito es comunera del PRO en el barrio de Caballito y esposa del jefe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ricardo Pedace, también ex subjefe de la Policía Metropolitana.
De acuerdo a la publicación del periodista Ricardo Ragendorfer en el portal Nuestras Voces, Espósito también es amiga de la jueza Paula Hualde, la misma que ordenó el desalojo de los trabajadores cooperativistas.
En junio de 2006, Espósito firmó como apoderada de Mercoteles una solicitada, junto al apoderado Gerardo Palomero en nombre de Bauen Sacic, que denunciaba a los “ocupantes” y calificaba al proyecto de expropiación, que en aquel momento peleaban en la Legislatura, como carente de sustento “político, filosófico, práctico y jurídico”.
En 2007, la justicia determinó que el hotel pertenece a Mercoteles y no al empresario Félix Solari, que lo compró en 1997 y quebró en 2001. Pero tampoco otorgó razón a la cooperativa de trabajadores que lo ocupa y explota desde 2003.
El fallecido Iurcovich y sus herederos hicieron una fortuna durante la dictadura, y la consolidaron durante las intendencias de Carlos Grosso, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Para lograrlo, se valieron de una telaraña de empresas a nombre de familiares y personeros de variadas razones sociales, dos offshores uruguayas y negocios en Brasil.
Cuando se constituyó Mercoteles figuraba a nombre de testaferros, hasta que la familia Iurcovich blanqueó ser dueña de esa empresa en el acta de cambio de autoridades de junio de 2009. Sin demasiado esfuerzo, la Justicia habría podido comprobar que entre Bauen S.A. y Mercoteles S.A. hay un íntimo hilo conductor: los mismos personajes son familiares de Marcelo Iurcovich o aparecen alternativamente como directivos o apoderados en las dos empresas. Es decir, las dos firmas tienen los mismos dueños.
El edificio fue construido con créditos otorgados por el ex Banade, que a junio del 2000 figuraba con una deuda de 85 millones de pesos en la nómina de esa entidad. “No son casos aislados, entre los deudores del Banade también estaba Ligio Zanón, son empresarios parásitos del Estado, capitalistas sin capital”, afirmó Federico Tonarelli.