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Editorial de esta semana: LA CULPA Y EL DESTINO - Pensar hasta dónde estamos hechos de sentidos comunes fabricados y pensados especialmente para dominarnos, es a veces un poco espeluznante. El patriarcado y el cristianismo son dos corrientes políticas que han generado dispositivos de los más poderosos. .... leer la editorial completa ....

lunes, 9 de diciembre de 2013

EL PERRO GUARDÍAN QUIERE QUE SU AMO LO ALIMENTE BIEN

Buenos Aires, 9 de Diciembre (Anred).-

Por medio de un documento la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) sentó posición con respecto a los autoacuartelamientos de las fuerzas policiales en diferentes zonas del país, como réplicas del triunfante motín policial cordobés. "Estas asonadas tienen un carácter eminentemente mafioso, como lo prueban los pretendidos “saqueos” paralelos a los acuartelamientos (...) Los policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios no son trabajadores que se organizan y pelean por mejores condiciones laborales (...) Junto con el reclamo salarial está presente el reclamo de “asistencia jurídica y psicológica”, “apoyo institucional” o formulaciones similares que apuntan a la defensa orgánica de los acusados por fusilamientos de gatillo fácil, aplicación de tormentos y otros hechos represivos.". Por CORREPI.


Difundimos documento de CORREPI ante los acuartelamientos policiales en varias zonas del país:


El perro guardián quiere que su amo lo alimente bien

Declaración de CORREPI frente a las nuevas asonadas policiales

09 de diciembre de 2013

Ni ellos son trabajadores, ni el pueblo es su patrón

En octubre de 2012, cuando la crisis europea se expresaba con mayor crudeza en Grecia, la Federación de Sindicatos de Policías de ese país amenazó al gobierno con negarse a reprimir las frecuentes protestas de trabajadores si no se le garantizaban mejoras en su remuneración. Sin mayor discusión, y mientras se recortaban los salarios de los trabajadores y las prestaciones sociales, el gobierno griego cedió a la presión de quienes tienen un rol primordial para sostener el sistema de explotación, y lo hacen valer (Boletín Informativo de CORREPI nº 674).

Un mes antes, en España, el titular del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), justificó la represión al movimiento de los indignados, la infiltración y el uso de policías encapuchados (Europapress, 26/09/2012). En años anteriores, el SUP defendió públicamente el tratamiento brutal a los independentistas vascos, y exigió al gobierno español que profundizara la represión contra ETA, desconociendo los términos del acuerdo de alto el fuego (Europapress 06/09/2010; 21/12/2011).

Estos dos ejemplos internacionales muestran claramente cuál es el rol de las agrupaciones policiales o de otras fuerzas de seguridad, que sus defensores insisten en llamar “sindicatos”, como si sus integrantes fueran parte de la clase trabajadora, en lugar de desclasados que, aunque cobren un sueldo por la tarea que cumplen, son mercenarios cuya función es disciplinar al pueblo para conservar los privilegios de sus patrones.

No es diferente la cuestión en Argentina. Basta ver lo sucedido días pasados en la localidad bonaerense de Olavarría, después de que el sargento Juan Coria impidiera, con un certero disparo en el abdomen, que el trabajador de 33 años Jorge “Tito” Ortega se suicidara. El asesinato de Tito movilizó a vecinos y amigos de la familia, que se manifestaron en la plaza de la ciudad. La fuerte repercusión mediática local de la presencia de Yesica Medina, su compañera, en el acto de CORREPI en Plaza de Mayo el pasado 29 de noviembre, allanó el camino para que el fiscal hiciera lo que hubiera hecho el mismo día del hecho si el asesino no llevara uniforme: imputarlo por homicidio calificado y ordenar su detención.

De inmediato, el Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sin.Po.Pe.), afiliado a la CGT línea Moyano, suscribió un acta acuerdo con los jefes de la policía de Olavarría, que, como “medida de fuerza”, se negaron a cumplir servicios adicionales en la ciudad mientras el sargento Coria siguiera detenido. En poco más de 72 horas, el fiscal revisó su posición, y anunció que no iba a pedir la prisión preventiva del funcionario, por lo que fue liberado. En la página web de APROPOBA, otro de los “sindicatos” policiales bonaerenses, no sólo se puede leer su satisfacción por la noticia. También dejan claro que la libertad del asesino fue fruto de un acuerdo con la fuerza. Dice su comunicado: “Se confirman así todas las versiones que circularon insistentemente ayer en torno de un acuerdo para permitir que Coria llegue en libertad al juicio oral y público por el homicidio de Ortega. En ámbitos policiales se generalizaba un estado de ánimo satisfecho a medida que corría la noticia. Los familiares de la víctima seguramente la recibirán con desazón”.

El Sin.Po.Pe. es uno de los tantos “sindicatos” de fuerzas de seguridad en nuestro país, y se presenta como uno de los más “progresistas”, tanto desde su origen, de la mano del comisario Mastandrea, quien iba a ser secretario de Seguridad bonaerense si la Alianza, con Graciela Fernández Meijide de candidata, ganaba las elecciones a gobernador, como por su cuidado lenguaje, que intenta remedar el de una organización de trabajadores. A diferencia de otros de esos grupos de presión, que, por ejemplo, reivindican de forma explícita la última dictadura militar, el Sin.Po.Pe se esfuerza en parecer otra cosa, pero sus acciones concretas lo dejan al descubierto. Su secretario de Accidentes de Trabajo, por caso, tiene como tarea defender en las causas penales a los policías acusados por fusilamientos de gatillo fácil, hechos de tortura y otras “contingencias laborales” frecuentes. El Dr. Rubén Adrián Fernández defendió policías torturadores en los casos Duffau y Gorosito, y hoy es el abogado del capitán Alfredo Alberto Veysandaz, que a principios de año, en Quilmes, disparó sobre un grupo de jóvenes, que mató a David Vivas (21) y a Javier Alarcón (15), e hirió a otro muchacho.

Estos pocos datos permiten ubicar con claridad desde dónde se deben analizar las asonadas policiales de los últimos días, replicadas en casi todo el país tras el triunfo del motín cordobés. En ese caso, además, no se puede soslayar la particular situación de exposición del protagonismo de esa fuerza en el narcotráfico en los últimos tiempos, cosa que, aunque no sea novedad ni mucho menos privativa de la policía cordobesa –hace horas fue arrestado un policía santafesino con la pistola 11.25 usada para disparar contra el domicilio de su jefe político, el gobernador Bonfatti- puso un plus a la jugada, ya que necesitaban relegitimar su lesionada imagen. Qué mejor para ello que poner en evidencia el “caos social” que, lejos de ser resultado de su ausencia en las calles cordobesas, fue deliberadamente causado para reforzar la extorsión, y fue aprovechado, también, como “globo de ensayo” para medir la reacción de ciertos sectores sociales con miras a la evidente profundización del conflicto social que se avizora en el horizonte próximo.

En resumen, los policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios NO son trabajadores que se organizan y pelean por mejores condiciones laborales. Junto con el reclamo salarial, generalmente en la letra chica de los petitorios, que no trasciende en los medios, está presente el reclamo de “asistencia jurídica y psicológica”, “apoyo institucional” o formulaciones similares que apuntan a la defensa orgánica de los acusados por fusilamientos de gatillo fácil, aplicación de tormentos y otros hechos represivos. En sus páginas web, blogs y sitios de Facebook nunca falta la explícita defensa a los “camaradas falsamente incriminados” por las organizaciones antirrepresivas como CORREPI. En una de esas publicaciones, por ejemplo, apodan a una de nuestras referentes, “la Dra. Odio”, que “ve en cada policía un asesino de menores y miente ante las cámaras”.

La lección para los gobiernos a partir de estas asonadas es más que transparente: a los policías hay que aumentarles el sueldo sin discusión pública, como hizo en su momento el gobernador de Chubut para no estimular el reclamo salarial de los empleados estatales. Pero hay que aumentarles, porque al perro guardián hay que tenerlo bien alimentado para que no se vuelva contra su amo. Tampoco hay que pasarles demasiadas facturas por los negocios comunes en los que los uniformados tienen a cargo la faz más operativa, como lo prueban los episodios de Córdoba y el ataque a Bonfatti en Santa Fe.

Estas asonadas tienen un carácter eminentemente mafioso, como lo prueban los pretendidos “saqueos” paralelos a los acuartelamientos. La presión aplicada a los gobernadores es, a escala masiva, la misma que reciben a diario los pequeños comerciantes de los barrios, que saben que si no pagan la “cuota” a la brigada o comisaría de la zona van a ser prontamente asaltados.

La forma empleada es otra evidencia de lo alejado que están estos reclamos policiales de los métodos de los trabajadores. Por poner sólo un ejemplo, jamás un trabajador de la salud dejaría -o promovería- la muerte de los pacientes internados para mostrar la importancia de su tarea.

No menos característica es la inmediata y efectiva reacción de los gobernantes, que, en lugar de rechazar todo diálogo, como hacen habitualmente cuando el reclamo es de trabajadores, o de delegar en algún funcionario de cuarta línea un simulacro de negociación para desgastar el conflicto, se apresuran a atender personalmente a sus alterados perros guardianes y buscar soluciones, incluso si, como Scioli, deben interrumpir un viaje al exterior y suspender una reunión con un ex presidente yanqui.

Las declaraciones del jefe de gabinete Capitanich, que atribuyó el amotinamiento a una intención caricaturesca de “socavar las bases de la legitimidad democrática”, es muestra de su verdadera preocupación. La “legitimidad democrática” que Capitanich defiende, se conmueve si se pone en evidencia que su sustento es, como lo vemos a diario, la represión.

SAQUEOS EN TUCUMÁN: LA INSEGURIDAD DE QUE EXISTA LA POLICÍA

Tucumán, lunes 9 de diciembre(Contrapunto).-

 REFLEXIONES EN UN DÍA DE CLIMA ENRARECIDO

La ola de "protestas" policiales por mejoras de salarios , llegaron anoche a Tucumán con un acuartelamiento en la jefatura de Chile y San Miguel. Seguido a esto, se produjeron diversos saqueos en distintos comercios de la capital. ¿Quién tiene la posibilidad de organizar esto tan simultáneamente? Todo apunta a la misma policía y a punteros políticos que organizan y aprovechan el momento y las zonas liberadas para permitir los robos. El reclamo salarial y los pedidos de sindicalización. Por ContraPunto - RNMA

Por la mañana los medios que marcan la agenda de la provincia iniciaron la cadena de paranoia que rápidamente lograron instalar, cerrándose los comercios sobre todo del microcentro. Por la madrugada, un grupo de policías se había acuartelado en la jefatura en reclamo a mejoras salariales.
La corporación policial nacionalizó el reclamo que se inició en Córdoba con graves hechos delictivos tras liberar la ciudad de la presencia de los uniformados. En Tucumán, la misma policía es socia de los sectores que manejan la droga y las bandas delictivas en los barrios populares. ¿Puede ser casual que a horas de ocurrido el acuartelamiento se hayan iniciado los saqueos? Es claro que la policía está detrás de ellos, o al menos libera las zonas para que se produzcan los hechos.
En los barrios populares, los punteros del aparato del PJ y las bandas organizadas tuvieron vía libre para realizar saqueos puntuales en comercios medianos y chicos de los mismos barrios.

La paranoia

Una sociedad asustada saca lo peor de sí a relucir. Como si fuese una pesadilla, los "negros" estarían saliendo a "robarle" las cosas a una sociedad que ve la realidad desde su TV. Un discurso que se masifica y que refuerza la idea de que la inseguridad sería responsabilidad de las clases populares.
Las bandas que hoy están robando son fruto de un tejido social roto desde hace décadas, pero organizadas y apoyadas por la policía y el poder político. Nada tiene que ver esta situación con las protesta y la rebelión popular del 2001, a la que remiten algunos discursos mediáticos, ni es un golpe desestabilizador al gobierno nacional como pretenden mostrarlo. Es una corporación que vió su oportunidad y genera un reclamo laboral.
Las clases populares no salieron a robar hoy, sino que fue una delincuencia apoyada por los mismos que protestan en las comisarías. Seguramente hay algún elemento espontáneo que busca aprovecharse de esta situación pero no se puede afirmar que sea generalizado. La escena que se repite es la de los trabajadores de los negocios puestos a enfrentar a los saqueadores, como si tendrían que ser la fuerza de choque de sus patrones.
Sobre los saqueos en Córdoba (cuya policía está además denunciada por su vinculación al narcotráfico), Susana Fiorito de la Biblioteca Popular Bella Vista remarcó que "los pobres son de nuevo el hilo más fino por donde se corta el asunto. No van a ser las patotas que golpean a favor de Monsanto, los exponentes del crimen organizado, ni los verdaderos responsables de la grave situación social y económica que se vive en todo el país: los políticos que gobiernan para intereses sectoriales. Son una vez más los habitantes de los barrios marginalizados los que tienen que salir a explicar que no formaron parte de los saqueos, porque todos los dedos acusadores apuntan hacia el mismo lugar".

Protesta sindical

Este hecho ya pasó en Tucumán hace dos años, donde sendas protestas policiales hicieron que se aumenten los salarios de las fuerzas represivas de la provincia. Esta vez el reclamo parece no ser tan masivo, ya que si hay efectivos policiales en la calle pero paradójicamente hay saqueos en varios puntos.
¿Puede una fuerza policial abandonar sus funciones y dejar una ciudad liberada como pasó en Córdoba? ¿Puede sindicalizarse? En principio y con el manejo de las armas parece que sería un despropósito que puedan hacerlo, como se vió en Catamarca donde la policía se enfrentó a gendarmería a los tiros.
El economista Rolando Astarita plantea que "existe una contradicción entre la necesidad de la clase dominante de tener fuerzas represivas consolidadas, y las condiciones miserables en que mantiene al personal subalterno de esas fuerzas, en Argentina y otros países de América Latina". Agrega que se opone a la posible sindicalización de esa fuerza represiva ya que el “servicio social” policial tiene como componente fundamental "la defensa de la propiedad del capital. Esta es la función que domina y determina el carácter del policía o del gendarme. Su función, como integrantes del cuerpo represivo, predomina por sobre todo lo demás. Por eso, al acompañar las demandas por mejores condiciones de trabajo y salariales de las fuerzas de seguridad, no se está fortaleciendo al trabajo frente al capital, como pretende el discurso reformista, sino se está contribuyendo al perfeccionamiento del aparato represivo".
Por estas horas llegará el acuerdo salarial y la policía volverá normalmente a cumplir su rol de control social, y la "inseguridad" seguirá ya que ellos son parte central de la misma.

Por ContraPunto - Prensa Alternativa
Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos
redaccioncontrapunto@gmail.com




COMUNICADO DEL S.I.T.E.R EL BOLSÓN

PAGO INMEDIATO DEL AGUINALDO Y AUMENTO SALARIAL AL 1 DE ENERO

 

Desde el SITER exigimos el pago inmediato del Aguinaldo y  un aumento a partir del 1 de Enero que eleve el salario mínimo de docentes y porteros a 10.000 $ tal lo acordado unilateralmente por el gobierno con la fuerza policial.

Llamamos a todos los gremios estatales y docentes y en particular a UPCN, ATE, UNTER Y SITRAJUR a coordinar acciones que nos permitan de manera conjunta enfrentar la política de ajuste del gobierno  y defender los derechos de l@s trabajador@s, en lo inmediato el cobro del aguinaldo y aumento salarial..

Descripción: C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\SITER\prensa siter.JPG                                      

Comisión Directiva Provincial

Aurelio Vazquez- Sec. General. DNI 10558369



TRELEW: FAMILIARES DE MONSALVEZ APORTARON PRUEBAS PARA QUE LA JUSTICIA INVESTIGUE

Esquel(Puerta E).-

 Fuente Infojus
Por Cecilia Devanna

César Monsalvez tenía 13 años y apareció muerto en un descampado de Trelew. A la semana siguiente de su desaparición comenzó el juicio por la muerte a puñaladas de su tío, Bruno Rodríguez Monsalvez. La familia busca que el caso sea investigado por la justicia federal, porque considerar que es un caso de desaparición forzada seguido de muerte.

El cuerpo de César Monsalvez, de 13 años, apareció la mañana del 8 de julio en un descampado de Trelew, la ciudad donde vivía. Estaba irreconocible, en un avanzado estado de descomposición. La última vez que su familia lo vio con vida fue la mañana del 27 de mayo. Desde el principio, sobre el caso, sobrevoló la sospecha de la participación policial. A la semana siguiente de su desaparición comenzó el juicio por la muerte a puñaladas de su tío, Bruno Rodríguez Monsalvez, un testigo protegido por declarar contra efectivos de la comisaría II de Trelew en un caso de abuso sexual. En la jurisdicción de ese destacamento también se encontró el cuerpo de César. Hoy su familia presentó un informe del perito forense Carlos Eduardo Alsina: buscan que el caso sea investigado por la justicia federal.

“Nosotros solicitamos el informe al doctor (Carlos Eduardo) Alsina, un médico forense especializado en estos temas, para poder presentarlo ante la Cámara de Casación Penal y que sea la Justicia Federal quien investigue el caso”, dijo a Infojus Noticias Verónica Heredia, abogada de la familia de César. “Entendemos que es competencia federal, porque este es un caso de desaparición forzada de persona seguido de muerte”.

La autopsia ordenada por la justicia al día siguiente de que se encuentre el cuerpo de César no pudo establecer cuáles fueron las causas de muerte, pero sí que había sido pocos días antes de ser encontrado. Con lo cual hay más de 30 días en los que no se sabe qué pasó con él. Durante esos mismos días, la respuesta que recibió la familia cada vez que peregrinó por los pasillos de tribunales en busca de una respuesta fue siempre la misma: que no se sabía nada.

“Por intermedio de la abogada Heredia nos contactamos con Alsina. Nosotros le enviamos el expediente de la desaparición de César, el DVD con las filmaciones que nos dio la fiscalía (de Fabián Moyano, que estaba de turno cuando se encontró el cuerpo), con imágenes de cuando se registraron las comisarías y los hospitales, cuando se lo buscaba”, dijo a Infojus Noticias Sergio, el padrastro de César.

“También le mandamos un CD con fotos de la autopsia y el informe, firmado por el perito (Diego) Rodríguez Jacob, que fue quien hizo la autopsia que decía que no se podía determinar nada. Que era un NN”.  Porque a pesar de que tras la pericia no se pudo constatar la identidad del menor, igual fue entregado a su familia. Recién un mes después del hallazgo del cadáver, los resultados de un análisis de ADN establecieron que se trataba de él.

Sobre  la base del material que le mandó la familia de César, Alsina leyó todo y armó un informe en el que muestra todas las irregularidades de la causa. “Alsina pudo analizar en base al material que nosotros le pasamos, el no tuvo contacto con el cuerpo”, explica Heredia.

“La primera gran irregularidad es que no se nos permitió poner un perito de parte. Nosotros no sabíamos que podíamos y el fiscal (de Turno, Fabián Moyano), ni nadie de la justicia, nos dijo que podíamos. La segunda gran irregularidad, como explica el doctor Alsina, es cómo se encontró el cuerpo: estaba sobre el lado izquierdo y antes estuvo boca abajo, o sea que fue movido. En tercer lugar, como Alsina dice, hay una serie de estudios que se podían haber hecho del cuerpo y no se hicieron. Nunca se revisó si pudo ser abusado. El médico que hizo la autopsia no lo buscó y eso podía haber sido una línea para investigar lo que podía haber pasado. La fiscalía siempre se basó en averiguación de paradero, nada más”, dijo Sergio.

“El cuerpo de César lo encontraron un lunes pero a nosotros nunca nos llamaron para reconocerlo. El martes lo llevaron a la morgue del hospital y de ahí a la del cementerio, donde le hicieron la autopsia. A las 17.30 recién nos lo dejaron ver. Estaba irreconocible. Pedimos ver sus ropas y nos dijeron que no se podía, que ya estaban secuestradas por policía científica”, explica Sergio. “La fiscalía dijo que eran las que él tenía puestas la última vez que se lo vio con vida y por eso dijeron que era él. Otra irregularidad es que supuestamente también lo pudieron reconocer porque entre las ropas tenía su documento y esto no es así porque lo tenía mi suegra, que estaba de viaje en Buenos Aires. Lo que tenía era el carnet de colectivo, que tenía su foto”.

“El 10 de julio yo solicité a la justicia federal  que interviniera, que el cuerpo de César no debía ser inhumado, porque a la familia le habían dado un cajón cerrado, con un cuerpo identificado como NN. El juez federal Hugo Ricardo Sastre, de Rawson, y el fiscal federal Fernando Guelves, lo desestimaron”, explica Heredia.

 “Nosotros sospechamos de la policía. A la semana de la desaparición de César empezaba el juicio por la muerte de su tío, Bruno, que fue asesinado cuando era testigo protegido en una causa por abuso en la comisaría II,  en el área de esa comisaria es dónde se encontró el cuerpo de César, es también donde hace poco apareció ahorcado otro chico, Ángelo Vargas, en una celda que estaba clausurada. Son muchas cosas juntas”.

El  martes próximo, cuando se conmemora el Día de los Derechos Humanos, la familia de César va a participar de las actividades que se van a realizar para repudiar la violencia policial provincial.

PRESENTACIÓN DEL INFORME 2013 DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA

(Agencia Walsh).-

En el marco de los 10 años de trabajo de monitoreo en lugares de privación de la libertad, la CPM presentó el informe anual 2013: El sistema de la crueldad VIII. Esta investigación es el resultado del trabajo realizado durante el periodo 2012-2013 en lugares de privación de la libertad y el registro de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. La tortura es una práctica habitual dentro de las cárceles bonaerenses: El "submarino seco", la picana, el aislamiento y el estaqueamiento son prácticas que se continuaron desde la dictadura.

En el acto de presentación, Adolfo Pérez Esquivel, co presidente de la Comisión por la Memoria, dijo que: “el trabajo del Comité contra la tortura es un aporte a la sociedad y al gobierno, para que lo tomen en cuenta y corrija lo que hay que corregir. Esperamos que la consigna de tortura nunca más sea una realidad y no un simple enunciado”.

El Dr. Hugo Cañón, co presidente de la CPM, recordó: “hace 10 años somos ese ojo revisor de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. Este monitoreo se hace con una rigurosa metodología de los equipos de trabajo del Comité contra la Tortura. La Comisión por la memoria se caracteriza por aceptar grandes desafíos. Y sigue siendo un desafío terminar con la tortura en las cárceles y que se logre una sociedad realmente integrada”.

En el Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata acompañaron el acto: Francisco Mugnolo de la Procuración Penitenciaria de la Nación; Hilda Kogan y Eduardo De Lázari, ministros de la Suprema Corte de la provincia de Bs. As.; Florencia Saiuntout, Anibal Viguera, Verónica Cruz, decanos de la Universidad de La Plata; Gabriel Vitale, juez de Lomas de Zamora; Hugo Blasco de la Asociación Judicial Bonaerense; Hugo Godoy de ATE Nación, Estela Díaz de la Secretaría de Género de la CTA; Rosa Bru, Raquel Wittis, Alcira Daroqui de la UBA. Además, estuvieron presentes representantes del CELS; APDH La Matanza, La Plata y Mar del Plata; familiares de víctimas de la violencia institucional; Maximiliano Pagani de la Procuración provincial; representantes del Ministerio de Justicia de la provincia, entre otros.

En el año 2003 la CPM creó el Comité contra la Tortura con el objetivo de monitorear lugares de detención, y prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en cárceles, comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos u otros establecimientos donde se alojen personas contra su voluntad. Este trabajo cumple con los principios establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas para el control y monitoreo de lugares de encierro. Por su diseño institucional, reúne los requisitos de autonomía funcional y financiera que exige dicho tratado internacional.

Roberto Cipriano García, ex director de Comité contra la Tortura y actual funcionario de la Procuración contra la Violencia Institucional, hizo referencia a los inicios del trabajo de monitoreo de cárceles y lugares de encierro: “Cuando asumió Ruckauf había 8 mil detenidos en la provincia de Buenos Aires y dos años después dejaba la provincia con más de 20 mil presos en las mismas plazas ya sobrepobladas y hacinadas. Con la idea clara de luchar con la tortura nace el Comité contra la tortura en el seno de la Comisión por la Memoria, como una política institucional para aportar a la transformación de esa realidad”.

Luego expuso Rodrigo Pomares (director de Seguridad Democrática de la CPM): “La Bonaerense es la policía más grande y más corrupta del país”, afirmó. “El discurso de la guerra contra el narcotráfico, en América latina ha generado estados de excepción; se magnifican los conflictos para militarizar los territorios”.

Por su parte, Alicia Romero (directora de Inspecciones de la CPM) señaló que “el presupuesto para seguridad es 18 veces mayor que el de Niñez; el sistema penal juvenil se parece cada vez más al sistema de adultos. Perdura la tortura”.

Del acto también participó Alejandro Slokar, juez de Casación Penal, quién reflexionó: “lo que se desnuda en estos informes es nada menos que la cloaca del sistema. La pregunta que me compete es: ¿el poder judicial dónde está? Hay una gran responsabilidad. En la cuenta de los 30 años de democracia, todavía hay miles de funcionarios fueron cómplices o encubridores de la dictadura, que después convalidaron detenciones irregulares, abusos, tormentos, etc. Lamentablemente permanece hasta el día de hoy”.

La antropóloga, Rita Segato dijo que: “la realidad nos ataca directamente en el cuerpo, con estos relatos nos llega al cuerpo la tortura y no podemos defendernos. Es un error pensar que lo que sucede en las cárceles es ajeno a la sociedad. Y lo que entendí en mi trabajo en cárceles es que ese ‘ellos’ somos nosotros mismos. La crueldad que sucede en las cárceles alcanza a toda la sociedad”.

En estos 10 años de monitoreo en lugares de detención, se iniciaron 17.689 expedientes; esto significa que en alguna oportunidad (y la mayoría de las veces en varias) estas personas detenidas se comunicaron con el Comité dando cuenta de violaciones de derechos. También se realizaron más de 900 inspecciones a cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos. Se presentaron 11.021 hábeas corpus individuales o denuncias y 37 hábeas corpus colectivos interpuestos contra las situaciones estructurales de vulneración de derechos.

Algunos datos de 2012 en las cárceles de la Provincia: total de detenidos: 28.297; 15.093 con prisión preventiva; 11.817 penados, de los cuales 929 no tienen sentencia firme; muertes en la cárcel: 123, de las cuales 77 fueron muertes no traumáticas; 40 muertes traumáticas (el 32%), incluidos 16 suicidios, y 6 sin especificar; mujeres detenidas: 1.431 y 130 chicos viviendo con sus madres en la cárcel.

El informe refleja y describe, además, cómo el control territorial opera mediante prácticas policiales como la tortura, las ejecuciones policiales y el gatillo fácil, el reclutamiento para el delito, el armado y fraguado de causas, las detenciones sin orden judicial, entre otras. Asimismo, muestra con la contundencia de los datos estadísticos y el abordaje de casos que existe una convalidación estructural de la impunidad por parte del Poder Judicial.

CPM