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martes, 19 de abril de 2016

ASESINATOS DE JÓVENES WICHIS Y DENUNCIAS GRAVISIMAS EN FORMOSA Y CHACO.

El Bolsón (ANPP).-
“Quiero pan”. Un niño wichí de 11 años baleado por un policía en el pueblo formoseño Ingeniero Juárez está luchando por su vida y tiene hambre en un hospital público. El contexto de este ataque policial es aterrador: testigos de la localidad denuncian asesinatos en serie de no menos que 17 chicos indígenas, en parte asesinados por la policía. A esto se suman asesinatos de personas mayores, violaciones sistemáticas de niñas, muertes dudosas en hospitales y tráfico de órganos; una violencia morbosa que se replica en todo el noroeste del país.( Por Stefan Biskamp, corresponsal alemán para América Latina, para ANRed / Fotos: comunidad wichí de Ingeniero Juárez)
El niño Wichí de 11 años Nazareno Chávez se encuentra todavía en el Hospital de la Madre y el Niño de Formosa Capital, a unos 500 kilómetros de su comunidad en Ingeniero Juárez. Los huesos de su rodilla de izquierda fueron astilladas por una bala de plomo de un policía hace más que tres semanas. Su situación es precaria. Cuenta el referente de comunidades Wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, quién visito a Nazareno recién: “El chico apenas podía hablar. Me dijo: Quiero pan, ¿tenés algo de pan? Su boca estaba seca y sus ojos lleno de dolor. Es un niño que no sabe porqué le pegaron. Perdió mucha sangre y su herida es muy grave. Ahora no parece que vuelva a caminar, todavía no está recuperando.”

La herida de Nazareno es producto de una verdadera cacería de niños realizada por policías provinciales en la tarde del viernes 21 de Marzo, como ya se pudo documentar. Un grupo de niños se había sentado tranquilamente en la vereda frente a la Plaza Juan Domingo Perón cuando efectivos bajando de un patrullero dispararon a los chicos y los siguieron disparando con balas de goma y de plomo por una distancia de más que 100 metros. El resultado fue tres niños heridos, dos de ellos por bala de plomo, lo más grave Nazareno.

“Es muy triste ver las lágrimas en los ojos de la madre, porque su hijo casi murió y está luchando por su vida”, dice Santillán. Critica a las instituciones por ocultar la gravedad de la herida. “Los políticos dicen, que Nazareno está bien, pero no es así. Nadie investiga, ni los médicos dieron explicación. Les pregunte si hay un resumen médico, pero me dijeron que no hay.“ Cuando la madre Ana Chávez, acompañado por el referente, quería denunciar el crimen en la comisaría de Ingeniero Juárez: “ellos no aceptaron la denuncia. Ni nos atendieron.”
Recientemente, el hospital pidió a la madre Chávez el carnet de vacunas de su hijo. Por eso, tuvo que volver a su casa, un viaje de unos mil kilómetros en total que solo pudo pagar con donaciones de una organización humanitaria. Lo mismo pasa con la comida en el hospital: “Lo que más bronca me da, es que el hospital no les da de comer, ni a los acompañantes y ni al herido, la comida se la tienen que comprar”, dice Santillán.


En Chaco y Salta también
En toda su crueldad la cacería de niños en Ingeniero Juárez es parte de una violencia generalizada contra los pueblos originarios especialmente en las provincias Formosa, Chaco y Salta. Es aparentemente un fenómeno creciente. Como dice el ex cura de la teología de la liberación Patricio Doyle, quién vivió 20 años hasta mediados de los 90´ con los Wichí: “Esto no había cuando yo estaba.”
Al contrario de los originarios de la Patagonia, como los Mapuche, pueblos como los Wichí del noroeste no fueron asesinados sino esclavizados en el siglo XIX, porque los grandes ingenios necesitaban una mano de obra barata. “Fue la iglesia quien los quebró, no la fuerza armada”, dice Doyle. Explica que los misionarios quebraron su autoestima enseñándoles “que toda su cultura era mal” y así los esclavizaron. Sufrieron un genocidio silencioso durante el siglo XX. “El Impenetrable fue un cementerio de proyectos de desarrollo”, remarca.

Pero en los últimos tiempos en lugar de la demanda de esclavos, creció la demanda de tierra para la explotación de recursos naturales, especialmente para extender la frontera del sistema agro-exportador transgénico – un sistema agropecuario casi sin mano de obra. El originario no se necesita más y en esta lucha territorial se repite la masacre en el sur del siglo XIX. Por eso los ataques violentos contra las comunidades Wichí en Ingeniero Juárez y de los Qom en La Primavera, Riacho de Oro, Pampa del Indio y una multitud de otras en la región.

Así se puede entender, por qué el crimen policial contra el niño Nazareno y sus amigos tiene un contexto aún más aterrador. Según testigos, son 17 los asesinatos de chicos Wichí – no incluyendo los asesinatos de personas grandes – a manos de integrantes de instituciones estaTales o por sus protegidos. Estos números dan cuenta de lo sucedido: desde el año 2000 sólo en Ingeniero Juárez, con 19 mil habitantes, se trata de un patrón de crímenes contra los jóvenes originarios que según testimonios de vecinos se repite allí, en otras localidades de las Provincias de Formosa, Chaco y Salta.

En ningún caso de Ingeniero Juárez hubo un juicio, la mayoría de los asesinatos ni siquiera fueron investigados oficialmente, algunos de ellos se supone que fueron cometidos directamente por integrantes de la policía. En general, tampoco hubo denuncias de familiares por miedo a la represión y “porque acá en Juárez no toman la denuncia” – la misma experiencia que tuvo la madre de Nazareno –, aunque, como dicen los vecinos, “sabemos quiénes son que los matan”.

“Sabemos que los que lo mataron y torturaron son policías y la causa quedo en la nada”, dice un referente. “Luego encontramos un chico todo esqueleto, le sacaron toda la piel y de eso no hubo justicia tampoco. Otro chico fue yendo para un paraje y sabemos quiénes lo mataron, porque tienen muchas vacas y entonces son políticos”, dice un vecino. Hace tres años una mujer joven fue violada. “La chica la mataron, le sacaron los dientes. El hospital dice que murió por deshidratación, pero como va a morir por deshidratación, teniendo así la boca y sin dientes, con todos los moretones. El tobillo estaba torcido y se veía que peleó con su agresor.” El asesino fue “uno de los dirigentes de acá de Juárez”.

En el año pasado asesinaron a Víctor “Oli” Segundo, el número 17 de los asesinatos de chicos Wichí en Ingeniero Juárez, un crimen morboso que se podría reconstruir de manera precisa con nuevos testimonios, aunque el sistema judicial cerró el caso. El joven, supuestamente de 16 años (no teníaDNI), fue golpeado brutalmente el 22 de Junio. Según testigos el asesino fue el dueño criollo de un comercio y la razón del acto había sido el hecho que el Wichí Olivero se había sentado en la vereda del local criollo.
“No sé cómo, pero Oli salió del barrio”, cuenta la referente de la comunidad Barrio Belgrano, Ercilia Agüero. “Se dice que le mandaron a comprar algo ahí en ese negocio, pero cuando le mandaron ellos pensaron que el chico se había ido a su casa, pero luego él no aparecía. Dos días estuvo desaparecido, al tercer día lo encontraron a 50 metros de ese negocio en una chacra, como un perro muerto”.

El joven fue desfigurado por golpes y encontrado sin ropa, lo que impidió identificarlo. Fue declarado fallecido y llevado al cementerio. Allá el encargado se dio cuenta que Víctor Segundo todavía estaba vivo, significa que el joven había sufrido – “como un perro tirado en la chacra” – dos días de agonía antes de detectarlo. Entonces fue traslado a la terapia intensiva de un hospital de Formosa Capital, donde murió. Solo cuando volvió su cuerpo, cosido como un matambre como se puede ver en las fotos tomadas, su identidad fue revelada y sus familiares, preparando el cuerpo para el funeral, detectaron que fue vaciado de sus órganos.

Unas semanas antes de estos hechos una mujer fue violada y golpeada por criollos de la localidad. Fue atacada en un galpón abandonado del ferrocarril y murió en el hospital, caso que tampoco fue resuelto por la justicia. Estos crimines están acompañados por muertos dudosos en hospitales. En una cantidad de comunidades hay denuncias de personas trasladadas a los hospitales de las capitales provinciales de Formosa y de Chaco que volvieron muertos con falta de unos órganos.

El supuesto asesino del joven Víctor Segundo, a quien miembros de la comunidad Wichí acusan de participar también en violaciones de mujeres Wichí, hoy en día está suelto y en libertad. Un hecho inédito, especialmente en el contexto de los linchamientos de las últimas semanas, es lo que paso, después de que las comunidades se dieron cuenta del asesinato. Unas mil personas se juntaron para reclamar justicia y fueron al lugar del asesinato. Dice un testigo: “Ellos llevaron al negociante y la señora, pero después la gente se frenó un poco. Pensaba que por fin va a haber justicia. Entonces les entregaron a la policía.”

Mientras que en el barrio porteño Palermo un ladrón que robó un reloj marca Rolex de una turista casi es linchado, unos mil vecinos de un joven asesinado bestialmente se resisten a ajusticiarlo y entregan al supuesto asesino para que el estado haga justicia. Pero en lugar de cumplir con su función, el sistema judicial liberó al comerciante y ahora está persiguiendo a los manifestantes acusándolos de robo en banda y en poblado. Entre los imputados se encuentran personas que probadamente no estaban en la manifestación, como una mujer que ese día estaba internada en un hospital. Otros imputados estaban, con testigos, en el campo afuera del pueblo. La comunidad Wichí decidió no atender las audiencias judiciales en el pueblo de Las Lomitas, unos 200 kilómetros de Ingeniero Juárez. No tenían los recursos para viajar “y tenemos miedo”, dice un imputado: “pensamos si vamos, nos pueden encerrar, y la gente se puso de acuerdo de no ir. Ahora estamos como en rebeldía. Pero si lo va a buscar la policía a una persona no la dejamos que se la lleven.”
El caso Víctor Segundo es emblemático, como lo es la herida del niño Nazareno Chávez, por su crueldad. Ambos son casos que exponen la perversión social donde las jóvenes y niñas originarias son golpeadas y violadas casi a diario. De hecho, existe un verbo que da cuenta de esta práctica en el noroeste argentino: se dice “vamos a chinear” cuando unos criollos buscan una chica indígena para violarla.

Pero los casos de Olivar y Nazareno también demuestran, cómo las instituciones del estado están involucradas directamente en los crímenes: la policía, el sistema judicial y el de salud y el poder ejecutivo. El estado no está ausente en este juego violento, está bien presente y es un participante activo en crímenes organizados como el tráfico de órganos. Recientemente un médico que atendió a un paciente Wichí refirió el caso de un paciente que le comentó sobre una operación de apéndice que le practicaron en un hospital público.
Cuando el médico pregunto dónde estaba su cicatriz, el paciente la mostró. El médico sorprendido constató que se encontraba en la espalda justo encima del riñón.

ACTIVIDADES POR EL DIA INTERNACIONAL DEL PRESO POLITICO.

El Bolsón (ANPP).-(APL) “En cumplimiento de esta obligación revolucionaria, que necesariamente debe ser ampliada mientras la suerte de los compañeros siga estando signada por la voluntad represiva del sistema de mantenerlos tras las rejas, es que convocamos a las organizaciones a adherir y participar del acto frente al Consulado de Paraguay en Rosario, en calle Corrientes 653, el día lunes 18 de abril a las 18 horas”. Parte de la convocatoria de los luchadorxs rosarinxs, de inagotables iniciativas por la libertad. En el acto estarán las palabras de los 6 campesinos paraguayos que próximamente cumplirán 10 años de prisión, dos en la Argentina, y los otros 8 en Tacumbú, Asunción, adónde los envío el estado kirchnerista en 2008, luego de una alevosa artimaña política. Precisamente, desde ese penal, los seis campesinos escribieron: “Queridos Compañeros/as de Rosario Argentina. Un cordial saludo a todos los presentes de los seis dirigentes campesinos presos políticos, desde la cárcel de Tacumbú en este Día Internacional de los presos/as políticos. Con esta carta dejamos claro nuestra posición política que no ha variado en nada contra nuestros enemigos de clase la narco oligarquía paraguaya, quienes nos tienen privados de libertad. Les decimos que estos largos años de prisión nos templa como aceros para resistir en la lucha de clases, que nos trajo a este rincón, que hemos convertido en una trinchera en esta desigual batalla. Saludamos a todos los presos/as de todo el mundo, y les decimos a las organizaciones que están en vuestras manos la lucha por nuestra libertad y la de todos los oprimidos sometidos por el capitalismo salvaje. En este día internacional de los presos/as políticos alzamos nuestra voz de repudio contra toda opresión en cualquier rincón del mundo. Queridos compañeros/as les pedimos sumarse a la campaña de petición a la Corte Suprema de Paraguay a través de change.org . Les dejamos a todos/as nuestro abrazo, nuestro cariño y toda nuestra ternura. Atentamente: Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Arístides Vera, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano y Basiliano Cardozo”.

Como parte de las actividades que se realizarán en Buenos Aires, Córdoba y otros puntos del país, quienes contribuimos a la concreción de la actividad del día 3 de marzo de la Cátedra Popular Derechos en Clave Humana en la que se lanzó la Campaña por la Libertad de las Presas Latinoamericanas, los convocamos a un acto de denuncia y en solidaridad con los prisioneros políticos del sistema capitalista.

Los Estados con gobiernos elogiados como populares pero que extreman los rigores de la condena patronal hasta extremos que superan por su bestialidad otros considerados de signos derechista, han poblado sus cárceles con luchadores por su compromiso con la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados.
Hemos sido consecuentes en el cumplimiento de esta obligación política que significa la lucha por la libertad de los presos políticos en cualquier parte del mundo y sobre todo en Argentina y América Latina, llevando adelante la cotidiana tarea de organización de visitas, firmas de petitorios, promoviendo cuanta actividad fuera necesaria como forma de quebrantar el aislamiento en el que se los pretende envolver.

Nos encontraron presentes las convocatorias al Consulado Uruguayo cuando la represión al Codicen, a la Casa de Córdoba en Rosario por la represión en esa provincia, en los actos en Plaza Pringles en solidaridad con el pueblo palestino, en las campañas contra la extradición del compañero vasco Josu Lariz Iriondo y del chileno Galvarino Apablaza Guerra o por la libertad de Gotzone de Luzuriaga en Euskadi y la Galle Germano en Argentina.
En cumplimiento de esta obligación revolucionaria, que necesariamente debe ser ampliada mientras la suerte de los compañeros siga estando signada por la voluntad represiva del sistema de mantenerlos tras las rejas, es que convocamos a las organizaciones a adherir y participar del acto frente al Consulado de Paraguay en Rosario, en calle Corrientes 653, el día lunes 18 de abril a las 18 hs.

¡Libertad a los prisioneros políticos!

¡No a las leyes antiterroristas!

Primeras firmas: Cátedra Popular Derechos en Clave Humana/ Convocatoria Segunda Independencia Rosario/ Docentes de Base/ Agrupación Oficios Varios Rosario/ Unidad Antirrepresivas Por los Derechos Humanos/ Plenario Obrero y Popular/ Comisión Antirrepresivas y Derechos Humanos/ Agencia Para la Libertad/


(APL)El Comité por los Presos Políticos, la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba junto con otras organizaciones políticas, antirrepresivas y de Derechos Humanos se convocaron, el viernes 15 de abril en la Plaza Independencia, y realizaron una Jornada de Solidaridad con motivo del Día Internacional del Prisionero Político que se conmemora el 17 de abril en diversos sitios del mundo. “Libertad a los prisioneros políticos de América Latina y el mundo y no a la ley antiterrorista”, fueron las consignas sobresalientes en el acto.


En de la Cuidad de Córdoba se dio a conocer la situación crítica pero a la vez heroica de los cientos de prisioneros políticos. En particular se habló de los 44 prisioneros políticos que hay actualmente en el Paraguay, de los 300 prisioneros políticos en el Perú, resaltando a tres de ellos que ya cumplieron la condena de 25 años de prisión y que sin embargo arbitrariamente no les dan la libertad; de los 18 presos políticos mapuches del lado chileno y de los 500 mapuches perseguidos políticos que pasaron por las cárceles chilenas desde la vuelta a la democracia; de Mauricio Norambuena preso político en el Brasil desde hace 14 años y de los 6.000 procesados por luchar en nuestro país que es expresión de un pueblo que defiende sus derechos. Aislamientos absolutos, torturas, largas condenas, persecución política, ley antiterrorista, y como contracara heroísmo, lucha y dignidad fueron el común denominador de todo lo que se planteo. Dejando claro que las políticas represivas en los distintos países son de carácter similar y se aplican contra los revolucionarios y los pueblos del mundo que luchan incansablemente.

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LAS DETENCIONES ARBITRARIAS.

El Bolsón (ANPP).-
(APL)“En todo el país, y muy particularmente en la ciudad y provincia de Buenos Aires, las fuerzas han recibido directivas para usar a fondo todas las herramientas existentes para interceptar, pedir documentos, requisar y detener personas en cualquier momento y lugar (averiguación de antecedentes o detención para identificar, faltas y contravenciones, etc.), en una escalada que incluye bendiciones judiciales, como el fallo de principios de enero del Tribunal Superior de laCABA, o el posterior de la Corte que habilitó el uso de las picanas portátiles Taser”. Parte de la convocatoria de una multitud de organizaciones populares, encabezadas por Correpi, contra el avance de las distintas fuerzas de seguridad dirigido a los sectores más vulnerables y a  lxs luchadorxs. El próximo miércoles 20 de abril, a las 12:00, en la sala de prensa de la Legislatura Porteña (Perú 130, CABA, se realizará una conferencia de prensa. El acto de lanzamiento tendrá lugar el viernes 22 de abril, a las 17:30, que comenzará con una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. La iniciativa se enmarca en la lucha a 25 años del crimen de Walter Bulacio y por todos lxs que cayeron bajo el fuego estatal.



En el marco del avance del ajuste, el saqueo y la represión impuestos por el gobierno de Mauricio Macri y los gobiernos provinciales, viene cobrando particular importancia el fortalecimiento y ampliación de las facultades policiales –y de las demás fuerzas de seguridad- para detener personas arbitrariamente.
En todo el país, y muy particularmente en la ciudad y provincia de Buenos Aires, las fuerzas han recibido directivas para usar a fondo todas las herramientas existentes para interceptar, pedir documentos, requisar y detener personas en cualquier momento y lugar (averiguación de antecedentes o detención para identificar, faltas y contravenciones, etc.), en una escalada que incluye bendiciones judiciales, como el fallo de principios de enero del Tribunal Superior de la CABA, o el posterior de la Corte que habilitó el uso de las picanas portátiles Taser.
La sucesión de denuncias de hechos concretos que han circulado en las últimas semanas en redes sociales y medios de comunicación popular permite medir la gravedad de la situación, que pone a cualquiera, especialmente los más jóvenes y los trabajadores, en una permanente situación de “libertad vigilada”, con la posibilidad de ser parados, requisados, golpeados y detenidos en cualquier esquina.
Es por esto que distintas organizaciones políticas, de derechos humanos, sociales, sindicales, estudiantiles e independientes, hemos decidido lanzar de conjunto una gran Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias, que permita visibilizar la situación, y motorice la organización popular contra estas herramientas represivas que buscan de forma directa el control social.
Daremos lugar al lanzamiento de la Campaña el próximo miércoles 20 de abril a las 12:00 en la sala de prensa de la Legislatura Porteña (Perú 130, CABA) con una conferencia de prensa que dé cuenta del carácter de la iniciativa y promueva su primera aparición pública el día viernes 22 de abril a las 17:30 con una masiva movilización de Congreso a Plaza de Mayo que concluirá con un acto de cierre, con motivo del cumplimiento de los 25 años de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio.
Fue a partir de ese asesinato policial que, por primera vez después del fin de la dictadura, el movimiento estudiantil, juvenil y político se movilizó masivamente bajo la bandera de la lucha contra las detenciones arbitrarias, y el nombre de Walter quedó ineludiblemente unido a su denuncia y a la necesidad de organizarnos para defendernos.
Porque el sistema de detenciones arbitrarias, además de afectar nuestra libertad, es la puerta de entrada a la tortura, y también nos cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o “para identificar”.
Cuando denunciamos la práctica sistemática de las detenciones arbitrarias no estamos simplemente defendiendo el derecho a caminar tranquilo por la calle. Es, sobre todo, la defensa de nuestra vida y de la de nuestros pibes.
Convocamos a todas las organizaciones, compañeros y compañeras, medios audiovisuales, vecinos y vecinas, y a la comunidad en general, que no quieren vivir en libertad vigilada, a construir una Campaña Nacional Contra las Detenciones Arbitrarias, que nos permita sumar fuerzas para romper con la naturalización de las prácticas represivas y para organizar la bronca y la resistencia.

Los esperamos.
- CONFERENCIA DE PRENSA:
Miércoles 20 de abril, 12:00, sala de prensa de la Legislatura Porteña (Perú 130, CABA).

- ACTO LANZAMIENTO:
Viernes 22 de abril, 17:30, movilización de Congreso a Plaza de Mayo.
A 25 AÑOS: POR WALTER Y POR TODXS
¡BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS!

Contactos de Prensa: – María del Carmen Verdú – 1144170659 – Enrique Mario Fukman – 1153372868

CONVOCAN:CORREPI – AEDD – H.I.J.O.S. Zona Oeste – Familiares y Amigos de Luciano Arruga – ApeL – AGARRE –CODEJU (Monte Caseros, Corrientes) – CEPOC – Comisión de Familiares y Amigos Carlos Petete Almirón – Secretaría de DDHH del SIPREBA – Comisión Interna Frigorífico Rioplatense – Agrupación ATEDesde Abajo – Agrupación Docente Haroldo Conti en ADEMYS – FUBA – Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras – Centro de Estudiantes de Psicología – Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales – Partido Obrero – PTS – Izquierda Socialista – COB La Brecha – Izquierda Revolucionaria – OP Hombre Nuevo – Frente Popular Darío Santillán – MULCS Bs. As. – MTR 12 de Abril – MPLD / MTK –PRML – Democracia Socialistas – Nuevo MAS – FOB – Opinión Socialista – MP Patria Grande – LSR –TPR – Organización 22 de Agosto – PCT – OP La Poderosa – PSA (Sec. DDHH) – Casa de lxs Trabajadorxs Carlos Fuentealba – Juventud Insurgente – Movimiento Cultural Víctor Jara – Desbordando Barrios – Espacio Cultural, Político y Social “La Casita” de Guernica – Desde el Fuego – Colectiva Lohana Berkins – Pan y Rosas – ANRed – DTL – Antena Negra TV – Gacetillas Argentinas – Colectivo Subversiones – Grupo RAF – Espacio Brancaleone – Independientes- Agencia Para la Libertad-

EDITORIAL: SÍMBOLOS DE RESISTENCIA

El Bolsón (ANPP).- EDITORIAL DE LA AGENCIA DE NOTICIAS PRENSA DEL PUEBLO:
Símbolos de resistencia.
Máxima Acuña es una agricultora peruana que será premiada por su lucha en la defensa del ambiente. Desde 2011 se enfrenta a Newmont, la segunda compañía minera de oro más grande del mundo. Esta empresa obtuvo una concesión para extraer oro en tierras que eran de su propiedad. El proyecto Conga, de Newmont, se ubica en la región peruana de Cajamarca y tiene unos 4.800 millones de dólares de inversión. Acuña y su hija resisten en su tierra. Fueron golpeadas, amenazadas y sus siembras quemadas,  por no querer desalojar el territorio; por no querer rendirse. En 2012 una movilización regional contra la mina, que terminó con cinco muertos, detuvo el avance del emprendimiento. La compañía entabló un juicio a Máxima  por usurpación, buscando que abandone el lugar, pero en 2015 lo perdió en segunda instancia.
En estos días salió la noticia que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro,  ratificó la nulidad de la cesión de casi 25 mil hectáreas de tierras “fiscales” a un privado, ubicadas en la meseta de Somuncura, donde hablan las piedras. Se denuncian un sinnúmero de irregularidades en esta operación. El fallo del STJ cierra la instancia rionegrina, pero puede ser apelado ante la Corte Suprema y siguen en litigio unas 11 mil hectáreas más. Por esta causa, hay varios funcionarios públicos implicados, como así también;  por la venta de tierras a privados en el sector del denominado cerro Perito Moreno de nuestra localidad.
Son miles las organizaciones y activistas, campesinos e indígenas en todo el Abya Yala, que denuncian, reclaman y presionan; en una lucha muy desigual, contra gobiernos corruptos y empresas multinacionales poderosas.  
Las denuncias e investigaciones sobre corrupción cruzan a casi toda América Latina.  Pero, cuando se observan con cuidado los principales casos, encontramos que  muchos de ellos son emprendimientos que afectan los recursos naturales. Son casi siempre extractivismos mineros, petroleros, agrícolas, turísticos o las obras necesarias para llevarlos adelante, desde represas a carreteras. Por esa misma razón están repletos de impactos ecológicos, los cuales vienen siendo denunciados desde hace años.
Algunos ejemplos ilustran que esa asociación entre corrupción y extractivismos de alto impacto ambiental se repite en todos los sectores y atraviesa todos los gobiernos. Es que los extractivismos en casi todos los casos implican emprendimientos que tienen efectos ambientales y sociales tan negativos; que la corrupción es necesaria para ocultar sus impactos y consecuencias o para lograr la asistencia del Estado en imponerlos.
Así es que  para  concretar estos emprendimientos se utilizan todos los  tipos posibles de corrupción. Los más conocidos son los sobornos (coimas), pero además están el cohecho, por ejemplo para que un funcionario público autorice un mal informe de impacto ambiental, el tráfico de influencias para favorecer concesiones mineras o petroleras que anulan territorialidades indígenas o campesinas, encubrimientos para ocultar impactos, como puede ser un derrame, la obstrucción de la justicia por funcionarios públicos, protección y vía libre a mercenarios de la muerte, pagados por las empresas.
Para que quede claro: los extractivismos están inmersos en redes de corrupción, presentes en todos los sectores y en todos los países. Es la manera de ocultar o minimizar impactos, la mano  para controlar a las comunidades locales y la resistencia ciudadana. Pero igual surgen los símbolos de resistencia, las asambleas como la del No a la Mina en Esquel, las mujeres luchadoras como Máxima y Berta Cáceres en Honduras, los campesinos de los movimientos rurales, los pueblos originarios defendiendo su territorio y a la madre tierra. Entonces, se siente un tiempo de esperanza y resistencia, conociendo a héroes y heroínas de este nuevo tiempo.

RÍO NEGRO: ATE BLOQUEA RUTA 151 EN CORDERO Y POLICÍA ANTICIPA REPRESIÓN

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa de ATE en el contexto del paro nacional convocado por esa organización:
LOS MANIFESTANTES RECLAMAN LA INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO

URGENTE: ATE BLOQUEA RUTA 151 EN CORDERO Y POLICÍA ANTICIPA REPRESIÓN

(19/04/16) En el marco del Paro Nacional y Provincial de 24 horas, que lleva adelante la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); los manifestantes que se encontraban en el puente Cipolletti y Neuquén se trasladaron hasta la localidad de Contralmirante Cordero para apoyar la lucha de los trabajadores municipales de dicha comuna.

Al llegar al lugar, el sindicato se encontró con un fuerte operativo policial y, se les anunció que, de no desalojar la ruta a la brevedad, la fuerza COER liberará la ruta de manifestantes de manera violenta.

Desde ATE se hace responsable al Gobierno Provincial y al nuevo Jefe de la Policía provincial por la integridad de todos los trabajadores que, de manera pacífica y democrática, se manifiestan en demandas de mejores condiciones de trabajo.


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Audio: Rodolfo Aguiar https://goo.gl/dw6x9i
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Para ampliar información pueden comunicarse con 
Rodolfo Aguiar - Sec Gral ATE RÍO NEGRO -  0298 154502024
Aldo Capretti - Sec Gral Adjunto ATE RÍO NEGRO  - 02920 15512593

DOS ESCUELAS SIN GAS EN EL HOYO

El Bolsón (ANPP).-Dos escuela del noroeste chubutense sin gas, y sin respuestas. Difundimos el comunicado de prensa del sindicato docente ATECH:
Conforme a la situación que se vive en lo edilicio en las Escuelas 7727 y 734 de El Hoyo, difundimos la nota que por mail enviamos al Ministerio para que se solucione a la brevedad. 

Regional Noroeste


Al Sr Ministro Fernando Menchi:
Al Sr Paulo Cassutti

Solicitamos que en carácter de urgente se tome conocimiento de la situación de problemas estructurales que afectan el suministro del gas y ponen en peligro a la comunidad escolar.
Pedimos por favor que comunicarse inmediatamente con las escuelas 734 (Fabián Ronchi 0294-4471899)  y 7727 (Ulises Néculman 0294-4471360) de El Hoyo que funcionan en el mismo edificio.

Leo Pi
Sec. Gral ATECH NOROESTE

PARO DE ATE RÍO NEGRO

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa que nos envía ATE Río Negro:

ATE PARÓ Y MOVILIZÓ EN TODA LA PROVINCIA

(19/04/16) Tal como fuera anunciado, se lleva adelante en la jornada de hoy el Paro Nacional y Provincial de 24 horas, resuelto por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En Río Negro hubo actividades en distintas ciudades de la provincia.

En Bariloche, la manifestación se instaló frente a la sede de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación; en El Bolsón se bloqueó la Ruta 40 a la altura del Paralelo 42, en el límite con la provincia de Chubut; mientras que en el Alto Valle los militantes concentraron en la zona del peaje sobre la Ruta Nacional 22, en el límite entre Cipolletti y Neuquén; y en la capital provincial se instaló una carpa en el Ministerio de Desarrollo Social. En tanto que, en el marco del paro, se redoblaron las acciones en la Ruta 151, por el conflicto vigente en la Municipalidad de Contralmirante Cordero en la zona norte de la provincia.

"Nos preocupa sobremanera este acercamiento cada vez mayor del Gobierno Provincial a las políticas de ajuste y represivas desarrolladas por el Gobierno Nacional", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro en relación a los anuncios puestos de manifiesto por el Poder Ejecutivo Provincial y agregó: "Hoy existe una sobreactuación en el Gobernador Weretilneck, a la hora de respaldar las medidas políticas y económicas que se adoptan a nivel Nacional y que están impactando muy negativamente en los trabajadores, los jubilados rionegrinos, pero también en los pequeños y medianos empresarios, productores y comerciantes. Creemos que no nos va a hacer bien al pueblo rionegrino este acercamiento al gobierno nacional".

Con esta medida de fuerza, los trabajadores estatales demandan, tanto al Gobierno Provincial como al Nacional:

 
  • Inmediato cese de los despidos en el Estado Nacional y reincorporación de todos los cesanteados.
  • Pase a planta permanente de todos los contratados.
  • Designación de personal en escuelas, hospitales y otras dependencias públicas.
  • Eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre el Salario.
  • 82% móvil para todos los jubilados.
  • Desprocesamiento de más de 5.000 dirigentes gremiales y sociales.
  • Derogación de la Ley Antiterrorista y del protocolo anti-piquetes.

Weretilneck presiona a la Justicia

Desde la entidad sindical se advierte con preocupación el llamamiento realizado por el Gobernador Alberto Weretilneck al Poder Judicial para que se avance contra los trabajadores y las protestas sociales.

"No se había visto con anterioridad una presión tan grande del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.  Asistimos a un llamado público por parte del Gobernador directamente a criminalizar la protesta social en la provincia de Río Negro", recriminó Aguiar y agregó: "El Gobernador está afectando la autonomía y la independencia que debe tener otro Poder del Estado.  No solo nos preocupa sobre esta jornada, nos preocupa también a partir de ahora cual va a ser el escenario cada vez que los trabajadores ejerzamos nuestro derecho a peticionar a las autoridades libremente como señala nuestra Constitución".



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Audio: Rodolfo Aguiar https://goo.gl/bSbnSL
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Para ampliar información pueden comunicarse con
Rodolfo Aguiar - Sec Gral ATE RÍO NEGRO -  0298 154502024
Aldo Capretti - Sec Gral Adjunto ATE RÍO NEGRO  - 02920 15512593
 
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EL PANTALLAZO: "EL CLUB", PELÍCULA CHILENA

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 21  de abril a las 21:30 hs, El Pantallazo te invita a ver.....


Cuatro hombres conviven en una retirada casa de un pueblo costero, bajo la mirada de una cuidadora. Son curas y están ahí para purgar sus pecados. La rutina y tranquilidad del lugar se rompe cuando llega un atormentado quinto sacerdote y los huéspedes reviven el pasado que creían haber dejado atrás.

Año: 2015
País: Chile
Director: Pablo Larraín
Guión: Guillermo Calderón, Daniel Villalobos, Pablo Larraín
Reparto: Roberto Farias, Antonia Zegers, Alfredo Castro, Alejandro Goic, Alejandro Sieveking, Jaime Vadell, Marcelo Alonso, Gonzalo Valenzuela, Diego Muñoz, Catalina Pulido, Francisco Reyes, José Soza.
Género: Drama

                     Apta para  mayores de 16 años

 
 
 


SUM "Negro Fontenla" - FM Alas - P. Gutierrez y 25 de Mayo - El Bolsón 

Las y los esperamos!!

sábado, 16 de abril de 2016

ATE RÍO NEGRO: PARO EL 19 DE ABRIL

El Bolsón (ANPP).-LOS ESTATALES RECHAZAN EL ÚLTIMO AUMENTO SALARIAL Y PIDEN EL FIN DE LAS BECAS EN LA PROVINCIA
PARO 19/4: EN EL ALTO VALLE ATE SE MOVILIZARÁ A LOS PUENTES DE CIPOLLETTI Y NEUQUÉN A LAS 10 HORAS

(16/04/16) La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) continúa definiendo la modalidad que en cada región de la provincia tendrá el Paro Nacional de 24 horas del próximo martes 19 de abril.

En el caso del Alto Valle, las seccionales que nuclean a las principales ciudades definieron movilizarse a los puentes carreteros que unen las ciudades de Cipolletti y Neuquén a las 10 horas.

La medida de fuerza fue convocada para los trabajadores del Estado Nacional, de todas las dependencias públicas provinciales, comisiones de fomento y municipios con conflictos salariales.

Los estatales rechazan el último aumento salarial otorgado por el Gobierno de  Río Negro, piden el adelantamiento de la última cuota y la reapertura de las paritarias.

El sindicato también exige al Gobernador Alberto Weretilneck que ponga fin a la precarización laboral y termine con las becas como mecanismo de contratación de personal en el Ministerio de Desarrollo Social.  En la capital de la provincia, Viedma, la movilización será en las puertas de dicho Ministerio y congregará además a estatales de otras ciudades de la Zona Atlántica, como San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Valcheta. Es que uno de los mayores cuestionamientos que tienen los trabajadores es hacia la gestión de Fabián Galli, quien ha abusado de éste sistema y ha hecho una utilización política perversa de ese mecanismo, aumentando drasticamente la cantidad y el destino laboral de las mismas.

En el Estado Nacional, ATE demanda el adelantamiento de la discusión salarial y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos en distintos organismos, la eliminación del impuesto a las ganancias, el 82% móvil para todos los jubilados, la derogación de la Ley Antiterrorista y del Protocolo Antipiquetes.

Por último, la entidad informó que restan definir las acciones que se realizarán durante esa jornada en la Zona Atlántica y que en las próximas horas se informará sobre los puntos de concentración en las ciudades de San Carlos de Bariloche y el Bolsón

Audio aquí:
https://goo.gl/3nJSKM

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Para ampliar información pueden comunicarse con
Rodolfo Aguiar - Sec Gral ATE RÍO NEGRO -  0298 154502024
Aldo Capretti - Sec Gral Adjunto ATE RÍO NEGRO  - 02920 15512593

viernes, 15 de abril de 2016

DECLARACIÓN DE SOCORRITAS EN RED

El Bolsón (ANPP).- Compartimos la declaración de las compañeras de Socorristas en Red, mujeres que acompañan a otras mujeres a abortar de manera segura. En la comarca Andina: .0294-4311412 movistar Socorro Rosa

 
Declaración de la 5ta. Reunión Plenaria Nacional de Socorristas en Red (feministas que abortamos)
“El Estado abandona a las que abortan, nosotras NO.
Aborto legal, libre y feminista para América Latina y el Caribe”.
Las colectivas que integramos Socorristas en Red reunidas los días 24, 25, 26 y 27 de Marzo de 2016, semana de conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 40 años del golpe genocida cívico, patronal, militar y eclesiástico, declaramos en ferviente manada que ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! y vociferamos que “El aborto inseguro es terrorismo de Estado”.
Las deliberaciones al calor de la convocatoria para repudiar el golpe genocida avalado por un sinnúmero de complicidades que nos despojaron de todo derecho, de toda vida, de todo cuerpo, comenzaron con la definición de seguir creando nuevas herramientas de resistencia y unir nuestra presencia a la de cientos de miles de personas que salieron a la calle en todo el país este 24 de marzo. Allí estuvimos, cuerpo a cuerpo en la calle junto a la Colectiva Lohana Berkins recientemente conformada, a modo de reconocimiento de lo que Diana Sacayán y Lohana Berkins, nos mostraran y transmitieran. Maestras en las que decidimos espejarnos y nutrirnos. ¡Presentes, Ahora y siempre! Por que como exclamó a los cuatro vientos la mariposa Lohana, la revolución es ahora, y estamos trabajando para que así sea. Somos las hijas de la subversión, las nietas de todas las brujas chamanas aborteras que no pudieron quemar.
En esta 5ta Plenaria participamos 30 grupas feministas socorristas del país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde Cuyo hasta la Costa. Proyectamos que la Red siga creciendo. Para que cada vez más personas con necesidad de abortar lo hagan sin riesgos para su salud y/o su vida.
El aborto insiste y es urgencia de las 500 mil mujeres que cada año acuden a la práctica en Argentina. La urgencia del aborto no espera, porque el aborto es, está siendo. Cada día, todos los días.
La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos persiste y nos llama a profundizar el compromiso con este primer territorio de disputa: nuestros cuerpos. Recuperamos para ello la voz y la palabra, visibilizando y desclandestinizando un acontecimiento tan cotidiano como silenciado: las prácticas de abortar. Recuperamos para eso la importancia de la colectivización de las experiencias, las luchas, los reclamos, los saberes. La práctica socorrista extiende los límites de lo posible. Cuatro años de activismo y de lucha abortera, encarnada en diversas estrategias políticas, entre ellas la acción directa, hicieron posible la continuidad, extensión y profundización de los modos de activismo que nos permiten evaluar la potencia política de las socorristas que vamos siendo.
Nos permitieron también, durante el 2015, sistematizar nuestro acompañamiento feminista a 2.894 mujeres, quienes accedieron a abortos seguros, libres y de calidad. Cada aborto que acompañamos es una historia de vida. Nuestros registros sirven para generar saberes, estadísticas reales y tangibles surgidas de los acompañamientos cara a cara con miles de mujeres de todo el país. En este sentido, la edición del libro Código Rosa - Relatos sobre abortos y la travesía de presentaciones por numerosas provincias, permitió instalar otras narrativas sobre el aborto y sobre quiénes somos las mujeres que abortamos, interpelando saberes heteropatriarcales.
Celebramos las articulaciones logradas con sectores de salud, en particular con quienes se nuclean alrededor de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Abogamos por prácticas garantistas de derechos e interpelamos los saberes médicos hegemónicos, propugnando prácticas de salud comunitarias y colectivas.
Durante el 2015 el trabajo sostenido de Socorristas en Red se pronunció respecto de la extensión de lazos más estrechos con América Latina. La presencia en esta 5ta. plenaria de compañeras de Ecuador (colectiva Las Comadres), Brasil (Marcha Mundial de Mujeres) y Chile (Aborto Libre) en el trabajo de estos días nos muestra la continuidad de lo pergeñado en la Plenaria Nacional de 2015 en la que comenzamos a pensar las articulaciones de la Región y a definir acciones conjuntas. Nuestro mayor deseo político es el desborde de este activismo más allá de los límites de nuestro territorio. Reafirmamos entonces nuestra voluntad de reforzar aún más los lazos de sororidad con nuestras compañeras latinoamericanas, promoviendo la construcción a mediano plazo de una Red Latinoamericana de Feministas que acompañamos a abortar a toda persona con capacidad de gestar que así lo decida. En este sentido, la presencia de la compañera Susan Yanow de Women help Women implicó un gran aporte para continuar proyectando coordinaciones de experiencias.
En cada aborto clandestino reconocemos a una persona abandonada por el Estado. En tanto se siga ignorando esta realidad cotidiana del aborto, seguiremos acusando al Estado y sus representantes de ser cómplices del fabuloso lucro de los proxenetas del aborto, quienes especulan con la clandestinidad y el miedo para enriquecerse.
Ratificamos una vez más la lucha por la despenalización y legalización en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y reclamamos acciones contundentes en ámbitos legislativos por parte de las diputadas y diputados que firmaron los sucesivos proyectos de ley presentados desde el 2007, quienes jamás desplegaron el compromiso político necesario para que se apruebe la legalidad del aborto en Argentina. A ellas y ellos responsabilizamos por la dilación de casi 10 años en el tratamiento del proyecto. Exigimos el urgente tratamiento del proyecto de ley.
Interpelamos al sistema de salud, demandando que garantice la aplicación de las causales de aborto legal en todos los hospitales y centros de salud del país. Que desde el Ministerio de Salud de la Nación se provean los medios necesarios para se cuente con la medicación adecuada y la capacitación que las prácticas requieren y que no se persiga a aquellxs profesionales de la salud que aplican las leyes y el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo vigentes.
Estamos atentas a que el desmantelamiento del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable traerá consecuencias nefastas a la hora de evitar embarazos no deseados y de garantizar el acceso a anticonceptivos, contraceptivos e insumos para la realización de interrupciones legales de embarazos (ILE), cuya provisión ya se encuentra discontinuada en numerosos centros de salud de todo el país. Exigimos al gobierno de Mauricio Macri y “Cambiemos”, así como a todos los gobiernos provinciales, su efectivo cumplimiento y la observancia de todas las leyes y protocolos que de allí surgieron.
Estamos empeñadas en seguir activando junto a muchos otros sectores y movimientos en la despenalización social del aborto, convencidas que nos merecemos otro estatus político y cultural en relación a este derecho que tomamos por asalto. A diez años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, insistimos en el reclamo por una educación pública, laica y antidiscriminatoria que interpele el sexismo, el androcentrismo, el heterosexismo y la maternidad forzosa.
Las mujeres abortamos desde tiempos inmemoriales y lo seguiremos haciendo juntas a la par.
Las socorristas acompañamos y con este hacer construimos un feminismo que corre los límites de nuestra autonomía recuperando poder sobre nuestros cuerpos y confianza en nosotras mismas, en una construcción pedagógico-feminista dialéctica y horizontal, que se nutre de escuchas atentas y cuerpos presentes. Deseo y acción política arriesgada del cuerpo a cuerpo que apela a la construcción de la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas. Estamos convencidas de que en el tránsito hacia la autonomía se recorre el camino a la libertad, y hacia ahí nos dirigimos, hermanadas y en manada.
Desde nuestra militancia socorrista feminista abortera, accionamos en contra de la lógica del capitalismo colonialista heteropatriarcal que, entre tantas otras alienaciones, somete a las mujeres al mandato reproductivo que lejos está de ser una bendición (como se intenta propagandizar desde los sectores conservadores, eclesiásticos y hegemónicos) y en muchos casos tiene por finalidad generar mano de obra con el propósito de satisfacer la insaciable demanda neoliberal de trabajadorxs precarizadxs o semi esclavxs para las potencias neocolonialistas.
En este contexto cabe destacar que en la mayoría de los casos del mapa político mundial, los países con legislación antiaborto más represiva -como ocurre con la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe- son aquellos que proveen de mano de obra a los países "desarrollados" donde -no casualmente- existe mayor flexibilidad en relación a la práctica. Pero además la flexibilidad primermundista es parcial y la supuesta universalidad que garantizan esas leyes es una falacia; se trata de sistemas clasistas, racistas y heteronormados en los que sólo acceden a abortos seguros las personas pertenecientes a los sectores social y económicamente privilegiados, mientras se condena a las pobres, migrantes y excluidas a continuar arriesgando su salud, su libertad y su vida para abortar.
Nuestro hacer feminista construye, en el cotidiano de cada día, una política para un mundo horizontal, sororo, que desafíe el sistema de valores que nos arrebata nuestras vidas. Y desde nuestro accionar socorrista estamos prefigurando los abortos que exigimos: legales y libres.
No olvidamos, No perdonamos. Las muertes por abortos inseguros en la Argentina son femicidios de Estado. El Estado abandona a las mujeres que abortan, nosotras NO.
¡Aborto legal, libre, seguro y gratuito para decidir en Argentina y en toda América Latina y el Caribe!
¡Aborto legal libre, seguro y gratuito para las mujeres de todo el mundo!
Firmamos esta declaración Socorros Rosas de: Córdoba, Neuquén, Chos Malal, Región de los Lagos (San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura), Comarca Andina del Paralelo 42º, Fiske Menuco (Gral. Roca), Villa Regina, La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morón, Moreno, Paraná, Rosario, Rafaela, Zona Norte del Conurbano bonaerense, San Luis, San Juan, Salta, Mendoza, Chaco, Jujuy, Posadas, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Pampa, La Matanza, Villa Urquiza, Ushuaia, Villa Mercedes, Villa Gesell.
La Plata, Argentina. Abril de 2016
Socorristas en Red (feministas que abortamos)
www.socorristasenred.org

Contactos de prensa:
María Elena Ale 0343 - 154065584 mariaelenaalea@gmail.com
Lidia Zurbriggen 0351 - 156690457 lidiazur2002@yahoo.com.ar
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Andrea Laura González 0299 - 154201498 andreagonzalez@elbolson.com

LA TERCERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS REPRESIVOS

(Cosecha Roja).-
territorio
El violento ataque al tambo “La Resistencia” que tuvo lugar la noche del viernes 8 de abril en la periferia rosarina nos ubica, al decir de sus víctimas, ante la experiencia de haber tocado un límite. “Cruzamos una línea sin retorno”, afirmaron desde el Frente Ciudad Futura. Tres hombres armados y con capuchas ingresaron a la sede de un emprendimiento económico y político de larga trayectoria, maltrataron al representante de una organización social con representación parlamentaria, y transmitieron un mensaje explícito enviado por sus empleadores: “o se van o ponemos una bomba”. El espinel de pretendientes de las tierras donde está asentado el Tambo es nutrido, pero las sospechas apuntan a la empresa CIMAR SA, cuyo slogan es “inversiones en equipo”.
El caso es similar a lo acontecido en Villa Celina, partido de La Matanza, el 12 de febrero. Allí, un sicario apodado “Jonhy” le pegó un balazo en el pecho a un militante del Movimiento Popular La Dignidad, integrante de los Vecinos Autoconvocados del Barrio Vicente López. Minutos antes de efectuar el disparo lo había conminado a “dejarse de joder con sus jefes y con las tierras”, sobre las que mantienen una disputa. Darío Julián –más conocido como Iki– salvó su vida de pura casualidad y hoy, mientras se hace estudios para detectar en qué parte de su cuerpo quedó alojada la bala, debe estar alerta a los movimientos del soldadito que permanece libre y sin cargos (más datos).  
Este hecho motivó el surgimiento de la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios, integrada por organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas, medios comunicacionales y personas involucradas en dinámicas concretas de democratización. Pronto la nueva iniciativa se vio desbordada por la multiplicación de agresiones contra organizaciones populares en las más diversas geografías del país.
El 19 de febrero, apenas siete días después de lo sucedido en La Matanza, Pablo Sarmiento, campesino e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI), fue baleado por personal de la Policía Provincial de Mendoza mientras intentaba impedir junto a miembros de su comunidad el alambrado ilegal de sus tierras. Pese a la existencia de una sentencia judicial que le reconoce la posesión a la familia Sarmiento, la empresa Elaia-Argenceres SA redobló la apuesta y contrató policías para custodiar el avance de las obras. Luego de recibir el disparo y sin atención médica, Pablo y otros integrantes de su familia fueron detenidos por “averiguación de antecedentes”. Se trata del devenir sicario de la propia agencia policial (Comunicado de la UST-MNCI).
El viernes 4 de marzo se desató una intensa balacera en el Bajo Flores sin que se hayan podido desentrañar los motivos. Un grupo de civiles armados asesinó a Fernando David González de 21 años e hirió de gravedad a Miriam Villa, quien murió en el hospital casi un mes más tarde (el 3 de abril). Miriam había protagonizado una larga lucha en procura de justicia por el asesinato de su hijo Ariel (de 19 años), en septiembre de 2014. El episodio tuvo lugar en la misma esquina donde a fines de enero la Gendarmería Nacional reprimió salvajemente a los integrantes de la murga “Los reyes del ritmo”. En una muestra de sensacionalismo e irresponsabilidad primero Télam y luego el diario Clarín vincularon ambos hechos; incluso insinuaron que desde la murga habían respondido el ataque con armas de fuego.
El 13 de marzo, en la ciudad costera de Miramar, agentes de la flamante Policía Comunal demoraron a Lautaro Blengio, militante LGBTIQ y presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media 1, que lleva el nombre de “Rodolfo Walsh”. Lautaro respondió exigiendo la identificación de los efectivos. Lo que recibió fue amenazas: “te voy a tirar en el vivero”,  le dijo uno de los uniformados al frente del operativo. Al día siguiente el joven fue secuestrado por los mismos policías, aunque esta vez no solo no portaban identificación, sino que tampoco vestían uniforme, ni conducían un patrullero. Arriba del vehículo lo encapucharon, lo golpearon y lo llevaron hasta el predio del vivero municipal, una zona apartada y de poca circulación. Allí lo torturaron, le apagaron cigarrillos encendidos en la piel, lo cortaron con una navaja, le hicieron una cruz en el pecho y hasta simularon un fusilamiento.
Lo que cada uno de estos hechos de violencia tiene en común es el avance de variados negocios rentísticos sobre las periferias urbanas y rurales. Territorios históricamente “en desuso” y por lo tanto reservados a la sobrevivencia de los pobres, están siendo colonizados por desarrollos inmobiliarios, empresas narcos y emprendimientos agroexportadores. Una dinámica que se mantuvo constante durante la última década, pero que desde el diez de diciembre pasado sus actores protagónicos disfrutan la apertura de una nueva fase más favorable a sus intereses.
Así como el ajuste en el Estado funciona como estímulo para que el sector privado ejecute una reducción de personal, el desmonte de las articulaciones institucionales que cuestionaban los abusos de las empresas y las maniobras para deslegitimar a las organizaciones sociales ofrecen un escenario inmejorable para que se desate el poder disciplinador de una represión cada vez más paraestatal y agresiva. En este contexto, las organizaciones populares temen por el futuro de sus proyectos comunitarios pero también por la vida de sus militantes expuestos a soldaditos narcos, barras bravas y fuerzas de seguridad.
Las pantallas de los principales medios de comunicación ventilan de manera selectiva y episódica algunas tramas corruptas de altas esferas, las que dependen de la utilización de instrumentos financieros para la fuga masiva de ganancias empresarias sin pagar impuestos, o el blanqueo de montañas de dinero provenientes de la criminalidad económica y el desvío de fondos estatales. Pero nada dicen de esta otra forma de delincuencia organizada que tiene el mismo origen y se derrama con total impunidad sobre los territorios. Poderes estatales claves son fagocitados por negocios que dependen, para su funcionamiento, de dispositivos represivos cada vez más difusos y desencajados. En la construcción de nuevas instituciones populares, complejas y versátiles, con una efectiva capacidad de intervención en este escenario marcado por la tercerización de los servicios represivos, no solo se juega el destino de las organizaciones sociales sino el de la propia democracia.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA ANULÓ EL FALLO ABSOLUTORIO, Y LA CAUSA POR EL ASESINATO DE ATAHUALPA SE REACTIVA

(Mensajero Digital).-
 




(ADN).- El Superior Tribunal de Justicia resolvió hoy hacer lugar al recurso interpuesto por el Fiscal de Cámara y anuló la sentencia definitiva de la Sala A de la Cámara en lo Criminal, que en su momento absolvió a los imputados por el crimen de Atahualpa Martínez Vinaya.

Ahora, se reenviará la causa al origen para que, con distinta integración, continúe con su sustanciación.

El fiscal de Cámara, Fabricio Brogna, había pedido condenas para Melisa Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo imputados por el asesinato del joven viedmense. Y cuando la Cámara resolvió absolverlos, tuvo fuertes críticas. Tanto, que interpuso el recurso de casación, que permitió la revisión del STJ.

Brogna aseguró que no se habían tenido en cuenta pruebas fundamentales, como el ADN de una campera manchada con sangre sucuestrada en la casa de uno de los imputados.

La resolución fue adoptada con el voto de los jueces Enrique Mansilla, Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Liliana Piccinini. Gustavo Guerra Labayén (subrogante) se abstuvo de emitir opinión “atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces”, como es habitual.

El STJ hizo un detallado repaso del recurso de casación interpuesto, sopesando la argumentación de la Fiscalía y de la Defensa, poniendo el acento en aspectos específicos del caso, como el allanamiento donde se obtiene una campera con manchas de sangre en la casa de uno de los imputados.

Luego de fundamentar su postura, para el máximo tribunal quedaron demostrados:

“Los fundamentos desacertados del juzgador al declarar la nulidad del allanamiento y de sus actos consecuentes; La contradicción en los postulados de la sentencia por entender dicha cuestión como esencial para posteriormente subestimar su relevancia; La omisión de todo análisis en lo vinculado con el señor Felipe Carrasco al ponderar el informe de laboratorio; La falta de valoración del vínculo entre el hallazgo de manchas de sangre con el tipo de agresión investigada; La ausencia de análisis de los indicios de mendacidad resultantes de las contradicciones de lo declarado por los imputados con el resto de la prueba mencionada, y La omisión de merituar acabadamente la capacidad de representación del testimonio de M.L.O., siendo este relevante”.

Luego agrega que: “Las conclusiones a las que arribamos se sitúan en los límites del análisis de legalidad del fallo a cargo de este Tribunal en su competencia casatoria, pues queda demostrada la notoria insuficiencia de fundamentos de la sentencia para la decisión desincriminatoria, dado que esta necesitaba agotar la representación de las posibilidades probatorias de la hipótesis de cargo para recién después entenderlas insuficientes, dando así acabado cumplimiento al art. 200 de la Constitución Provincial”.

“A la luz de estas premisas entendemos que, en el caso de autos, la absolución dictada ha derivado de una actividad jurisdiccional insatisfactoria que comienza por una equivocada anulación del allanamiento practicado en el domicilio de uno de los imputados y de los actos que de ese registro se derivaron (levantamiento de muestras hemáticas y secuestro de la campera que las contenía, más el peritaje de ADN), para luego realizar de manera insuficiente el examen de los elementos arrimados al proceso -entre ellos, la pericial forense realizada sobre la mancha de sangre y los testimonios capaces de sumar indicios”, concluyó el Superior Tribuna de Justicia. 

ESQUEL: DICTAN EL PROCESAMIENTO AL AGENTE QUE HIZO INTELIGENCIA ILEGAL CONTRA VECINOS DE NO A LA MINA

(No A La Mina).-

El Juzgado Federal de Esquel, informó que resolvió dictar el procesamiento del agente imputado por haber realizado actividades de inteligencia prohibidas por la Ley. La declaración del imputado complica al fiscal Rivarola que también podría ser procesado.
Fuente: Noticias de EsquelDictan el procesamiento del agente que hizo inteligencia ilegal contra vecinos del No a la Mina
La declaración del hasta ahora único imputado, complica al fiscal Fernando Rivarola, ya que este fiscal entre otras cosas sostuvo que no hubo más contacto con el agente, pero el imputado afirmó que Rivarola pidió su colaboración para poder identificar a las personas y sus movimientos. Resaltó que es el propio fiscal quien abrió la información informática y que en conjunto la observaron.
Observó que Rivarola informó que copiaría la información en su computadora, manifestó interés en su contenido y solicitó que continúe enviando información.
Además el juez advirtió una importante contradicción entre la versión que dio Rivarola en su declaración testimonial y el análisis pericial que se realizó sobre su computadora.
Dijo el acusado que Rivarola se mostró interesado y dispuesto a pasar la información a su computadora diciendo “lo bajamos, sí”, “esto ya, espere que yo me lo voy a copiar, y me lo voy a guardar en mí archivo”. Le dijo que “todo lo que usted me quiera pasar por mail como dato a nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o no”.
Se constató una llamada de Rivarola al celular del agente de inteligencia imputado , donde le hizo saber que si necesitaba algo de su trabajo tenía que pedirlo. “Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, yo le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial”. Dijo que Rivarola creó una carpeta en su computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. “Todos los documentos que copió en su computadora los abrió, los miro y decidió copiarlos".
“Me mandé un cagadón”
Con relación al archivo “ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA ANDINA.doc” dijo que Rivarola “lo abrió, lo vio e incluso dijo que le podía interesar”. Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo “me mandé un cagadón”. Primero le dijo que le habían sacado la información y después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le dijo que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a tener él.
Conocé en detalle que dijo el espía ilegal cuando fue a declarar.
Sorprendete con la intromisión en el expediente de empleados de la minera, que también habrían realizado tareas de inteligencia contra vecinos del No a la Mina.
Te lo contamos como a vos te gusta con nombre y apellido.
A continuación transcribimos parte de la resolución.
Esquel, 12 de abril de 2016.
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa N° FCR 12012/2015, del registro de esta Secretaría en lo Criminal y Correccional sobre la situación procesal de [Agente AFI], nacido el … en …, hijo de …, …, empleado, con domicilio en …, Chubut.
Y CONSIDERANDO:
I) El inicio de la investigación
1.a) El 31 de agosto de 2015 los Fiscales Generales de la Circunscripción Esquel del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, Fernando Rivarola, Alicia Fernanda Révori y María Bottini, concurrieron a este Juzgado Federal para realizar una denuncia penal en orden a la posible comisión de un delito previsto en el art. 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional nº 25.520 (fs. 1).
Ese mismo día se tomó declaración testimonial a Fernando Rivarola, en su condición de Coordinador del Sector de Investigaciones y Delitos Complejos de la Oficina Fiscal de Esquel (fs. 3/5).
En esta declaración explicó que el 28 de mayo de ese año por la mañana se presentó en la Oficina Fiscal de Esquel una persona que pidió hablar con los fiscales acerca de ese caso. Lo recibió en su oficina junto a la Fiscal Bottini, dada la sensibilidad del caso, tomando el recaudo de filmar la entrevista.
Relató que la persona se identificó como [Agente AFI], con credencial que acreditaba que integraba la Delegación Trelew de la Secretaría de Inteligencia (ya por ese entonces, denominada Agencia Federal de Inteligencia –de aquí en más AFI-). Dijo que hacía más de un año que venía trabajando con el grupo mapuche que estaba realizando tareas de recuperación territorial y quería aportar información que tenía en su carácter de agente de inteligencia, pidiendo reserva al respecto dada esa misma condición. La información estaba relacionada a la posibilidad de identificar a las personas que estaban dentro del predio, que era el objetivo que tenían los fiscales a cargo de la investigación. La información era tan variada y disímil que ofreció dejarla en formato digital, descargándola desde un disco externo en la computadora del Fiscal Rivarola, titulándola “Información Inteligencia”. La entrevista terminó en ese momento y no tuvo más contacto con el agente de inteligencia.
Rivarola continuó explicando que en junio se realizó la audiencia de apertura de la investigación, para lo cual la Defensora Pública Penal Paola Bagnato solicitó copia del legajo fiscal. Para ello, se digitalizó la prueba documental formalmente ingresada al legajo y se la puso a disposición de la defensora, que concurrió al día siguiente con un pendrive. Luego se advirtió que en esa transferencia de archivos informáticos quedaron incluidos los archivos aportados por el agente de inteligencia, no pudiendo recordar si esto fue por error o por pedido expreso de la defensora. A esta información hizo referencia tiempo después el Defensor Público Civil Fernando Radziwilowski, en la audiencia realizada el día 28 de agosto de 2015. Las Fiscales Révori y Bottini no pudieron responder al requerimiento del defensor en esa audiencia, debido a que desconocían el contenido de esa información en particular.
Cuando los fiscales advirtieron que en las redes sociales y en la prensa se mencionaba que esa información hacía alusión a tareas de inteligencia realizadas respecto de vecinos de Esquel vinculados con el movimiento “No a la Mina”, convocaron a la Defensora Penal Bagnato y labraron un acta dejando constancia de que esa documental no estaba agregada formalmente al legajo fiscal. En ese momento advirtieron que se trataba de la información aportada por el agente de inteligencia. Rivarola señaló que hasta entonces ninguno de los fiscales había podido procesar la información que les había dejado esta persona, agregando que resultaba de muy baja calidad a los fines procesales.
El denunciante aseguró que el viernes 28 de agosto a las 18.05 hs. se comunicó con el agente de inteligencia desde su teléfono celular oficial, y le manifestó que tomaría las medidas que estimara necesarias ante la existencia de la información referida.
1.b) A raíz de esta denuncia, el día 2 de septiembre la Fiscal Federal Subrogante Silvina Ávila requirió la instrucción de esta causa impulsando la realización de distintas medidas de prueba que serán reseñadas en el punto siguiente (fs. 7/11).
En esta presentación, analizó de manera pormenorizada la secuencia de la entrevista que quedó registrada en el video aportado por los denunciantes para delinear la plataforma fáctica de esta investigación.
Destacó que en esa entrevista el imputado manifestó que llevaba un año investigando e informó a Rivarola que participó constantemente en las actividades policiales que se llevaron adelante en el lugar de la ocupación. Así, Rivarola pidió su colaboración para poder identificar a las personas y sus movimientos.
Advirtió que durante la reunión el agente imputado relacionó el hecho con variadas situaciones, entre ellas, actividades de grupos políticos que brindan apoyo económico (MTR y Federación Universitaria Patagónica), extorsión a intendentes para conseguir dinero, financiamiento externo a organizaciones mapuches por parte del movimiento italiano “Ya Basta”, financiamiento para la radio Kalewche, situaciones de conflictividad mapuche marcadas en un mapa publicado en Facebook por una activista, etc.
También destacó que a pedido de Rivarola el agente de inteligencia aportó los datos de una mujer oriunda de Rosario.
Resaltó que es el propio fiscal quien abrió la información informática y que en conjunto la observaron a medida que el agente comentaba su contenido.
Observó que Rivarola informó que copiaría la información que estaban observando en su computadora, guardando los archivos bajo el número del legajo fiscal, manifestó interés en su contenido y solicitó que continúe enviando información.
1.c) Se constituyeron como querellantes particulares y solicitaron realizar distintas medidas de prueba Osvaldo Alberto González Salinas, Adolfo Alarcón y Gustavo Manuel Macayo (fs. 125/9 y 130). Luego, hicieron lo mismo Oscar Andrés Campos, Nora Rosalía Corvalán, Pablo Matías Galperín, Agustín Gigli, Ludmila Andrea La Manna, Cristian Oscar Maximiliano Masquijo, Corina Inés Milán, Laura Haydée Ortiz, Federico Ovidi, Pablo Fernando Quintana, María Fernanda Rojas, Flavio Romano, Emanuel Vera y Juan Alberto Zuoza (fs. 174/5 y 176).
Ahora bien, el peritaje informático determinó que el archivo “ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN LA ZONA DE LA COMARCA ANDINA.DOC” fue creado el 18 de marzo de 2015 a las 1:34 horas, es decir sólo cinco días después de que comenzara la ocupación territorial en la zona de Leleque. Aparece grabado por primera vez en la computadora del Fiscal Rivarola el jueves 28 de mayo de 2015 a las 12:59 hs. en la ubicación “LEGAJO 31829/COPIA DEFENSA/CALFUNAO VOCERO TOMA/RAM”, varias horas después de que el agente de inteligencia se entrevistara con los fiscales. Este archivo también fue grabado el domingo 30 de agosto de 2015 a las 11:19 horas en la otra ubicación “LEGAJO 31829/INFORMACIÓN INTELIGENCIA BRIGADA PUELO/CALFUNAO VOCERO TOMA”.
Rivarola manifestó interés en el aporte que podría brindar la Secretaría de Inteligencia para identificar y detectar el movimiento de personas vinculadas con el hecho:
También dijo que había “activistas políticos” en la ocupación. Rivarola preguntó a quiénes se refería y él ofreció enviar la información por mail, cosa que Rivarola aceptó diciendo “sí, sí, todo lo que tenga me lo manda por mail” (min 11:09).
Bottini preguntó por el financiamiento de la ocupación. A esto [Agente AFI] contestó que los ocupantes están “rentados” y que la organización italiana “Ya Basta” “gira dinero a los mapuches”, que hay líderes mapuches que consiguen dinero de manera extorsiva consiguiendo subsidios municipales para evitar conflictos y que la radio “Kalewche” de Esquel ha recibido remesas de dinero muy importantes sin explicación en publicidad (a partir de min 13:44).
Pasado este momento, mientras seguía revisando fotografías a medida que [Agente AFI] brindaba datos y explicaciones, Rivarola anunció “esto ya, espere que yo me lo voy a copiar, y me lo voy a guardar en mí archivo”. Aquí se aprecia que creó una carpeta con el número de legajo fiscal de la investigación, ya que tipió el número “31829” a medida que se lo dictaba Bottini (min 25:15). Según surge del video, en esta carpeta copió la carpeta del disco externo que estaban revisando con su contenido, ya que aguardó unos instantes y culminó diciendo “Calfunao vocero, ahí está” (min 25:27).
Luego dijo “ahora vuelvo al disco” y continuaron revisando su contenido.
Rivarola le dijo que “todo lo que usted me quiera pasar por mail como dato a nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o no” (min 53:08). Cuando se despidieron [Agente AFI] dijo que los visitaría una vez por mes, mientras Rivarola le decía que cuando venga le pase los datos que tenga para ir actualizando.
Daniel Martín Díaz Escobar, había realizado un comentario en Facebook –que fue aportado a esta instrucción por los querellantes a fs. 173- relativo a una nota periodística publicada en el sitio “Rawson Informa” el 6 de septiembre de 2015, en la cual se señaló que el integrante del movimiento “No a la Mina” Guillermo Vilanova aseguró que el Gobernador Martín Buzzi “nos mandó a espiar por los servicios de inteligencia”.
El testigo reconoció haber hecho ese comentario en la red social en el que publicó: “La investigación se hizo por Facebook y la hizo una persona que nada tiene que ver con el estado nacional la investigación fue pedida por los fiscales y a personas puntuales por eso los vecinos promineros no estamos en esas listas. Fuente confiable”.
Dijo que integra un grupo de personas que están a favor de la minería, querían saber si estaban en la lista de personas investigadas. Dijo que sólo investigaron a los que reclamaban por cuestiones indígenas, que no hubo seguimientos físicos sino que el fichaje se hizo a través de redes sociales. Esto se lo había contado su jefe Ricardo Lochocki. Le comentó que la investigación la hizo una persona que necesitaba plata de apellido Burgueño, a pedido de la fiscalía (fs. 204/6).
Ricardo Lochocki se presentó espontáneamente a declarar al día siguiente de que lo mencionara Díaz Escobar en su declaración testimonial. Dijo que Díaz Escobar le había preguntado “si los de la minera estaban en el fichaje”, pero él nunca le mencionó que Burgueño tuviera relación con ello. Había escuchado en “charlas de café”, “por lo que salía en los diarios” y lo que “se comentaba públicamente” que había sido Burgueño quien llevó la lista a tribunales. Dijo que no conoce a nadie de la AFI (fs. 213. Las publicaciones periodísticas a las que hizo referencia el testigo fueron incorporadas a fs. 214/27).
Eugenia Natalia Williams había compartido en Facebook el comentario realizado por Díaz Escobar. Dijo que le interesaba saber si ella u otras personas estaban siendo investigadas por su posición ante la mina. Dijo que no sabe a quién se refería Díaz Escobar en ese comentario, que si se lo había dicho no recordaba el nombre. No recordó qué otros comentarios se hicieron con motivo de esa publicación (fs. 254/vta).
Sergio Gustavo Kain también había comentado la publicación que realizó Díaz Escobar, preguntando si la situación estaba relacionada con el pedido de informes realizado por el Diputado Assef. Creyó recordar que Díaz Escobar le respondió que la investigación no tenía nada que ver con eso. Agregó que si bien no le dijo quién hizo la investigación, “ellos suponen que la Fiscalía sabe quién encomendó las tareas… en base a una interpretación por lo que salió publicado en el diario” (fs. 255/vta.).
1.f) Se requirió el listado de llamadas recibidas y emitidas el día 28 de agosto de 2015 registradas en el teléfono celular oficial del Fiscal Rivarola – … -. Se constató que ese día a las 18:05 hs. está registrada un llamado de siete minutos que el fiscal efectuó con uno de los teléfonos celulares del agente de inteligencia imputado – … – (fs. 153/5).
III) Declaración indagatoria del imputado
El 28 de diciembre de 2015 [Agente AFI] compareció a prestar declaración indagatoria en este juzgado. En esa oportunidad hizo uso de su derecho a negarse a declarar y solicitó que se le fije una nueva audiencia (fs. 308/10vta.) La segunda audiencia se realizó el día 2 de febrero de este año, ocasión en la que brindó la explicación que será reseñada en este punto (fs. 318/23vta.).
En las dos audiencias se le efectuó la siguiente imputación:
1) Que en su condición de agente de la Delegación Provincial de Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia obtuvo información, produjo inteligencia y almacenó datos sobre personas por el solo hecho de su adhesión o pertenencia a una organización social. Esa actividad prohibida por el art. 4º inc. 2) de la Ley de Inteligencia Nacional nº 25.520 fue realizada respecto de veintiseis (26) personas identificadas por apoyar o participar en la organización social “NO A LA MINA”, registrándolas en un archivo informático denominado “ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA ANDINA.doc” con nombre y apellido, fotografía y datos sobre sus actividades u ocupación. Las personas individualizadas son: Adolfo Alarcón, Osvaldo González Salinas, Humberto Kadomoto, Maximiliano Masquijo, Pablo Quintana, Flavio Romano, Luaguita Ruiz, Andrés Campos, Alejandra Cea, Alejandro Corbeletto, Pablo Galperín, Agustín Gigli, Gustavo Macayo, Santiago Malizzia, Corina Milan, Omar Orlando Ojeda, Federico Ovidi, Sheila Rios, Fernanda Rojas, Emanuel Vera, Juan Zouza, Moira Millán, Mauro Millán, Mariela Millán, Gabriel Horacio Colipi y Nora Corvalán. Esa actividad también fue realizada obteniendo fotografías de varias personas que concurrieron a la edición del programa “Casa Abierta” realizada en la localidad de Cholila el sábado 14 de marzo de 2015, portando una bandera con la consigna “No a la Mina” y una bandera “Wiphala” de los pueblos originarios, identificando a Darío Calfunao y a Cristina Danelón en dos de esas fotografías.
Le hizo saber que si necesitaba algo de su trabajo tenía que pedirlo. “Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, yo le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial”. Dijo que Rivarola creó una carpeta en su computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. “Todos los documentos que copió en su computadora los abrió, los miro y decidió copiarlos… si mal no recuerdo, me parece [que la carpeta] la tildó como ‘Inteligencia’…”. Las fotos que “yo había tomado de la toma” le servían para su investigación. También le podía servir la información para una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público realizada por el entonces Subcomisario Ale, a raíz de que no se había detenido a Jones Huala.
Dijo que él le quiso dar a Rivarola “las fotografías que eran de interés para él, que le podían servir”, le aclaró que “si le interesaban las podía pedir oficialmente y se las mandaban”. Rivarola también le dijo “qué otra cosa más hay”, “era todo material extraído de redes sociales, medios masivos de comunicación, de radios, declaraciones públicas” sobre “cuestiones que iban aconteciendo” para hacer informes. Dijo que “no había información secreta ni nada por el estilo”, que la información que le dio a Rivarola no es clasificada, el manejo de ese tipo de información no es de su menester.
Con relación al archivo “ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA ANDINA.doc” dijo que Rivarola “lo abrió, lo vio e incluso dijo que le podía interesar”. En ese momento, él se dio cuenta que se le había “traspapelado”, “pero como me dijo que le podía interesar se lo dejé que lo copie”. Este archivo estaba en la carpeta “RAM”, que reconoció como suya, pero dijo que el archivo “no tenía nada que ver con el tema”.
Agregó que él no confeccionó ese archivo, sino que había circulado en “redes sociales” tiempo atrás con motivo a un conflicto suscitado entre la UOCRA y sectores anti mineros. Ignoraba que todavía estuviera en su computadora. Estimó que el archivo debió haber sido creado en 2014. “Yo no lo levanté, llegó a mi computadora porque fue visto en la delegación, estaba dentro del marco social conflictivo de esa época, entre estos sectores había escraches mutuos”.
Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo “me mandé un cagadón”. Primero le dijo que le habían sacado la información y después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le dijo que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a tener él. Le hizo referencia al archivo de activistas anti mineros, él le dijo que no sabía ni de donde había salido. Rivarola le dijo que tenía que hacer una denuncia. Después no tuvo más contacto con él.
IV) Responsabilidad penal del imputado:
El análisis jurídico de la imputación que se ha realizado al agente de inteligencia debe ser contextualizado en determinados lineamientos del sistema de inteligencia nacional se resalta que la “inteligencia nacional debe ser