(Red Eco).-
Una resolución del Ministerio de Defensa,
publicada en el boletín oficial el pasado viernes, habilita a las
Fuerzas Armadas a realizar tareas que se encontraban prohibidas.
La resolución 154-E/2017 deroga a la 1020/2009 que había sido firmada
por la ministra de Defensa y luego Seguridad durante el kichnerismo,
Nilda Garré. Los cambios introducidos habilitan a las Fuerzas Armadas a
realizar tareas de inteligencia interior, vedadas por las leyes de
Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
Los nuevos principios autorizan al personal militar a hacer “informes
socio ambientales”, por organismos de personal de cada una de las
Fuerzas Armadas, sin ponerles límite alguno, ampliando así las
posibilidades de realización de tareas de inteligencia ilegales.
La resolución derogada, en el principio de actuación 6, contenido en
el artículo 1°, no permitía la realización de tareas de inteligencia o
contrainteligencia vinculadas con “hechos delictivos violentos
flagrantes contra la jurisdicción militar”.
Para habilitar el espionaje interno el gobierno invocó la necesidad
de “garantizar la integridad de los establecimientos militares”, que
exigiría un “inmediato rediseño de los sistemas de seguridad de las
Fuerzas Armadas”, con “nuevos criterios para minimizar y contrarrestar
hechos delictivos”.
Tal como menciona la nueva resolución se aprueban nuevos “principios
para ser aplicados ante hechos delictivos contra la Zona Militar”,
concepto que reemplaza a “jurisdicción militar” y retrotrae a la
división en zonas, subzonas, áreas y sub-áreas importado de los
militares franceses durante la dictadura.
El ingeniero Julio César Martínez ordenó además que se equipe y
capacite a los uniformados en el “principio de progresividad en el uso
de la fuerza”, contrario a la esencia de la formación militar.
La norma habilita a los jefes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea a
“adoptar las medidas conducentes para brindar acompañamiento jurídico,
patrocinio y/o la representación en juicio de todo personal que,
cumpliendo con sus obligaciones en un acto de servicios regulado en la
resolución, enfrente por ello un proceso judicial y administrativo”.
Otra diferencia con la resolución de 2009 es que habilita “el uso de
la fuerza necesaria, proporcionada y razonable” para rechazar la
comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar, ya no para
“rechazar la comisión de todo delito violento flagrante”, sino flagrante
a secas, es decir cualquier delito menor que se impute a cualquier
persona que pise un cuartel. Asimismo, se debe “orientar a las Fuerzas
Armadas” a establecer criterios comunes en materia de “organización,
prevención, coordinación, reacción, neutralización y restablecimiento
del orden en la zona militar”.
Por lo tanto, queda expreso que se obligaría a los militares a hacer
uso de la fuerza en circunstancias en las que ese uso no corresponde.
Publicado el Jueves 2 de Marzo de 2017.
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