(ANRed).-En Tucumán crece la preocupación por el aumento de
casos de gatillo fácil registrados en la provincia, cifra recrudecida
hoy con el asesinato de un niño de apenas 11 años. Desde Abogados y
Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales
(andhes) se manifestó preocupación por el aumento de casos de gatillo
fácil y violencia institucional registrados en la provincia y que se
enmarcarían en la "doctrina Chocobar" impulsada recientemente por el
gobierno nacional.
Por andhes.
Desde andhes aseguraron que la muerte de un
niño de 11 años, asesinado de un disparo en la nuca, es el corolario de
un comienzo de año violento y en el cual el Estado parece haber
legitimado a sus fuerzas de seguridad para realizar ejecuciones
extrajudiciales y usar sus armas con mayor liviandad.
"A la muerte del niño hay que sumarle los casos de Víctor Robles
asesinado por un policía de civil en Av. Kirchner al 1900; el de Ángel
Alexis Noguera asesinado de un disparo con bala de goma en la cabeza en
un procedimiento policial realizado en la casa de la víctima; el caso
del comisario Pineda que ingresó al domicilio de un supuesto asaltante,
le disparó y luego falseó el procedimiento y el caso de Maximiliano
Ariel Tapia, quien perdió una pierna producto de un disparo realizado
por personal policial en Las Talitas" explicó Ana Laura Lobo Stegmayer,
Directora Ejecutiva de la ONG.
Por su parte, Matías Lorenzo Pisarello, coordinador del área de
Seguridad y Derechos Humanos expresó que "el Estado no puede seguir
legitimando el uso abusivo e indiscriminado de violencia por parte de
las fuerzas de seguridad con la excusa de brindar una solución a las
diferentes conflictividades sociales. Las actuales políticas públicas en
materia de seguridad se rigen por acciones meramente reactivas frente a
los hechos consumados, dejando de lado todo tipo de acción destinada a
garantizar la verdadera seguridad, la que garantiza el pleno empleo, la
educación, la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la
sociedad en general".
Finalmente, Florencia Vallino, coordinadora del área Derechos de
Niñez y Adolescencia, explicó que "el uso de la fuerza otorgado a la
policía debe ajustarse al marco normativo democrático y de derechos
humanos, respetando estándares de racionalidad, proporcionalidad y
legalidad. En caso de niños y niñas, el Estado tiene una obligación
reforzada en la garantía y protección de sus derechos, existiendo
incluso protocolos de actuación específicos para casos de niños, niñas y
adolescentes en conflicto con la ley. Este hecho resulta inaceptable y
sólo se explica en el marco de un contexto de aumento de la
criminalización de las infancias y legitimación del gatillo fácil".
Editoriales ANP
