(Red Eco).-
Una vez más las fuerzas de seguridad / represivas
del Estado persiguen, hieren, torturan y matan a integrantes de
comunidades originarias. El asesinato de Rafael Nahuel ocurrió el mismo
día en que se velaban los restos de Santiago Maldonado. La reacción del
gobierno nacional fue similar, intentar transformar un reclamo legítimo y
ancestral en un “enemigo interno” y justificar y defender la violencia
de las fuerzas. Red Eco Alternativo.
(Red
Eco) Argentina – El jueves 23 de noviembre se produjo un violento
desalojo de integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu que desde hacía
varios días habían recuperado una porción de tierra ancestral sobre la
ladera de un cerro ubicado frente al Lago Mascardi, a 35 kilómetros de
Bariloche, que hoy forma parte del Parque Nacional Nahuel Huapi,
organismo que realizó una denuncia contra la comunidad.
Ante la
inminencia del operativo de desalojo, los miembros de la comunidad
habían comenzado a esconder sus pertenencias en el propio cerro, desde
donde escucharon los disparos y gritos. Fueron alcanzados por agentes de
la Policía Federal. Hubo heridos y detenidos, muchos de ellos menores
de edad.
El sábado 25, agentes del Grupo Albatros de Prefectura
volvieron al lugar y atacaron a mapuche que habían permanecido
resguardados en el cerro. Una de las balas de 9 milímetros que tiraron
ingresó por el glúteo de Rafael Nahuel y se alojó en su tórax. Esto
prueba que el joven estaba agachado al momento de ser agredido por la
espalda. Luego la autopsia determinaría que el disparo atravesó órganos
vitales, ocasionando una hemorragia interna en el cuerpo de Nahuel, que
fue trasladado aún con vida por Fausto Jones Huela y Lautaro González,
pero fueron interceptados y detenidos por los efectivos. Hoy continúan
presos, fueron torturados, se encuentran mal de salud y llevan adelante
una huelga de hambre seca.
Rafael había ido a la recuperación del
territorio para acompañar a familiares. “No tenía militancia mapuche
reconocida, pero en la búsqueda de un proyecto de vida cerca de la
naturaleza y el bosque, que lo sacara de una realidad agobiante,
encontró la muerte a manos de la Prefectura y la Gendarmería. (…) Sus
familiares directos son autoridades del pueblo ancestral mapuche”,
escribió Alejandro Palmas del equipo de Comunicación Popular Colectivo
al Margen, al recordar a su compañero.
Versión de seguridad
Como
ya ocurrió en otros casos similares, el Estado dibujó rápidamente su
relato de los hechos, que la mayoría de los medios tradicionales se
encargó de difundir. A través de un comunicado del equipo de prensa del
Ministerio de Seguridad de la Nación se indicó que “4 efectivos de la
Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, cumpliendo con la
orden judicial del juez federal Gustavo Villanueva, continuó con
rastrillajes en la zona de Villa Mascardi con el objeto de recabar
información e identificar a las personas prófugas luego del desalojo
realizado el día jueves sobre los terrenos tomados por el RAM. (…)
Llegaron a una barricada donde lograron ver entre 15 y 20 personas. En
ese momento, dos de los Albatros quedaron en estado de alerta,
escondidos, mientras que los otros dos bajaron hasta una antena, 150
metros abajo, para comunicarse con dos efectivos que se encontraban a
300 metros de la Ruta 40. Los dos miembros de Prefectura que quedaron en
el lugar escucharon gritos que aparentaban ser gritos de guerra y
observaron el desplazamiento de un grupo de entre 15 y 20 personas
encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con
lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos. Además, otros portaban
armas blancas, por lo que la patrulla de Prefectura esperó escondida
entre la vegetación para evitar ser descubiertos. (…) El grupo comenzó
una agresión contra los Albatros con piedras, boleadoras y lanzas. Uno
de los efectivos, cumpliendo con las normas legales y de uso racional de
la fuerza, repelió el ataque con un arma no letal con munición no letal
de pintura con motivo de hacer cesar la actitud violenta del grupo en
cuestión y de hacerlos retroceder. (…) Inmediatamente se escucharon
gritos por parte del grupo de encapuchados, que decían ‘los vamos a
matar, son pocos, son cuatro’ y, acto seguido, los efectivos escucharon
fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más
personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las
efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre. Además, se dieron
cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de
cuajo. A continuación, el grupo de personas comenzó a avanzar utilizando
movimientos tácticos militares y adoptando una formación de emboscada
envolvente sobre los cuatro efectivos, lo que demostraba la preparación
militarizada del grupo, que sumada a las máscaras de gas, daban la
impresión de un grupo preparado para un evento violento. (…) Frente a la
situación y frente a los disparos de armas de fuego por parte del grupo
violento, inmediatamente comenzaron a replegarse hacia abajo,
cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección
hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes, ya que no se
podía visualizar más a aquellos hombres que se encontraban disparando
con armas de fuego. (…) El Ministerio de Seguridad, a través de la
Prefectura Naval, bajo las órdenes operativas de la Secretaría de
Seguridad de la Nación, lamenta lo sucedido pero considera que, en esta
oportunidad, no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación
sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la
democracia y el Estado de Derecho, y deposita la confianza en la
investigación judicial para demostrar que actuó bajo todas las medidas
operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado”.
Lo indefendible
“La
muerte se produjo mientras se velaba el cuerpo de Santiago Maldonado,
muerto en el marco de otro operativo represivo a la comunidad mapuche en
Cushamen, Chubut. Es decir, a pesar de la muerte de Santiago, el
gobierno no sólo no ha asumido su responsabilidad en el hecho sino que
continúa insistiendo y profundizando la política de criminalización de
la protesta y de los pueblos originarios en lucha por sus tierras
ancestrales. (…) El resguardo de la vida de las personas debe ser una
obligación de primer grado del Estado y de cualquier gobierno
democrático como así también el pleno cumplimiento de la Constitución
Nacional que garantiza el derecho a la tierra de los pueblos
originarios. Este último hecho es más grave aún en tanto el territorio
recuperado por la comunidad es de propiedad estatal siendo parte del
Parque Nacional Nahuel Huapi, es decir es el gobierno quien ha decido
criminalizar el reclamo como única medida de resolución del conflicto
acudiendo a la Justicia para activar los dispositivos represivos”,
manifestaron desde la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos
Aires.
Esto se pudo ver en la conferencia
de prensa que el lunes realizaron en Casa de Gobierno los ministros de
Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano. Siguieron
la misma línea ya planteada en el comunicado de la cartera de Seguridad,
afirmaron que el gobierno no dialogará “con grupos violentos que violan
la ley”: “Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente
enmarcada en la ley frente una acción ilegal, violenta e inaceptable
para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”, afirmó
Bullrich. “Nosotros le damos, a la versión de la Prefectura naval, el
carácter de verdad”, agregó.
Previamente, la vicepresidente
Gabriela Michetti había declarado en un estudio de televisión: “El
beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad".
Reacciones
Las declaraciones de los funcionarios de Cambiemos fueron repudiadas por numerosos organismos de Derechos Humanos.
“Con
profunda indignación, con la memoria revuelta de imágenes y palabras
que recuerdan el horror del terrorismo de estado dictatorial, y con la
sangre de nuestrxs pibes y pibas asesinadxs durante gobiernos
constitucionales en nuestras venas, repudiamos las declaraciones
fascistas del gobierno nacional ante el fusilamiento de Rafael Nahuel
Colhuan -de 22 años- en manos de la Prefectura el sábado 25 de noviembre
en Villa Mascardi – aseveraron desde la Asociación de Ex -Detenidos
Desaparecidos – (…). Con una larga experiencia en denunciar la violencia
del estado, le decimos a Michetti que NUNCA DUDAREMOS DE LA
RESPONSABILIDAD CRIMINAL de las fuerzas represivas (…). Repudiamos y
rechazamos taxativamente las declaraciones de los ministros, denunciamos
que están intentando instalar una teoría que se encuadra en la
demonización del pueblo mapuche y la construcción de un "enemigo
interno" que deben "separar" del resto de la sociedad. El hostigamiento,
la estigmatización y la persecución de un grupo humano con determinadas
características consideradas como "peligrosas" para el resto de la
sociedad, son la base con la que los Estados configuraron sus prácticas
genocidas en distintos momentos de nuestra historia. Repudiamos las
leyes antiterroristas -que venimos denunciando desde hace una década-, y
exigimos su inmediata derogación”.
Apenas se conoció la
información de la represión en la Lof Lafken Winkul Mapu y la
confirmación luego de la muerte de Rafael Nahuel comenzaron a convocarse
movilizaciones en todo el país. El domingo 26 hubo una importante
manifestación en Plaza de Mayo, mientras que el lunes 27 se realizó una
marcha en las calles de la capital cordobesa que fue amedrentada por la
policía local. “¿Cuál es la respuesta del Estado frente a la protesta
social tras haber asesinado por la espalda a un luchador mapuche? Sacar a
pasear su camión hidrante. Buscan amedrentar a la población, sembrar el
terror”, denunciaron desde Mucho Palo Noticias. Hubo seis manifestantes
detenidos, trasladados a la Comisaría Décima y liberados recién al día
siguiente.
A su vez, trabajadores de Parques Nacionales repudiaron
el asesinato de Rafael y dijeron que no puede haber áreas protegidas
sin las comunidades. A través de un comunicado, elaborado en asamblea,
reconocieron la "historia oscura" de este organismo en cuanto al
avasallamiento y expulsión de los habitantes preexistentes: "No hay
conservación de la biodiversidad posible en territorios regados de
sangre"
En tanto, ingresó en el Senado de la Nación un pedido de
informes, por parte de la legisladora Magdalena Odarda, presidenta de la
Comisión Especial de Pueblos Indígenas de la Cámara Alta, en el que se
solicita que los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos
Humanos brinden un informe exhaustivo respecto de las condiciones en que
se produjeron los hechos que derivaron en la muerte de Nahuel. También
se piden informes respecto de la detención de niños, de entre 1 a 10
años de edad, que fueron alojados en la comisaría federal de Bariloche
en el marco del desalojo a la comunidad.
Diálogo de mesa
Este
martes se dio inicio a una mesa de diálogo (*) solicitada por el Lof
Lafken Winkul Mapu, junto a comunidades autoconvocadas del Pueblo
Mapuche y el Obispado de San Carlos de Bariloche. Participaron además
representantes designados del Lof y las comunidades, del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo
Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTA de Río Negro,
entre otros.
Entre los puntos tratados, el Lof y las comunidades
afirmaron que mantendrán el control territorial del área, manifestaron
que es necesario tratar que se retire la denuncia de Parques Nacionales
contra la comunidad a fin de que sea posible una resolución de la
situación, que se desmilitarice urgentemente la zona, que se garantice
la seguridad de las personas que ingresan y egresan del lugar con el fin
de proveer de alimentos y abrigo a quienes allí se encuentran, y que se
frene la imputación y criminalización de los detenidos que acompañaron
a Nahuel hasta la ruta.
Se solicitó la presencia en próximos
encuentros de representantes del Directorio de Parques Nacionales y de
los organismos nacionales y provinciales con competencia en temática de
niños, niñas y adolescentes.
Desde el INAI se ofreció ir a ver a
los detenidos y revisar sus condiciones de detención. También
participará una comisión que se constituirá con dirigentes sociales y de
derechos humanos y se solicitará que se permita la visita de la machi y
el ingreso del lawen. Este miércoles 29, habrá una nueva reunión de la
mesa.
Mientras tanto, la lof mantiene su resistencia y el pedido
de justicia para Rafael Nahuel, Fausto Jones Huela y Lautaro González
continúan detenidos en pésimas condiciones y el gobierno nacional repite
una y otra vez, con la ayuda de sus medios, la amenaza de un supuesto
“enemigo interno” que – según creen – les alcanza para justificar un
nuevo capítulo de violencia contra las comunidades originarias que
habitan ancestralmente estas tierras.
Editoriales ANP
