BOLSON DICE NO A LA CENTRAL NUCLEAR.

El Bolsón (ANPP).-

PERPETUA A EX JUECES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

El Bolsón (APL).-

Condenaron a perpetua a 4 ex jueces federales por delitos de lesa humanidad

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Esta tarde se conoció el veredicto en el juicio a los jueces en Mendoza. Los ex jueces Otilio Romano, Rolando Carrizo, Luis Miret y Guillermo Petra, fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Además, hubo otras 8 perpetuas- 12 en total-, varias a penas intermedias y 5 acusados quedaron en libertad. Radio La Retaguardia realizó una transmisión especial donde se escucharon testimonios de referentes de organismos de derechos humanos. (Por La Retaguardia)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, dio a conocer el veredicto que condenó a prisión perpetua a 4 ex jueces federales por “crímenes de lesa humanidad y por ello imprescriptibles cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio”, según relató la secretaria que leyó el texto.

Fueron 12 condenas a prisión perpetua para: Rolando Evaristo Carrizo Elst, Luis Francisco Miret Clapés, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano Ruiz –todos ellos ex jueces federales-, Alcides Paris Francisca Beccaria, Paulino Enrique Furió Etcheverri, Pablo José Gutierrez Araya, Amando Osvaldo Fernández Miranda, José Antonio Fuertes Fernández, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Miguel Ángel Tello Amaya y Carlos Horacio Tragant Garay.

Fueron condenados a 20 años: Rubén Darío González Camargo, Julio Héctor La Paz Calderón, Dardo Migno Pipaon –estos tres incluyen delitos de violación y abuso sexual- y Ramón Ángel Puebla.

A 18 años, Marcelo Rolando Moroy Suárez.

Por su parte recibiero 15 años, Mario Alfredo Laporta Chielli y Diego Fernando Morales Pastrán y 10 años, Ricardo Benjamín Miranda Genaro. Las penas más bajas fueron a 6 años, para Oscar Alberto Bianchi Bartell y Pedro Modesto Linares Pereyra. A 5 años, Armando Hipólito Guevara Manrique.

Por otro lado, varios acusados se volvieron para sus casas, en algunos casos porque fueron condenados a 3 años de prisión condicional, Antonio Indalecio Garro Rodríguez y José Antonio Lorenzo Constantino, o el caso de Héctor Rubén Camargo Granda, Miguel Ángel Ponce Carrera y Juan Carlos Ponce Ochoa fueron absueltos.

El juicio que condenó a ex jueces federales cómplices y partícipes del Terrorismo de Estado comenzó el 17 de febrero de 2014. Se trata de jueces que actuaron durante la dictadura militar, pero que también tuvieron una participación activa luego del retorno de la democracia para retrasar los juicios, demorarlos y garantizar así la impunidad a los genocidas.

APDH

MEDH

A pesar de las condenas condicionales y las absoluciones, la importancia de esta sentencia a 4 de los jueces federales que participaron de los crímenes de lesa humanidad y encubrieron a los genocidas es que se da en el marco de un contexto político que pretende la reconciliación con los represores y con una Corte Suprema que quiere imponer impunidad a través de la sanción del 2×1. “Es un mensaje de que podemos seguir luchando por la justicia y podemos seguir avanzando sobre la complicidad civil”, había dicho Salinas antes del veredicto. El de hoy fue un día histórico, porque los ex jueces fueron condenados. Lo que queda por delante hoy parece imposible: avanzar sobre la complicidad civil. De todos modos, imposible es una palabra que en el idioma de los sobrevivientes e integrantes de organismos de derechos humanos, parece no existir.

PEDIDO DE REGLAMENTACIÓN DE LEY SOBRE USO MEDICINAL DEL CANNABIS.

El Bolsón (APL).-

ANTE LA DESIDIA DEL PODER EJECUTIVO RESPECTO DE LA SALUD SOCIAL

Organizaciones de derechos humanos reclaman a Macri la urgente reglamentación de la Ley sobre Uso Medicinal del Cannabis

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(APL) “La desidia redunda en una afectación, muchas veces irreversible, de los derechos a la salud y bienestar de la población que precisa acceder a la sustancia con fines médico-terapéuticos; entre ellos niños/as con graves patologías y dolencias pasibles de ser tratadas mediante el cannabis. Asimismo mantiene vigente la desprotección, clandestinidad y riesgo de criminalización de las personas usuarias que necesitan o eligen acceder a la sustancia en su estado natural, mediante la técnica de autocultivo personal, solidario o colectivo. En tal sentido, se hace imperiosa la reglamentación del Artículo 8º de la ley en cuestión, brindando criterios objetivos de autorización con el fin de garantizar la libertad y autodeterminación de las personas que hoy en día son pasibles de ser criminalizadas con penas absolutamente desproporcionadas”. Así lo afirman en su demanda al Poder Ejecutivo una diversidad de organizaciones de DDHH y sociales, cuyo comunicado completo publicamos más abajo

Organizaciones de derechos humanos reclaman al Poder Ejecutivo Nacional la urgente reglamentación de la Ley 27.350 sobre Uso Medicinal del Cannabis

Las organizaciones firmantes manifestamos preocupación por la demora del Poder Ejecutivo Nacional en reglamentar la ley Nº 27.350, sobre “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.

PEN

Dicho plazo se ha vencido el día 17 de junio próximo pasado y al día de la fecha no se cuenta con información pública alguna respecto de los avances en la reglamentación, los motivos institucionales de la demora en su aprobación y/o los tiempos que ello demandará.

La desidia redunda en una afectación, muchas veces irreversible, de los derechos a la salud y bienestar de la población que precisa acceder a la sustancia con fines médico-terapéuticos; entre ellos niños/as con graves patologías y dolencias pasibles de ser tratadas mediante el cannabis.

Asimismo mantiene vigente la desprotección, clandestinidad y riesgo de criminalización de las personas usuarias que necesitan o eligen acceder a la sustancia en su estado natural, mediante la técnica de autocultivo personal, solidario o colectivo. En tal sentido, se hace imperiosa la reglamentación del Artículo 8º de la ley en cuestión, brindando criterios objetivos de autorización con el fin de garantizar la libertad y autodeterminación de las personas que hoy en día son pasibles de ser criminalizadas con penas absolutamente desproporcionadas.

El Estado debería ofrecer acompañamiento institucional a tales usuarios, otorgándoles la posibilidad de contar con el apoyo y asesoramiento de los organismos públicos pertinentes respecto de sus cultivos domésticos y brindarles asistencia en relación a los usos aconsejables de la sustancia, mediante la implementación de protocolos sanitarios y abordajes basados en la reducción de daños.

La demora en la puesta en vigencia de la reglamentación, favorece también al crecimiento sostenido de un mercado ilegal y oportunista de sustancias desprovistas de control institucional alguno en su calidad, componentes y trazabilidad. Tales sustancias generalmente son ofrecidas a personas sufrientes y desesperadas en obtener alguna vía de acceso al cannabis que alivie sus padecimientos, motivo de la ausencia de vías de acceso garantizadas por el Estado. La ausencia de regulación estatal, favorece a un incipiente negocio en manos de quienes lucran con el dolor y la desesperación de tales personas.

ANMAT

Por todo lo expuesto, instamos al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar de forma urgente la Ley Nº 27.350, haciendo parte a la sociedad civil en el proceso, contemplando sus demandas y lo exigido por el Congreso Nacional al respecto de plazos y contenidos que deberá contener la normativa complementaria para garantizar los derechos de las personas usuarias de cannabis con fines medicinales y terapéuticos.

24 de julio de 2017

Agencia para la Libertad – Periodismo de Intervención Social/ Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)/ Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFaD)/ Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)/ Asociación Pensamiento Penal (APP)/ Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)/ Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV)/ Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)/ Enclaves Asociación Civil – Salud Mental y Derechos Humanos/ Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

EDITORIAL: LA LÓGICA DE LA INEFICIENCIA COMO PRELUDIO Y ESTRATEGIA

El Bolsón (ANPP).-La ineficiencia como preludio y estrategia.

La lógica de la ineficiencia, la misma que llevó a las masivas privatizaciones de servicios públicos de los 90. La inificeincia de la educación pública, de los servicios por ejemplo. En el Bolsón, hace un tiempo se vienen sucediendo masivos cortes de luz, que denotan la falta de inversión y mantenimiento de la empresa que da el servicio de energía eléctrica a la mayor parte de la provincia de Río Negro. Edersa es una empresa privada, y obviamente la intención no es defender su desempeño. Lo lamentable ante este mal funcionamiento es la respuesta de los políticos, que ofrecen como solución más acertada para este problema que Pampa Energía, es decir Joe Lewis, nos brinde el servicio  desde su central eléctrica, es decir, que la empresa privada de la cual Lewis es dueño sea quien nos venda la energía. Energía que se  genera con el curso de los ríos que son de todos/as, de tierras que fueron fraudulentamente vendidas al magnate multimillonario, y de las cuales hace usufructo sin que nada ni nadie se lo impida.

Mas allá de este hecho local y particular, la idea es mostrar como esta misma forma de proceder, esta "lógica de la ineficiencia", es la que se aplica en todos los ámbitos para que se sigan llenando los bolsillos unos pocos y su séquito de mercenarios, que reciben las migajas, a costa del hambre, el despojo y el saqueo de todos y todas.

La batalla cultural de insertar estas lógicas en el pueblo, se ganan con los medios de comunicación y con mantener un pueblo sumido en la ignorancia, en el desinterés y la lógica individualista. En eso, seguramente los medios comunitarios, populares y alternativos tenemos que decir que somos parte de quienes están perdiendo esa batalla. No sólo hace falta volver a instalar ciertos temas en la sociedad, sino lidiar con un pueblo analfabeto políticamente, lo que  implica desarmar un entramado de imaginarios, postulados por los grandes intereses económicos, que sostienen que lo político es siempre partidario, como modo de responsabilizar a un grupo o partido por este o aquel hecho, negando la posibilidad de la continuidad de los procesos, como si algo dejara de existir o cambiase automáticamente. Eso lleva por ejemplo a que cuando se quiere instalar el discurso de que “todo es ineficiente”, cala profundo e incluso incita a sectores reaccionarios a movilizarse por ello. Es decir, a movilizarse por lo que les afecta individualmente en su confort cotidiano, y no por políticas que nos afectan a todos y a todas, que van a tener y ya tienen consecuencias nefastas para el bien común.

Mientras tanto, aumenta la nafta, la comida, los impuestos, cierran fábricas, miles de trabajadores/as en la calle, cada vez más comedores y merenderos porque hay hambre. Pero la lógica del gobierno de los medios hegemónicos y de las corporaciones es que no se hable de eso, y sí se hable de los pibes chorros, de los subversivos de izquierda y mapuches, y de los corruptos kirchneristas. Parece mentira y se cae de maduro, pero evidentemente esta batalla cultural la vienen ganando. La vienen ganando a fuerza de mucho dinero, de mucho discurso en pantalla de televisión, de mucho desinterés e ignorancia. Seguramente, mucha gente se pondrá en contra de este gobierno a fuerza de bolsillos vacíos, pero sino cambiamos la lógica de pensamiento, vendrá otro que promete un cambio y le creerán. La cuestión, como siempre, más allá del candidato es generar nuestra propia cultura de pensamiento, que si bien existe, es minoritaria. El desafío entonces es y sigue siendo batallar. El desafío es que esa lucha no sea la resistencia de subsistencia de unos pocos y se convierta en poder popular. No hay un sólo camino, y el panaroma no es muy esperanzador, pero la única que nos queda es seguir desarmando la trama de mentiras, en cada lugar, en cada espacio.

CERCADOS POR CLARIN, CABLEVISION Y TELECOM.

El Bolsón (ANPP).-
Informativo Federal de ARBIA
Panorama Federal


Por el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe

En el año 2007 Cablevisión compró a Multicanal y se quedó con casi la mi-tad de la oferta de tv por cable en Argentina. Luego, no aceptó adecuarse a lo que disponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de 2009, que ponía un tope al porcentaje de propiedad de licencias y presencia en el mercado, para evitar los monopolios de medios. 
En enero de 2016, el Grupo Clarín SA adquirió la empresa telefónica Nex-tel, la cuarta operadora de telefonía móvil del país. 
Luego, en agosto de 2016, el Grupo Clarín SA anunció que había decidido dividir la sociedad en dos grupos. Al primero lo denominó Cablevisión Holding SA (CVH) y éste opera Cablevisión, Fibertel y Nextel. La otra sociedad seguía siendo el Grupo Clarín SA, que conservó los medios periodísticos y de producción de contenidos, ello incluye AGEA (diarios Clarín, Olé, La Razón, La Voz del Interior, Día a Día y Los Andes; revistas Viva, Genios, Rumbos, etc.), Artear (Canal 13, Todo Noticias (TN), Canal 12 de Córdoba y muchas otras señales de tv por aire), IESA (TyC Sports), Radio Mitre y gran cantidad de radios AM e innumerables ra-dios en FM, como la 100 vos, Compañía de medios digitales (realizadora de con-tenidos en la Web), entre otras empresas de propiedad total o parcial del grupo como por ejemplo, la agencia de noticias Diarios y Noticias (DyN), o productoras de contenidos (Pol-ka Producciones, Ideas del Sur y Patagonik Film Group). Tam-bién son dueños de un importante porcentaje de la productora de insumos gráficos como Papel Prensa.
En julio de este año 2017, se anuncia la fusión de Telecom con Cablevi-sión Holding SA.
Lo que trae que ahora en telefonía móvil Nextel se subsumirá con Personal, de Telecom. A su vez, en lo que hace al proveedor de Internet Arnet, se sumará a la que era su competencia Fibertel.
Telecom es el tercer operador, con un 31% de las líneas telefónicas en el país, a las que se le suman las líneas que aporta Nextel, la fusión dará a la em-presa un uso del espectro de casi el doble de lo permitido.
La nueva compañía fusionada, entre Telecom y Cablevisión, tendrá un 40% del mercado de TV paga; un 68% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; un 39,5% de la banda ancha móvil; un 42 % de la telefonía fija y un 35% de la conectividad móvil (celulares).
Asimismo, gran parte de la concentración lograda surge también del Decre-to de Necesidad y Urgencia 267/15 que dictó el gobierno de Mauricio Macri, por el que derogó parcialmente la Ley de Servicios Públicos 26.522 y en consecuencia, en este momento, no hay tope la cantidad de las licencias para dar tv cable, ni de señales audiovisuales.
La nueva empresa se quedaría con gran parte del mercado convergente que se conoce como “cuádruple play”. Este paquete comercial comprende cuatro servicios de telecomunicaciones: las llamadas desde teléfonos fijos, el acceso a Internet, la televisión digital y la telefonía móvil. Y, se transformaría en la empresa número uno en banda ancha y televisión por cable, la número dos en telefonía fija y la número tres (pero muy cerca del primer lugar) en telefonía móvil, en el país.

El monopolio perfecto en Córdoba
En la Ciudad de Córdoba, un 95% de la conectividad a internet dependerá de un solo prestador Telecom (Arnet)-Fibertel.
Al respecto, el ex-ministro de Comunicaciones Oscar Aguad la consideró “una buena noticia” porque “las fusiones son buenas para evitar monopolios”. Resulta inaceptable, mentiroso y ofensivo el comentario realizado por Aguad, especialmente para los cordobeses.
Indudablemente, la existencia de un solo operador en Córdoba, es el mo-nopolio perfecto y permite manipular los contenidos, imponer precios y afectar gravemente la pluralidad de lo que se transmita. Podrá determinar entonces, lo que se debe leer, escuchar y ver. No habrá el derecho a la neutralidad de la red, principio internacional que obliga al trato igualitario en Internet.
A su vez, si uno deseara en Córdoba cambiar de prestador sería práctica-mente imposible y el nuevo operador monopólico, con posición dominante en el mercado, podrá imponer sus condiciones y precios.
La competencia es fundamental en este tema y un ejemplo lo da lo que su-cede en la ciudad de Santa Rosa de la Pampa, la Cooperativa Popular Eléctrica provee un muy buen servicio de 6 mega para Wi Fi a $ 289 y además, tiene otros descuentos sobre dicho monto, mientras que Fibertel, por el mismo servicio, en la Ciudad de Córdoba lo cobra $ 883.
No podemos dejar de señalar que, en este momento, el acceso a la conec-tividad de Internet y telefonía es tan importante como tener electricidad, por lo que la concentración monopólica afecta gravemente los derechos fundamentales de las personas que se deben garantizar.
Si a lo dicho le sumamos que en Córdoba el Grupo Clarín es propietario además, como se ha dicho, de La Voz del Interior, Canal Doce, Radio Mitre Córdoba entre otros medios, la gran mayoría de ellos, entre los primeros en su ámbito y con gran influencia en la opinión pública, en realidad, estamos cercados mediáticamente.
Telecom-Fibertel, junto al grupo Clarín, tendrán, aunque en gran parte ya lo tienen, un verdadero monopolio horizontal y vertical en el control tanto sobre las cadenas completas de producción, emisión y distribución de informaciones, opi-niones y contenidos en general (de integración vertical, por ejemplo, manejan agencias de noticias, diarios de mayor tiraje e influencia social, producción de insumos para medios gráficos, los proveedores de servicios de Internet, televisión, radios AM y FM, etc.), como sobre los distintos mercados, dentro de cada sector de la actividad que desarrollan, (de integración horizontal, por ejemplo, manejan el sistema de TV por vínculo físico, el mercado de los avisos clasificados, etc.).
En definitiva, el monopolio definirá quienes deberán gobernarnos, como pensar y lo que hay que decir o hacer. Todo lo que es inaceptable en una Demo-cracia participativa.
Resulta de particular importancia entonces, que se actúe para que no apruebe la fusión de Telecom y Cablevisión. Es esencial que, en esta problemáti-ca, se comprometan los representantes del pueblo y la sociedad toda.  
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista, especialista en información y comunicación

EL PANTALLAZO DEL 27 DE JULIO.

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves  27 de julio a partir de las 21:30 hs  El Pantallazo te invita a ver 

 IXCANUL 

María, joven maya cakchiquel de 17 años, vive en una finca cafetalera, en las faldas de un volcán activo de Guatemala. Le espera un matrimonio arreglado, proyecto que no quiere aceptar pero del que no sabe cómo huir. Intentará cambiar su destino pero una complicación con su embarazo la obliga a salir en busca de un hospital: el mundo moderno con el que tanto soñó le salvará la vida, pero a un precio demasiado alto. 

Año: 2015País: GuatemalaDirector: Jayro BustamanteGuion: Jayro BustamanteReparto: María Mercedes Coroy, María Telón, Manuel Antún, Justo Lorenzo, Marvin CoroyGénero: Drama

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas - P. Gutierrez y 25 de Mayo - El Bolsón 

VIAJE AL MUNDO WICHI.

El Bolsón (APL).-

FORMOSA - INGENIERO JUÁREZ

Viaje al mundo wichí - 3 - "Matacos sucios"

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“Mataco sucio”. “Mataco hediondo”. “Vieja cochina”. Eso escucha Claudia cuando camina por las calles de Ingeniero Juárez. Matacos es la manera despectiva de nombrarlos tras la conquista; la que muchos aprendimos en la escuela. En ese rincón de Formosa, la provincia con más población originaria del país, mujeres y varones wichí se tienen que aguantar cosas como estas todos los días. Eso, o aún peor, soportan que los baleen, como hacen los policías en algunas ocasiones. Todavía no habíamos podido procesar la indignación que sentíamos al ver a Santiago, con sus 19 añitos, tirado en la cama después de perder el ojo por una bala de goma policial disparada a poca distancia, cuando su mamá nos contó que a su marido también le habían hecho lo mismo el año anterior: “el papá de Santiago también no tiene ojo. Lo balearon. Se había ido a buscar leña. Cuando vino dijo que se paró en el asfalto y el alguacil le pegó ahí”. (Por La Retaguardia)

No nos atrevemos a hablar de casualidades, sería demasiado inocente pensar que a dos miembros de la misma familia les puede ocurrir lo mismo con idénticas consecuencias en tan solo un año. Claudia dice que es sistemático, aunque lo diga con sus palabras, haciendo un gran esfuerzo por hacerse entender en español mientras su hijo mayor le susurra frases en su lengua para que no se olvide de contar nada. “Después tengo un changuito que tiene bala, acá en el collar”, agrega esta mujer originaria, grandota y morocha, señalándose el cuello y haciendo gestos para que su hijo mayor nos mostrara la ropa que llevaba puesta otro de sus cinco hijos, el que aún conserva las balas de goma bajo su piel, porque su hermana no pudo quitárselas cuando lo auxilió.
Solemos decir que el Estado está ausente cuando vemos personas, familias y comunidades viviendo en esas condiciones, pero estos episodios sistemáticos dan cuenta de la presencia constante del Estado a través de su aparato represivo garantizando que los wichí sientan miedo cada día de su vida. “Acá la policía no nos respeta a nosotros. A mí no me gusta denunciar. No respetan a las mujeres y le hacen así el dedo (levanta su dedo medio imitando el gesto) y le tratan de todo. Nos tratan mataco sucio, mataco hediondo y a nosotros no nos gusta eso porque nosotros no molestamos a nadie. Nosotros queremos casa. No tenemos nada. Hay veces que mi hijo se va al retén de policía porque tienen que balear, lo tiene que balear el policía. Casi se muere, pero Dios es grande. Dios es grande. Yo quiero que nos respeten a nosotros la policía. No se puede pasar, ni salir para buscar leña ni para comprar carne, nada. Nos dicen mataco sucio, mataco hediondo, vieja cochina, todo te dicen. No sé, yo no puedo entender eso también. Nosotros somos cristianos”.
Claudia nació en el monte, y desde muy niña comenzó a trabajar. Luego se mudaron a Ingeniero Juárez –ciudad a la que la sabiduría popular nombra Ciudad Juárez- y desde hace diez años vive en el barrio 50 viviendas, desde que la comunidad wichi decidió, en 2007, tomar las casas que el instituto de la vivienda de Formosa había construido en sus tierras sin su consentimiento, para que fueran habitadas por familias criollas.
“Yo soy lavandera de todo el pueblo. Soy una mujer que le gusta trabajar de chiquitita: planchar, lavar, carpe, palear. Nosotros tenemos intendente, pero yo nunca le pedí algo al intendente. No, nada. Te tratan mal, patean, todo hacen. No sé, yo no tengo mamá y no tengo papá. Yo soy una mujer solita y tengo que trabajar para darle de comer a mis hijos”.

La voz de Claudia se quiebra y llora sin consuelo, parada junto al marco de la puerta de la habitación de la que su hijo no sale desde hace meses, porque apenas puede incorporarse de la cama. “Yo veo a mis hijos que están tirados, mi marido también que le sacaron el ojo”, insiste.

Como en el resto de las casas que visitamos, nos preguntamos cómo hacen para sobrevivir. Claudia ya no trabaja porque tiene una hernia que se lo impide. “Yo tengo pensión de $700. Con esito compro para comer”, explica casi con resignación.

Todas las personas que viven en esa casa están shockeadas todavía por los ataques que sufrieron y asustados por la presencia policial: “todas las noches caminan, caminan y caminan con caballos. Así se va a la esquina. Gritan. Los chicos se sientan. Hay veces que yo quiero salir y ahí gritan mujer y no nos respetan a nosotros. Salgo afuera y ya me chiflan. Me silban, todo hacen. No puedo pasar. No es lindo que hagan así con nosotros. No se puede vivir así. No sé cómo terminará.”.

Las comunidades wichí de Ingeniero Juárez están más desamparadas desde que Agustín Santillán está preso, por su solidaridad cotidiana que Claudia rescata: “Hay otro que está preso. Nada que ver con el problema que hacen. No tiene que estar preso. No es él. Lo culpan. Él es el cabecilla de toda la comunidad de nosotros. Trae alimentos, trae de todo. Ahora no hay nada, porque él no está. Se lo llevaron porque dicen que es él que hace, pero no, no es él. No sé por qué está preso. La policía no nos respeta a nosotros”.

COMUNICADO ATE COMARCA ANDINA.

El Bolsón (ANPP).-La Ate Comarca Andina ha declarado el Estado de Alerta, Movilización y Asamblea Permanente en diferentes sectores:

Servicio Provincial de Manejo del Fuego: 
-no perciben el aumento acordado en Paritaria del 13/6/17.

Ministerio de Familia:
-incumplimiento de pases a planta de becados, contratados y transitoria

Ministerio de Educación:
-incumplimiento de pases a planta acordados para becados, contratados y horas cátedras. Por reapertura del CCT.

Ministerio de Salud: 
-incumplimiento de pases a planta de 170 trabajadores acordado el 24/5/17.
-incumplimiento del pago de la Trienal y el Arancelamiento (art. 111)
-Reapertura de COPICS
-Reconocimiento de los operadores de salud mental

Si el Gobierno no cumple, ATE lucha!

Prensa ATE
Comarca Andina

 

COMUNICADO EN DEFENSA DE LA QUERELLA CRIMINAL A MAPUEXPRESS.

El Bolsón (ANPP).-Comunicado público Red de Medios de los Pueblos: Defensa a Mapuexpress por querella criminal.

La Red de Medios de los pueblos extiende este comunicado en apoyo explícito al Colectivo Editorial Mapuexpress quienes han sido notificados recientemente de una querella criminal de acción penal privada en contra de uno de sus integrantes.

Mapuexpress lleva 17 años informando sobre el conflicto del pueblo mapuche con las grandes forestales y el Estado y ha sido un permanente apoyo para las comunidades que luchan por la defensa territorial.

Por este motivo, los medios y comunicadores que más abajo firman, sostienen que:

1-. Arguyendo un supuesto delito de injurias graves con publicidad, amparado en los artículos 416, 417, 418 y 422 del Código Penal y el artículo 29 ley 19.733 de la Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, esta acción busca criminalizar a Mapuexpress, su hacer comunicacional y a los comunicadores comunitarios que sostienen este medio de comunicación.

2-. Consideramos que este no es un hecho aislado pues esta acción se suma a múltiples allanamientos a radios comunitarias y juicios similares contra medios de comunicación comunitarios y comunicadores populares que año tras años se acumulan en el historial del silencio. Además, esta acción jurídica pretende tipificar el acto comunicativo como un crimen, con el agravante de que está individualizado en una persona y no en el colectivo que es la forma como Mapuexpress funciona. Esto es atentatorio contra el Derecho a la Comunicación, a la Libertad de Expresión y un reflejo de la desprotección jurídica y legislativa que tienen actualmente los medios comunicación comunitarios, populares, alternativos o libres.

3-. Esto, más parece ser una estrategia para acallar voces disidentes, pues Mapuexpress justamente es una voz a favor de comunidades que luchan por sus territorios que se ven amenazados por megaproyectos industriales, tanto energéticos, como forestales o de acuicultura. En este caso, la querella está vinculada a un conflicto energético.

El caso es que opositores a proyectos energéticos del territorio de Rupumeica-Maihue, comuna de Ranco, región de los Ríos, emitieron un comunicado que fue publicado en el sitio de Mapuexpress. En su contenido, éste emplazaba y criticaba a funcionarios y consultorías vinculadas al Ministerio de Energía, la Corfo y el BID. Siendo, justamente un consultor quien presentó la querella.

4-. La Red de Medios de los pueblos y quienes firman este comunicado llevamos años en la lucha por que se abran las anchas alamedas de las comunicaciones, que se liberen los espacios, que se termine con la discriminación a los medios de comunicación comunitarios y que, en definitiva, se democratice la comunicación, y esta acción atenta contra el Derecho a la Comunicación y a la Información.

Por eso, acompañamos y apoyamos a Mapuexpress para que pueda seguir en la comunicación libre y soberana de los pueblos.

Red de Medios de los Pueblos

Comunicado público Mapuexpress sobre querella criminal

Nuevamente vemos amenazado nuestro trabajo como medio de comunicación y colectivo debido, esta vez, a una querella por injurias. A través de este comunicado, queremos dejar constancia que, aunque la acción va dirigida a uno de nuestros miembros, asumiremos una defensa conjunta. Para nosotros/as este proceso no tendrá otro objetivo que reforzar nuestro trabajo en defensa de los derechos colectivos de los pueblos en particular el del pueblo mapuche. Por lo tanto señalamos:

Kiñe: Recientemente fuimos notificados que somos objeto de una querella criminal de acción penal privada, que busca criminalizar nuestro quehacer comunicacional sosteniendo un supuesto delito de injurias graves con publicidad, invocándose transgresiones de conformidad a los artículos 416, 417, 418 y 422 del Código Penal y el artículo 29 ley 19.733 Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

Epu: La acción penal atenta contra uno de nuestros integrantes en calidad de “autor”, solicitándose una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, una multa de 150 unidades tributarias mensuales, más costas. Sin embargo, este hecho lo asumimos conjuntamente como colectivo de comunicación social, ya que afecta nuestro ejercicio en el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.

Küla: Cabe mencionar que la acción penal que busca criminalizar el quehacer informativo de Mapuexpress, sucede en el marco de los conflictos territoriales a causa de proyectos de inversión de energía, particularmente hidroeléctricos. En ese contexto familias, comunidades, dirigentes/as y autoridades tradicionales de Rupumeica en Lago Ranco y Maihue en Futrono y de varias representaciones de la zona williche en la Región de los Ríos en contra de una hidroeléctrica. Ellos emitieron un comunicado público que fue publicado en el sitio Mapuexpress, el que emplazó y criticó a funcionarios y consultorías vinculadas al Ministerio de Energía, CORFO y Banco Interamericano de desarrollo, siendo finalmente un consultor quien presenta la querella. Más allá de los problemas que nos pueda acarrear esta querella, sostenemos que seguiremos construyendo en conjunto con estos sectores que ocupan su legímito derecho a la defensa del territorio.

Meli: El sitio informativo Mapuexpress tiene más de 17 años de existencia y es administrado por un colectivo, cuyas/os integrantes son parte directa de organizaciones mapuche e interculturales, principalmente sobre las realidades en Wallmapu (centro sur de Chile y Argentina) y muy especialmente sobre los conflictos que la industria extractiva y de energía. A mismo tiempo nuestro sitio web es una tribuna activa para comunidades y organizaciones que se oponen a este modelo de desarrollo. Obviamente una querella de estas características no detendrá nuestro trabajo por la defensa de los derechos colectivos y los territorios, sino más bien, reafirma la importancia que tiene nuestro trabajo como tribuna y espacio de articulación.

Kechu: Informamos que asumiremos colectivamente la defensa judicial en este caso que se considera injustificado, cuya audiencia de preparación de juicio está programada para el día jueves 27 de julio a las 11 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Temuco.  Invitamos a kom pu wenüy, compañeros y compañeras, a acompañarnos en ese proceso

COLECTIVO INFORMATIVO MAPUEXPRESS

 14 de julio del 2017.

CRISTIAN TOLEDO, OTRA VÍCTIMA DEL GATILLO FÁCIL

El sábado 15 de julio en horas de la madrugada, Cristian Toledo de 24 años fue asesinado por un bombero de la policía de la ciudad. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Vélez Sarfield y Santo Domingo , en el barrio de Barracas. La muerte de Cristian suma a un nuevo caso de violencia policial, en un fin de semana donde al menos 3 personas fallecieron víctimas de las fuerzas de seguridad. Por ANRed

17 de Julio(ANRED).-

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El sábado por la madrugada Adrián Gustavo Otero, bombero de la policía de la ciudad, asesinó a Cristian Toledo de 24 años vaciándole el cargador de su arma. El hecho ocurrió en la esquina de Vélez Sarfield y Santo Domingo en el barrio de Barracas. Luego del asesinato Otero no fue detenido, en cambio dos amigos de la víctima quienes estaban junto a el y son los únicos testigos de lo acontecido, fueron trasladados a la Comisaría N°30 “denunciamos este nuevo caso de gatillo fácil, uno más en la Argentina donde cada 25 horas las fuerzas represivas del Estado se cobran una vida inocente. Una vez más tenemos que ver cómo acusan a las víctimas de la violencia policial en lugar de investigar a los verdaderos responsables. En este caso, la versión oficial inventó un robo para hacerlo parecer legítima defensa cuando hay pruebas de sobra que indican que se trató de un hecho de naturaleza totalmente distinta” expresaron mediante un comunicado integrantes de ROCVI (red de organizaciones contra la violencia institucional de villa 21-24).

Este hecho se suma a una larga lista de víctimas producto de la violencia estatal a través de sus fuerzas de seguridad. Ese mismo sábado en la Unidad N°8 de Los Hornos moría una mujer producto del abandono del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien le negó el acceso al derecho a la salud mientras sufría un paro cardíaco sin recibir la atención médica adecuada. El viernes pasado un hombre de 38 años se “suicidó” en la comisaría de Salto, donde permanecía detenido en el marco de una investigación por los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, encubrimiento, infracción a la Ley 23.737 y portación ilegal de arma de fuego. Según explicó el comisario, ya habían recibido la orden del juzgado para trasladarlo a un penal pero estaban "aguardando cupo". Un caso similar al jóven Gonzalo Fernández, quien falleció en la Comisaría 3° de Témperley, y según fuentes oficiales el jóven se “suicidó” con su remera. Sus familiares exigen justicia, y descreen de la versión oficial.

Según datos recabados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en los últimos cinco años murieron 43 personas en comisarías bonaerenses y junto a la falta de acceso a la salud, el “suicidio” (como versión oficial de las muertes), es una de las causas más importantes. "La responsabilidad del Estado es insoslayable" enfatizan.

“Estas muertes no son casuales, tienen su explicación en la violencia estatal que se asume como respuesta natural a la problemática del delito. Esto se profundiza con el incremento de procedimientos y prácticas policiales ilegales como las razzias en colectivos, la saturación policial en los barrios, los procedimientos donde ingresan en escuelas y universidades sin orden judicial y la reforma de leyes como la de ejecución penal, entre otras. Las promesas demagógicas de mayor seguridad siguen propiciando la violencia y la restricción de derechos. Los tres poderes del Estado son responsables de tomar las medidas efectivas para que no se produzcan más muertes” expresó mediante un comunicado la CPM.