El próximo 1 de Julio, el gobierno de Mauricio Macri participará como “país observador” de la Alianza del Pacífico. Para llegar haciendo buena letra, que no es ni más ni menos que someter a nuestro país a las reglas de juego de los poderosos para “no quedar fuera del mundo”, resolvió pagar además varias de las demandas pendientes en el CIADI. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Argentina - El gobierno anunció que pagará 9 de las 17
demandas pendientes de resolución entre Argentina y el CIADI, el
tribunal arbitral del Banco Mundial donde se resuelven las disputas
entre Estados y privados. De esta manera suma al acuerdo con los fondos
buitre un nuevo mojón que, según sostiene, garantizaría la llegada de
inversores internacionales al recuperar la “credibilidad internacional”.
Hacia fines de 2012 Argentina acumulaba en el CIADI (Centro Internacional de Resolución de controversias relativas a Inversiones) más de 24 juicios cercanos a los 20.000 millones de dólares. Por entonces el embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, manifestó: "El nuestro es un país que reconoce que las decisiones del CIADI son definitivas y obligatorias, y deben ser cumplidas, como si se tratase de una sentencia firme dictada por un tribunal en el país"
Por lo tanto la decisión del gobierno Cambiemos no sale de la línea de país “buen pagador” que se ejecutó durante todo el gobierno kirchnerista, quien en octubre de 2013 desembolsó 677 millones de dólares. Esta cifra fue abonada a cinco grupos empresarios que habían comprado juicios ganados en el CIADI contra la Argentina, a un menor precio debido a su dificultad de cobro.
Ahora, durante este mes, pagaremos cerca de 217 millones de dólares que serán liquidados con bonos BONAR 2024, siguiendo la misma línea de abonar deuda con más deuda. “Sostenemos que se trata de un saqueo de nuestras arcas públicas debido a concesiones hechas a las empresas mediante los Tratados Bilaterales de Inversión que firmó Argentina, combinado con el desfavorable proceso de privatización de los servicios públicos durante los años noventa”, afirmó la organización ATTAC Argentina en una declaración dada a conocer recientemente.
Este desembolso será a favor de las empresas energéticas BG Group (Reino Unido) y a El Paso Energy International Company (Estados Unidos) por demandas iniciadas luego de la devaluación del peso argentino en enero de 2002 con el argumento que ésta significaba un cambio en las condiciones contractuales con el Estado Argentino.
Las demandas que empresas transnacionales llevaron al ámbito del CIADI sumaron más de cuarenta. “El poder de las empresas ha cristalizado en un sistema jurídico internacional que les reconoce derechos omnipotentes, abusivos y les garantiza un sistema de impunidad. Esto se plasma en la inclusión de las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado, que da a los inversores la posibilidad de recurrir al sistema de arbitraje internacional en lugar de las cortes nacionales. Así, los inversores demandan a los Estados soberanos por millones de dólares ante tribunales arbitrales secretos y privados que funcionan lejos del alcance de la justicia local, como el CIADI. Como contraparte, los gobiernos y ciudadanos no contamos con contrapesos jurídicos, ni con instancias internacionales ante las cuales demandar a las empresas ante la justicia cuando sus actividades violan los derechos humanos y ambientales, o cuando coartan medidas de políticas públicas para el interés”, dice ATTAC Argentina en su declaración.
Los juicios en el CIADI son posibles porque nuestro país tiene firmado más de 50 Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y está integrada a la Organización Mundial de Comercio (OMC). “La adhesión a esos tratados le costó a la Argentina 42 juicios en el CIADI y millones de USD en juicios internacionales, dinero que podría haberse destinado a políticas públicas tendientes a transitar hacia alternativas al actual modelo de desarrollo”, afirma ATTAC Argentina.
Es por eso que esta organización rechaza además la adhesión de nuestro país al bloque de la Alianza del Pacífico aun en este primer paso de “país observador”. La Alianza es un bloque regional que está integrado por Chile, Colombia, México y Perú.
Con el ingreso se abre el camino para firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que, al igual que los Tratados de Libre Comercio (TLCs) significan buenos negocios para las transnacionales y afectación para los pueblos tanto en lo ambiental como en salud, educación y trabajo con la mercantilización de estos derechos.
El TPP incluye, además de acuerdos comerciales, la obligación para que el Estado acepte someterse a un Tribunal Internacional, generalmente, el CIADI. Por otra parte los Estados firmantes deben adecuar la legislación interna a las normas de estos acuerdos.
La firma de estos tratados no son de conocimientos público y solo llegan a los parlamentos una vez que ya han sido rubricados por los gobiernos. “Los parlamentos nacionales no pueden opinar sobre el tratado ni introducir modificaciones, y sólo pueden decidir si lo ratifican o lo rechazan. Las consecuencias económicas, políticas y sociales de los TLCs no sólo nos afectan en la actualidad, sino que afectarán a las futuras generaciones, ya que perjudican la toma de decisiones de interés público y limitan la soberanía”, sostiene ATTAC Argentina.
Uno de los ejemplos que da esta organización es el de la cláusula de Propiedad Intelectual, que “exige a los signatarios a ratificar la Convención UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), una especie de patente para las semillas. Ampliando el mercado de los organismos genéticamente modificados amenazando a las semillas y a los conocimientos tradicionales. Lo que implica más saqueo de nuestros bienes comunes, contaminación de nuestro medioambiente y pérdida de la Soberanía alimentaria. Favorece, también, los intereses de las corporaciones monopólicas que tienen derechos de propiedad intelectual registrados a su nombre, tales como las grandes compañías farmacéuticas que pueden aumentar el precio de los medicamentos (sin ningún control) limitando el acceso a las drogas y tratamientos con genéricos. En este marco, las patentes y el derecho de autor afectan la posibilidad de producir conocimiento, de transferir tecnología y de acceder al conocimiento a través de medios como Internet”, explica ATTAC Argentina.
“La firma de los mismos limita la capacidad de maniobra de cualquier gobierno para tomar decisiones claves en materia económica, social o ambiental. El marco general, de todos estos tratados, tiene una gran similitud con el fracasado ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) y constituyen una plataforma política para profundizar las desigualdades sociales, aumentar la pobreza y concentrar la riqueza en, todavía, menos manos”, manifiesta ATTAC Argentina.
Seguridad jurídica a las empresas transnacionales es lo que brindará la incorporación de Argentina a la Alianza del Pacífico y beneficios al capital a costa del perjuicio de nuestro pueblo.
En diversos lugares del mundo se organiza la resistencia ante la ofensiva de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) Actualmente, se están constituyendo las campañas “Mejor sin TPP” que trabajan en Chile, Perú y México con el objetivo de dar a conocer el TPP y denunciar sus efectos devastadores. También se ha desarrollado un movimiento masivo que se opone al Tratado Transatlántico (TTIP) en Europa y Estados Unidos, desde donde han juntado más de 3,3 millones de firmas contra el tratado.
Desde ATTAC Argentina se convoca a articular en el marco de la Asamblea “Argentina Mejor sin TLC”, uniéndonos a las actuales campañas continentales contra el TPP y contra los TLC que se negocian en la región.
Hacia fines de 2012 Argentina acumulaba en el CIADI (Centro Internacional de Resolución de controversias relativas a Inversiones) más de 24 juicios cercanos a los 20.000 millones de dólares. Por entonces el embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, manifestó: "El nuestro es un país que reconoce que las decisiones del CIADI son definitivas y obligatorias, y deben ser cumplidas, como si se tratase de una sentencia firme dictada por un tribunal en el país"
Por lo tanto la decisión del gobierno Cambiemos no sale de la línea de país “buen pagador” que se ejecutó durante todo el gobierno kirchnerista, quien en octubre de 2013 desembolsó 677 millones de dólares. Esta cifra fue abonada a cinco grupos empresarios que habían comprado juicios ganados en el CIADI contra la Argentina, a un menor precio debido a su dificultad de cobro.
Ahora, durante este mes, pagaremos cerca de 217 millones de dólares que serán liquidados con bonos BONAR 2024, siguiendo la misma línea de abonar deuda con más deuda. “Sostenemos que se trata de un saqueo de nuestras arcas públicas debido a concesiones hechas a las empresas mediante los Tratados Bilaterales de Inversión que firmó Argentina, combinado con el desfavorable proceso de privatización de los servicios públicos durante los años noventa”, afirmó la organización ATTAC Argentina en una declaración dada a conocer recientemente.
Este desembolso será a favor de las empresas energéticas BG Group (Reino Unido) y a El Paso Energy International Company (Estados Unidos) por demandas iniciadas luego de la devaluación del peso argentino en enero de 2002 con el argumento que ésta significaba un cambio en las condiciones contractuales con el Estado Argentino.
Las demandas que empresas transnacionales llevaron al ámbito del CIADI sumaron más de cuarenta. “El poder de las empresas ha cristalizado en un sistema jurídico internacional que les reconoce derechos omnipotentes, abusivos y les garantiza un sistema de impunidad. Esto se plasma en la inclusión de las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado, que da a los inversores la posibilidad de recurrir al sistema de arbitraje internacional en lugar de las cortes nacionales. Así, los inversores demandan a los Estados soberanos por millones de dólares ante tribunales arbitrales secretos y privados que funcionan lejos del alcance de la justicia local, como el CIADI. Como contraparte, los gobiernos y ciudadanos no contamos con contrapesos jurídicos, ni con instancias internacionales ante las cuales demandar a las empresas ante la justicia cuando sus actividades violan los derechos humanos y ambientales, o cuando coartan medidas de políticas públicas para el interés”, dice ATTAC Argentina en su declaración.
Los juicios en el CIADI son posibles porque nuestro país tiene firmado más de 50 Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y está integrada a la Organización Mundial de Comercio (OMC). “La adhesión a esos tratados le costó a la Argentina 42 juicios en el CIADI y millones de USD en juicios internacionales, dinero que podría haberse destinado a políticas públicas tendientes a transitar hacia alternativas al actual modelo de desarrollo”, afirma ATTAC Argentina.
Es por eso que esta organización rechaza además la adhesión de nuestro país al bloque de la Alianza del Pacífico aun en este primer paso de “país observador”. La Alianza es un bloque regional que está integrado por Chile, Colombia, México y Perú.
Con el ingreso se abre el camino para firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que, al igual que los Tratados de Libre Comercio (TLCs) significan buenos negocios para las transnacionales y afectación para los pueblos tanto en lo ambiental como en salud, educación y trabajo con la mercantilización de estos derechos.
El TPP incluye, además de acuerdos comerciales, la obligación para que el Estado acepte someterse a un Tribunal Internacional, generalmente, el CIADI. Por otra parte los Estados firmantes deben adecuar la legislación interna a las normas de estos acuerdos.
La firma de estos tratados no son de conocimientos público y solo llegan a los parlamentos una vez que ya han sido rubricados por los gobiernos. “Los parlamentos nacionales no pueden opinar sobre el tratado ni introducir modificaciones, y sólo pueden decidir si lo ratifican o lo rechazan. Las consecuencias económicas, políticas y sociales de los TLCs no sólo nos afectan en la actualidad, sino que afectarán a las futuras generaciones, ya que perjudican la toma de decisiones de interés público y limitan la soberanía”, sostiene ATTAC Argentina.
Uno de los ejemplos que da esta organización es el de la cláusula de Propiedad Intelectual, que “exige a los signatarios a ratificar la Convención UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), una especie de patente para las semillas. Ampliando el mercado de los organismos genéticamente modificados amenazando a las semillas y a los conocimientos tradicionales. Lo que implica más saqueo de nuestros bienes comunes, contaminación de nuestro medioambiente y pérdida de la Soberanía alimentaria. Favorece, también, los intereses de las corporaciones monopólicas que tienen derechos de propiedad intelectual registrados a su nombre, tales como las grandes compañías farmacéuticas que pueden aumentar el precio de los medicamentos (sin ningún control) limitando el acceso a las drogas y tratamientos con genéricos. En este marco, las patentes y el derecho de autor afectan la posibilidad de producir conocimiento, de transferir tecnología y de acceder al conocimiento a través de medios como Internet”, explica ATTAC Argentina.
“La firma de los mismos limita la capacidad de maniobra de cualquier gobierno para tomar decisiones claves en materia económica, social o ambiental. El marco general, de todos estos tratados, tiene una gran similitud con el fracasado ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) y constituyen una plataforma política para profundizar las desigualdades sociales, aumentar la pobreza y concentrar la riqueza en, todavía, menos manos”, manifiesta ATTAC Argentina.
Seguridad jurídica a las empresas transnacionales es lo que brindará la incorporación de Argentina a la Alianza del Pacífico y beneficios al capital a costa del perjuicio de nuestro pueblo.
En diversos lugares del mundo se organiza la resistencia ante la ofensiva de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) Actualmente, se están constituyendo las campañas “Mejor sin TPP” que trabajan en Chile, Perú y México con el objetivo de dar a conocer el TPP y denunciar sus efectos devastadores. También se ha desarrollado un movimiento masivo que se opone al Tratado Transatlántico (TTIP) en Europa y Estados Unidos, desde donde han juntado más de 3,3 millones de firmas contra el tratado.
Desde ATTAC Argentina se convoca a articular en el marco de la Asamblea “Argentina Mejor sin TLC”, uniéndonos a las actuales campañas continentales contra el TPP y contra los TLC que se negocian en la región.
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