El Bolsón (ANPP).-Tomado de Observatorio Petrolero Sur.
Muertes bajo custodia policial, asesinatos y desapariciones
A medida que avanza la traza del Gasoducto del NEA, proyectado por Enarsa para extender la red de gas al noreste del país, se desnudan tensiones sociales y disputas de poder en los territorios que atraviesa. Primero fueron las protestas de comunidades pilagá de Formosa por promesas incumplidas por la contratista Techint, en marzo se sumó la sospechosa muerte de Pablo Moreno, referente piquetero que estaba preso en la comisaría de Tartagal, en el norte de Salta. Moreno había sido detenido junto a un grupo de desocupados de Morillo tras enfrentarse con la policía cuando reclamaba puestos de trabajo a la compañía Vertúa SA, encargada de ejecutar un tramo de la obra.
Reclaman justicia en las calles de Morillo. Foto// Luis Ibarra, FM Génesis.
Por Hernán Scandizzo
El 18 de marzo Pablo Moreno murió mientras lo trasladaban desde la Comisaría 45 de Tartagal hacia el hospital de esa localidad, ubicada en el norte de Salta. Según el informe de la médica Martina Gómez, del Centro de Investigaciones Fiscales de Orán, el deceso se produjo por broncoaspiración, durante un ataque de epilepsia. Pero los familiares y la abogada defensora, Sarah Esper, afirman que fue asesinado, y sostienen que el intendente de Morillo, Atta Gerala, está vinculado. Cabe destacar que Gerala fue recientemente procesado por malversación de fondos, en el Concejo Deliberante local se estudia su destitución y a nivel provincial se evalúa la intervención del municipio.
Los familiares del referente piquetero sostienen que en varias oportunidades había sido amenazado por la policía: “te vamos a sacar en bolsa de la cárcel”. Pascual Moreno recordó, en declaraciones al portal de noticias El Intransigente, que su hermano le había contado en una carta que cuando intentaba recurrir a la Justicia, la fiscal le decía siempre: “Dejá de joder, no hagas denuncia por los derechos humanos porque vos no tenés derechos”.
El mismo día que murió Pablo Moreno desapareció en Morillo Claudia Campos, de 16 años, joven militante campesina, sobrina de Lucía Ruíz, una opositora al intendente Gerala. Claudia fue encontrada muerta en un camino del monte. Según El Intransigente, los lugareños atribuyen el asesinato a la narco política. Ambas hechos rompieron la tranquilidad aparente de ese pueblo de casas bajas y calles polvorientas, donde viven unas 6 mil personas, y que recientemente fue visitado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. El 27 de marzo más de 2 mil marcharon pidiendo justicia para Campos y Moreno, e incluyeron en sus reclamos a Lisandra Albornoz, de 14 años, desaparecida desde noviembre de 2014, y a Antonia Sosa, de 24 años, que fue encontrada muerta en el paraje Los Baldes.
Trabajo y represión
Pablo Moreno estaba detenido desde octubre de 2015 en Tartagal, sindicado como uno de los responsables de los incidentes producidos durante el reclamo de trabajo a la empresa Vertúa, a cargo del tendido del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) entre las localidades salteñas Campo Durán y Capitán Juan Pagés. La obra va mucho más allá del territorio salteño, atraviesa también las provincias de Formosa, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones. Según sus promotores, los 4000 kilómetros de cañerías permitirán abastecer de gas a 3,4 millones de personas, para su realización se presupuestó una inversión de 28 mil millones de pesos y sus tramos son ejecutados por una decena de empresas.
Cuando Vertúa SA desembarcó en Morillo las expectativas de empleo crecieron entre los pobladores. Una posibilidad de dinamizar la deprimida economía local, aunque más no sea por unos meses, mientras durara la obra. Lo mismo había sucedido en 2010, cuando la contratista Wicap inició los trabajos de prospección sísmica para la empresa Maxipetrol, concesionaria del área Morillo. Si bien estos proyectos generan preocupación por los impactos que puedan acarrear, ésta es matizada por la necesidad.
En los días previos a la represión, relata la abogada y periodista Mara Puntano en una crónica, “desocupados aborígenes y criollos acamparon [en el ingreso a la empresa Vertúa], esperando ser bendecidos con un trabajo para dar de comer a sus hijos”. El desempleo y la precariedad laboral en Morillo y el resto de los pueblos que se levantan a la vera de la ruta nacional 81, en el chaco salteño, se conjuga con la concentración de tierras por parte de empresarios agroindustriales, que se llevan las ganancias hacia otras latitudes. En tanto en las pequeñas localidades y parajes cercanos a la frontera con Formosa queda la pobreza extrema, repartida entre el campesinado criollo y las comunidades wichí.
En 2013 el programa televisivo Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata, emitió un informe sobre casos de desnutrición en el chaco salteño que generó gran revuelo mediático. Incluso el Gobierno salteño reconoció en el Anuario Estadístico 2012 que más del 10% de los chicos de la provincia, de entre uno y cinco años, tiene problemas de desnutrición. La situación, incubada durante décadas de despojos y pobreza estructural, poco cambió en el tiempo transcurrido desde que aquellas noticias que asaltaron las pantallas.
Según una fuente que el periódico El Intransigente no identifica, la situación para la empresa “es muy complicada”, porque en el tramo Campo Durán – Capitán Juan Pagé existen 174 comunidades indígenas, “todos quieren sacar algo de plata del gasoducto y los números se te van a las nubes”. “El gasoducto no puede tomar más de 400 personas, porque no hacen falta más trabajadores, es por eso que mientras el gasoducto va avanzando se va tomando gente, pero se va despidiendo a otras, pero nadie quiere darse por despedido, nadie quiere dar el espacio para que entren los nuevos. Todos los días hay problemas”, sostenía el anónimo en declaraciones al medio digital, exculpando responsabilidades de la empresa pero también de las autoridades públicas en situación que atraviesa la región, y centrando la conflictividad en que “nadie quiere darse por despedido”.
Aquella mañana de fines de septiembre el reclamo en el acceso al obrador de Vertúa fue reprimido por la Guardia de Infantería, que irrumpió con bastones, balas de goma y gases lacrimógenos contra hombres, mujeres y niños. En ese marco dos policías resultaron con quemaduras tras ser alcanzados por combustible en llamas y las instalaciones de la empresa sufrieron cuantiosos daños. “Normalmente, la policía de Salta aplica la extrema mano dura para los trabajadores desocupados que reclaman trabajo”, afirma Puntano, en una nota publicada por la Agencia de Noticias Copenoa. “Esta no fue la excepción, máxime cuando en el enfrentamiento resultaron lesionados policías. Golpes en la detención, golpes en la comisaría de Tartagal, a 360 km de Morillo, y por supuesto, amenazas de todo tipo sufrieron los detenidos”, destacó.
A fines de octubre la fiscal penal de Embarcación, Lorena Martínez, había elevado al Juzgado de Garantías de Tartagal un requerimiento para enjuiciar a los once piqueteros detenidos tras la protesta. Tres de ellos –entre los que se contaba Moreno- imputados por tentativa de homicidio, coacción agravada y daños, y los restantes por coacción agravada, daños y lesiones.
Según El Intransigente, la demanda de trabajo a Vertúa estuvo atravesada por una feroz interna entre dirigentes del Partido Justicialista local protagonizada por Atta Gerala, que luego de cuatro años alejado de la intendencia, en diciembre inició su quinto mandato al frente del Municipio de Morillo, y la entonces jefa comunal, Marcela Carabajal. El portal digital asegura que Carabajal se había reunido con representantes de la empresa y del gobierno provincial, donde le garantizaron 300 puestos de trabajo para gente del lugar en el tendido del gasoducto. Pero que poco después el secretario de Relaciones Institucionales de Vertúa, Federico Hanne, en acuerdo con Gerala y el senador Mashur Lapad, prescindió de esos trabajadores.
Techint y el conflicto en Formosa.
Las comunidades Penqole y Qompi, del pueblo pilagá de Formosa, denunciaron que la empresa Techint no cumplió las promesas efectuadas para entrar a su territorio con el tendido del GNEA. Juana Segundo, de la comunidad Penqole, en declaraciones aPágina/12 sostuvo que en agosto 2015 les prometieron el pago de canon mensual por utilizar su territorio, el cual, a enero pasado, se había concretado. La comunidad también había solicitado materiales para la construcción de un salón comunitario, pero la obra quedó a medio construir porque obtuvieron cemento, arena y ladrillos, pero faltó el hierro para columnas y vigas. También demandaba la realización del relevamiento territorial, según lo establece la ley nacional 26.160, y viviendas para la comunidad, según el parte de prensa difundido entonces por el Instituto de Cultura Popular (Incupo).
A inicios de noviembre la comunidad denunció en la Justicia al responsable de Techint en la región, Jorge Pellegrini, por delito de “envenenamiento” y solicitó peritajes para que se examinen los residuos arrojados cerca del pozo utilizado por los pilagá para abastecerse de agua.
El accionar de Techint también afectó a la comunidad pilagá Qompi, ubicada en la localidad de Pozo del Tigre. “Nos dijeron que nos correspondía un pago mensual por canon. Y prometieron trabajo para los hombres”, recordó Cipriana Palomo, vocera de la comunidad. En agosto pasado le cerraron el paso a la empresa y exigieron que contrate más personas, y que provea de alambre para los corrales, caños para conexiones de agua y cuatro motosierras. “Sólo entregó algo de alambre y caños”, afirmó Palomo en declaraciones a Página/12 en enero pasado.
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