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domingo, 20 de abril de 2014

ASESINATO DE LAUTARO TORRES Y DETENCIÓN DE SU MADRE, NATALIA SUÁREZ



(APL)“Natalia tenía un hijo, Lautaro, de 16 años, que fue acusado por la Policía en el día de ayer por intentar robar un celular a un efectivo policial en barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, a poca distancia de donde este joven vive con su madre. Lautaro recibió por parte de la mujer policía 4 disparos en su espalda que lo dejaron al borde de la muerte. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Urgencias donde finalmente murió en la madrugada de anoche. Natalia Suárez fue avisada del asesinato de su hijo, no la dejaron verlo en el Hospital, y en medio de su miedo e impotencia es detenida por la Policía quien adujo que había roto un vidrio de esa dependencia”, significativo tramo del comunicado de denuncia de la CA sobre el estado terrorista cordobés.


La Coordinadora Antirrepresiva en el Encuentro Nacional Antirrepresivo denuncia nuevos hechos represivos por parte de la Policía de Córdoba en la jornada de ayer sábado por la noche. En esta ocasión, las fuerzas represivas asesinaron a un joven de 16 años y detuvieron posteriormente a su madre, trabajadora sexual víctima de persecución desde enero de este año, por denunciar que fue secuestrada por redes de trata en complicidad con la Policía y el Gobierno Provincial.
  Natalia Suárez es una trabajadora sexual que en enero de este año fue secuestrada y torturada durante seis días en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba. Mientras tanto, la denuncia recorría los habituales cursos burocráticos sin respuestas sobre su desaparición. Luego de un mes de búsquedas por parte de sus familiares y amigos sin lograr que la Justicia y la Policía hicieran lo propio; a finales del mes de enero, integrantes de AMMAR Córdoba se presentaron en la Unidad Judicial de Alta Gracia para agilizar acciones en torno a la denuncia. “Casualmente” en esa jornada apareció Natalia, en una esquina de esa ciudad, golpeada, drogada y con visibles signos de torturas en todo su cuerpo. Evidentemente había intenciones de que Natalia integrara las redes de trata y fue la movilización, la búsqueda sistemática y la preocupación de sus familiares y de las organizaciones políticas y sociales, quienes lograron que Natalia no formara parte de la extensa lista de mujeres secuestradas que aún seguimos buscando.
  Por medio de distintas acciones Natalia e integrantes de AMMAR denunciaron su secuestro y la complicidad de los responsables políticos del Poder Judicial, la Policía y el Gobierno Provincial. En posteriores oportunidades Natalia advirtió públicamente que había sufrido sucesivas amenazas por difundir aquellos hechos y sus responsables directos. Estos señalamientos molestaron a sectores políticos que participan del entramado de las redes de trata y narcotráfico en la Provincia de Córdoba (como ya denunciamos en innumerables ocasiones en relación a la complicidad del gobernador De la Sota y otros funcionarios del Gobierno) y esto se asocia directamente con lo acontecido anoche con su hijo de 16 años: Lautaro Torres.
Es necesario conocer estos antecedentes para comprender y vincular con claridad lo sucedido anoche, cuando Natalia Suárezfue detenida en el Hospital de Urgencias por la Policía de Córdoba, con los hechos que venimos relatando.
Natalia tenía un hijo, Lautaro, de 16 años, que fue acusado por la Policía en el día de ayer por intentar robar un celular a un efectivo policial en barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, a poca distancia de donde este joven vive con su madre. Lautaro recibió por parte de la mujer policía 4 disparos en su espalda que lo dejaron al borde de la muerte. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Urgencias donde finalmente murió en la madrugada de anoche. Natalia Suárezfue avisada del asesinato de su hijo, no la dejaron verlo en el Hospital, y en medio de su miedo e impotencia es detenida por la Policía quien adujo que había roto un vidrio de esa dependencia. En este momento, distintas personas de organizaciones compañeras están ocupadas por liberar a Natalia Suárezde la Comisaría en la que continúa detenida.
Desde la Coordinadora Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Córdoba denunciamos la gravedad de estos hechos porque consideramos que no son “casuales” ni desvinculados a una política de persecución y hostigamiento hacia Natalia Suarez, testigo más que importante para visibilizar el funcionamiento de las redes de trata. Es Natalia quien por su propia experiencia de secuestro y tortura viene haciendo públicas denuncias que comprometen a los integrantes de estas redes y a los responsables políticos cómplices: las fuerzas represivas, el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador José Manual De la Sota, en la ciudad de Córdoba.
  Exigimos la destitución del efectivo de la fuerza policial que asesinó a Lautaro e inmediato esclarecimiento de los hechos acontecidos.

Lautaro Torres ¡presente!

Basta de Gatillo Fácil.

No a la criminalización de la pobreza y la protesta.

Desmantelamiento de las Redes de Trata y sus responsables políticos.

Coordinadora Antirrepresiva en el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA)

fb/ coordinadora.antirrepresivacordoba

Contactos: Lucrecia – 0351- 152-953644/ Mariana – 0351- 156-119486

COMUNICADO DE PRENSA ASAMBLEA EN DEFENSA DEL AGUA Y LA TIERRA



  La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra repudia los actos de violencia sufridos en el Centro de Salud y el Centro Comunitario de Costa del Río Azul, con un incendio que causó fuertes daños.
  Desde la refundación de El Bolsón, que quedó atrás con el gobierno anterior, nos hemos pronunciado por la inclusión, en favor de la vida y de la alegría.
  Seguiremos planteando SI ALESQUI SIN LOTEOS; unidos, exigiendo investigación y justicia, pensando para adelante, y por la reconstrucción.
  ESTE ATAQUE NOS UNE MÁS EN EL CUIDADO Y DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES.
Este no es un hecho aislado, comunitariamente venimos siendo agredidos con una seguidilla de ataques desde la quema de Espacios Verdes del Municipio, la pérdida de bienes del Polideportivo, el robo en el Jardín Nº 21, el incendio este viernes a la madrugada en el Centro de Salud, anoche el robo en la Casa de la Cultura y ahora nuestro Centro Comunitario; espacios todos que se utilizan para actividades de inclusión y de participación.
  COMO SIEMPRE, PROMOVEREMOS CONTINUAR TRABAJANDO JUNTOS, UNIDOS POR EL BIEN COMÚN.
Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra
Mallín Ahogado, 13 de abril de 2014.

COMUNICADO DE REPUDIO ANTE LOS ATENTADOS PERPETRADOS CONTRA EL CENTRO COMUNITARIOS “COSTA DEL RÍO AZUL”



  La Asociación Civil Alas y el Colectivo de la radio comunitaria FM Alas repudiamos los atentados perpetrados contra el Centro de Salud y el Centro Comunitario de Costa de Río Azul y exigimos su pronto y real esclarecimiento.
  Como espacio de comunicación popular, invitamos a toda la comunidad de la comarca a hacer suya la defensa de estos lugares de construcción colectiva de ideas y de enlace entre vecinas y vecinos.

“NO DEBEMOS SER COMPLICES”



  El Bolsón (ANPP). Una vez más nuestro territorio se ve amenazado por el avance de los proyectos megamineros con la complicidad de los gobernantes de turno, quienes  enmascarados en el discurso del desarrollo regional persiguen las migajas o las suculentas tajadas que se esconden tras de éstos negociados. La comunidad de Ingeniero Jacobacci  se niega al saqueo de sus recursos naturales, alzando la voz contra la concepción capitalista de la depredación de los recursos naturales y pronunciándose a favor de actividades ambientalmente sustentables y socialmente equitativas.

Ingeniero Jacobacci 14 de Abril de 2014

  Ante las recientes declaraciones del senador nacional Miguel Pichetto, de la legisladora Sandra Recalt, e intendentes de la Región Sur como Javier Giménez y Mario Del Carpio, los cuales proponen avanzar rápidamente con la explotación de la minería metalífera hidrotóxica, utilizando como principal argumento que el camino para alcanzar el desarrollo regional pasa por explotar nuestros bienes naturales a cualquier costo, queremos manifestar nuevamente nuestro total desacuerdo y además expresar lo siguiente:
  Comprendemos la compleja situación económica productiva por la que estamos atravesando y también la urgencia por remediarla. Pero no podemos aceptar que se lo haga de cualquier manera y menos aún especulando con las necesidades que hoy tiene nuestra gente.
  Decir que nuestra principal actividad regional, como lo es la ganadería, tocó fondo o que no va más, es decirle a 3500 familias que abandonen una forma de vida y pautas culturales que les ha permitido trabajar dignamente durante generaciones. Pero claro, con 675 derechos cedidos para minerales de primera categoría los campesinos y comunidades se terminan convirtiendo en un estorbo.
  Rechazamos los argumentos que utilizan tanto el gobierno provincial como el municipal para llevar adelante este saqueo organizado quienes además ofrecen soluciones mágicas a problemas graves.
  Nos sentimos vulnerados cuando no tienen en cuenta disposiciones legales locales, provinciales y constitucionales que son las que garantizan actos justos para el bien común. Están equivocados cuando mencionan a quienes se oponen a este tipo de actividad extractiva y contaminante como grupos minoritarios, subestiman las capacidades de muchas personas, niegan la autodeterminación de los pueblos sobre sus territorios y asumen además un alto costo político pensando erróneamente que cuentan con la licencia social necesaria.
  Aceptar esta conducta por parte de los gobernantes es poner en grave riesgo el estado de derecho que merecemos y que todos debemos cuidar. Hacemos exigibles el respeto por las normas contenidas en la legislación ambiental, en los principios precautorios, en la Constitución Provincial, Nacional y en las ordenanzas locales.
  Rechazamos que se legisle en favor de las empresas privadas o mixtas que solo hacen lobby de su supuesta responsabilidad social, y que buscan solamente ingresos por regalías o grandes beneficios económicos sin importar los impactos ambientales que sus actividades generan.
  Queremos una vez más dejar claro que estamos en contra de la minería metalífera hidroquímica contaminante que responde un sistema extractivo basado en la especulación financiera llevado adelante por empresas transnacionales con complicidad de nuestros funcionarios y llamamos a la reflexión sobre cuántos y que minerales son realmente necesarios extraer, de qué manera, para qué y para quienes.
  El uso del agua como bien común esencial y escaso debe ser destinado en forma prioritaria para el consumo humano y la actividad agropecuaria.
  Los bienes naturales son más que “recursos”. No somos sus dueños absolutos sino sólo sus administradores; misión que debemos cumplir con responsabilidad y justicia, de acuerdo al derecho que sobre los mismos tienen las futuras generaciones.
  Por todo ello reclamamos al senador nacional, los legisladores provinciales e intendentes que gestionen actividades ambientalmente sustentables, socialmente equitativas, que convoquen a las organizaciones que tienen posiciones diferentes a un debate serio y participativo y que fundamentalmente trabajen por el bien común de todos los rionegrinos.

ORGANIZACIONES Y VECINOS AUTOCONVOCADOS DE INGENIERO JACOBACCI

EL GOBIERNO DEBATE LA REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL



  (ANRED).La devaluación de enero, los índices de inflación, el aumento de los precios, el ajuste salarial, la indemnización a Repsol, el acuerdo Chevron-YPF, la quita de subsidios a los servicios públicos, el pago al Club de París, la designación de Milani marcan la agenda oficial y también la protesta de los trabajadores como quedó claramente manifestado en el masivo paro nacional del jueves pasado. De acuerdo al “relato” oficial la protesta que estaba justificada en 2001/2 perdió legitimidad porque han bajado la pobreza y la desocupación, entonces, es necesario limitarla. Por Mario Hernández.

  Recordemos que frente al reciente paro de los maestros en la provincia de Buenos Aires, el Estado intentó limitar libertades democráticas básicas como el derecho de huelga.
El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, propuso legislar que la educación sea considerada un servicio público. El gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, anunció una propuesta similar. El juez bonaerense Terrier ordenó el cese inmediato de la huelga desconociendo la Constitución Nacional y las convenciones internacionales.
  Todos pretendían que los maestros brindaran educación por un salario prácticamente igualado al mínimo, vital y móvil, desconociendo que en la “década ganada” las desigualdades de ingreso no se redujeron en la proporción en que el país se enriqueció y el dinero sigue siendo apropiado en forma concentrada. Otra prueba de ello es que más de un tercio de la población activa trabaja en condiciones de ilegalidad (salarios más bajos, mayor arbitrariedad patronal, cobertura social inexistente, sin licencia por maternidad, jubilación ni vacaciones) y esta proporción permanece estable en los últimos 10 años.
  La protesta como acción comunicativa, como ejercicio de la libertad de expresión, como derecho civil no puede pedir permisos, sobre todo cuando están comprometidos sectores marginales y excluidos, quienes lo hacen fundamentalmente, porque padecen graves violaciones de derechos sociales (salud, vivienda, educación, etc.).
  Limitar la protesta social a un “corralito” solicitando formularios que consignen días y lugares como pretenden el gobierno nacional y la oposición política y patronal, castra su potencial de comunicar rápidamente necesidades y reclamos de los sectores sociales más débiles ante la omisión estatal o la pasividad del sistema político y favorece a quienes poseen recursos para comprar libertad de expresión en las corporaciones mediáticas.
  El derecho a la protesta es uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo y de la defensa de la democracia.
  El 1º de abril José “ Pepino” Fernández, principal referente de la UTD de General Mosconi,
  Salta, recobró su libertad, tras ser detenido por una supuesta participación en la toma de un supermercado. La detención de Fernández se realizó por portación de apellido mediante un informe de la Gendarmería Nacional que lo identificó erróneamente con un homónimo. Aquel día, 26 de febrero, “Pepino” estaba declarando por otra causa judicial en Tartagal pero, pese a esta prueba, el Juez Federal Raúl Reynoso lo detuvo por "averiguación de antecedentes".
  Esta es una muestra más de la persecución política y judicial que pesa sobre "Pepino" Fernández y los demás compañeros de la UTD de Gral. Mosconi por parte del gobierno de Salta de Juan Manuel Urtubey y los jueces falderos de turno que criminalizan la protesta social y pretenden desgastar a uno de los movimientos sociales que son ejemplo de lucha y dignidad en nuestro país.
  No es casual que esta persecución contra la UTD de Gral Mosconi ocurra mientras también se encuentran presos los referentes de Quebracho, "Boli" Lescano y Fernando Esteche, acusados de autoría ideológica y responsabilidad política por un escrache en el 2007 contra un local partidario del entonces gobernador de Neuquén y candidato presidencial, Jorge Sobisch, quien había dado la orden de reprimir una protesta docente que tuvo como saldo la muerte del maestro Carlos Fuentealba.
  Otro caso lo constituye la aberrante condena a los trabajadores petroleros de Las Heras inventando una sentencia que no se ajusta a los hechos acaecidos en esa localidad de Santa Cruz en 2006 como fue probado en el juicio por la defensa de los trabajadores y denunciado por el cura párroco del lugar.
  En la CABA la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas revocó el sobreseimiento al referente de la Villa 20 de Lugano, Diosnel Pérez y al Tano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa, acusados de ser los responsables de la toma del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010 y ambos serán sometidos a juicio oral, a pesar de que la jueza penal porteña María Gabriela López Iñiguez había descartado la responsabilidad de ambos en diciembre pasado.
  También los casos del Secretario Adjunto de ATE-Capital, Humberto Rodríguez y del Delegado General de la Junta Interna de Promoción Social, Mariano Skliar, en el marco del conflicto por el aumento salarial de 1600 contratos de locación de servicio, donde una vez más las víctimas pasan a ser victimarios, al igual que con los episodios de la represión en el Hospital Borda por el desalojo ilegal ordenado por el GCBA donde hay cinco trabajadores procesados, situación que también sufren las/los artistas por la toma de la Sala Alberdi.
  Todas éstas son muestras de la persecución política que viene creciendo contra los luchadores sociales por parte de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional acompañados por una legislación penal y un poder judicial que usan la vía de la criminalización como amenaza legal para perseguir líderes, reprimir el conflicto y debilitar los movimientos sociales.
  No por casualidad, el kirchnerismo en materia normativa deja un Código Penal hostil al garantismo luego de las presiones de Juan Carlos Blumberg y la Ley Antiterrorista que es un instrumento legislativo fabuloso para habilitar la represión de la protesta e inhibir a los luchadores sociales -muchos de ellos con varios procesos anteriores abiertos- por la posibilidad de que una detención en el marco de esta ley agrave duramente las penas.

A SIETE MESES: ÁNGELO MURIÓ POR LA ACCIÓN O LA OMISIÓN DEL PERSONAL POLICIAL



  Las investigaciones de la Policía Federal tuvieron como resultado que no se ha podido determinar ni el accionar de terceros ni el suicidio –esta última, la hipótesis más fuerte de la Fiscalía-. Hecho que nos lleva a afirmar sin ninguna duda que Ángelo murió por la acción o la omisión del personal policial de turno, la madrugada del 19 de septiembre de 2013.

  Ángelo sufrió el abandono, que dejado sin revisión ni cuidado entre las 3.00 am y las 5.45 am, termina siendo una posible instigación al suicidio. La consecuencia de esa falta de monitoreo es la muerte de una persona.

  La Comisión entiende que esto constituye una muestra más de la violencia estructural y la negligencia en que se encuentra inmerso el sistema policial chubutense y la indiferencia de funcionarios de gobierno y de justicia, quienes de no hacer nada más al respecto terminan consintiendo la crueldad que implica dejar un caso así, con la carátula de suicidio, bajo el argumento de que fue un “suicidio por suspensión incompleta”.

  La sola posibilidad de que este caso quede así, “suicidio”, sin que se tomen más recaudos para continuar la investigación en dirección de imputar penalmente a alguien sería no solamente un golpe muy grande para la sociedad en su conjunto, sino que alentaría los índices de impunidad e injusticia sobre nuestros pibes en particular, y por lo tanto, sobre nuestro proyecto de futuro.

  Siguen dudas pendientes: varios policías que fueron entrevistados por la Fiscalía por haberse encontrado prestando servicio al momento de la detención de Ángelo, afirman que efectivamente los calabozos estaban clausurados y que solo se utilizaban para demorados, entonces las preguntas son ¿Por qué había colchones en los calabozos si nadie iba a permanecer allí más que unas horas, bajo la condición de “demorado”? ¿Entonces, la Comisaría Segunda tenía celdas inhabilitadas o no? Esta Comisaría está siendo muy cuestionada socialmente y no deja garantías a la sociedad de que los eventuales demorados sean tratados como corresponde por derecho y por ley. Consta a esta Comisión que al menos en dos casos más, por intervención de la misma, se ha logrado que “demoren” a los pibes en otras Comisarías (la Cuarta y la Primera) y que el argumento bajo el cual se logró esto fue que las celdas de la Segunda no estaban en condiciones y que esa Comisaría no daba garantías de nada. Por lo tanto, insistimos ¿Por qué habían pibes demorados allí la noche del 19 de septiembre?

  Más preguntas que siguen sin contestar: ¿Dónde se encuentran reubicados el Comisario Luciano Yapileo y el Subcomisario Juan Carlos Jara? 
¿Qué ocurrió con el personal de turno que “debía” custodiar a Ángelo? ¿Continúa ese personal en funciones, “cuidando”, a otros detenidos en las Comisarías de Chubut?
¿Qué respuestas da el Estado Provincial a la secuencia de muertes que se suceden en la Provincia de Chubut por causa de la violencia policial?

  Es claro que debe haber alguna imputación penal por esta muerte y todas las irregularidades y negligencias en torno a ella, no solo los familiares o la Comisión la exigen, socialmente necesitamos esta imputación, porque sin un procesamiento y condena, sin una sentencia real sobre este gravísimo hecho, no hay justicia para nadie, ningún pibe puede vivir y crecer sabiendo que si “cae” apenas demorado lo puede esperar la muerte.

  Por Ángelo,
  ¡Ni un pibe menos!

Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut.

lunes, 14 de abril de 2014

ATECH NOROESTE COMUNICA SOBRE ASAMBLEA

El Bolsón (ANPP).- A continuación reproducimos el comunicado de prensa:

A los docentes y a la comunidad educativa:
La Regional Noroeste de ATECh tal cual lo planteara el mandato de la asamblea de delegados y amparada en la ley de asociaciones sindicales convoca a la realización de Asambleas Escolares en horario de trabajo el día miércoles 16 de abril entre las 8 y las 9:30 para el turno mañana  y de 13 a 14:30 para el turno tarde.
Dado que los docentes estarán desarrollando esta tarea solicitamos a las familias prevean el ingreso de los estudiantes ingresen a las 9:30 en el turno mañana y 14:30 en el turno tarde.

ATECH REGIONAL NOROESTE

Asesinatos en serie de chicos Wichí en Formosa



  (ANRED).-“Quiero pan” . Un niño wichí de 11 años baleado por un policía en el pueblo formoseño Ingeniero Juárez está luchando por su vida y tiene hambre en un hospital público. El contexto de este ataque policial es aterrador: testigos de la localidad denuncian asesinatos en serie de no menos que 17 chicos indígenas, en parte asesinados por la policía. A esto se suman asesinatos de personas mayores, violaciones sistemáticas de niñas, muertes dudosas en hospitales y tráfico de órganos; una violencia morbosa que se replica en todo el noroeste del país.

   


  El niño Wichí de 11 años Nazareno Chávez se encuentra todavía en el Hospital de la Madre y el Niño de Formosa Capital, a unos 500 kilómetros de su comunidad en Ingeniero Juárez. Los huesos de su rodilla de izquierda fueron astilladas por una bala de plomo de un policía hace más que tres semanas. Su situación es precaria. Cuenta el referente de comunidades Wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, quién visito a Nazareno recién: “El chico apenas podía hablar. Me dijo: Quiero pan, ¿tenes algo de pan? Su boca estaba seca y sus ojos lleno de dolor. Es un niño que no sabe porqué le pegaron. Perdió mucha sangre y su herida es muy grave. Ahora no parece que vuelva a caminar, todavía no está recuperando.”


  La herida de Nazareno es producto de una verdadera cacería de niños realizada por policías provinciales en la tarde del viernes 21 de Marzo, como ya se pudo documentar. Un grupo de niños se había sentado tranquilamente en la vereda frente a la Plaza Juan Domingo Perón cuando efectivos bajando de un patrullero dispararon a los chicos y los siguieron disparando con balas de goma y de plomo por una distancia de más que 100 metros. El resultado fue tres niños heridos, dos de ellos por bala de plomo, lo más grave Nazareno.
  “Es muy triste ver las lágrimas en los ojos de la madre, porque su hijo casi murió y está luchando por su vida”, dice Santillán. Critica a las instituciones por ocultar la gravedad de la herida. “Los políticos dicen, que Nazareno está bien, pero no es así. Nadie investiga, ni los médicos dieron explicación. Les pregunte si hay un resumen médico, pero me dijeron que no hay.“ Cuando la madre Ana Chávez, acompañado por el referente, quería denunciar el crimen en la comisaría de Ingeniero Juárez: “ellos no aceptaron la denuncia. Ni nos atendieron.”
  Recientemente, el hospital pidió a la madre Chávez el carnet de vacunas de su hijo. Por eso, tuvo que volver a su casa, un viaje de unos mil kilómetros en total que solo pudo pagar con donaciones de una organización humanitaria. Lo mismo pasa con la comida en el hospital: “Lo que más bronca me da, es que el hospital no les da de comer, ni a los acompañantes y ni al herido, la comida se la tienen que comprar”, dice Santillán.

  En toda su crueldad la cacería de niños en Ingeniero Juárez es parte de una violencia generalizada contra los pueblos originarios especialmente en las provincias Formosa, Chaco y Salta. Es aparentemente un fenómeno creciente. Como dice el ex cura de la teología de la liberación Patricio Doyle, quién vivió 20 años hasta mediados de los 90´ con los Wichí: “Esto no había cuando yo estaba.”
  Al contrario de los originarios de la Patagonia, como los Mapuche, pueblos como los Wichí del noroeste no fueron asesinados sino esclavizados en el siglo XIX, porque los grandes ingenios necesitaban una mano de obra barata. “Fue la iglesia quien los quebró, no la fuerza armada”, dice Doyle. Explica que los misionarios quebraron su autoestima enseñándoles “que toda su cultura era mal” y así los esclavizaron. Sufrieron un genocidio silencioso durante el siglo XX. “El Impenetrable fue un cementerio de proyectos de desarrollo”, remarca.
  Pero en los últimos tiempos en lugar de la demanda de esclavos, creció la demanda de tierra para la explotación de recursos naturales, especialmente para extender la frontera del sistema agro-exportador transgénico – un sistema agropecuario casi sin mano de obra.      El originario no se necesita más y en esta lucha territorial se repite la masacre en el sur del siglo XIX. Por eso los ataques violentos contra las comunidades Wichí en Ingeniero Juárez y de los Qom en La Primavera, Riacho de Oro, Pampa del Indio y una multitud de otras en la región..
  Así se puede entender, por qué el crimen policial contra el niño Nazareno y sus amigos tiene un contexto aún más aterrador. Según testigos, son 17 los asesinatos de chicos Wichí – no incluyendo los asesinatos de personas grandes – a manos de integrantes de instituciones estadales o por sus protegidos. Estos números dan cuenta de lo sucedido: desde el año 2000 sólo en Ingeniero Juárez, con 19 mil habitantes, se trata de un patrón de crímenes contra los jóvenes originarios que según testimonios de vecinos se repite allí, en otras localidades de las Provincias de Formosa, Chaco y Salta.
  En ningún caso de Ingeniero Juárez hubo un juicio, la mayoría de los asesinatos ni siquiera fueron investigados oficialmente, algunos de ellos se supone que fueron cometidos directamente por integrantes de la policía. En general, tampoco hubo denuncias de familiares por miedo a la represión y “porque acá en Juárez no toman la denuncia” – la misma experiencia que tuvo la madre de Nazareno –, aunque, como dicen los vecinos, “sabemos quiénes son que los matan”.
  Por ejemplo, un joven Wichí se encontró muerto en un basural. “Sabemos que los que lo mataron y torturaron son policías y la causa quedo en la nada”, dice un referente. “Luego encontramos un chico todo esqueleto, le sacaron toda la piel y de eso no hubo justicia tampoco. Otro chico fue yendo para un paraje y sabemos quiénes lo mataron, porque tienen muchas vacas y entonces son políticos”, dice un vecino. Hace tres años una mujer joven fue violada. “La chica la mataron, le sacaron los dientes. El hospital dice que murió por deshidratación, pero como va a morir por deshidratación, teniendo así la boca y sin dientes, con todos los moretones. El tobillo estaba torcido y se veía que peleó con su agresor.” El asesino fue “uno de los dirigentes de acá de Juárez”.
  En el año pasado asesinaron a Víctor “Oli” Segundo, el número 17 de los asesinatos de chicos Wichí en Ingeniero Juárez, un crimen morboso que se podría reconstruir de manera precisa con nuevos testimonios, aunque el sistema judicial cerró el caso. El joven, supuestamente de 16 años (no tenía DNI), fue golpeado brutalmente el 22 de Junio. Según testigos el asesino fue el dueño criollo de un comercio y la razón del acto había sido el hecho que el Wichí Olivero se había sentado en la vereda del local criollo.

  “No sé cómo, pero Oli salió del barrio”, cuenta la referente de la comunidad Barrio Belgrano, Ercilia Agüero. “Se dice que le mandaron a comprar algo ahí en ese negocio, pero cuando le mandaron ellos pensaron que el chico se había ido a su casa, pero luego él no aparecía. Dos días estuvo desaparecido, al tercer día lo encontraron a 50 metros de ese negocio en una chacra, como un perro muerto”.
  El joven fue desfigurado por golpes y encontrado sin ropa, lo que impidió identificarlo. Fue declarado fallecido y llevado al cementerio. Allá el encargado se dio cuenta que Víctor Segundo todavía estaba vivo, significa que el joven había sufrido – “como un perro tirado en la chacra” – dos días de agonía antes de detectarlo. Entonces fue traslado a la terapia intensiva de un hospital de Formosa Capital, donde murió. Solo cuando volvió su cuerpo, cosido como un matambre como se puede ver en las fotos tomadas, su identidad fue revelada y sus familiares, preparando el cuerpo para el funeral, detectaron que fue vaciado de sus órganos.
  Unas semanas antes de estos hechos una mujer fue violada y golpeada por criollos de la localidad. Fue atacada en un galpón abandonado del ferrocarril y murió en el hospital, caso que tampoco fue resuelto por la justicia. Estos crimines están acompañados por muertos dudosos en hospitales. En una cantidad de comunidades hay denuncias de personas trasladadas a los hospitales de las capitales provinciales de Formosa y de Chaco que volvieron muertos con falta de unos órganos.
El supuesto asesino del joven Víctor Segundo, a quien miembros de la comunidad Wichí acusan de participar también en violaciones de mujeres Wichí, hoy en día está suelto y en libertad. Un hecho inédito, especialmente en el contexto de los linchamientos de las últimas semanas, es lo que paso, después de que las comunidades se dieron cuenta del asesinato. Unas mil personas se juntaron para reclamar justicia y fueron al lugar del asesinato. Dice un testigo: “Ellos llevaron al negociante y la señora, pero después la gente se frenó un poco. Pensaba que por fin va a haber justicia. Entonces les entregaron a la policía.”
  Mientras que en el barrio porteño Palermo un ladrón que robó un reloj marca Rolex de una turista casi es linchado, unos mil vecinos de un joven asesinado bestialmente se resisten a ajusticiarlo y entregan al supuesto asesino para que el estado haga justicia. Pero en lugar de cumplir con su función, el sistema judicial liberó al comerciante y ahora está persiguiendo a los manifestantes acusándolos de robo en banda y en poblado. Entre los imputados se encuentran personas que probadamente no estaban en la manifestación, como una mujer que ese día estaba internada en un hospital. Otros imputados estaban, con testigos, en el campo afuera del pueblo. La comunidad Wichí decidió no atender las audiencias judiciales en el pueblo de Las Lomitas, unos 200 kilómetros de Ingeniero Juárez. No tenían los recursos para viajar “y tenemos miedo”, dice un imputado: “pensamos si vamos, nos pueden encerrar, y la gente se puso de acuerdo de no ir. Ahora estamos como en rebeldía. Pero si lo va a buscar la policía a una persona no la dejamos que se la lleven.”


  El caso Víctor Segundo es emblemático, como lo es la herida del niño Nazareno Chávez, por su crueldad. Ambos son casos que exponen la perversión social donde las jóvenes y niñas originarias son golpeadas y violadas casi a diario. De hecho, existe un verbo que da cuenta de esta práctica en el noroeste argentino: se dice “vamos a chinear” cuando unos criollos buscan una chica indígena para violarla.
  Pero los casos de Olivar y Nazareno también demuestran, cómo las instituciones del estado están involucradas directamente en los crímenes: la policía, el sistema judicial y el de salud y el poder ejecutivo. El estado no está ausente en este juego violento, está bien presente y es un participante activo en crímenes organizados como el tráfico de órganos. Recientemente un médico que atendió a un paciente Wichí refirió el caso de un paciente que le comentó sobre una operación de apéndice que le practicaron en un hospital público.
  Cuando el médico pregunto dónde estaba su cicatriz, el paciente la mostró. El médico sorprendido constató que se encontraba en la espalda justo encima del riñón.

COMUNICADO DE REPUDIO POR EL INCENDIO INTENCIONAL DEL CENTRO COMUNITARIO DEL RÍO AZUL.



  Los docentes y directivos de la escuela Nº 103, repudiamos el incendio intencional en las instalaciones del centro de salud y del centro comunitario Costa Del Río Azul en Mallín Ahogado, entendiendo que son bienes de la comunidad, y que se está atentando contra la participación popular y las organizaciones de base.

  Creemos que estos hechos agravan la difícil situación que está pasando  la comunidad de Costa Del Río Azul, ante la falta de respuestas por parte del ministerio de educación provincial que garanticen el inicio de clases.
 
  Rechazamos el incendio intencional, el abandono institucional y todo ataque a los espacios públicos como formas de violencia que vulneran los derechos elementales de las personas


         EQUIPO DIRECTIVO Y EQUIPO DOCENTE  DE LA ESCUELA Nº 103

COMUNICADO DE REPUDIO ANTE EL INCENDIO INTENCIONAL DEL CENTRO COMUNITARIO DE MALLIN AHOGADO



  La agrupación Roja y Negra repudia terminantemente los incendios intencionales cometidos contra el Centro Comunitario “Costa del Río Azul” de Mallín Ahogado. Entendemos que éste acto es una forma de amedrentar e intentar desarticular a la organización popular que desde hace varios años se viene gestando y fomentando desde el Centro Comunitario. Además, consideramos que este tipo de episodios atentan contra el derecho natural de los pueblos a defender y reclamar por su dignidad.
Nos solidarizamos con la comunidad de Mallín Ahogado y con los trabajadores del Centro de Salud que también se vio afectado.
¡Arriba los que luchan¡

Agrupación Roja y negra.
Radio La Negra.
El Pueblo TV.
Agencia de noticias “Prensa del Pueblo”.