Córdoba, 7 de febrero de 2013 (Red Eco) - Los fundamentos del proyecto giran en torno a las consecuencias sanitarias y ambientales que derivarían de la instalación de la planta, y la violación del art. 41 de la Constitución Nacional, a la ley General del Ambiente N° 25675 y a varios artículos de la Constitución Provincial y sus leyes provinciales derivadas.
Por otra parte, la problemática se plantea como una cuestión de orden público, lo que implica que de ser aprobado no necesitaría reglamentación.
“A la ilegalidad del obrar viene a sumarse la arbitrariedad para conformar en conjunto un marco de claro avasallamiento de derechos y garantías”, sostienen los vecinos autoconvocados.
Monsanto, que aumentó sus ganancias mundiales un 87 por ciento en los últimos dos años, evalúa apostar al sector de las frutas y verduras, en la mejora de "sabor y calidad" y anuncia inversiones en Argentina por 1.600 millones de pesos para construir plantas productoras de semillas transgénicas.
Lucas Vaca, integrante de la Asamblea de Malvinas, afirmó que “hemos llegado hasta aquí; si no nos dan bolilla en nuestro municipio donde nosotros realmente vivimos, tenemos que tomar nuestras medidas y llegar hasta lo más alto. Malvinas no es otro país, donde vulneran nuestros derechos, como ciudadanos y como argentinos, es parte de la Argentina, (…) de no haber sido por Barrio Ituzaingó, que levantó la perdiz, nosotros estaríamos viendo qué hacer. Pero gracias a ellos hemos podido levantar la lucha y llegar a esta instancia y reclamar lo más importante como ciudadanos que son nuestros derechos. Queremos que nos dejen votar, queremos la consulta popular, porque es para todos y en interés de todos”.
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