UN PAÍS, DOS REALIDADES Y UN ESTADO MUDO

Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo.

Por Darío Aranda

(ODHPI).- “El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.
“Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados”, denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica situación” que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas “acusadas por usurpación de sus propias tierras”.
La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”
Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que “revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”.
“Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”, resumió.
El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”, afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.
Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches “imputados y perseguidos” por defender el territorio y remarcó que “la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.
Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían “buena vida” cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se “privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica”.
Díaz responsabilizó a “los gobiernos y las empresas” por la situación de los pueblos originarios. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, explicó el líder qom.
Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.
Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. “Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”, aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos.
Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. “Ya tenemos que contar muertes de hermanos”, lamentó y denunció al INAI por “dejar desprotegidas a las comunidades”.
Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión.
“Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria”, finalizó.

Otra Argentina
Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer.
Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.
Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: “Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena”. Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que –ante la sorpresa de los presentes–, comenzó a leer un informe.
Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó “tres leyes fundamentales” para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe”, la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, “reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión” para las comunidades.
Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron “relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas”.
“Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”, señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un “esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos” en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado “26 proyectos que benefician a 429 comunidades” (no precisó qué proyectos).
“Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”, recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que “a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4.

Preguntas
Los comisionados de la CIDH hicieron consultas:
-¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?
-¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?
-¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?
-¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).
-¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?
-¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)
-¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?
La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación.

Respuestas
Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: “Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio”.
Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.
Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que “en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta” a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco “fue consultado con ninguna comunidad”.
Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. “Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad”, lamentó.

Silencio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas.
Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las “autoridades competentes” y que responderían por escrito.
Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde.
Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada.

ISFD 813 LLAMA A COBERTURA DE MATERIAS

Lago Puelo (ISFD 813).- El Instituto Superior de Formación Docente Nro. 813 hace el llamado para la presentación de proyectos para la cobertura de los siguientes espacios curriculares:
v Profesorado de educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacúsicos
Tecnologías de la Información y de la Comunicación Social y la Enseñanza
Ø Tecnicatura Superior en Bibliotecología
Análisis documental I
Fuentes y Servicios de la Información I
Historia de las bibliotecas y los aportes de la información
v Profesorado de educación Especial con en Discapacidad Intelectual
Lengua y Literatura
Bases y condiciones en la página www.isfd813lagopuelo.edu.ar o vía mail a isfd813@isfd813lagopuelo.edu.ar, fecha de presentación martes 3 de abril hasta las 18hs.

HAY PRÁCTICAS QUE NO CAMBIAN

Neuquén (8300WEB).- Bruno Rodríguez tenía 22 años. Era un testigo protegido por haber presenciado abusos sexuales por parte de nueve policías a un adolescente que estuvo detenido con él durante enero en la comisaría segunda de la localidad de Trelew. Fue asesinado.

La justicia lo había trasladado de provincia para proteger su vida; no es una novedad que quienes “saben demasiado” también corren “demasiados riesgos”. Se sabe. Y, aunque se sabe, sigue pasando, de la misma forma que continúan sucediendo los abusos como los que había presenciado Bruno.
Ya no vivía en Chubut, por miedo y por protección, pero regresó por unos días a hacer trámites a Trelew. Aparentemente, los uniformados implicados en los casos de abuso sexual no perdieron el tiempo. Ahora, la justicia planea sacar de la provincia al joven que efectuó la denuncia, en su momento, de las situaciones de las cuales Bruno había sido testigo. Parece más fácil desarraigar a las víctimas que trabajar en serio para modificar una realidad que no puede seguir sucediendo.
Recibió tres puñaladas que terminaron con su vida, aunque no con su testimonio, ya que la justicia cuenta con sus declaraciones. Bruno, culpable de ver lo que no tenía que ver y de decir lo que debía callar. Por el estado de inconciencia en el que quedó luego del ataque, no pudo explicar qué sucedió, lo que deriva en que “no haya sospechosos” por el crimen.
Una práctica frecuente. Por la facilidad que tienen algunos sectores de amordazar testigos, faltan demasiadas personas. También faltan políticas claras al respecto y un accionar concreto y urgente, para que esto tampoco suceda nunca más.

CINE DOCUMENTAL EN EL IFDC DE EL BOLSÓN: "LESA HUMANIDAD"

El Bolsón (ANPP).- El día sábado 31 de marzo próximo, a las 19:30 hs, se proyectará el video documental "Lesa humanidad. Un nuevo enfoque desde donde juzgar la violencia sexual de la dictadura", en el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, sito en las calles Liniers y Alberti, con entrada libre y gratuita.
Además, se realizará una charla abierta con compañeras del programa "Violencia de género en contextos represivos", de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba.
La presentación es organizada por Conjuros a viva voz, Colectivo ALAS para la comunicación popular, Construyendo la identidad sexual a viva voz y el IFDC de El Bolsón y, auspiciado por UnTER local.

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE ROSARIO CUESTIONA EL MODELO EXTRACTIVO

Con el voto unánime de sus veinte consejeros, la Facultad de Medicina de la UNR aprobó una resolución que cuestiona la “producción altamente contaminante”, en la que incluye la minería, la fabricación de pasta celulosa y aceites vegetales.

Por Darío Aranda

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 (Página 12).- “El avance en nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, la extracción de petróleo (...), vulnera los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable.” La denuncia, que bien podría atribuirse a asambleas socio-ambientales o a pueblos originarios, fue realizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que, con voto unánime de sus veinte consejeros superiores, aprobó la resolución que cuestiona el modelo extractivo, en especial a la megaminería y al modelo agropecuario. También solicitó al gobierno nacional que “frene las acciones represivas sobre los movimientos sociales” y le pidió que “asuma la responsabilidad de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Aprobada por el Consejo Superior de la facultad pública, el documento enumera como parte de un mismo modelo a las concentraciones urbanas, los agrotóxicos y transgénicos, la minería y pasteras, represas y centrales nucleares, contaminantes químicos, biodiversidad diezmada, destrucción de territorios y “poblaciones en franca diáspora despojadas de los bie-nes comunes”. Afirma que todas estas actividades “deben ser identificadas como problemas del campo de la salud por los responsables de definir políticas públicas”.
“Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños que provocan a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que resulta ina-ceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio”, asegura la casa de altos estudios.
Fechado el 10 de febrero último, difundido la última semana, apunta de manera directa al Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), que propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria para 2020. “Es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y nutrientes de nuestros suelos, así como de incrementos siderales en los volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras comunidades”, alerta y rechaza el discurso empresario que promete mayor producción de alimentos para acabar con el hambre.
La Facultad fue en 2011 sede del Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, donde medio centenar de investigadores aportaron estudios científicos y casos concretos de la afección en la salud en zonas con monocultivo de soja. La resolución fue apoyada por todos los bloques (docentes, estudiantes, no docentes y graduados).
“Producimos conocimiento científico que sea útil a la comunidad y formamos trabajadores de la salud comprometidos con la realidad”, afirmó el consejero por el claustro docente Damián Verzeñassi, y explicó que la Facultad apuesta a “generar conocimientos que hagan cada día más difícil que algunos representantes pretendan burlarse de la inteligencia del pueblo al decir que minería o agrotóxicos no afectan el ambiente y la salud. Hay sobradas pruebas de lo que provocan”.
Con la megaminería en la agenda pública en enero por la pueblada de Famatina y los cortes selectivos en Catamarca, la Facultad de Medicina identifica como posibles fuentes de contaminación a los cráteres en las montañas, las pilas de lixiviación, los escombros removidos y los diques de colas (grandes piletones que hacen de basureros mineros). “La actividad minera que se de-sarrolla a cielo abierto daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”, denuncia, en línea con resoluciones similares de la Universidad Nacional de Córdoba (2009) y Río Cuarto (2010).
Toma como caso testigo de la megaminería a Bajo La Alumbrera, ubicada en Catamarca. “Está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal, alto consumo, casi el doble del consumo de toda Catamarca”, señala y, en base a una causa del fiscal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, remarca que se ha probado la contaminación con arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo y selenio.
También denuncia el “espionaje” de empresas mineras (en referencia a la compañía Osisko en Famatina) y, con respecto a la violenta represión del 10 de febrero en Tinogasta (Catamarca), cuestiona que “las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales y promineros han ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos”.
En sus artículos resolutivos, el Consejo Directivo de la Facultad se solidariza con las comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que “comprometen la salud de los ecosistemas y a los seres humanos”, y convoca a todos sus equipos docentes a ponerse “a disposición de las comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes”.

CÁTEDRA ABIERTA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA INTEGRAL

Lago Puelo (ISFD 813).- El ISFD N. 813 de Lago Puelo convoca a participar de la Cátedra Abierta sobre Educación Artística Integral“El arte como andamiaje para procesos de inclusión y para la enseñanza en la Educación Especial”.
Este espacio se dicta los Viernes de 19,20 a 22,30 hs. en la sede del Instituto, correspondiente al tercer año de Formación del Profesorado de Educación Especial. Coordinado por las profesoras Escuer, Rajmilchuk y Labrune y aborda la Plástica, la Música y la Expresión Corporal y Teatral como andamiaje de inclusión en la enseñanza de la Educación Especial.
Se otorga certificado de asistencia para el puntaje docente.
Informes e inscripción 4499748/4499446.

ISFD 813: LLAMADO PARA CUBRIR ESPACIOS CURRICULARES

Lago Puelo (ISFD 813).- El Instituto Superior de Formación Docente Nro. 813 hace el llamado para la presentación de proyectos para la cobertura de los siguientes espacios curriculares
Ø Profesorado de Educación Primaria
Práctica Docente I
Lectura y Escritura Académica
Lengua y Literatura
Ciencias Naturales
Ø Profesorado en Educación Especial en Discapacidad Intelectual
Psicología de la Educación
Pedagogía I
Lectura y Escritura Académica
Bases y condiciones en la página www.isfd813lagopuelo.edu.ar o vía mail a isfd813@isfd813lagopuelo.edu.ar, fecha de presentación martes 3 de abril hasta las 18hs.

COMUNICADO: LA COMUNIDAD DEL CEM 10 SE EXPRESA FRENTE A LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL BOLSÓN

El Bolsón, 26 de marzo de 2012.

Familiares y estudiantes del la comunidad educativa del CEM 10, reunidos para informarnos y analizar la gravísima situación que impide el inicio de las clases de las escuelas de nivel medio en El Bolsón, denunciamos que:

· El deterioro de los edificios escolares es un problema que se ha ido agudizando por el abandono de sus responsabilidades con la educación pública por parte de sucesivos gobiernos.

· El actual Ministerio de Educación de Río Negro no está dando ninguna respuesta satisfactoria con la urgencia que merece detener la vulneración de los derechos de más de mil jóvenes de El Bolsón.

EXIGIMOS QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA COMENZAR INMEDIATAMENTE, AL MENOS CON EL PLAN DE ALTERNANCIA, Y ACORTAR AL MENOR PLAZO POSIBLE LA FINALIZACIÓN DE OBRA DEL EDIFICIO DEL CEM 30 Y 48.

CREEMOS QUE SI LOS FUNCIONARIOS NO PUEDEN DAR RESPUESTAS, DEBEN RENUNCIAR.

CONVOCAMOS A MADRES,PADRES, ESTUDIANTES DE TODAS LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE EL BOLSON A REUNIRNOS EL MIÉRCOLES 28 DE MARZO A LAS 11 DE LA MAÑANA, FRENTE A LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN LOCAL.

COMUNICADO DE PRENSA: ANTE LOS DESPIDOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD EN EL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

El Bolsón (ANPP).-COMUNICADO DE PRENSA DE H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas:

Ante los despidos del Instituto Espacio para la Memoria, del Gobierno de la Ciudad

Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos los despedidos de dos trabajadores del Instituto Espacio de la Memoria (IEM) dependiente del Gobierno de la Ciudad.
La conducción del IEM, integrada por Ana Careaga y Cecilia Piñeyro, decidió despedir a los trabajadores Jorge Pedregosa y Gelman y  Magdalena Oesterheld en febrero de este año. Gracias a la lucha de los trabajadores organizados, el organismo decidió reincorporar a Jorge, pero no así a Magdalena.
La decisión de la conducción del IEM va a contramano del respeto de los derechos humanos, y de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.
Exigimos la inmediata reincorporación de Magdalena Oesterherld y el cese de la persecución a los trabajadores por índole gremial o ideológica.

Abuelas de Plaza de Mayo
Familaires de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S.- Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

ESTO ES LO QUE VALE LA ESCUELA PÚBLICA PARA EL ESTADO RIONEGRINO

Los docentes de las escuelas urbanas de Nivel Medio de El Bolsón hacemos públicas las imágenes de la única "gamela" que el Ministerio de Educacion de Rio Negro nos envió, en respuesta a las necesidades edilicias que se necesitan para comenzar las actividades escolares.
Queremos denunciar públicamente el menosprecio y desinterés por parte de las autoridades al enviarnos una instalación como esta en estado deplorable, demostrando el valor que le da a la educación pública y a sus trabajadores. Pedimos a todos los medios que multipliquen el reenvío de estas imágenes que solo con mirarlas sobran las palabras.......... La defensa de la igualdad y calidad educativa es responsabilidad de todos y debe ser exigida por toda la sociedad rionegrina y un deber de nuestros funcionarios locales y provinciales.

Docentes de Nivel Medio de El Bolsón