El Bolsón (Al Encuentro).- La Agrupación de Raíz Folclórica "Al Encuentro", invita a la comunidad a una nueva Peña Folklórica Familiar, a realizarse este viernes 20 de mayo a partir de las 21 hs., en el salón de Azúcar (calle Islas Malvinas, al lado de Dulcería Mico).
Se brindarán espectáculos musicales y artísticos, participarán músicos en vivo, se realizarán clases abiertas de danzas folklóricas y habrá pista de baile.
La entrada general es de 15 pesos, y las niñas y niños entran gratis.
lunes, 16 de mayo de 2011
QOM EN BUENOS AIRES: COMENZÓ EL DIÁLOGO
El primer encuentro de la mesa de diálogo y trabajo entre la Comunidad Qom "La Primavera", el gobierno Nacional y el provincial de Formosa, que se llevó adelante el lunes pasado, obtuvo como resultado una serie de acuerdos. Entre ellos, el referido a la elección de representantes, y el accionar que el gobierno provincial tiene respecto a la comunidad.
Argentina, 12 de mayo de 2011 (Red Eco).- De la reunión participaron además de miembros de la comunidad qom La Primavera encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos; y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa.
Este grupo, liderado por el cacique Fernando Sanabria, no reclama la restitución de tierras y es reconocido por el gobierno de Gildo Insfrán.
El acta firmada el lunes incluye los siguientes acuerdos: que los indígenas elijan a sus representantes los cuales tendrán respaldo legal, que se apliquen las leyes que prohíben el arrendamiento de tierras comunitarias, a la vez que se haga un relevamiento catastral, y que el Parque Nacional Río Pilcomayo realice un estudio sobre las hectáreas superpuestas con los territorios de la comunidad.
El problema de autoridades surgió en 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil. El conflicto lo dirimió la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
Luego, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz.
Al respecto, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, presente en la mesa de diálogo expresó, en una entrevista realizada por el programa Al Oeste de FM en Tránsito, las diferencias respecto a estos dos grupos al indicar que: “son acreedores de una situación totalmente diferente, el grupo de Félix (Díaz) reclama las tierras para trabajar y vivir de su trabajo, la otra gente está recibiendo planes, becas, y tiene otra visión de la historia, Ayer (por el lunes) se vio clarito que es una situación que está dividida en dos pero porque el Gobernador estuvo manejando esta situación. La decisión de pueblo que lo votó a Félix no se pudo cumplir por la intromisión del gobernador”.
De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Para finalizar, se acordó celebrar la próxima reunión de diálogo y trabajo en la sede del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el 23 de Mayo a las 16 hs. En dicha oportunidad se continuará trabajando sobre los temas abordados.
Fuente: Agencia Walsh – Pagina12
Argentina, 12 de mayo de 2011 (Red Eco).- De la reunión participaron además de miembros de la comunidad qom La Primavera encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos; y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa.
Este grupo, liderado por el cacique Fernando Sanabria, no reclama la restitución de tierras y es reconocido por el gobierno de Gildo Insfrán.
El acta firmada el lunes incluye los siguientes acuerdos: que los indígenas elijan a sus representantes los cuales tendrán respaldo legal, que se apliquen las leyes que prohíben el arrendamiento de tierras comunitarias, a la vez que se haga un relevamiento catastral, y que el Parque Nacional Río Pilcomayo realice un estudio sobre las hectáreas superpuestas con los territorios de la comunidad.
El problema de autoridades surgió en 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil. El conflicto lo dirimió la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
Luego, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz.
Al respecto, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, presente en la mesa de diálogo expresó, en una entrevista realizada por el programa Al Oeste de FM en Tránsito, las diferencias respecto a estos dos grupos al indicar que: “son acreedores de una situación totalmente diferente, el grupo de Félix (Díaz) reclama las tierras para trabajar y vivir de su trabajo, la otra gente está recibiendo planes, becas, y tiene otra visión de la historia, Ayer (por el lunes) se vio clarito que es una situación que está dividida en dos pero porque el Gobernador estuvo manejando esta situación. La decisión de pueblo que lo votó a Félix no se pudo cumplir por la intromisión del gobernador”.
De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Para finalizar, se acordó celebrar la próxima reunión de diálogo y trabajo en la sede del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el 23 de Mayo a las 16 hs. En dicha oportunidad se continuará trabajando sobre los temas abordados.
Fuente: Agencia Walsh – Pagina12
LANZARON CAMPAÑA "LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO YA"
El jueves 5 de mayo en la Central de los Trabajadores Argentinos (sede Capital) se lanzó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.
Ciudad de Buenos Aires, 12 de mayo de 2011 (Red Eco).- Su objetivo es llevar a cabo acciones conjuntas para fomentar el debate y la pronta aprobación del proyecto de ley de identidad de género, que fue presentado en noviembre de 2010 en la Sala José Luis Cabezas del Congreso de la Nación.
El Frente se compone de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), la Cooperativa Nadia Echazú, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Futuro Transgenérico, Putos Peronistas, Encuentro por la Diversidad - Córdoba, Jóvenes por la Diversidad, Antroposex, Crisálida Tucumán, ADISTAR Salta y otras organizaciones.
La actriz y dramaturga Vida Morant –quien obtuviera su DNI en abril de 2010- dio inicio al acto de lanzamiento leyendo los numerosos mensajes de adhesión enviados por partidos políticos, organismos no gubernamentales, sectores oficiales y mensajes personales.
Siguieron a Morant las exposiciones de Claudia Puccini, de la CHA, que dijo sentirse orgullosa por la construcción del proyecto por parte de activistas trans y se quejó por no tener todavía un DNI que refleje su verdadera identidad de género y de Fernando Rodríguez, integrante de de Encuentro por la Diversidad de Córdoba.
genero_s._hacher.jpgOtra oradora fue la dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Diana Sacayán, que recordó: "aún en nueve provincias se persigue y hostiga a los travestis, que tienen como única posibilidad de vida la prostitución, ya que no existen políticas públicas para cambiar esta realidad".
También se hizo presente el titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Claudio Morgado, que expresó la necesidad de contar con la aprobación la ley de identidad de género manifestando que se trata de “otra construcción de sujetos que hoy están fuera del alcance del derecho, y necesitamos derechos para todos".
El proyecto se basa en cuatro pilares para entender las identidades trans: despatologización (no considerar a las identidades trans como enfermedades); desjudicialización (el trámite de reconocimiento es un trámite administrativo expeditivo ante el registro civil de jurisdicción de la persona peticionante); desestigmatización (incorporando la noción de no discriminación de las identidades trans); y descriminalización de las identidades trans.
Días antes de la presentación del Frente se hicieron públicas las declaraciones de la presidente del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, Beatriz Orlowski, que quitó la categoría “travesti” de los informes del Consejo, y en una presentación en la Legislatura Porteña declaró que las travestis “son personas que se disfrazan porque no tienen otra ropa”
En este sentido, lxs integrantes del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género expresaron su repudio. Entre ellxs, César Cigliutti -Presidente de la CHA- declaró: “es mucho más grave que una funcionaria se exprese públicamente en contra de un derecho humano como es la identidad de género” remarcando que usar la palabra disfraz para designar a las travestis es “un acto de violencia.”
Ciudad de Buenos Aires, 12 de mayo de 2011 (Red Eco).- Su objetivo es llevar a cabo acciones conjuntas para fomentar el debate y la pronta aprobación del proyecto de ley de identidad de género, que fue presentado en noviembre de 2010 en la Sala José Luis Cabezas del Congreso de la Nación.
El Frente se compone de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), la Cooperativa Nadia Echazú, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Futuro Transgenérico, Putos Peronistas, Encuentro por la Diversidad - Córdoba, Jóvenes por la Diversidad, Antroposex, Crisálida Tucumán, ADISTAR Salta y otras organizaciones.
La actriz y dramaturga Vida Morant –quien obtuviera su DNI en abril de 2010- dio inicio al acto de lanzamiento leyendo los numerosos mensajes de adhesión enviados por partidos políticos, organismos no gubernamentales, sectores oficiales y mensajes personales.
Siguieron a Morant las exposiciones de Claudia Puccini, de la CHA, que dijo sentirse orgullosa por la construcción del proyecto por parte de activistas trans y se quejó por no tener todavía un DNI que refleje su verdadera identidad de género y de Fernando Rodríguez, integrante de de Encuentro por la Diversidad de Córdoba.
genero_s._hacher.jpgOtra oradora fue la dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Diana Sacayán, que recordó: "aún en nueve provincias se persigue y hostiga a los travestis, que tienen como única posibilidad de vida la prostitución, ya que no existen políticas públicas para cambiar esta realidad".
También se hizo presente el titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Claudio Morgado, que expresó la necesidad de contar con la aprobación la ley de identidad de género manifestando que se trata de “otra construcción de sujetos que hoy están fuera del alcance del derecho, y necesitamos derechos para todos".
El proyecto se basa en cuatro pilares para entender las identidades trans: despatologización (no considerar a las identidades trans como enfermedades); desjudicialización (el trámite de reconocimiento es un trámite administrativo expeditivo ante el registro civil de jurisdicción de la persona peticionante); desestigmatización (incorporando la noción de no discriminación de las identidades trans); y descriminalización de las identidades trans.
Días antes de la presentación del Frente se hicieron públicas las declaraciones de la presidente del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, Beatriz Orlowski, que quitó la categoría “travesti” de los informes del Consejo, y en una presentación en la Legislatura Porteña declaró que las travestis “son personas que se disfrazan porque no tienen otra ropa”
En este sentido, lxs integrantes del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género expresaron su repudio. Entre ellxs, César Cigliutti -Presidente de la CHA- declaró: “es mucho más grave que una funcionaria se exprese públicamente en contra de un derecho humano como es la identidad de género” remarcando que usar la palabra disfraz para designar a las travestis es “un acto de violencia.”
VILLA MARÍA: CONGRESO CONTRA LA TRATA
Córdoba, 12 de mayo de 2011 (Red Eco Alternativo).- Distintas organizaciones y personas se reúnen durante dos días en la ciudad cordobesa de Villa María para abordar cuestiones relacionadas con la problemática de la trata de personas.
(Informe La Retaguardia/ edición Red Eco) Córdoba- Comenzó hoy el “II Congreso Nacional del Interior contra la Trata y el Tráfico de Personas”, que se lleva adelante hasta mañana, viernes, con la participación de más de 50 panelistas, la realización de talleres y exposiciones de arte.
Luego de la apertura realizada por Alicia Peresutti -miembro de la ONG Vínculos en Red, la primera expositora fue Mercedes Assoratti, del Programa Esclavitud Cero. Uno de los ejes de su intervención fue el fracaso del Estado en materia de trata de personas en nuestro país. Mencionó su preocupación ante la corrupción de los funcionarios, especialmente de la división trata de personas, entre quienes algunos, están denunciados penalmente.
Al mencionar su postura sobre la legislación, Assorati aseguró que deberíamos volver a la definición de esclavitud, la que dice: "La esclavitud convierte a la persona en una cosa puedo venderla, canjearla, pegarle, alquilarla, torturarla, matarla, porque es mi posesión".
“Todavía no hemos logrado una buena tipificación penal de la trata. Tenemos que tipificar la esclavitud, tenemos en Argentina formas legales de esclavitud: servidumbre por deudas, servidumbre de la gleba (trabajar una tierra que no es propia), tenemos que volver a las fuentes: tomar la Cedaw (Comisión para la eliminación de la discriminación contra la mujer), la Convención sobre los derechos del niño, la Convención del año 49 para que no se hagan estas divisiones artificiales (el reclutamiento, la captación de la explotación)”.
Parafraseando a Mario Ganora, de la Fundación La Alameda, recordó que el abigeato en nuestro país tiene una pena mayor que la trata de personas: “Es más grave robarse una vaca que una mujer”. Y enfatizó que la trata de personas es un delito de lesa humanidad, por lo tanto, las penas tienen que ser las más graves.trata_rulo_sub.jpg
En la mesa estaban también Mario Ganora y Gustavo Vera, de La Alameda. Ganora, que además trabaja en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó diciendo que "la ley no funciona como una máquina, necesita la convicción de las personas, si no existe el consenso, la formalidad de la ley no sirve para cambiar las costumbres" y agregó: “El obstáculo fundamental es una filosofía política arraigada en la Argentina que no logramos desarraigar".
Abordando lo jurídico, sostuvo que "se suele hablar de prácticas ancestrales y que no está en nuestras manos cambiarlas, pero las sociedades cambian y cambian para mejor". Alentó la participación cuando sostuvo que "no podemos ser temerosos ni egoístas, esta situación nos convoca y nos compromete".
Se refirió a los jueces y fiscales cómplices: “Si el juez tiene miedo no puede seguir siendo juez, si el fiscal no va a llevar hasta las últimas consecuencias que renuncie” y denunció que "hubo una decisión de no investigar los prostíbulos existentes en la ciudad de Buenos Aires".
Acerca de la actuación de la justicia también agregó que "hoy en Argentina es difícil conseguir una orden de allanamiento para ingresar a un lugar donde se explotan personas" y resaltó "la influencia de los organismos internacionales: la relatora de la ONU hace un informe lapidario, que le costó la amenaza a una de las panelistas (Assorati) por el jefe de gabinete (Aníbal Fernández). Es una trampa totalitaria que se nos acuse de hablar mal del país”. También recordó la intimación de la Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) para encarar la lucha contra el lavado de dinero: “Si no seguimos la ruta del dinero nuestro proyecto no tendrá futuro”.
Cerró pidiendo a "este congreso que profundicemos las cosas que hicimos, porque no fallamos nosotros sino aquellos a los que les requerimos su intervención”.
En el final de esta mesa, Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda mostró el panorama de la trata y el tráfico en números: "El 78% de la indumentaria en la Argentina se produce en talleres clandestinos, en la provincia de Córdoba el índice alcanza el 90%; el 60% del trabajo en el campo es trabajo esclavo sin ningún derecho legal o gremial, con el agravante de que las víctimas tienen que vivir y pernoctar en el mismo lugar".
Se refirió a la relación directa entre vulnerabilidad, clientelismo y trata de personas: “Los mismos punteros son los que venden a las personas”. También advirtió que “sería un error pensar que es un partido político, ya que es una mafia que atraviesa transversalmente la clase política y los gobiernos de diferente signo ideológico, la mafia está copando la parada hace mucho tiempo, hoy están la efedrina, los prostíbulos, el narcotráfico, todos estos negocios que se articulan y se lavan a través de sociedades off shore: lavan la plata de la sangre de las mujeres que esclavizan”.
La segunda mesa del Congreso de Villa María estuvo conformada por la diputada porteña Diana Maffia; Patricia Gordon, de La Alameda Mar del Plata, y Viviana Caminos, de la RATT (Red Alto al Tráfico y la Trata).
Maffia reflexionó sobre la historia de nuestra "ciudadanía sexista, adultocéntrica y etnocéntrica: mujeres, niños, indígenas y afrodescendientes que no podían firmar el contrato social y estaban en situación de subordinación con respecto a los varones libres, adultos, blancos e ilustrados; aparentemente -prosiguió- es una práctica entre iguales, pero alguien tiene los medios de producción y otros tienen sólo su fuerza de trabajo". También denunció que "las mujeres trabajamos en promedio 6 hs. más que los varones porque somos las responsables del trabajo doméstico, pero tenemos sólo el 2% de la propiedad de los medios de producción incluyendo la tierra; esta cuestión, aparentemente de clase, es también una cuestión de género, ya que somos el 60% de las trabajadores en negro y hay disparidad en nuestros sueldos".
Patricia Gordon contó la situación en Mar del Plata, recordando el antecedente de los descuartizamientos de mujeres en la ciudad, durante los noventa, y cómo esos asesinatos fueron presentados como "los asesinatos de El loco de la ruta". Para finalizar, Viviana Caminos repasó la historia de lucha de las organizaciones sociales que pelean desde hace años contra la trata y mostró los avances de la RATT a nivel nacional.
Somos excelentes proveedores de niños, niñas y bebés
"Conozco la problemática, yo quiero la soluciónática", dijo Marcelina Antúnez, de la Asociación Civil Luz de Infancia, que trabaja en la Triple Frontera con víctimas de Trata.
El relato de Marcelina reflejó con crudeza la realidad de su zona. Reflexionó sobre la dificultad de creer lo que sucede, y cómo sucede, pero aseguró que ocurre por la connivencia de altos niveles del poder político.
“Las empresas de colectivos llegan a Retiro repletas de chicas listas para trabajar en los ´amoblados vip´ de la Costa Atlántica, eso es lo que proveen Misiones y Paraguay”, sentenció.
En cuanto al trabajo con las víctimas, contó: “Me tocó lidiar desde el año 2004 con las chicas rescatadas a las que les ponen una estampilla en la cola y le dicen `volvete a tu casa`; no está capacitada, no está preparada, y muchas veces su familia la desprecia porque fue incapaz de enviarles dinero trabajando en la ciudad y encima la mayoría vuelve embarazada”.
Marcelina trabajó capacitando y acompañando a esas niñas y mujeres en un programa piloto del Ministerio de Trabajo que sólo duró un año, y Luz de Infancia, la asociación civil a la que ella pertenece, tuvo que tomar en sus manos el problema después de ese cierre.
El año pasado capacitaron a 25 víctimas de trata, este año el número se duplicó.
Luis Juez: "Las campañas políticas se financian con dinero de la prostitución y la trata"
"Hace rato que le ley de trata duerme en el cajón, le cambiamos una coma, después otra", así se refirió Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba por el Frente Cívico y Social, a las discusiones en torno a la modificación de la Ley de Trata en la Cámara de Senadores. Juez se acercó al II Congreso contra la trata en el interior del país para firmar un compromiso público de lucha contra la trata, y señaló que es el primer compromiso que firma como candidato a gobernador. Aseguró que al día siguiente de asumir, implementará acciones para erradicarla y que no por casualidad cuando se presentaron los libros de Alicia Peressutti -novelas que cuentan casos de trata- en el Senado, "sólo fuimos 4 senadores". La explicación, quizás, esté en el título de este apartado.
Más información: http://www.laretaguardia.com.ar/
(Informe La Retaguardia/ edición Red Eco) Córdoba- Comenzó hoy el “II Congreso Nacional del Interior contra la Trata y el Tráfico de Personas”, que se lleva adelante hasta mañana, viernes, con la participación de más de 50 panelistas, la realización de talleres y exposiciones de arte.
Luego de la apertura realizada por Alicia Peresutti -miembro de la ONG Vínculos en Red, la primera expositora fue Mercedes Assoratti, del Programa Esclavitud Cero. Uno de los ejes de su intervención fue el fracaso del Estado en materia de trata de personas en nuestro país. Mencionó su preocupación ante la corrupción de los funcionarios, especialmente de la división trata de personas, entre quienes algunos, están denunciados penalmente.
Al mencionar su postura sobre la legislación, Assorati aseguró que deberíamos volver a la definición de esclavitud, la que dice: "La esclavitud convierte a la persona en una cosa puedo venderla, canjearla, pegarle, alquilarla, torturarla, matarla, porque es mi posesión".
“Todavía no hemos logrado una buena tipificación penal de la trata. Tenemos que tipificar la esclavitud, tenemos en Argentina formas legales de esclavitud: servidumbre por deudas, servidumbre de la gleba (trabajar una tierra que no es propia), tenemos que volver a las fuentes: tomar la Cedaw (Comisión para la eliminación de la discriminación contra la mujer), la Convención sobre los derechos del niño, la Convención del año 49 para que no se hagan estas divisiones artificiales (el reclutamiento, la captación de la explotación)”.
Parafraseando a Mario Ganora, de la Fundación La Alameda, recordó que el abigeato en nuestro país tiene una pena mayor que la trata de personas: “Es más grave robarse una vaca que una mujer”. Y enfatizó que la trata de personas es un delito de lesa humanidad, por lo tanto, las penas tienen que ser las más graves.trata_rulo_sub.jpg
En la mesa estaban también Mario Ganora y Gustavo Vera, de La Alameda. Ganora, que además trabaja en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó diciendo que "la ley no funciona como una máquina, necesita la convicción de las personas, si no existe el consenso, la formalidad de la ley no sirve para cambiar las costumbres" y agregó: “El obstáculo fundamental es una filosofía política arraigada en la Argentina que no logramos desarraigar".
Abordando lo jurídico, sostuvo que "se suele hablar de prácticas ancestrales y que no está en nuestras manos cambiarlas, pero las sociedades cambian y cambian para mejor". Alentó la participación cuando sostuvo que "no podemos ser temerosos ni egoístas, esta situación nos convoca y nos compromete".
Se refirió a los jueces y fiscales cómplices: “Si el juez tiene miedo no puede seguir siendo juez, si el fiscal no va a llevar hasta las últimas consecuencias que renuncie” y denunció que "hubo una decisión de no investigar los prostíbulos existentes en la ciudad de Buenos Aires".
Acerca de la actuación de la justicia también agregó que "hoy en Argentina es difícil conseguir una orden de allanamiento para ingresar a un lugar donde se explotan personas" y resaltó "la influencia de los organismos internacionales: la relatora de la ONU hace un informe lapidario, que le costó la amenaza a una de las panelistas (Assorati) por el jefe de gabinete (Aníbal Fernández). Es una trampa totalitaria que se nos acuse de hablar mal del país”. También recordó la intimación de la Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) para encarar la lucha contra el lavado de dinero: “Si no seguimos la ruta del dinero nuestro proyecto no tendrá futuro”.
Cerró pidiendo a "este congreso que profundicemos las cosas que hicimos, porque no fallamos nosotros sino aquellos a los que les requerimos su intervención”.
En el final de esta mesa, Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda mostró el panorama de la trata y el tráfico en números: "El 78% de la indumentaria en la Argentina se produce en talleres clandestinos, en la provincia de Córdoba el índice alcanza el 90%; el 60% del trabajo en el campo es trabajo esclavo sin ningún derecho legal o gremial, con el agravante de que las víctimas tienen que vivir y pernoctar en el mismo lugar".
Se refirió a la relación directa entre vulnerabilidad, clientelismo y trata de personas: “Los mismos punteros son los que venden a las personas”. También advirtió que “sería un error pensar que es un partido político, ya que es una mafia que atraviesa transversalmente la clase política y los gobiernos de diferente signo ideológico, la mafia está copando la parada hace mucho tiempo, hoy están la efedrina, los prostíbulos, el narcotráfico, todos estos negocios que se articulan y se lavan a través de sociedades off shore: lavan la plata de la sangre de las mujeres que esclavizan”.
La segunda mesa del Congreso de Villa María estuvo conformada por la diputada porteña Diana Maffia; Patricia Gordon, de La Alameda Mar del Plata, y Viviana Caminos, de la RATT (Red Alto al Tráfico y la Trata).
Maffia reflexionó sobre la historia de nuestra "ciudadanía sexista, adultocéntrica y etnocéntrica: mujeres, niños, indígenas y afrodescendientes que no podían firmar el contrato social y estaban en situación de subordinación con respecto a los varones libres, adultos, blancos e ilustrados; aparentemente -prosiguió- es una práctica entre iguales, pero alguien tiene los medios de producción y otros tienen sólo su fuerza de trabajo". También denunció que "las mujeres trabajamos en promedio 6 hs. más que los varones porque somos las responsables del trabajo doméstico, pero tenemos sólo el 2% de la propiedad de los medios de producción incluyendo la tierra; esta cuestión, aparentemente de clase, es también una cuestión de género, ya que somos el 60% de las trabajadores en negro y hay disparidad en nuestros sueldos".
Patricia Gordon contó la situación en Mar del Plata, recordando el antecedente de los descuartizamientos de mujeres en la ciudad, durante los noventa, y cómo esos asesinatos fueron presentados como "los asesinatos de El loco de la ruta". Para finalizar, Viviana Caminos repasó la historia de lucha de las organizaciones sociales que pelean desde hace años contra la trata y mostró los avances de la RATT a nivel nacional.
Somos excelentes proveedores de niños, niñas y bebés
"Conozco la problemática, yo quiero la soluciónática", dijo Marcelina Antúnez, de la Asociación Civil Luz de Infancia, que trabaja en la Triple Frontera con víctimas de Trata.
El relato de Marcelina reflejó con crudeza la realidad de su zona. Reflexionó sobre la dificultad de creer lo que sucede, y cómo sucede, pero aseguró que ocurre por la connivencia de altos niveles del poder político.
“Las empresas de colectivos llegan a Retiro repletas de chicas listas para trabajar en los ´amoblados vip´ de la Costa Atlántica, eso es lo que proveen Misiones y Paraguay”, sentenció.
En cuanto al trabajo con las víctimas, contó: “Me tocó lidiar desde el año 2004 con las chicas rescatadas a las que les ponen una estampilla en la cola y le dicen `volvete a tu casa`; no está capacitada, no está preparada, y muchas veces su familia la desprecia porque fue incapaz de enviarles dinero trabajando en la ciudad y encima la mayoría vuelve embarazada”.
Marcelina trabajó capacitando y acompañando a esas niñas y mujeres en un programa piloto del Ministerio de Trabajo que sólo duró un año, y Luz de Infancia, la asociación civil a la que ella pertenece, tuvo que tomar en sus manos el problema después de ese cierre.
El año pasado capacitaron a 25 víctimas de trata, este año el número se duplicó.
Luis Juez: "Las campañas políticas se financian con dinero de la prostitución y la trata"
"Hace rato que le ley de trata duerme en el cajón, le cambiamos una coma, después otra", así se refirió Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba por el Frente Cívico y Social, a las discusiones en torno a la modificación de la Ley de Trata en la Cámara de Senadores. Juez se acercó al II Congreso contra la trata en el interior del país para firmar un compromiso público de lucha contra la trata, y señaló que es el primer compromiso que firma como candidato a gobernador. Aseguró que al día siguiente de asumir, implementará acciones para erradicarla y que no por casualidad cuando se presentaron los libros de Alicia Peressutti -novelas que cuentan casos de trata- en el Senado, "sólo fuimos 4 senadores". La explicación, quizás, esté en el título de este apartado.
Más información: http://www.laretaguardia.com.ar/
VIDEO: ANDALGALÁ, MUJERES DEL SILENCIO
Por Estela V. Knez (Bióloga)
En la provincia de Catamarca, el pueblo de Andalgala continua resistiendo el avance devastador, saqueador y contaminante de la megamineria a cielo abierto. Luego de la violenta represión a que fueron sometidos por parte de las fuerzas policiales de la provincia el 15 de Febrero de 2010, y la judicialización de muchos de los hombres que protagonizaron esa pueblada, las mujeres decidieron -como una forma de profundizar la lucha-, desafiando al poder de las empresas mineras, de los funcionarios politicos cómplices y de la policía, recorrer cada miércoles las calles céntricas de Andalgalá, con sus bocas amordazadas, las manos atadas y con carteles en el pecho, haciendo una parada especial frente al Juzgado local, la Fiscalía, la sede policial y las oficinas de la empresa minera Yamana Gold responsable del proyecto Agua Rica. Estas valientes mujeres marchan con las únicas armas de que disponen, sus cuerpos y su silencio, para defender lo que es de todos. Ellas, con su silencio son las voces de los andalgalenses reprimidos, perseguidos, de los violentamente acallados. El video registra el testimonio de dos de estas luchadoras, Alicia y Maria, como un aporte a la difusión y en solidaridad con su noble compromiso.
http://www.youtube.com/watch?v=9xcD3fI7fiw
En la provincia de Catamarca, el pueblo de Andalgala continua resistiendo el avance devastador, saqueador y contaminante de la megamineria a cielo abierto. Luego de la violenta represión a que fueron sometidos por parte de las fuerzas policiales de la provincia el 15 de Febrero de 2010, y la judicialización de muchos de los hombres que protagonizaron esa pueblada, las mujeres decidieron -como una forma de profundizar la lucha-, desafiando al poder de las empresas mineras, de los funcionarios politicos cómplices y de la policía, recorrer cada miércoles las calles céntricas de Andalgalá, con sus bocas amordazadas, las manos atadas y con carteles en el pecho, haciendo una parada especial frente al Juzgado local, la Fiscalía, la sede policial y las oficinas de la empresa minera Yamana Gold responsable del proyecto Agua Rica. Estas valientes mujeres marchan con las únicas armas de que disponen, sus cuerpos y su silencio, para defender lo que es de todos. Ellas, con su silencio son las voces de los andalgalenses reprimidos, perseguidos, de los violentamente acallados. El video registra el testimonio de dos de estas luchadoras, Alicia y Maria, como un aporte a la difusión y en solidaridad con su noble compromiso.
http://www.youtube.com/watch?v=9xcD3fI7fiw
CORTE CORDOBESA FALLÓ A FAVOR DE 40 FAMILIAS CAMPESINAS CONDENADAS POR USURPAR SUS PROPIOS CAMPOS
El máximo tribunal de Justicia de Córdoba falló a favor de una comunidad de campesinos que habían sido condenados como usurpadores del territorio donde siempre vivieron. El fallo, que recupera los argumentos de un juez civil, sienta jurisprudencia.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de “usurpación” de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. “Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria”, explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos “y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional”.
El Chacho es un pueblo del noroeste de Córdoba, al límite con La Rioja. Calles de tierra, calor intenso, muy poca agua. En la zona no hay soja, pero el corrimiento del monocultivo sobre otras zonas de provincias ocasionó el avance de la ganadería sobre lugares antes despreciados por los empresarios, e históricamente en posesión de campesinos.
En 2004 se inició una disputa tan repetitiva como vigente. Un empresario (Martín Rodolfo Buttié) reclamó como propio un campo de 2700 hectáreas de uso comunitario de familias campesinas y les exigió el pago mensual por pastoreo de los animales. El conflicto llegó a un juicio civil, que en 2006 dio la razón a las 40 familias campesinas, que no debían pagar por pastoreo, por entender que se trataba de una posesión “comunitaria” de las familias que viven desde hace generaciones en El Chacho.
Pero también se inició una causa penal. El juez de la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje, Ricardo Py, condenó en 2008 a prisión a ocho campesinos por “usurpación” de la tierra donde siempre vivieron, trabajaron y criaron animales. También solicitó que el campo pasara a manos de Buttié. La apelación, presentada por Fresneda y Mariana Romano, llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
“Se dispone absolver por el delito de usurpación”, dictaminó el viernes último por unanimidad del máximo tribunal de Córdoba y marcó jurisprudencia en su fundamento: “El título de dominio (de la tierra) no acredita posesión (...) Y a ellos debe agregarse la situación que se presente en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su gran mayoría son personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos”.
Y arremete de lleno contra la clásica situación que se vive en el campo de Argentina, cuando privados exhiben dudosos títulos de propiedad y pretenden desalojar a los poseedores ancestrales. “No surge prueba concluyente sobre la posesión de Buttié del predio, pues no está probada la realización de actos objetivos que lo demuestren, por ejemplo que tuviera allí animales propios o hubiera realizado tareas de desmonte o alambrado”, fundamenta el Tribunal Superior.
La Justicia revalorizó los argumentos del juez civil de primera instancia (Fernando Aguado) y revirtió el argumento de la primera instancia penal: “El campo en cuestión era usado, explotado y poseído por los accionantes (campesinos). De modo que lo que debe extraerse es, en todo caso, que fue Buttié quien incurrió en una turbación de dicha posesión al ordenar el ingreso al mismo de su empleado”. Y remarca que la presencia de animales de las familias campesinas, como así también la realización de trabajos en el predio “concurren a respaldar la versión de los campesinos en el sentido de haberse desempeñado siempre como poseedores del predio”.
Roque Farías siempre vivió en el lugar, con su familia, y recuerda que su abuela Adolia (fallecida en 2009) nació en la misma tierra que hoy habitan sus bisnietos. Similares historias de vida acreditan Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santos Ernesto Fernández, Tomás Comelio Silva, Marta Ugina y Ricardo Cuebas. Ya ninguna deberá ir a prisión. Y, junto a otras 32 familias, podrán seguir utilizando las parcelas comunitarias.
El juez de primera instancia había condenado que las familias campesinas hayan cambiado los candados del campo. E incluso lo utilizó como acción de “usurpación”. El Tribunal Superior entendió el hecho de manera totalmente opuesta: “Se han interpretado erróneamente las pruebas de que el cambio de cerradura en la tranquera constituyó un acto de despojo del inmueble en lugar de un acto lícito de defensa de una posesión del inmueble que los encausados ya tenían”. Legitimó el ejercicio de defender el derecho de posesión, y fundamentó: “En un contexto de angustia ante la posibilidad de tener que efectuar un pago para el que su pequeña economía no estaba preparada, aseguraron la permanencia de sus animales mientras se resolvía el conflicto. Lo cual revela la ausencia del dolo”.
En Argentina rige en el Código Civil el “derecho veinteañal”, que legisla que luego de veinte años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tiene derechos sobre el lugar. Pero el Poder Judicial suele negar ese derecho y privilegiar el título de propiedad de quien nunca habitó ni trabajó la parcela.
“Es una sentencia histórica para la lucha campesina porque reconoce derechos adquiridos de familias que por generaciones habitan y trabajan la tierra que les corresponde más allá de cualquier título de propiedad. Y es un llamado de atención a los jueces que dictan sentencias arbitrarias e injustas afectando derechos humanos básicos de los que menos tienen”, explicó Fresneda.
El Movimiento Campesino de Córdoba (que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina), estima que en el norte de la provincia existen al menos 100 conflictos por tierras.
Aunque históricamente se avanzó sobre territorios campesinos, el MCC explica que los conflictos de tierras se multiplicaron de la mano del avance sojero en la provincia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (donde el MCC es una de sus organizaciones fundantes) afirma que en la última década fueron desalojadas al menos 200 mil familias campesinas e indígenas, y apuntan como principal causante al modelo de agronegocios actual.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de “usurpación” de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. “Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria”, explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos “y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional”.
El Chacho es un pueblo del noroeste de Córdoba, al límite con La Rioja. Calles de tierra, calor intenso, muy poca agua. En la zona no hay soja, pero el corrimiento del monocultivo sobre otras zonas de provincias ocasionó el avance de la ganadería sobre lugares antes despreciados por los empresarios, e históricamente en posesión de campesinos.
En 2004 se inició una disputa tan repetitiva como vigente. Un empresario (Martín Rodolfo Buttié) reclamó como propio un campo de 2700 hectáreas de uso comunitario de familias campesinas y les exigió el pago mensual por pastoreo de los animales. El conflicto llegó a un juicio civil, que en 2006 dio la razón a las 40 familias campesinas, que no debían pagar por pastoreo, por entender que se trataba de una posesión “comunitaria” de las familias que viven desde hace generaciones en El Chacho.
Pero también se inició una causa penal. El juez de la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje, Ricardo Py, condenó en 2008 a prisión a ocho campesinos por “usurpación” de la tierra donde siempre vivieron, trabajaron y criaron animales. También solicitó que el campo pasara a manos de Buttié. La apelación, presentada por Fresneda y Mariana Romano, llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
“Se dispone absolver por el delito de usurpación”, dictaminó el viernes último por unanimidad del máximo tribunal de Córdoba y marcó jurisprudencia en su fundamento: “El título de dominio (de la tierra) no acredita posesión (...) Y a ellos debe agregarse la situación que se presente en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su gran mayoría son personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos”.
Y arremete de lleno contra la clásica situación que se vive en el campo de Argentina, cuando privados exhiben dudosos títulos de propiedad y pretenden desalojar a los poseedores ancestrales. “No surge prueba concluyente sobre la posesión de Buttié del predio, pues no está probada la realización de actos objetivos que lo demuestren, por ejemplo que tuviera allí animales propios o hubiera realizado tareas de desmonte o alambrado”, fundamenta el Tribunal Superior.
La Justicia revalorizó los argumentos del juez civil de primera instancia (Fernando Aguado) y revirtió el argumento de la primera instancia penal: “El campo en cuestión era usado, explotado y poseído por los accionantes (campesinos). De modo que lo que debe extraerse es, en todo caso, que fue Buttié quien incurrió en una turbación de dicha posesión al ordenar el ingreso al mismo de su empleado”. Y remarca que la presencia de animales de las familias campesinas, como así también la realización de trabajos en el predio “concurren a respaldar la versión de los campesinos en el sentido de haberse desempeñado siempre como poseedores del predio”.
Roque Farías siempre vivió en el lugar, con su familia, y recuerda que su abuela Adolia (fallecida en 2009) nació en la misma tierra que hoy habitan sus bisnietos. Similares historias de vida acreditan Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santos Ernesto Fernández, Tomás Comelio Silva, Marta Ugina y Ricardo Cuebas. Ya ninguna deberá ir a prisión. Y, junto a otras 32 familias, podrán seguir utilizando las parcelas comunitarias.
El juez de primera instancia había condenado que las familias campesinas hayan cambiado los candados del campo. E incluso lo utilizó como acción de “usurpación”. El Tribunal Superior entendió el hecho de manera totalmente opuesta: “Se han interpretado erróneamente las pruebas de que el cambio de cerradura en la tranquera constituyó un acto de despojo del inmueble en lugar de un acto lícito de defensa de una posesión del inmueble que los encausados ya tenían”. Legitimó el ejercicio de defender el derecho de posesión, y fundamentó: “En un contexto de angustia ante la posibilidad de tener que efectuar un pago para el que su pequeña economía no estaba preparada, aseguraron la permanencia de sus animales mientras se resolvía el conflicto. Lo cual revela la ausencia del dolo”.
En Argentina rige en el Código Civil el “derecho veinteañal”, que legisla que luego de veinte años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tiene derechos sobre el lugar. Pero el Poder Judicial suele negar ese derecho y privilegiar el título de propiedad de quien nunca habitó ni trabajó la parcela.
“Es una sentencia histórica para la lucha campesina porque reconoce derechos adquiridos de familias que por generaciones habitan y trabajan la tierra que les corresponde más allá de cualquier título de propiedad. Y es un llamado de atención a los jueces que dictan sentencias arbitrarias e injustas afectando derechos humanos básicos de los que menos tienen”, explicó Fresneda.
El Movimiento Campesino de Córdoba (que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina), estima que en el norte de la provincia existen al menos 100 conflictos por tierras.
Aunque históricamente se avanzó sobre territorios campesinos, el MCC explica que los conflictos de tierras se multiplicaron de la mano del avance sojero en la provincia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (donde el MCC es una de sus organizaciones fundantes) afirma que en la última década fueron desalojadas al menos 200 mil familias campesinas e indígenas, y apuntan como principal causante al modelo de agronegocios actual.
STJ DIO LA RAZÓN A LOZADA POR AUTORIZAR ABORTO A MENOR ABUSADA
Bariloche (ADN).- El Superior Tribunal de Justicia revocó el fallo de la Cámara Primera del Crimen de Bariloche y le dio la razón al juez de Instrucción, Martín Lozada en la autorización de la interrupción del embarazo de una menor que denunció haber sido víctima de abusos intrafamiliares. El fallo reitera que el aborto es no punible en cualquier tipo de violación sin distinción que sea una mujer idiota o demente.
El máximo tribunal judicial ratificó lo expresado en una sentencia previa considerando que el artículo 86 del Código Penal establece la no punibilidad en cualquier caso de violación “sin distinción en que la violación cometida sea sobre mujer sana o sobre idiota o demente”.
Así lo determinó y fundamentó el juez Víctor Sodero Nievas con su voto rector y fue respaldado por sus pares Alberto Balladini y Luis Lutz, aunque éste atento a la mayoría ya alcanzada y aún coincidiendo con la sentencia se abstuvo de emitir su voto en el fallo que se emitió esta semana.
Considerando las opiniones de los miembros del Ministerio Público como la defensora general y el fiscal general, Sodero Nievas afirmó que una vez interrumpido el embarazo no quedaban intereses para que se expida la Cámara del Crimen por lo cual debió negar la apelación planteada.
Recordó una opinión anterior en otra causa similar cuando ratificó que “si el embarazo proviene de una violación, el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento informado de los padres de la niña embarazada no es punible”
La causa llegó al máximo tribunal judicial ante el planteo del defensor de menores e incapaces Manuel Cafferata quien apeló la decisión de la Cámara Primera del Crimen que en abril del 2010 que declaró la nulidad de la sentencia en primera instancia en abstracto ya que se había practicado la interrupción del embarazo en el hospital zonal Ramón Carrillo aún cuando el expediente judicial seguía su curso.
En la Instrucción el juez Lozada había autorizado el aborto ante la sospecha de que la menor de 17 años oriunda de El Bolsón, había sido víctima de abusos sexuales reiterados en el entorno intrafamiliar, aunque luego un estudio de ADN determinó que el feto no se correspondía con las personas señaladas como presuntas abusadoras. En su fallo el juez se pronunció sobre el encuadramiento de cualquier caso de abuso sexual en lo normado por el artículo 86 del Código Penal que establece la no punibilidad.
En el expediente que llegó al STJ tuvo intervención la Defensora General, Rita Coustet, quien indicó que “el único interés jurídico que debe protegerse es el de la madre menor de edad víctima del delito” y agregó que la sentencia de la Cámara del Crimen integrada por los jueces Alejandro Ramos Mejía, Alfonso Pavone y Marcelo Barrutia, “no se ajusta al derecho vigente, además de que incurre en un supuesto de gravedad institucional”.
La defensora evaluó que la no judicialización de casos similares “establece la competencia exclusiva de los médicos tratantes para decidir si el acceso se encuadra en las previsiones de no-punibilidad contempladas en el Código Penal, y que la guía constituye el piso mínimo de garantías en el marco del Estado Constitucional de Derechos”.
Coincidió con las actuaciones por lo cual se practicó la interrupción del embarazo aún cuando el expediente judicial estaba en trámite al indicar que “no es admisible esperar la conclusión de la causa penal seguida contra el imputado” y alegó el grave riesgo para la salud de la menor.
La defensora cuestionó además la “indebida publicidad” del caso a través de la prensa para lo cual advirtió se deben adoptar medidas de protección.
También el fiscal general Nelson Echarren consideró que la Cámara Primera del Crimen “se excedió en sus funciones” atento a que se había efectuado el aborto terapéutico y remarcó que en la causa quedó acreditado el “peligro para la salud y la vida de la madre” según los informes médicos de El Bolsón y Bariloche.
Fuente: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El máximo tribunal judicial ratificó lo expresado en una sentencia previa considerando que el artículo 86 del Código Penal establece la no punibilidad en cualquier caso de violación “sin distinción en que la violación cometida sea sobre mujer sana o sobre idiota o demente”.
Así lo determinó y fundamentó el juez Víctor Sodero Nievas con su voto rector y fue respaldado por sus pares Alberto Balladini y Luis Lutz, aunque éste atento a la mayoría ya alcanzada y aún coincidiendo con la sentencia se abstuvo de emitir su voto en el fallo que se emitió esta semana.
Considerando las opiniones de los miembros del Ministerio Público como la defensora general y el fiscal general, Sodero Nievas afirmó que una vez interrumpido el embarazo no quedaban intereses para que se expida la Cámara del Crimen por lo cual debió negar la apelación planteada.
Recordó una opinión anterior en otra causa similar cuando ratificó que “si el embarazo proviene de una violación, el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento informado de los padres de la niña embarazada no es punible”
La causa llegó al máximo tribunal judicial ante el planteo del defensor de menores e incapaces Manuel Cafferata quien apeló la decisión de la Cámara Primera del Crimen que en abril del 2010 que declaró la nulidad de la sentencia en primera instancia en abstracto ya que se había practicado la interrupción del embarazo en el hospital zonal Ramón Carrillo aún cuando el expediente judicial seguía su curso.
En la Instrucción el juez Lozada había autorizado el aborto ante la sospecha de que la menor de 17 años oriunda de El Bolsón, había sido víctima de abusos sexuales reiterados en el entorno intrafamiliar, aunque luego un estudio de ADN determinó que el feto no se correspondía con las personas señaladas como presuntas abusadoras. En su fallo el juez se pronunció sobre el encuadramiento de cualquier caso de abuso sexual en lo normado por el artículo 86 del Código Penal que establece la no punibilidad.
En el expediente que llegó al STJ tuvo intervención la Defensora General, Rita Coustet, quien indicó que “el único interés jurídico que debe protegerse es el de la madre menor de edad víctima del delito” y agregó que la sentencia de la Cámara del Crimen integrada por los jueces Alejandro Ramos Mejía, Alfonso Pavone y Marcelo Barrutia, “no se ajusta al derecho vigente, además de que incurre en un supuesto de gravedad institucional”.
La defensora evaluó que la no judicialización de casos similares “establece la competencia exclusiva de los médicos tratantes para decidir si el acceso se encuadra en las previsiones de no-punibilidad contempladas en el Código Penal, y que la guía constituye el piso mínimo de garantías en el marco del Estado Constitucional de Derechos”.
Coincidió con las actuaciones por lo cual se practicó la interrupción del embarazo aún cuando el expediente judicial estaba en trámite al indicar que “no es admisible esperar la conclusión de la causa penal seguida contra el imputado” y alegó el grave riesgo para la salud de la menor.
La defensora cuestionó además la “indebida publicidad” del caso a través de la prensa para lo cual advirtió se deben adoptar medidas de protección.
También el fiscal general Nelson Echarren consideró que la Cámara Primera del Crimen “se excedió en sus funciones” atento a que se había efectuado el aborto terapéutico y remarcó que en la causa quedó acreditado el “peligro para la salud y la vida de la madre” según los informes médicos de El Bolsón y Bariloche.
Fuente: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
LLEVA MÁS DE DOS AÑOS DESAPARECIDO LUCIANO GONZÁLEZ
El poblador de 42 años -oriundo de Aldea Epulef- fue visto por última vez el 12 de marzo pasado, en Cerro Centinela, cuando fue detenido por la policía de Chubut. Desde ese día, nadie sabe nada de él.
CINE y EDUCACIÓN
Esquel (Centro de Actualización e Innovación Educativa).- Invitamos a estudiantes y docentes a conformar un grupo de estudio acerca de la utilización e incorporación del cine en educación.
La idea es juntarnos a ver películas; a debatir y a investigar.
En el primer encuentro se buscará acordar un eje temático entre:
Historia del cine
Lenguaje cinematográfico
Orientaciones estéticas en el cine
Directores – actores – temas
Cine de ficción / documental / animaciones
Otros que se propongan
Las reuniones se orientarán a la planificación de un ciclo de cine apoyado en las investigaciones que se realicen.
Primera reunión: jueves 19 de mayo, a las 20:30hs., en el CAIE (Saenz Peña 2352 – sede del ISFD N° 804).
Contacto:
http://caieoeste.blogspot.com/
caieoeste@speedy.com.ar
La idea es juntarnos a ver películas; a debatir y a investigar.
En el primer encuentro se buscará acordar un eje temático entre:
Historia del cine
Lenguaje cinematográfico
Orientaciones estéticas en el cine
Directores – actores – temas
Cine de ficción / documental / animaciones
Otros que se propongan
Las reuniones se orientarán a la planificación de un ciclo de cine apoyado en las investigaciones que se realicen.
Primera reunión: jueves 19 de mayo, a las 20:30hs., en el CAIE (Saenz Peña 2352 – sede del ISFD N° 804).
Contacto:
http://caieoeste.blogspot.com/
caieoeste@speedy.com.ar
CUYO: PROGRAMA RADIAL SOBRE GÉNERO Y DIVERSIDAD
Mendoza (Programa Minga!).- Género y diversidad, es un tema que hemos tratado en el programa. En esas oportunidades convocamos a miembros de organizaciones de la comunidad homosexual y de derechos humanos. En este caso, entrevistamos a miembros de la subsecretaría de género y diversidad del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Univ. Nac. de Cuyo.
Anabel, Maximiliano y Ricardo, del centro de estudiantes, Leda Berlusconi, desde Córdoba y Raúl Zibechi, desde Uruguay, presentaron un enfoque muy interesante del tema, que se vió reflejado en la gran participación de los oyentes.
Los temas musicales,seleccionados por Graciela, fueron: La portuaria - In Between days, Aterciopelados - Bolero Falaz, Charly García - Buscando un símbolo de paz y de Intoxicados & Andrés Calamaro- Fuego.
El programa está disponible en: http://www.laventolera.org.ar/component/content/403?task=view
Minga! se emite los domingos de 19 a 21 Hs,
FM 96.5 Radio Universidad (UNCuyo)
Internet: http://www.uncu.edu.ar/audios/radio_en_vivo
Minga! es de "dominio público"
Correo: mingaradial@gmail.com
Anabel, Maximiliano y Ricardo, del centro de estudiantes, Leda Berlusconi, desde Córdoba y Raúl Zibechi, desde Uruguay, presentaron un enfoque muy interesante del tema, que se vió reflejado en la gran participación de los oyentes.
Los temas musicales,seleccionados por Graciela, fueron: La portuaria - In Between days, Aterciopelados - Bolero Falaz, Charly García - Buscando un símbolo de paz y de Intoxicados & Andrés Calamaro- Fuego.
El programa está disponible en: http://www.laventolera.org.ar/component/content/403?task=view
Minga! se emite los domingos de 19 a 21 Hs,
FM 96.5 Radio Universidad (UNCuyo)
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