Neuquén (Prensa Zanon).-Desde las 21 hs de hoy serán velados los restos de nuestro compañero Polo Denaday, fallecido el día de ayer en un accidente automovilístico en la Provincia de Mendoza. El velatorio será en la sede del Sindicato Ceramista de Neuquén, sito en Las Heras y Carlos H. Rodríguez.
Convocamos a los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones para este miércoles a las 10 de la mañana , al Sindicato Ceramista, de quien Polo Denaday fuera abogado y compañero de lucha, sus compañeros del PTS, del CeProDH y del SOECN, a un Acto Homenaje para reivindicar su figura y trayectoria militante al servicio de los trabajadores.
Polo abrazó la militancia revolucionaria y por los Derechos Humanos desde muy joven, y dedicó su vida y su profesión por los trabajadores y sus luchas. Su historia es un ejemplo para los jóvenes, estudiantes y trabajadores que luchan contra la explotación y la opresión de este sistema
Acto Homenaje a Polo Denaday: miércoles 16 de marzo a las 10 hs en el Sindicato Ceramista.
Obreras/os de Zanon- Sindicato Ceramistas de Neuquén-PTS (Partido de Trabajadores Socialistas)-CeProDH
Myriam Bregman (011) 154 170 2398
Omar Villablanca (0299) 15 472 1962
Graciela Frañol, (0299) 155 292 522
martes, 15 de marzo de 2011
ÑORQUIN-CÓ: COMUNIDAD MAPUCHE PIDE APOYO CONTRA DESPOJO
Ñorquin-Co, Río Negro, 11 de marzo de 2011 (Comunidad Mapuche Ancalao).- La Comunidad Mapuche Ancalao, ancestralmente ubicada en lo que hoy es el Departamento Ñorquin-co, de la Provincia de Río Negro, quiere comunicar el injusto despojo de nuestro territorio y solicitar el acompañamiento de las comunidades del Pueblo Mapuche y de todos aquellos que puedan apoyar la defensa de nuestra posesión tradicional, actual y pública de nuestro territorio ancestral, que hoy se encuentra amenazado.
En la actualidad volvemos a ser víctimas del despojo territorial, como resultado de las ventas fraudulentas, mensuras y continuas enajenaciones que están avaladas por el poder político provincial. En este contexto, y amparados por una orden de desalojo, se ha desarmado un puesto en las tierras de posesión tradicional colectiva de las familias Jaramillo y Vergara. Estas tierras se encuentran en un proceso judicial por denuncia del histórico y verdadero usurpador de los territorios de la comunidad, el terrateniente Sede.
Las acciones en defensa de nuestra posesión tradicional son legales y las sustentamos en el Art 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y en la vigente Ley Nacional 26.160, que suspende los desalojos en las tierras de las comunidades indígenas.
En razón de ello denunciamos al Juez Calcagno, por no aplicar las leyes indígenas vigentes y dictar sentencias arbitrarias y discriminatorias en clara defensa de la propiedad privada del Código Civil, y en contra de la posesión tradicional y ancestral indígena reconocida en la Constitución Nacional. Esto ha sucedido con la orden de restitución en cabeza de la familia Jaramillo y Vergara, que ha sido ejecutada aun cuando existe una apelación pendiente que debe resolver la Cámara en lo Penal.
Ante esta realidad, reafirmamos nuestro derecho al uso comunitario del territorio ancestral y remarcamos que nuestra intención no es el enfrentamiento sino tratar de resolver el conflicto por medios legales y pacíficos, no obstante, entendemos que es nuestro territorio y tenemos la obligación de defenderlo en nombre de nuestros ancestros y por el futuro de nuestros hijos.
Viendo de que lado esta “la justicia”, convocamos a los peñis y lagmien del Pueblo Mapuche a que nos acompañen en la defensa de nuestra posesión ancestral y tradicional. Al mismo tiempo solicitamos el acompañamiento de las distintas organizaciones y/o instituciones dedicadas a los derechos indígenas y derechos humanos, a fortalecer la lucha de la Comunidad que es la de todo el Pueblo Mapuche.
Por territorio, justicia y dignidad
MARICHI WEU, MARICHI WEU
En la actualidad volvemos a ser víctimas del despojo territorial, como resultado de las ventas fraudulentas, mensuras y continuas enajenaciones que están avaladas por el poder político provincial. En este contexto, y amparados por una orden de desalojo, se ha desarmado un puesto en las tierras de posesión tradicional colectiva de las familias Jaramillo y Vergara. Estas tierras se encuentran en un proceso judicial por denuncia del histórico y verdadero usurpador de los territorios de la comunidad, el terrateniente Sede.
Las acciones en defensa de nuestra posesión tradicional son legales y las sustentamos en el Art 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y en la vigente Ley Nacional 26.160, que suspende los desalojos en las tierras de las comunidades indígenas.
En razón de ello denunciamos al Juez Calcagno, por no aplicar las leyes indígenas vigentes y dictar sentencias arbitrarias y discriminatorias en clara defensa de la propiedad privada del Código Civil, y en contra de la posesión tradicional y ancestral indígena reconocida en la Constitución Nacional. Esto ha sucedido con la orden de restitución en cabeza de la familia Jaramillo y Vergara, que ha sido ejecutada aun cuando existe una apelación pendiente que debe resolver la Cámara en lo Penal.
Ante esta realidad, reafirmamos nuestro derecho al uso comunitario del territorio ancestral y remarcamos que nuestra intención no es el enfrentamiento sino tratar de resolver el conflicto por medios legales y pacíficos, no obstante, entendemos que es nuestro territorio y tenemos la obligación de defenderlo en nombre de nuestros ancestros y por el futuro de nuestros hijos.
Viendo de que lado esta “la justicia”, convocamos a los peñis y lagmien del Pueblo Mapuche a que nos acompañen en la defensa de nuestra posesión ancestral y tradicional. Al mismo tiempo solicitamos el acompañamiento de las distintas organizaciones y/o instituciones dedicadas a los derechos indígenas y derechos humanos, a fortalecer la lucha de la Comunidad que es la de todo el Pueblo Mapuche.
Por territorio, justicia y dignidad
MARICHI WEU, MARICHI WEU
EL HOYO: DAMNIFICADOS POR INCENDIO SE MOVILIZARON
El Hoyo, domingo 13 de marzo de 2011 (Prensa El Hoyo).- Afectados por el incendio forestal se movilizaron el viernes frente al Municipio sin ser recibidos por el intendente. Para hoy se organizó una asamblea en el Centro Comunitario.
Más de veinte vecinos afectados de manera directa por el siniestro ocurrido la pasada semana en la Comarca Andina, acompañados por otros vecinos preocupados por la situación, se movilizaron el viernes al mediodía en la Municipalidad de El Hoyo en busca de respuestas a sus inquietudes. Los vecinos, autoconvocados, esperaron en vano respuesta del intendente Mario Breide, quien no se hizo presente ante el reclamo. Quien sí dialogó con los vecinos fue el secretario de Gobierno, Damián Imperiale, que no hizo más que enojar aún más a los presentes, con frases despectivas y soberbias.
El reclamo de los vecinos está sustentado en dos inquietudes: por un lado en relación a las serias dudas que poseen en relación al manejo que hará el intendente de los fondos y recursos que recibió de la Provincia, que según habría declarado el mismo Breide a un vecino: “Yo decido a quién, por qué, cuánto y cómo le doy”.
Otra de las inquietudes que aquejan a los vecinos damnificados tiene que ver con el accionar del intendente durante el siniestro. Según se escuchó en El Hoyo, el intendente debería haber estado al frente del operativo de Defensa Civil, coordinando con las instituciones, las juntas vecinales y otras entidades el manejo de la situación, además de la declaración de emergencia y la evacuación de los habitantes. Como declaró un vecino que solicitó mantener el anonimato por miedo a represalias políticas: “el intendente se pasó el incendio sacándose fotos con motosierras, posando ante las cámaras como un héroe, o causando pánico entre la población con sus mentirosas declaraciones en el canal TN, que hicieron que colapsaran las líneas telefónicas, además de asustar a todos los familiares y amigos de los residentes de la zona”.
En El Hoyo, la situación entre las personas que lo perdieron todo hace pocos días es cada vez más desesperante. Sin contención desde el gobierno municipal, sin alguien que explique por qué se actuó como se actuó, esperan que pronto alguien responda a sus reclamos. Por lo pronto, han convocado a una Asamblea para hoy, domingo 12, a las 16 horas en el Centro Comunitario de El Hoyo. Los vecinos esperan que asista el intendente, quien todavía no se comprometió a participar.
Más de veinte vecinos afectados de manera directa por el siniestro ocurrido la pasada semana en la Comarca Andina, acompañados por otros vecinos preocupados por la situación, se movilizaron el viernes al mediodía en la Municipalidad de El Hoyo en busca de respuestas a sus inquietudes. Los vecinos, autoconvocados, esperaron en vano respuesta del intendente Mario Breide, quien no se hizo presente ante el reclamo. Quien sí dialogó con los vecinos fue el secretario de Gobierno, Damián Imperiale, que no hizo más que enojar aún más a los presentes, con frases despectivas y soberbias.
El reclamo de los vecinos está sustentado en dos inquietudes: por un lado en relación a las serias dudas que poseen en relación al manejo que hará el intendente de los fondos y recursos que recibió de la Provincia, que según habría declarado el mismo Breide a un vecino: “Yo decido a quién, por qué, cuánto y cómo le doy”.
Otra de las inquietudes que aquejan a los vecinos damnificados tiene que ver con el accionar del intendente durante el siniestro. Según se escuchó en El Hoyo, el intendente debería haber estado al frente del operativo de Defensa Civil, coordinando con las instituciones, las juntas vecinales y otras entidades el manejo de la situación, además de la declaración de emergencia y la evacuación de los habitantes. Como declaró un vecino que solicitó mantener el anonimato por miedo a represalias políticas: “el intendente se pasó el incendio sacándose fotos con motosierras, posando ante las cámaras como un héroe, o causando pánico entre la población con sus mentirosas declaraciones en el canal TN, que hicieron que colapsaran las líneas telefónicas, además de asustar a todos los familiares y amigos de los residentes de la zona”.
En El Hoyo, la situación entre las personas que lo perdieron todo hace pocos días es cada vez más desesperante. Sin contención desde el gobierno municipal, sin alguien que explique por qué se actuó como se actuó, esperan que pronto alguien responda a sus reclamos. Por lo pronto, han convocado a una Asamblea para hoy, domingo 12, a las 16 horas en el Centro Comunitario de El Hoyo. Los vecinos esperan que asista el intendente, quien todavía no se comprometió a participar.
lunes, 14 de marzo de 2011
FALLECIÓ EL COMPAÑERO LEOPOLDO DENADAY, COMUNICADO DE PRENSA DE LOS OBREROS CERAMISTAS
Neuquén (Prensa Zanon)-. Fallecio Nuestro Compañero Leopoldo Denaday
Lamentablemente, el compañero Polo Denaday y su tía perdieron la vida como consecuencia del accidente.
La compañera Ivana se encuentra internada con politrumatismos varios, pero fuera de peligro.
Dede la gestión obrera de Zanon y el SOECN, lamentamos y sentimos profundamente la pérdida de un compañero de la talla de Polo. Compañero que tenía la firme convicción de poner sus conocimientos y militancia al servicio de nuestra clase.
Integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) de Neuquén donde trabajó intensamente en la exigencia de cárcel común en el juicio oral que se llevó adelante a ocho genocidas que actuaron en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén durante la ultima dictadura militar.
Una delegación de ceramistas junto a su familia y compañeros del PTS, donde también militaba, en estos momentos estaremos viajando a Mendoza para ponernos a disposición y tener mayor presición de los pasos a seguir.
Estaremos informando a traves de comunicados de prensa y por Radio Calf Universidad.
Omar Villablanca (sec.gral Soecn) 0299-154721962
Andrés Blanco (sec.adj. Soecn) 0299-155226569-
Mariano Pedrero (abogado) 0299-154299133
MÁS FOTOS DE LA MARCHA PARA EXIGIR JUSTICIA POR GUILLERMO GARRIDO
El Bolsón (ANPP).- Agradecemos a quienes aportan a la tarea de informar, como en este caso, enviandonos fotos. La que sigue es una foto de la marcha a dos meses de la muerte de Guillermo Garrido en la comisaría de El Bolsón, sin responsables presos aún.
GARRIDO, COMO SI NADA HUBIERA OCURRIDO. MARCHA Y FESTIVAL A DOS MESES DE SU MUERTE
El Bolsón (ANPP).-A dos meses de la muerte de Guillermo Garrido en los calabozos de la comisría de El Bolsón, una nueva marcha y fetival exigiendo que se haga justicia. Entre los cánticos de la marcha, que se detuvo frente a la Comisaría, el Hospital, el Juzgado de Paz, se escucharon pedidos de renuncia del subcomisario Cabrera, máxima responsabilidad de la institución responsable por la vida de Garrido al momento de su muerte.En el festival se pudo ver y escuchar a varios grupos de música y teatralización, que se sumaron solidariamente al reclamo de justicia y de un cambio urgente en las políticas de gobierno que ha puesto a la policía rionegrina en la responsabilidad de un número macabro de muertes de jóvenes. Mientras este festival y marcha se sucedían, la elección interna del partido gobernante en la provincia se desarrollaba dándole el "triunfo" a César Barbeito, "continuador de la línea gobernante en la provincia. Cabe hacer el análisis, de que en esta elección no participó ni un cuarto (cerca de 70 mil votantes) del electorado provincial de un total aproximado de 300 mil votantes, y que Barbeito, no juntó ni siquiera un 10 por ciento del mismo. Esto puede ser evaluado como un claro mensaje de la población de no querer darle continuidad a un modelo que no sólo a asesinado jóvenes, sino que se distribuye sobresueldos internamente para sostener el aparato partidario, que de todas formas no llega a ser el 10 por ciento del electorado. Lamentablemente, el candidato de la otra fuerza política, Soria, tampoco será una opción para quienes pretendan cambiar este modelo que se aplica bajo las balas de los cipayos para sostener al poder en el poder. Soria fue responsable principal de la SIDE (Servicios de Inteligencia del Estado) durante el gobierno del ultraderechista Duhalde, y en el que la policía bonaerense asesinó entre otros a Darío Santillán y Maximiliano Kosteky.
Habrá que ver qué participación se dan en las elecciones para gobernador, y qué significa el ausentismo.
¿Será este un mensaje de conciencia sobre la imperiosa necesidad de una democracia participativa y ya no sólo representativa?
Los invitamos a oir los audios de la marcha y el festival. Agradecemos además las fotos enviadas por un turista comprometido.
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sábado, 12 de marzo de 2011
GUILLERMO GARRIDO: INDIGNACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EPUYÉN
El pasado miércoles 9 de marzo arrancó el ciclo lectivo en la Provincia del Chubut y por ende en Epuyén. En el primer día de clases, en los que se encuentran alumnos, padres, docentes, no dejaba de notarse en las caras de unos y otros la indignante noticia de la “inexplicable” muerte en una comisaría de un ex alumno y amigo de Epuyén. Guillermo "Coco" Garrido, Coquito como le decían algunos de sus maestros, que tuvo la trágica suerte de perder el colectivo en Epuyén, el cual lo llevaría de regreso a Bariloche, donde esperaba incorporarse a su trabajo en un importante supermercado de aquella localidad. Fue así que sus padres decidieron acompañarlo a El Bolsón para que desde ahí tomara el colectivo. Llegando a esta ciudad tuvo el infortunio de un pequeño accidente vehicular en el que no existió denuncia y enojo de ninguna de las partes, fue entonces cuando inmediatamente llegó la policía quienes detuvieron a Guillermo que conducía el vehículo. Sus padres se fueron a casa de su hermano a quien le avisaron de lo ocurrido y decidió ir a la comisaria a ver a su hermano. Al ingresar un personal policial le informó que Guillermo había sido trasladado al Hospital para corroborar su estado de salud. Su hermano retorna a la casa y momentos mas tarde su madre vuelve a intentar ver a su hijo, cuando llega a la seccional Nº12 le dan la triste noticia de que su hijo se había "ahorcado". De ahí en más su cuerpo fue traslado a Bariloche y se dan una serie de idas y venidas en la que sus familiares inmediatos no pudieron acceder al cuerpo. Esto es lo que saben los vecinos de Epuyén, como así también, que los responsables de su muerte siguen oficiando en sus cargos quedando por lo pronto impunes en cuanto a los pedidos de esclarecimiento del caso de la sociedad y una causa judicial que se mueve perezosamente. La comunidad de Epuyén y la Comarca Andina indignados por este hecho, la presencia represiva de grupos especializados en la intimidación y violencia policial como en el caso del BORA y la inoperancia judicial se reúnen este domingo 13hs en la Plaza Pagano de El Bolsón para decir “Basta a la corrupción, complicidad y por una verdadera justicia”.
PRENSA ZANÓN: “LA RENGA, TOCA EN NEUQUEN”
Las obreras y obreros ceramistas cedemos solidariamente el playón de Fasinpat, para que puedan tocar ya que los compañeros músicos de mataderos participaron en el 2005 y el 2008 solidariamente de la lucha por la Expropiación definitiva de la fábrica además de ser una banda independiente y autogestionada de las más populares del rock nacional.
El disco nuevo y la entrada el festival están a la venta en la disqueríaspor un valor de $100.: Mix Láser de Neuquén capital. TRIBALRockeria En Roca (Fiske Menuco) en Tucumán 357. "CHE PAPA" JOHN O`CONOR 33 (BARILOCHE)
La seguridad del recital estará garantizada por la propia gestión obrera y toda la juventud que se hará presente en la Fabrica Sin Patrones de ruta 7 Km. 7 el sábado 19 de marzo.
Cristian Mellado, Prensa Zanon (0299-154721986)
Alberto Esparza s.o.e.c.n (0299-154299136)
miércoles, 9 de marzo de 2011
BENETTON DEBERÁ ESPERAR
La comunidad Santa Rosa apelará la orden de desalojo y advirtió que resistirá cualquier intento de expulsión. Los abogados dicen que no se respetó el derecho indígena.
Por Darío Aranda
La ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria fue sancionada en 2006 y prorrogada hasta 2013. Ordena realizar un catastro de las tierras que ocupan los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. El 20 de febrero último, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia relevaron, en cumplimiento de la ley, a la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut. Sólo diez días después, el juez Omar Magallanes ordenó el desalojo de la comunidad y favoreció a la multinacional Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Los abogados de la comunidad advirtieron que se “omitió groseramente” la legislación indígena y anunciaron que apelarán la medida.
“A pesar del fallo seguimos reafirmando nuestra existencia y compromiso con esta pequeña porción de la mapu (tierra). Seguimos con la convicción de reescribir nuestra historia como pueblo mapuche tehuelche y revertir la historia de despojo, humillación y saqueo”, afirmó la comunidad Santa Rosa, desde su humilde vivienda a la vera de la ruta 40, a mitad de camino entre Esquel y El Bolsón.
El abogado de la comunidad, Edgardo Manosalva, explicó que la sentencia es “sumamente inconsistente, arbitraria y contradictoria”. Basa su crítica en la “errónea apreciación de las pruebas y la errónea aplicación del derecho”. Detalló que la prueba documental y los testigos en favor de la comunidad mapuche fueron dejados de lado o minimizados.
“Al tener por parte a una comunidad mapuche, el juez automáticamente debió haber aplicado obligatoriamente, de acuerdo con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el derecho indígena. Por el contrario, el juez Magallanes sólo aplicó el derecho civil, sin hacer mención ni a un artículo de derecho indígena”, denunció el abogado de la comunidad.
Volver a las raíces, lograr la comunión con la tierra y recuperar la historia y la cultura ancestrales. Eran los objetivos de Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir en agosto de 2002, cuando se instalaron en Santa Rosa. Pero sin querer, se enfrentaron a un imperio que posee comercios en 120 países y una facturación anual de 2000 millones de euros. En octubre del mismo año sufrieron un desalojo violento.
El conflicto llegó a tribunales. Dos juicios, uno penal y otro civil. En el primero fueron absueltos, el segundo decidió que las 535 hectáreas le pertenecían a la empresa. El sustento del fallo, un título de donación de 1896, en el que entonces presidente José Evaristo Uriburu cedió 900 mil hectáreas a diez estancieros ingleses.
Por pedido de Luciano Benetton, en 2004, Rosa y Atilio viajaron a Roma. Luego de horas de discusión, Benetton prometió donar al Estado argentino 2500 hectáreas para que éste restituyera a la comunidad la tierra donde vivir. “Primero habló de donación de tierras. Le aclaramos que así no era. Que nadie puede donar lo que no es de él. Que tenía que ser restitución o devolución. Entonces propuso que donaría al Estado argentino y que éste podría restituir las tierras”, explicaba Atilio Curiñanco a la vuelta del viaje.
En 2005, la provincia de Chubut dictaminó que las 2500 hectáreas cedidas por Benetton eran improductivas y rechazó la donación. “Lo de Benetton fue una trampa”, había afirmado Atilio. Al mismo tiempo, advertían que en esas tierras ya vivían comunidades ancestrales y campesinos. Benetton nunca volvió a hablar del tema.
El 14 de febrero de 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque decidió volver a su territorio. “Ellos insisten en que tienen un papel, escritura le llaman, con eso dicen ser dueños. Nosotros mostramos nuestra sangre originaria, ancestral poseedora del lugar, ésa es nuestra prueba de posesión”, retrucaba Atilio Curiñanco. Y comenzaba la nueva batalla judicial.
Durante los últimos cuatro años, historiadores y antropólogos dieron testimonio ante el juez sobre la posesión ancestral mapuche. Y los abogados dieron cuenta de que los derechos indígenas están vigentes en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT. Pero el juez Magallanes priorizó una norma inferior, el Código Civil, y dictaminó: “(Condenar a la comunidad) A restituir la posesión, libre de personas y/o cosas puestas por ellos en el plazo de diez días”.
La compañía envió a Página/12 un comunicado donde resalta: “Hemos sido formalmente notificados del fallo respecto a la propiedad del predio Santa Rosa. Reiteramos nuestra posición de remitir la solución de este caso a la Justicia, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho desde la compañía para generar un acercamiento entre las partes, que incluyen el ofrecimiento de tierras realizado en dos oportunidades, la primera a través del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la segunda a través del estado provincial”.
Por Darío Aranda
La ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria fue sancionada en 2006 y prorrogada hasta 2013. Ordena realizar un catastro de las tierras que ocupan los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. El 20 de febrero último, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia relevaron, en cumplimiento de la ley, a la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut. Sólo diez días después, el juez Omar Magallanes ordenó el desalojo de la comunidad y favoreció a la multinacional Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Los abogados de la comunidad advirtieron que se “omitió groseramente” la legislación indígena y anunciaron que apelarán la medida.
“A pesar del fallo seguimos reafirmando nuestra existencia y compromiso con esta pequeña porción de la mapu (tierra). Seguimos con la convicción de reescribir nuestra historia como pueblo mapuche tehuelche y revertir la historia de despojo, humillación y saqueo”, afirmó la comunidad Santa Rosa, desde su humilde vivienda a la vera de la ruta 40, a mitad de camino entre Esquel y El Bolsón.
El abogado de la comunidad, Edgardo Manosalva, explicó que la sentencia es “sumamente inconsistente, arbitraria y contradictoria”. Basa su crítica en la “errónea apreciación de las pruebas y la errónea aplicación del derecho”. Detalló que la prueba documental y los testigos en favor de la comunidad mapuche fueron dejados de lado o minimizados.
“Al tener por parte a una comunidad mapuche, el juez automáticamente debió haber aplicado obligatoriamente, de acuerdo con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el derecho indígena. Por el contrario, el juez Magallanes sólo aplicó el derecho civil, sin hacer mención ni a un artículo de derecho indígena”, denunció el abogado de la comunidad.
Volver a las raíces, lograr la comunión con la tierra y recuperar la historia y la cultura ancestrales. Eran los objetivos de Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir en agosto de 2002, cuando se instalaron en Santa Rosa. Pero sin querer, se enfrentaron a un imperio que posee comercios en 120 países y una facturación anual de 2000 millones de euros. En octubre del mismo año sufrieron un desalojo violento.
El conflicto llegó a tribunales. Dos juicios, uno penal y otro civil. En el primero fueron absueltos, el segundo decidió que las 535 hectáreas le pertenecían a la empresa. El sustento del fallo, un título de donación de 1896, en el que entonces presidente José Evaristo Uriburu cedió 900 mil hectáreas a diez estancieros ingleses.
Por pedido de Luciano Benetton, en 2004, Rosa y Atilio viajaron a Roma. Luego de horas de discusión, Benetton prometió donar al Estado argentino 2500 hectáreas para que éste restituyera a la comunidad la tierra donde vivir. “Primero habló de donación de tierras. Le aclaramos que así no era. Que nadie puede donar lo que no es de él. Que tenía que ser restitución o devolución. Entonces propuso que donaría al Estado argentino y que éste podría restituir las tierras”, explicaba Atilio Curiñanco a la vuelta del viaje.
En 2005, la provincia de Chubut dictaminó que las 2500 hectáreas cedidas por Benetton eran improductivas y rechazó la donación. “Lo de Benetton fue una trampa”, había afirmado Atilio. Al mismo tiempo, advertían que en esas tierras ya vivían comunidades ancestrales y campesinos. Benetton nunca volvió a hablar del tema.
El 14 de febrero de 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque decidió volver a su territorio. “Ellos insisten en que tienen un papel, escritura le llaman, con eso dicen ser dueños. Nosotros mostramos nuestra sangre originaria, ancestral poseedora del lugar, ésa es nuestra prueba de posesión”, retrucaba Atilio Curiñanco. Y comenzaba la nueva batalla judicial.
Durante los últimos cuatro años, historiadores y antropólogos dieron testimonio ante el juez sobre la posesión ancestral mapuche. Y los abogados dieron cuenta de que los derechos indígenas están vigentes en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT. Pero el juez Magallanes priorizó una norma inferior, el Código Civil, y dictaminó: “(Condenar a la comunidad) A restituir la posesión, libre de personas y/o cosas puestas por ellos en el plazo de diez días”.
La compañía envió a Página/12 un comunicado donde resalta: “Hemos sido formalmente notificados del fallo respecto a la propiedad del predio Santa Rosa. Reiteramos nuestra posición de remitir la solución de este caso a la Justicia, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho desde la compañía para generar un acercamiento entre las partes, que incluyen el ofrecimiento de tierras realizado en dos oportunidades, la primera a través del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la segunda a través del estado provincial”.
INEDITA SENTENCIA CONTRA UNA PETROLERA NEUQUINA
El fallo establece que, para trabajar en ese lugar, la empresa debe contar con permiso de la comunidad mapuche. Un antecedente para las comunidades en conflicto de todo el país.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (la leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
En enero de 2007 el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufu. A fines de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008 volvieron con nueva estrategia: ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.
La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Comenzaba una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras, que –según solicitadas de la compañía– implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. Este diario dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero de 2008.
La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización: la empresa presentó un recurso de amparo para que la Justicia prohíba a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran “obstaculizar” la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En sólo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena.
Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia, dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena. “Corresponde rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del Aguila”, resume el fallo judicial sin precedentes y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén, y tratados internacionales de rango supraley (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). También se desoyó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner en práctica esas normas y rechaza que, como suele suceder en los tribunales, se pretenda imponer el Código Civil por sobre la Constitución Nacional y tratados internacionales.
“Reconoce a la comunidad y reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del Código Civil. Que se basa en la preexistencia al Estado”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado.
La sentencia, dictada el 16 de febrero pero difundida esta semana, también remarca un derecho imprescindible en cuanto a los territorios indígenas. “Debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (...). La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta”, afirma el juez Mario Tommasi, y explica que la participación de las comunidades indígenas debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones que los afecten.
En cuanto al caso concreto, sentencia: “No se ha demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescritos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el artículo 53 de la Constitución Provincial (...). No se advierte que se haya dado cumplimiento a procedimiento de consulta o gestión conjunta de recursos. Por el contrario”.
Incluso cita como jurisprudencia al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, máxima instancia judicial de la provincia: “El derecho de consulta de los pueblos indígenas es, en esencia, un derecho fundamental de carácter colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente”.
La sentencia no trata si la empresa debe retirarse del lugar, pero deja claro que no se pueden realizar tareas de exploración y explotación sin previa consulta y participación de la comunidad. “La Justicia nos dio la razón, ahora será el pueblo mapuche movilizado, con cortes de caminos, el que impedirá que exploten y contaminen nuestro territorio”, anunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu.
Aunque centrado en un caso (Petrolera Piedra del Aguila y la comunidad mapuche), a lo largo de la sentencia se abordan tópicos sobre derechos que pueden extenderse a los conflictos que enfrentan los pueblos originarios de todo el país frente a industrias extractivas (petróleo, minería, soja y forestales, entre otros). La sentencia reconoce que la gestión de los recursos naturales corresponde a las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional), pero en la misma oración les marca un límite claro a los gobernadores al advertir que no pueden avanzar unilateralmente: “A las comunidades indígenas les está asegurada (por ley) la participación en cuestiones relativas a los mismos”.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (la leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
En enero de 2007 el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufu. A fines de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008 volvieron con nueva estrategia: ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.
La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Comenzaba una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras, que –según solicitadas de la compañía– implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. Este diario dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero de 2008.
La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización: la empresa presentó un recurso de amparo para que la Justicia prohíba a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran “obstaculizar” la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En sólo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena.
Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia, dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena. “Corresponde rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del Aguila”, resume el fallo judicial sin precedentes y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén, y tratados internacionales de rango supraley (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). También se desoyó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner en práctica esas normas y rechaza que, como suele suceder en los tribunales, se pretenda imponer el Código Civil por sobre la Constitución Nacional y tratados internacionales.
“Reconoce a la comunidad y reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del Código Civil. Que se basa en la preexistencia al Estado”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado.
La sentencia, dictada el 16 de febrero pero difundida esta semana, también remarca un derecho imprescindible en cuanto a los territorios indígenas. “Debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (...). La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta”, afirma el juez Mario Tommasi, y explica que la participación de las comunidades indígenas debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones que los afecten.
En cuanto al caso concreto, sentencia: “No se ha demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescritos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el artículo 53 de la Constitución Provincial (...). No se advierte que se haya dado cumplimiento a procedimiento de consulta o gestión conjunta de recursos. Por el contrario”.
Incluso cita como jurisprudencia al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, máxima instancia judicial de la provincia: “El derecho de consulta de los pueblos indígenas es, en esencia, un derecho fundamental de carácter colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente”.
La sentencia no trata si la empresa debe retirarse del lugar, pero deja claro que no se pueden realizar tareas de exploración y explotación sin previa consulta y participación de la comunidad. “La Justicia nos dio la razón, ahora será el pueblo mapuche movilizado, con cortes de caminos, el que impedirá que exploten y contaminen nuestro territorio”, anunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu.
Aunque centrado en un caso (Petrolera Piedra del Aguila y la comunidad mapuche), a lo largo de la sentencia se abordan tópicos sobre derechos que pueden extenderse a los conflictos que enfrentan los pueblos originarios de todo el país frente a industrias extractivas (petróleo, minería, soja y forestales, entre otros). La sentencia reconoce que la gestión de los recursos naturales corresponde a las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional), pero en la misma oración les marca un límite claro a los gobernadores al advertir que no pueden avanzar unilateralmente: “A las comunidades indígenas les está asegurada (por ley) la participación en cuestiones relativas a los mismos”.
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