Bariloche, 16 de cotubre de 2010 (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).-
En el día de ayer, luego de un intenso debate de índole político e ideológico que tuviera su origen hace ya más de dos años en el Concejo Deliberante de Bariloche, finalmente fue aprobado, por 9 votos contra 2, nuestro proyecto de ordenanza que regula la "plusvalía urbana" en la ciudad, después de largas décadas en que las diferentes administraciones municipales miraran hacia un costado y no pudieran contar con herramientas legales como ésta a fin de luchar en pos de una ciudad cada vez mas inclusiva y en que la redistribución de la riqueza no fuera un mero discurso.
Comparto con Uds. el texto de la ordenanza aprobada, así como un pequeño artículo escrito recientemente en que describimos algunos conceptos de lo que significa la aplicación de esta nueva noción para el diseño de políticas públicas en relación con la tenencia de la tierra y con la solidaridad que debe primar en el rol de todo estado municipal.
Gracias a todos los que compartieron y trabajaron en este proyecto, y también a quienes creyeron que resultaría posible!
Un abrazo grande!
Darío
LA NOCIÓN DE “PLUSVALÍA URBANA”
Si bien el concepto de renta diferencial del suelo, o “plusvalía urbana” tiene su origen en los países socialistas, se viene aplicando en los últimos tiempos, aunque con diferentes nombres, en la gran mayoría de los países industrializados de Europa y América, tales como Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, y hasta en los mismos Estados Unidos, donde en ciudades como Aspen ponen en funcionamiento idénticas herramientas de planeamiento urbano, a través de las cuales el estado va achicando la brecha existente entre los sectores de mayores y menores recursos, a la vez que generando una efectiva protección ambiental y redistribución de los recursos existentes.
La necesidad de acentuar en la ciudad de Bariloche los lazos de vecindad, hoy particularmente desarticulados, nos denota la importancia de llevar adelante un desarrollo social y urbanístico armónico en donde prevalezca la finalidad de implementar una sociedad justa, ordenada, equitativa, así como consiente del cuidado del medio ambiente.
El concepto de “plusvalía urbana” implica que, en tanto la intervención estatal provoque un incremento en el valor inmobiliario de las distintas tierras del ejido, el mismo debe verse reflejado en el correspondiente aporte del beneficiario que repercuta en favor de todos.
Es sabido que el desarrollo económico impacta fuertemente sobre el territorio, dado que gran parte de las actividades productivas motoras del crecimiento económico en una ciudad como San Carlos de Bariloche se encuentran directamente vinculadas con el suelo. Tanto el desarrollo tecnológico como el del turismo, o el de la industria de la construcción, tienen en el suelo su insumo básico para continuar con su despliegue y expansión.
El establecimiento de derechos sobre la renta diferencial de la tierra en favor del estado municipal constituye un mecanismo que apuntará a corregir uno de los fenómenos más inequitativos de nuestra ciudad: el funcionamiento espontáneo y sin regulación alguna del mercado de la tierra que, con el aporte de importantes recursos fiscales, genera incrementos considerables en los precios de ciertos terrenos.
Un proyecto del oficialismo reconoce que en Bariloche “Fue principalmente la inversión privada, de particulares o instituciones, con o sin fines de lucro, fundamentalmente ligadas a la actividad turística, la que fue conformando la imagen, el equipamiento y la infraestructura de la ciudad. Esta característica de su desarrollo, condicionó fuertemente su estructura actual, al dejar en manos del mercado las principales herramientas de planificación y desarrollo territorial y al privar al Estado de la posibilidad de orientar los recursos de la inversión con un sentido social”
Resulta evidente que el estado cuenta con la innegable capacidad de recuperar para la comunidad una importante porción de los incrementos en los valores inmobiliarios que se encuentren íntimamente ligados a decisiones estatales, rescatando de esta manera para el conjunto de los ciudadanos una parte de los frutos del esfuerzo colectivo.
En este sentido, podemos citar como ejemplo de acciones urbanísticas que brindan un mayor valor a la tierra y que, a la vez, resultan ajenas a las acciones realizadas por el propietario a: la construcción de obras públicas municipales; la apertura de calles; el otorgamiento de parámetros urbanísticos y el cambio en las zonificaciones; la ampliación del ejido urbano y determinación de áreas de preservación urbanas; los cambios de circulación de las calles; el desarrollo de nuevos recorridos sobre el transporte público de pasajeros; la habilitación de áreas de servicios, centros turísticos, comerciales, culturales, deportivos, o sociales, etc.
Todos estos actos político-administrativos revisten vital importancia para la ciudad, al tiempo que dan lugar a ganancias adicionales a los propietarios, rentas diferenciales que resultan apropiadas por los titulares de los distintos predios y proyectos de desarrollo sin ningún tipo de contraprestación en favor del estado ni de la comunidad.
Resulta imprescindible que el estado municipal participe de ese mayor valor que adquieren los inmuebles una vez que éste realiza, y cumple, con los fines y objetivos que le son propios en beneficio de la comunidad toda, más allá de las acciones que pueda efectuar el propietario sobre cada parcela en su favor.
El Estado, en sus diferentes niveles y de acuerdo con la distribución de competencias, ejerce la función pública del urbanismo. La participación en la renta urbana diferencial es un instrumento que debe ser puesto en marcha en Bariloche por la autoridad municipal, quien debe tener asignadas las competencias sobre los actos urbanísticos de cambios de uso, o aprovechamiento de suelo, a que den lugar los mayores valores del suelo urbano, de modo que se encuentra plenamente legitimado para imponer el cobro de un derecho por este concepto y de disponer la inversión de esos fondos en infraestructuras de carácter social.
Fdo: Dr. Darío Rodríguez Duch
Concejal Bloque ARI
Pte. Com. Obras y Planeamiento del Concejo Municipal
lunes, 18 de octubre de 2010
MANIOBRA DE LA POLICÍA CONTRA LA FAMILIA DE NINO
Bariloche, 16 de octubre de 2010 (Multisectorial).A cuatro meses de los crímenes de junio en Bariloche, hoy la policía de Río Negro provocó y atacó a la familia de Nicolás Carrasco, cuyo asesino continúa libre.
Con la excusa de una supuesta investigación de un robo ocurrido en la zona de los kilómetros en Bariloche, cometido durante la madrugada, alrededor de las 10 de la mañana se montó un operativo policial a metros de la casa de la familia, que horas más tarde derivó en un allanamiento. El operativo comenzó cuando sospechosamente el vehículo robado apareció abandonado a pocos metros de la casa de Nino.
Durante el allanamiento, dentro de la vivienda, un policía atacó físicamente a la hermana de Nicolás cuando ella reclamó que se respetara la integridad de los recuerdos de su hermano. Durante todo el operativo, los efectivos provocaron a los familiares con ironías y burlas. Ante la agresión a la joven, la familia intervino para que los efectivos cesaran con el ataque. Todo esto sucedió mientras el juez interviniente y el fiscal estaban en la vivienda.
Repudiamos esta maniobra de la policía rionegrina de querer ensuciar a la familia con la misma metodología que utilizó contra el joven Marcos Huenchullán, integrante de esta Multisectorial, el 8 de julio pasado.
Para esta Multisectorial contra la Represión, este accionar policial intenta “embarrar la cancha” pone en evidencia la impunidad con que se maneja este gobierno -que ampara a la policía-, buscando el no esclarecimiento de los asesinatos de Nino y Sergio.
Aseguramos que esta maniobra busca generar contradicciones entre el juez de la causa, la familia y la comunidad, como así también paralizar el reclamo de justicia.
Lejos de amedrentarnos, ratificamos nuestro compromiso de verdad y justicia por los asesinatos y torturas de los días 17 y 18 de junio pasado.
A 4 meses de los crímenes perpetrados por la policía de Río Negro, llamamos a marchar el lunes 18 de octubre a las 18 desde Onelli y Brown
Seguimos reclamando:
- Justicia para Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas
- Cárcel a los asesinos
- Desmantelamiento de la BORA
- Renuncia del ministro de Gobierno Diego Larreguy
- Renuncia del Secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia Victor Cufré
- Juicio político al gobernador Miguel Saiz
Con la excusa de una supuesta investigación de un robo ocurrido en la zona de los kilómetros en Bariloche, cometido durante la madrugada, alrededor de las 10 de la mañana se montó un operativo policial a metros de la casa de la familia, que horas más tarde derivó en un allanamiento. El operativo comenzó cuando sospechosamente el vehículo robado apareció abandonado a pocos metros de la casa de Nino.
Durante el allanamiento, dentro de la vivienda, un policía atacó físicamente a la hermana de Nicolás cuando ella reclamó que se respetara la integridad de los recuerdos de su hermano. Durante todo el operativo, los efectivos provocaron a los familiares con ironías y burlas. Ante la agresión a la joven, la familia intervino para que los efectivos cesaran con el ataque. Todo esto sucedió mientras el juez interviniente y el fiscal estaban en la vivienda.
Repudiamos esta maniobra de la policía rionegrina de querer ensuciar a la familia con la misma metodología que utilizó contra el joven Marcos Huenchullán, integrante de esta Multisectorial, el 8 de julio pasado.
Para esta Multisectorial contra la Represión, este accionar policial intenta “embarrar la cancha” pone en evidencia la impunidad con que se maneja este gobierno -que ampara a la policía-, buscando el no esclarecimiento de los asesinatos de Nino y Sergio.
Aseguramos que esta maniobra busca generar contradicciones entre el juez de la causa, la familia y la comunidad, como así también paralizar el reclamo de justicia.
Lejos de amedrentarnos, ratificamos nuestro compromiso de verdad y justicia por los asesinatos y torturas de los días 17 y 18 de junio pasado.
A 4 meses de los crímenes perpetrados por la policía de Río Negro, llamamos a marchar el lunes 18 de octubre a las 18 desde Onelli y Brown
Seguimos reclamando:
- Justicia para Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas
- Cárcel a los asesinos
- Desmantelamiento de la BORA
- Renuncia del ministro de Gobierno Diego Larreguy
- Renuncia del Secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia Victor Cufré
- Juicio político al gobernador Miguel Saiz
BAHÍA BLANCA: EL CUERPO COMO MERCANCÍA
Por Natalia Carabajal Figueroa
(Eco Días).- En Bahía Blanca como en otras ciudades de la Argentina los medios de comunicación impresos tienen históricamente una sección de clasificados donde se ofrecen avisos de compra o venta de productos, servicios y propiedades, oferta laborales y también lo que se denomina "servicios sexuales". Entre la heladera, los terrenos y los autos… los cuerpos.
Lamentablemente, en muchas ocasiones los avisos de servicios sexuales son una de las tantas aristas de la trama del negocio vil de la trata de personas.
Si pensamos a la trata de personas con fines de explotación sexual como una cadena de acciones, tenemos que saber leer cuando en la sección de empleos pedidos se ve algo así como "NEC. Srta. p/Privado excel. lugar Mín. $5.000. teléfono xxxxx" o " Nec. srtas para whiskeria en el sur. Sueldo 15 mil $, con alojamiento": lo que estamos leyendo es el primer eslabón de esa cadena de la trata que es el reclutamiento.
Atrás de esas ofertas de trabajo se vislumbra el reclutamiento de mujeres para ser explotadas sexualmente. Los diarios elegidos para esta clase de avisos son por lo general los de las zonas más pobres del país como ser el noroeste y noreste argentino, porque las carencias socioeconómicas de la población hacen que la desesperación esté por encima de la dignidad. Algunas veces las "ofertas laborales" que persiguen el reclutamiento con el mismo objetivo se disfrazan con cuestiones tales como "gente para trabajar en la Patagonia como servicio doméstico o en algún bar", y lo que delata el engaño son las altas sumas de dinero.
Pero no es específicamente ese eslabón de la trata el que queremos en esta edición comentar, sino otro: la difusión y publicidad sobre la oferta de servicios sexuales, o mejor dicho de cómo se publicita y se venden personas.
Bahía on fire I
Sabemos que los mensajes que difunden los medios de comunicación (diarios, periódicos, televisión, radio y la publicidad) influyen de manera importante sobre la manera de percibir y pensar de las personas en una comunidad. Es una realidad que el sexismo se encuentra presente en gran parte de la publicidad que consumimos, por lo que es necesario lograr visibilizarlo para poder analizarlo crípticamente y así ayudar al cambio de patrones culturales y cuestiones naturalizadas que reproducen el sistema del patriarcado.
Nuestro diario local, al menos el más viejo de la ciudad, La Nueva Provincia, en varias ocasiones se ha hecho eco de noticias que denuncian delitos en relación a la prostitución, pero sigue publicando entre sus clasificados los avisos de "encuentros íntimos" sin que eso le parezca una incoherencia.
Esta modalidad de empresa no es ajena a la que manejan los grandes diarios nacionales como Clarín, con su emblemático Rubro 59, u otros diarios del interior del país, que denuncian la trata de personas para explotación sexual entre sus notas periodísticas pero publican esta oferta en sus clasificados.
En el caso de La Nueva Provincia en su sección clasificados Varios se lee: "MAÑANEROS Encuentros rubia rosarina (40 años) últimos días. Dpto priv/hot. domic. 24 hs Nueva direcc." o "ENCUENTRO Super Vip muy bonita morocha 21 añitos solita. Céntr. de 14/21 hs.".
Es decir, el diario La Nueva Provincia ofrece tanto heladeras, terrenos, como oferta sexual.
Bahía on fire II
Otro caso emblemático en la ciudad es lo que se ofrece "naturalmente" y sin filtro a quien compre la revista Todo Clasificados, que lamentablemente en su Rubro 49 de "Servicios Especiales" plantea "Las bebotas. Sofy, Belén, Marina, Antonella, Roxana. Privadisimo de 1er nivel. Atenc. a parejas, lesbianismo, duetos. Gabinete, domicilio. Telefonoxxxx".
Delivery sex, Solo para ellos, Chicas Trav, Chicas nuevitas, Chicas Vip, despedidas de soltero, Lindas y atrevidas, Maduritas… son algunas de las frases y palabras que se repiten además de las fotos de cuerpos enteros y casi sin rostro, mucha tanga y poses sensuales.
Con precios distintos a los de los avisos comunes podemos entender que los ingresos por publicar avisos en el rubro 49 deben ser abultados. Un solo aviso de 1 columna por 6,5cm. tiene un costo de $ 85 por única vez y una rebaja de $ 10 si es todo el mes (el contrato es por 3 meses). Un aviso de 4 columnas por 8 cm. tiene un costo de $ 345 por única vez y $ 300 por mes, es decir $ 1.200 al mes.
Investigaciones
En el año 2009 el Inadi elevó un informe a la Procuración General de la Nación en el que solicitaba que se investigue si con la publicación de estos tipos de avisos en los diarios nacionales se encubren situaciones de trata de mujeres para explotación sexual, o si se promueve o facilita la corrupción o la prostitución de menores de edad, o si se incurre en la nueva figura de violencia mediática que plantea la nueva ley 26.485, contra la Violencia de Género.
El Inadi tomó esta iniciativa luego de relevar diarios nacionales. Enumeró las normas que consideraba se estaban violando al publicar estos avisos, como ser tratados internacionales ratificados por la Argentina en los que se comprometió a combatir la discriminación de género (por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer).
Por estos días en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son tres los proyectos de ley que ingresaron y que apuntan a combatir la trata de personas con fines de explotación sexual y que proponen sancionar a los medios de comunicación que publiquen "avisos de contactos sexuales". Se pone como posible sanción la aplicación de multas y el retiro de la publicidad oficial.
El mayor cuestionamiento hacia este tipo de proyectos es que se dice que se atenta contra quien hace de la prostitución su medio de vida, y que eso no sería un delito, pero sí lo es la explotación de la prostitución ajena, como también están prohibidos los burdeles. No hay que leer más allá de los teléfonos y direcciones para entender que en varios de los anuncios que se publican se promueven lugares, y ahí lo que se observa a simple vista es un nivel de organización. Es allí que se debería llevar a cabo investigaciones judiciales para determinar si en última instancia encubren casos de trata, proxenetismo y otros delitos.
Avisos locales
Bahía Blanca no queda fuera del análisis sobre la difusión de los avisos de este tipo. Hay que entender que los avisos con oferta de servicios sexuales ponen como natural algo que no es natural: la explotación sexual de las personas, y se pone sus cuerpos al servicio de otras/otros.
Pensemos en avisos como los que ilustran esta nota, en los que se incluye imágenes de cuerpos desnudos o semidesnudos, que tranquilamente pueden estar enmarcados como contrarios a la nueva ley 26.486 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres que menciona como falta "toda vez que promueven en forma directa la explotación de mujeres o sus imágenes".
Y si vamos a hilar más fino, deberíamos detenernos en palabras como "lolitas" "bebotas", "colegialas", "chicas nuevitas". Habría que pensar en la obligación del estado que en virtud de la Convención Internacional de los Derechos del Niño debe proteger a los chicos y chicas contra toda violencia, explotación, incluido acá el abuso sexual y se debería pensar más en los artículos 125 y 125 bis del Código Penal, que castigan la promoción o facilitación de la corrupción y de la prostitución de menores de 18 años.
Dirán algunos que esas palabras no apuntan de manera real a la explotación de una niña o de una adolescente, sino de una adulta y que lo que se busca con esas palabras es generar una suerte de "fantasía" en el consumidor/cliente para que se enganche con esa publicidad y consuma. En este caso, los medios de comunicación colaboran con esa idea de naturalizar las prácticas referidas al consumo de los cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes que en última instancia llevan al mismo lugar: consumo de cuerpos.
Los avisos que vemos a diario en la TV y en los diarios, que hasta nos invitan a mandar sms a celulares para recibir imágenes. Todo este tipo de publicidad hoy contribuye linealmente a la explotación sexual de las mujeres, niñas, adolescentes y niños, favorece la violencia de género y la desvalorización de las personas, en su mayor parte mujeres, en un evidente atentado a los derechos humanos: subordinar a un ser "humano" y convertirlo en mercancía.
(Eco Días).- En Bahía Blanca como en otras ciudades de la Argentina los medios de comunicación impresos tienen históricamente una sección de clasificados donde se ofrecen avisos de compra o venta de productos, servicios y propiedades, oferta laborales y también lo que se denomina "servicios sexuales". Entre la heladera, los terrenos y los autos… los cuerpos.
Lamentablemente, en muchas ocasiones los avisos de servicios sexuales son una de las tantas aristas de la trama del negocio vil de la trata de personas.
Si pensamos a la trata de personas con fines de explotación sexual como una cadena de acciones, tenemos que saber leer cuando en la sección de empleos pedidos se ve algo así como "NEC. Srta. p/Privado excel. lugar Mín. $5.000. teléfono xxxxx" o " Nec. srtas para whiskeria en el sur. Sueldo 15 mil $, con alojamiento": lo que estamos leyendo es el primer eslabón de esa cadena de la trata que es el reclutamiento.
Atrás de esas ofertas de trabajo se vislumbra el reclutamiento de mujeres para ser explotadas sexualmente. Los diarios elegidos para esta clase de avisos son por lo general los de las zonas más pobres del país como ser el noroeste y noreste argentino, porque las carencias socioeconómicas de la población hacen que la desesperación esté por encima de la dignidad. Algunas veces las "ofertas laborales" que persiguen el reclutamiento con el mismo objetivo se disfrazan con cuestiones tales como "gente para trabajar en la Patagonia como servicio doméstico o en algún bar", y lo que delata el engaño son las altas sumas de dinero.
Pero no es específicamente ese eslabón de la trata el que queremos en esta edición comentar, sino otro: la difusión y publicidad sobre la oferta de servicios sexuales, o mejor dicho de cómo se publicita y se venden personas.
Bahía on fire I
Sabemos que los mensajes que difunden los medios de comunicación (diarios, periódicos, televisión, radio y la publicidad) influyen de manera importante sobre la manera de percibir y pensar de las personas en una comunidad. Es una realidad que el sexismo se encuentra presente en gran parte de la publicidad que consumimos, por lo que es necesario lograr visibilizarlo para poder analizarlo crípticamente y así ayudar al cambio de patrones culturales y cuestiones naturalizadas que reproducen el sistema del patriarcado.
Nuestro diario local, al menos el más viejo de la ciudad, La Nueva Provincia, en varias ocasiones se ha hecho eco de noticias que denuncian delitos en relación a la prostitución, pero sigue publicando entre sus clasificados los avisos de "encuentros íntimos" sin que eso le parezca una incoherencia.
Esta modalidad de empresa no es ajena a la que manejan los grandes diarios nacionales como Clarín, con su emblemático Rubro 59, u otros diarios del interior del país, que denuncian la trata de personas para explotación sexual entre sus notas periodísticas pero publican esta oferta en sus clasificados.
En el caso de La Nueva Provincia en su sección clasificados Varios se lee: "MAÑANEROS Encuentros rubia rosarina (40 años) últimos días. Dpto priv/hot. domic. 24 hs Nueva direcc." o "ENCUENTRO Super Vip muy bonita morocha 21 añitos solita. Céntr. de 14/21 hs.".
Es decir, el diario La Nueva Provincia ofrece tanto heladeras, terrenos, como oferta sexual.
Bahía on fire II
Otro caso emblemático en la ciudad es lo que se ofrece "naturalmente" y sin filtro a quien compre la revista Todo Clasificados, que lamentablemente en su Rubro 49 de "Servicios Especiales" plantea "Las bebotas. Sofy, Belén, Marina, Antonella, Roxana. Privadisimo de 1er nivel. Atenc. a parejas, lesbianismo, duetos. Gabinete, domicilio. Telefonoxxxx".
Delivery sex, Solo para ellos, Chicas Trav, Chicas nuevitas, Chicas Vip, despedidas de soltero, Lindas y atrevidas, Maduritas… son algunas de las frases y palabras que se repiten además de las fotos de cuerpos enteros y casi sin rostro, mucha tanga y poses sensuales.
Con precios distintos a los de los avisos comunes podemos entender que los ingresos por publicar avisos en el rubro 49 deben ser abultados. Un solo aviso de 1 columna por 6,5cm. tiene un costo de $ 85 por única vez y una rebaja de $ 10 si es todo el mes (el contrato es por 3 meses). Un aviso de 4 columnas por 8 cm. tiene un costo de $ 345 por única vez y $ 300 por mes, es decir $ 1.200 al mes.
Investigaciones
En el año 2009 el Inadi elevó un informe a la Procuración General de la Nación en el que solicitaba que se investigue si con la publicación de estos tipos de avisos en los diarios nacionales se encubren situaciones de trata de mujeres para explotación sexual, o si se promueve o facilita la corrupción o la prostitución de menores de edad, o si se incurre en la nueva figura de violencia mediática que plantea la nueva ley 26.485, contra la Violencia de Género.
El Inadi tomó esta iniciativa luego de relevar diarios nacionales. Enumeró las normas que consideraba se estaban violando al publicar estos avisos, como ser tratados internacionales ratificados por la Argentina en los que se comprometió a combatir la discriminación de género (por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer).
Por estos días en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son tres los proyectos de ley que ingresaron y que apuntan a combatir la trata de personas con fines de explotación sexual y que proponen sancionar a los medios de comunicación que publiquen "avisos de contactos sexuales". Se pone como posible sanción la aplicación de multas y el retiro de la publicidad oficial.
El mayor cuestionamiento hacia este tipo de proyectos es que se dice que se atenta contra quien hace de la prostitución su medio de vida, y que eso no sería un delito, pero sí lo es la explotación de la prostitución ajena, como también están prohibidos los burdeles. No hay que leer más allá de los teléfonos y direcciones para entender que en varios de los anuncios que se publican se promueven lugares, y ahí lo que se observa a simple vista es un nivel de organización. Es allí que se debería llevar a cabo investigaciones judiciales para determinar si en última instancia encubren casos de trata, proxenetismo y otros delitos.
Avisos locales
Bahía Blanca no queda fuera del análisis sobre la difusión de los avisos de este tipo. Hay que entender que los avisos con oferta de servicios sexuales ponen como natural algo que no es natural: la explotación sexual de las personas, y se pone sus cuerpos al servicio de otras/otros.
Pensemos en avisos como los que ilustran esta nota, en los que se incluye imágenes de cuerpos desnudos o semidesnudos, que tranquilamente pueden estar enmarcados como contrarios a la nueva ley 26.486 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres que menciona como falta "toda vez que promueven en forma directa la explotación de mujeres o sus imágenes".
Y si vamos a hilar más fino, deberíamos detenernos en palabras como "lolitas" "bebotas", "colegialas", "chicas nuevitas". Habría que pensar en la obligación del estado que en virtud de la Convención Internacional de los Derechos del Niño debe proteger a los chicos y chicas contra toda violencia, explotación, incluido acá el abuso sexual y se debería pensar más en los artículos 125 y 125 bis del Código Penal, que castigan la promoción o facilitación de la corrupción y de la prostitución de menores de 18 años.
Dirán algunos que esas palabras no apuntan de manera real a la explotación de una niña o de una adolescente, sino de una adulta y que lo que se busca con esas palabras es generar una suerte de "fantasía" en el consumidor/cliente para que se enganche con esa publicidad y consuma. En este caso, los medios de comunicación colaboran con esa idea de naturalizar las prácticas referidas al consumo de los cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes que en última instancia llevan al mismo lugar: consumo de cuerpos.
Los avisos que vemos a diario en la TV y en los diarios, que hasta nos invitan a mandar sms a celulares para recibir imágenes. Todo este tipo de publicidad hoy contribuye linealmente a la explotación sexual de las mujeres, niñas, adolescentes y niños, favorece la violencia de género y la desvalorización de las personas, en su mayor parte mujeres, en un evidente atentado a los derechos humanos: subordinar a un ser "humano" y convertirlo en mercancía.
A 4 AÑOS DEL ASESINATO DE OTOÑO URIARTE
El Bolsón (ANPP).- El sábado 23 de octubre, al cumplirse 4 años de la desaparición y asesinato impune de Otoño Uriarte, se hará un encuentro artístico en la localidad de Fernández Oro (provincia de Río Negro), donde vivió sus últimos años.Las actividades comenzarán a las 17, frente al estación de trenes (Av Cipolletti y 9 de Julio). Habrá música, video, pinturas y otras propuestas artísticas.
El homenaje, que también es un nuevo pedido de justicia, está convocado por la familia de Otoño junto a organizaciones sociales y amigos de la joven.
Otoño Uriarte tenía sólo 16 años aquel 23 de octubre de 2006, cuando fue secuestrada, según es la sospecha generalizada, por una banda de proxenetas amparada por el poder político y policial.
En tales circunstancias, la investigación estuvo colmada de irregularidades, que incluyeron amenazas a los encargados de recabar datos y alguna curiosa declaración de funcionarios de alto nivel de la provincia.
Hoy a cuatro años aún no hay nadie tras las rejas pagando por el terrible crimen que deja entrever una punta del siniestro círculo mafioso dedicado a la trata de personas en Río Negro y otros puntos del país.
Fuente: GRAM Medicina (Cipolletti).
COMO A NEUQUEN LE SOBRA PLATA, SAPAG REGALA LOS INGRESOS DE LOS NEUQUINOS
Por Fernando Schpoliansky, secretario de Formación CTA Neuquén
Neuquén (CTA).- Ya no es sorpresa que una vez más el Gobierno de la Provincia del Neuquén beneficie a algunos sectores de la economía neuquina, aquellos que obtienen suculentas ganancias extraordinarias, en detrimento de los trabajadores, sector cada vez mas empobrecido y alejado de la imperiosa necesidad de acceder a una movilidad social ascendente.
OTRO GOLPE MAS A LA DISTRIBUCIÓN JUSTA DE LA RIQUEZA EN NEUQUÉN
Esto se traduce en la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén del día 08/10/2010, del Decreto 1748 que otorga exenciones del Impuesto de Sellos a quienes desarrollen actividades vinculadas a los hidrocarburos, esto es básicamente petróleo y gas. No hace falta destacar las fabulosas ganancias que obtienen las empresas multinacionales que se dedican a esta actividad. Mucho mayor ahora con este tipo de beneficios que lo que hacen es aumentarlas producto de que se encuentran eximidas de tributar el Impuesto de Sellos cada vez que firmen un contrato. Hay que recordar que el ex Gobernador Sobisch prorrogó hasta el 2027 el contrato de explotación del yacimiento gasífero Loma de la Lata-Sierra Barrosa a favor de Repsol – YPF y también le otorgó mediante decreto la exención del Impuesto de Sellos a dicha empresa por un monto de 106 millones de dólares. Aquella decisión que le significó a Neuquén que dejaran de entrar en las arcas provinciales esa cantidad de dólares, fue por un solo contrato en particular, pero la decisión que ahora toma Sapag le otorga a la exención carácter permanente generando mermas más que significativas en los ingresos del tesoro provincial por el Impuesto de Sellos por contratos relacionados con los hidrocarburos, los cuales representan un importante monto dentro del total de la recaudación anual del mencionado impuesto. Digamos que el Impuesto de Sellos se trata de un impuesto de carácter local, es decir que cada provincia lo tiene legislado en su código fiscal. Se gravan los actos onerosos, salvo los expresamente exentos. Es un tributo que grava distintos hechos, actos u operaciones que, indirectamente, evidencian la existencia de riqueza, es decir de capacidad contributiva. Entones, con la definición que acabamos de describir, las petroleras no evidencian una existencia de capacidad contributiva mayor a la de cualquier ciudadano?...que cuando firma un contrato, así sea de alquiler de un inmueble, tiene que pagar el 1.4% del monto total del contrato por el Impuesto de Sellos? Porque entonces el Gobierno de Sapag toma esta medida que lo único que hace es volver mas inequitativa y regresiva la distribución de la riqueza en Neuquén? Piensa el gobernador que una familia que alquila tiene mayor capacidad contributiva que una empresa petrolera? Si como manifiesta Sapag al momento de considerar un incremento salarial para los trabajadores públicos, NO HAY MAS PLATA EN EL TESORO PROVINCIAL, porque entonces EXIME a las Petroleras del Impuesto de Sellos que justamente su recaudación aumentaría los ingresos en ese tesoro? Con esto lo único que hace es agrandar más aun la brecha entre ricos y pobres; aumentando la precarización de los trabajadores con magros salarios, donde el acceso a la vivienda es prácticamente una película de ciencia ficción, la salud publica se deteriora día a día faltando insumos, medicamentos y equipamiento en los hospitales y ni hablar de los serios problemas edilicios en las escuelas.
Neuquén (CTA).- Ya no es sorpresa que una vez más el Gobierno de la Provincia del Neuquén beneficie a algunos sectores de la economía neuquina, aquellos que obtienen suculentas ganancias extraordinarias, en detrimento de los trabajadores, sector cada vez mas empobrecido y alejado de la imperiosa necesidad de acceder a una movilidad social ascendente.
OTRO GOLPE MAS A LA DISTRIBUCIÓN JUSTA DE LA RIQUEZA EN NEUQUÉN
Esto se traduce en la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén del día 08/10/2010, del Decreto 1748 que otorga exenciones del Impuesto de Sellos a quienes desarrollen actividades vinculadas a los hidrocarburos, esto es básicamente petróleo y gas. No hace falta destacar las fabulosas ganancias que obtienen las empresas multinacionales que se dedican a esta actividad. Mucho mayor ahora con este tipo de beneficios que lo que hacen es aumentarlas producto de que se encuentran eximidas de tributar el Impuesto de Sellos cada vez que firmen un contrato. Hay que recordar que el ex Gobernador Sobisch prorrogó hasta el 2027 el contrato de explotación del yacimiento gasífero Loma de la Lata-Sierra Barrosa a favor de Repsol – YPF y también le otorgó mediante decreto la exención del Impuesto de Sellos a dicha empresa por un monto de 106 millones de dólares. Aquella decisión que le significó a Neuquén que dejaran de entrar en las arcas provinciales esa cantidad de dólares, fue por un solo contrato en particular, pero la decisión que ahora toma Sapag le otorga a la exención carácter permanente generando mermas más que significativas en los ingresos del tesoro provincial por el Impuesto de Sellos por contratos relacionados con los hidrocarburos, los cuales representan un importante monto dentro del total de la recaudación anual del mencionado impuesto. Digamos que el Impuesto de Sellos se trata de un impuesto de carácter local, es decir que cada provincia lo tiene legislado en su código fiscal. Se gravan los actos onerosos, salvo los expresamente exentos. Es un tributo que grava distintos hechos, actos u operaciones que, indirectamente, evidencian la existencia de riqueza, es decir de capacidad contributiva. Entones, con la definición que acabamos de describir, las petroleras no evidencian una existencia de capacidad contributiva mayor a la de cualquier ciudadano?...que cuando firma un contrato, así sea de alquiler de un inmueble, tiene que pagar el 1.4% del monto total del contrato por el Impuesto de Sellos? Porque entonces el Gobierno de Sapag toma esta medida que lo único que hace es volver mas inequitativa y regresiva la distribución de la riqueza en Neuquén? Piensa el gobernador que una familia que alquila tiene mayor capacidad contributiva que una empresa petrolera? Si como manifiesta Sapag al momento de considerar un incremento salarial para los trabajadores públicos, NO HAY MAS PLATA EN EL TESORO PROVINCIAL, porque entonces EXIME a las Petroleras del Impuesto de Sellos que justamente su recaudación aumentaría los ingresos en ese tesoro? Con esto lo único que hace es agrandar más aun la brecha entre ricos y pobres; aumentando la precarización de los trabajadores con magros salarios, donde el acceso a la vivienda es prácticamente una película de ciencia ficción, la salud publica se deteriora día a día faltando insumos, medicamentos y equipamiento en los hospitales y ni hablar de los serios problemas edilicios en las escuelas.
FORO DE “MINERIA Y SOCIEDAD” EN SAN JUAN: DERROTA DE LA MEGAMINERIA
San Juan, 17 de octubre de 2010 (Unión de Asambleas Ciudadanas).- Trasnacionales y gobierno eludieron el debate en tanto docentes y autoridades de la facultad de ingeniería minera “prohibieron” que sus alumnos participen del encuentro. La ley de glaciares aprobada por el Congreso Nacional días antes, la instalación en el país del tema minero y su relación con la universidad, el avance de la ciudadanía sanjuanina exigiendo información y debate hicieron visible la herida abierta en gobernantes y secuaces de las corporaciones mineras.
Los organizadores del foro Minería y Sociedad y las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan padecieron el acoso del lobby minero desde el momento en que esa casa de estudios decidió usar los fondos que Mina Alumbrera reparte a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para llevar a cabo el debate sobre una política extractiva que viene siendo cuestionada en gran parte del mundo y que en Latinoamérica ofrece feroz resistencia por los índices de contaminación y la metodología usada sobre territorios que devasta. Al mismo tiempo, algunos asambleístas y auto convocados decidieron participar del foro -que inicialmente aparecía tendencioso para ambas partes en puja, pero rechazando la asistencia económico de dineros provistos por la misma minería que se cuestiona. En ese marco hubo dos días de deliberaciones y exposiciones con paneles, conferencias y mesas de trabajo. El sector minero centró su exposición en “Mitos y verdades sobre la actividad minera, residuos y diques de colas “controlados”, apelando a irracionales sentencias sobre la “inocuidad” del cianuro y a criterios indulgentes para evaluar la sustentabilidad minera”.
En el otro campo, el comienzo de las disertaciones era auspicioso: hubo dos que merecieron la atención y el reconocimiento del auditorio, la del mejicano Gian Carlo Delgado Ramos sobre una “América Latina, reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicaciones socio ambientales” y la visión económica neoliberal, “recursos para el desarrollo”, de Nicolás Gutman. Siguieron luego exposiciones de conferencistas de distintas latitudes que aportaron las realidades del lugar. Fue el caso de Rodrigo Ruiz Rubio sobre la cuestión minera en el Perú, la Dra. Ana Isla que se refirió a la globalización de la minería canadiense, en tanto el “Tratado binacional argentino chileno” fue expuesto por el economista trasandino Julián Alcayaga.
El renombrado hidrogeólogo y geoquímico norteamericano Robert Moran, fue contundente en su ponencia sobre los impactos frecuentes de la minería metalífera relacionados con el agua. En un paneo fotográfico expuso muchísimos casos alrededor del mundo, de impacto ambiental irreversible y produjo definiciones concluyentes con preguntas posteriores acerca de qué ejemplos se pueden contabilizar donde la mega minería metalífera no haya producido trastornos ambientales. Gran parte del auditorio minero se había retirado del salón, imposibilitado para afrontar un debate con final anunciado.
Hubo ponencias que reflejaron el raquitismo intelectual, falacias expuestas en la mesa dedicada a “reflexiones sobre el papel que desempeña el periodismo” en la provincia de San Juan, en el marco del poder transnacional minero, conceptos que resultaron irrespetuosos e indignantes para una población que vive una de las censuras más agobiantes, sin libertad de expresión y sin poder ejercer los derechos constitucionales de plebiscitos o consultas populares, al mismo tiempo perseguida y judicializada.
En opinión del auditorio presente, el panel de “Minería y derechos ambientales” tuvo la trascendencia buscada y fue el que produjo un efecto inesperado. El principal medio de difusión, Diario de Cuyo, le dedicó dos páginas centrales y parte de la tapa, destacando la alocución, en título a tres columnas de “Rodríguez Pardo: La cordillera es de las transnacionales”, en el marco de su disertación, “Contaminación, diáspora y saqueo”.
El mismo matutino recogió la denuncia de Enrique Viale, de la Asociación de abogados ambientalistas, acerca de “las acciones mineras en poder del Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, de una firma que tiene como dirección legal la misma que la Barrick Gold.” Además de Rodrigo Rubio Ruiz, universitario peruano, el otro disertante de esa mesa minera fue Lino Pizzolón, de la Universidad Nacional de La Patagonia; el limnólogo chubutense, hizo énfasis en la contaminación de los diques de colas de la mega minería y a “la enorme ideología montada por las transnacionales del sector para justificar el saqueo”.
Para el Diario de Cuyo, “Un dato curioso y que no pasó inadvertido, es que al tratarse de un debate financiado con fondos que provienen de la gran minería metalífera –conclusión final del medio periodístico- es que tanto Rodríguez Pardo como Viale aclararon de antemano que los gastos del viaje y la estadía salió de sus bolsillos”.
En definitiva, el foro universitario Minería y Sociedad, convulsionó a la provincia de San Juan. Fue transmitido en forma directa por dos radios de amplio alcance: Radio Universidad de San Juan, y la emisora del Sindicato de Trabajadores Municipales, de manera ininterrumpida. También hubo numerosas notas y reportajes de una docena de radios, no así los canales de la televisión local, a los que el gobierno le prohibió informar. Una cadena de medios alternativos se sumó a la difusión, acompañada por documentalistas que filmaron y registraron un encuentro que resultó histórico en la región cuyana. La universidad publicará todos los trabajos y ponencias.
Para los organizadores fue significativo el derecho a réplica solicitado por Marcelo Rubén Bellini, ingeniero y vicedecano de la facultad de minería, para contestar a Javier Rodríguez Pardo que había aludido a su tesis de maestría “Degradación Microbiana de Cianuros”, temas de Metalurgia Extractiva, editada por esa misma casa de estudios en 2001. Dijo que “el ambientalista había sacado de contexto su posición en torno a la imposibilidad de destruir el cianuro en las colas de la minería”. Lo curioso es que el académico terminó repitiendo (admitiendo) lo mismo que negaba y que textualmente figura en su libro donde reconoce que “los cianuros son venenos” y que “las colas y efluentes derivados de las diferentes actividades mineras e industriales contienen cianuros, sulfocianuros y complejos metal cianuro, que son, particularmente estos dos últimos, de difícil eliminación por métodos fisicoquímicos comunes”, razón por la cual el autor apuesta al desarrollo de la actividad microbiana para destruir cianuros. Cabe agregar que la facultad de ingeniería se opuso desde el primer momento a participar del debate que propuso el foro, amenazando con reprimir a sus alumnos en caso de no acatar la resolución del decanato.
El acoso en la provincia de San Juan es constante y si bien el pueblo se acostumbró a vivir con el, no dejó de asombrar la denunciada efectuada, durante las deliberaciones en el rectorado de la universidad y ante los medios de difusión presentes, de la propietaria de la librería Piedra Libre, de la capital sanjuanina: la denunciante dijo que fue obligada por gente del gobierno local a retirar de la venta “el libro de Rodríguez Pardo, “Viene por el oro, vienen por todo”, y que tendrían la manera de clausurarle el negocio.”
Las jornadas cerraron el día 15 con la conferencia de Pedro Arrojo Agudo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Su investigación se centra en la “economía del agua”. Desde el 2009 dirige la exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Es miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro y del Comité MAB de Unesco. El disertante emocionó a los concurrentes por casi tres horas, con un relato que abarcó los conflictos del agua por todo el mundo y finalizó con la minería, el agua y los glaciares. Demás está decir cuál es su posición al respecto y la contundencia de su exposición. Pero su paso por este claustro universitario ha dejado una huella indeleble, lágrimas de optimismo porque el cambio de paradigma es posible. “Vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua, sin embargo mil cien millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y unas diez mil mueren por ello cada día, en su mayoría niños. Es la crisis de insostenibilidad que hemos provocado por contaminación y destrucción de nuestros ríos y acuíferos” y –continuó Pedro Arrojo Agudo- “el control del agua suele ser usado como herramienta de poder. El agua, vinculada a valores emocionales y territoriales, es fácilmente manipulable, tanto en la confrontación política como incluso a la hora de justificar guerras”, estrategias militares que “usan pueblos como rehenes –afirmó Arrojo Agudo- imponiéndoles condiciones de vida inhumanas con un consumo limitado del agua.”
Creemos que haber participado del foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad de San Juan, fue un acierto. Se denunció a una minería en los mismos claustros universitarios en que opera la facultad que forma ingenieros para la devastación. Se denunciaron los fondos mineros que reparte el Consejo Universitario Nacional y que coopta académicos e instituciones intentando conformar los informes de impacto ambiental que proponen las transnacionales extractivas. El pueblo visibilizó el vacío argumental del lobby minero a la hora de debatir sobre contaminación, daño social y saqueo, y pudo juzgar a partir de estos hechos, probados públicamente, que el academicismo tecnocrático se retiraba de los debates, abandonaba el recinto de sesiones cuando se exponían pensamientos opuestos, y ante la evidencia de las conclusiones ofrecía argumentos falaces. El técnico minero caía en silencios, incapaz de réplica, y eso fue inimaginable días antes, cuando incluso se pensaba que gobernantes y transnacionales utilizarían la fuerza del poder para imponer sus propósitos.
Al día siguiente de las jornadas, la debilidad minera en el encuentro reaparecía en radios y medios de difusión pagados, denostando a conferencistas y a especialistas que cuestionaron una política que no reconoce que los bienes comunes deben ser garantizados como derechos humanos.
Quienes dudábamos de los alcances de este foro debemos admitir que ha provocado una apertura de nuevas opiniones contra la mega minería metalífera a cielo abierto, en una provincia cordillerana dominada por uno de los grupos gestores del latrocinio extractivo.
Contacto:
machpatagonia@gmail.com
Los organizadores del foro Minería y Sociedad y las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan padecieron el acoso del lobby minero desde el momento en que esa casa de estudios decidió usar los fondos que Mina Alumbrera reparte a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para llevar a cabo el debate sobre una política extractiva que viene siendo cuestionada en gran parte del mundo y que en Latinoamérica ofrece feroz resistencia por los índices de contaminación y la metodología usada sobre territorios que devasta. Al mismo tiempo, algunos asambleístas y auto convocados decidieron participar del foro -que inicialmente aparecía tendencioso para ambas partes en puja, pero rechazando la asistencia económico de dineros provistos por la misma minería que se cuestiona. En ese marco hubo dos días de deliberaciones y exposiciones con paneles, conferencias y mesas de trabajo. El sector minero centró su exposición en “Mitos y verdades sobre la actividad minera, residuos y diques de colas “controlados”, apelando a irracionales sentencias sobre la “inocuidad” del cianuro y a criterios indulgentes para evaluar la sustentabilidad minera”.
En el otro campo, el comienzo de las disertaciones era auspicioso: hubo dos que merecieron la atención y el reconocimiento del auditorio, la del mejicano Gian Carlo Delgado Ramos sobre una “América Latina, reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicaciones socio ambientales” y la visión económica neoliberal, “recursos para el desarrollo”, de Nicolás Gutman. Siguieron luego exposiciones de conferencistas de distintas latitudes que aportaron las realidades del lugar. Fue el caso de Rodrigo Ruiz Rubio sobre la cuestión minera en el Perú, la Dra. Ana Isla que se refirió a la globalización de la minería canadiense, en tanto el “Tratado binacional argentino chileno” fue expuesto por el economista trasandino Julián Alcayaga.
El renombrado hidrogeólogo y geoquímico norteamericano Robert Moran, fue contundente en su ponencia sobre los impactos frecuentes de la minería metalífera relacionados con el agua. En un paneo fotográfico expuso muchísimos casos alrededor del mundo, de impacto ambiental irreversible y produjo definiciones concluyentes con preguntas posteriores acerca de qué ejemplos se pueden contabilizar donde la mega minería metalífera no haya producido trastornos ambientales. Gran parte del auditorio minero se había retirado del salón, imposibilitado para afrontar un debate con final anunciado.
Hubo ponencias que reflejaron el raquitismo intelectual, falacias expuestas en la mesa dedicada a “reflexiones sobre el papel que desempeña el periodismo” en la provincia de San Juan, en el marco del poder transnacional minero, conceptos que resultaron irrespetuosos e indignantes para una población que vive una de las censuras más agobiantes, sin libertad de expresión y sin poder ejercer los derechos constitucionales de plebiscitos o consultas populares, al mismo tiempo perseguida y judicializada.
En opinión del auditorio presente, el panel de “Minería y derechos ambientales” tuvo la trascendencia buscada y fue el que produjo un efecto inesperado. El principal medio de difusión, Diario de Cuyo, le dedicó dos páginas centrales y parte de la tapa, destacando la alocución, en título a tres columnas de “Rodríguez Pardo: La cordillera es de las transnacionales”, en el marco de su disertación, “Contaminación, diáspora y saqueo”.
El mismo matutino recogió la denuncia de Enrique Viale, de la Asociación de abogados ambientalistas, acerca de “las acciones mineras en poder del Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, de una firma que tiene como dirección legal la misma que la Barrick Gold.” Además de Rodrigo Rubio Ruiz, universitario peruano, el otro disertante de esa mesa minera fue Lino Pizzolón, de la Universidad Nacional de La Patagonia; el limnólogo chubutense, hizo énfasis en la contaminación de los diques de colas de la mega minería y a “la enorme ideología montada por las transnacionales del sector para justificar el saqueo”.
Para el Diario de Cuyo, “Un dato curioso y que no pasó inadvertido, es que al tratarse de un debate financiado con fondos que provienen de la gran minería metalífera –conclusión final del medio periodístico- es que tanto Rodríguez Pardo como Viale aclararon de antemano que los gastos del viaje y la estadía salió de sus bolsillos”.
En definitiva, el foro universitario Minería y Sociedad, convulsionó a la provincia de San Juan. Fue transmitido en forma directa por dos radios de amplio alcance: Radio Universidad de San Juan, y la emisora del Sindicato de Trabajadores Municipales, de manera ininterrumpida. También hubo numerosas notas y reportajes de una docena de radios, no así los canales de la televisión local, a los que el gobierno le prohibió informar. Una cadena de medios alternativos se sumó a la difusión, acompañada por documentalistas que filmaron y registraron un encuentro que resultó histórico en la región cuyana. La universidad publicará todos los trabajos y ponencias.
Para los organizadores fue significativo el derecho a réplica solicitado por Marcelo Rubén Bellini, ingeniero y vicedecano de la facultad de minería, para contestar a Javier Rodríguez Pardo que había aludido a su tesis de maestría “Degradación Microbiana de Cianuros”, temas de Metalurgia Extractiva, editada por esa misma casa de estudios en 2001. Dijo que “el ambientalista había sacado de contexto su posición en torno a la imposibilidad de destruir el cianuro en las colas de la minería”. Lo curioso es que el académico terminó repitiendo (admitiendo) lo mismo que negaba y que textualmente figura en su libro donde reconoce que “los cianuros son venenos” y que “las colas y efluentes derivados de las diferentes actividades mineras e industriales contienen cianuros, sulfocianuros y complejos metal cianuro, que son, particularmente estos dos últimos, de difícil eliminación por métodos fisicoquímicos comunes”, razón por la cual el autor apuesta al desarrollo de la actividad microbiana para destruir cianuros. Cabe agregar que la facultad de ingeniería se opuso desde el primer momento a participar del debate que propuso el foro, amenazando con reprimir a sus alumnos en caso de no acatar la resolución del decanato.
El acoso en la provincia de San Juan es constante y si bien el pueblo se acostumbró a vivir con el, no dejó de asombrar la denunciada efectuada, durante las deliberaciones en el rectorado de la universidad y ante los medios de difusión presentes, de la propietaria de la librería Piedra Libre, de la capital sanjuanina: la denunciante dijo que fue obligada por gente del gobierno local a retirar de la venta “el libro de Rodríguez Pardo, “Viene por el oro, vienen por todo”, y que tendrían la manera de clausurarle el negocio.”
Las jornadas cerraron el día 15 con la conferencia de Pedro Arrojo Agudo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Su investigación se centra en la “economía del agua”. Desde el 2009 dirige la exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Es miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro y del Comité MAB de Unesco. El disertante emocionó a los concurrentes por casi tres horas, con un relato que abarcó los conflictos del agua por todo el mundo y finalizó con la minería, el agua y los glaciares. Demás está decir cuál es su posición al respecto y la contundencia de su exposición. Pero su paso por este claustro universitario ha dejado una huella indeleble, lágrimas de optimismo porque el cambio de paradigma es posible. “Vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua, sin embargo mil cien millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y unas diez mil mueren por ello cada día, en su mayoría niños. Es la crisis de insostenibilidad que hemos provocado por contaminación y destrucción de nuestros ríos y acuíferos” y –continuó Pedro Arrojo Agudo- “el control del agua suele ser usado como herramienta de poder. El agua, vinculada a valores emocionales y territoriales, es fácilmente manipulable, tanto en la confrontación política como incluso a la hora de justificar guerras”, estrategias militares que “usan pueblos como rehenes –afirmó Arrojo Agudo- imponiéndoles condiciones de vida inhumanas con un consumo limitado del agua.”
Creemos que haber participado del foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad de San Juan, fue un acierto. Se denunció a una minería en los mismos claustros universitarios en que opera la facultad que forma ingenieros para la devastación. Se denunciaron los fondos mineros que reparte el Consejo Universitario Nacional y que coopta académicos e instituciones intentando conformar los informes de impacto ambiental que proponen las transnacionales extractivas. El pueblo visibilizó el vacío argumental del lobby minero a la hora de debatir sobre contaminación, daño social y saqueo, y pudo juzgar a partir de estos hechos, probados públicamente, que el academicismo tecnocrático se retiraba de los debates, abandonaba el recinto de sesiones cuando se exponían pensamientos opuestos, y ante la evidencia de las conclusiones ofrecía argumentos falaces. El técnico minero caía en silencios, incapaz de réplica, y eso fue inimaginable días antes, cuando incluso se pensaba que gobernantes y transnacionales utilizarían la fuerza del poder para imponer sus propósitos.
Al día siguiente de las jornadas, la debilidad minera en el encuentro reaparecía en radios y medios de difusión pagados, denostando a conferencistas y a especialistas que cuestionaron una política que no reconoce que los bienes comunes deben ser garantizados como derechos humanos.
Quienes dudábamos de los alcances de este foro debemos admitir que ha provocado una apertura de nuevas opiniones contra la mega minería metalífera a cielo abierto, en una provincia cordillerana dominada por uno de los grupos gestores del latrocinio extractivo.
Contacto:
machpatagonia@gmail.com
DENUNCIAN QUE TRES JÓVENES SON ACUSADOS DE UN ROBO QUE NO COMETIERON
El Bolsón (ANPP).- Tres jóvenes de 21, 20 y 15 años fueron acusados de un robo en el cual no tuvieron parte alguna, según denunciaron vecinos de Villa María, provincia de Córdoba.
El hecho ocurrió el viernes 8 de octubre en una despensa, y como consecuencia del momento de tensión vivido la dueña murió de un paro cardíaco, en tanto que su marido continúa grave, también por un ataque al corazón.
Los denunciantes afirman que los tres jóvenes están siendo imputados de un delito que no cometieron y que otros son los culpables: "Los que robaron tienen conexión con la policía y la venta de droga, tienen 18 uno y el otro 16 años, adictos en estado lamentable".
"Los tres golpeados y torturados para que confiesen y firmen su condena -asevera Mónica Sonzini, vecina de Villa María-. Son inocentes: el de quince años estuvo en casa de los abuelos desde la 20.45 hasta la una de la mañana, por una reunión familiar catorce personas pueden dar testimonio de esto, no se le ha tomado declaración a nadie."
Asimismo, señaló que los familiares están recibiendo amenazas con el fin de que desistan de exigir una investigación.
El chico de quince años "fue torturado durante horas", relata Sonzini, y "le tiraron agua caliente". Además afirmó que un policía de minoridad lo toqueteó durante una "revisación".
Mónica Sonzini, que es profesora en secundarias, agregó que fue directamente amenazada por un fidcal, quien le habría dicho que la detendrían, "por la causa que sea".
"Si algo me ocurriera -advirtió la mujer, que ya fue golpeada por la policía en otras oportunidades-, la Policía y la Justicia de Villa María es la responsable: comisario mayor Ferreyra, comisario Andrea Sosa, comisario Martínez, comisario Omar Gallo, oficial Daniel Pereyra, oficial -mujer- Miranda. Fiscal Del Vö, fiscal Atienza, juez de ejecución Ferreyra, juez de menores Fernández, fiscal Marquez, fiscal Félix Martínez."
Sonzini milita en la organización Vacap, en Antirrepresiva y en la Correpi, organizaciones que trabajan para impedir el abuso policial y represor.
El hecho ocurrió el viernes 8 de octubre en una despensa, y como consecuencia del momento de tensión vivido la dueña murió de un paro cardíaco, en tanto que su marido continúa grave, también por un ataque al corazón.
Los denunciantes afirman que los tres jóvenes están siendo imputados de un delito que no cometieron y que otros son los culpables: "Los que robaron tienen conexión con la policía y la venta de droga, tienen 18 uno y el otro 16 años, adictos en estado lamentable".
"Los tres golpeados y torturados para que confiesen y firmen su condena -asevera Mónica Sonzini, vecina de Villa María-. Son inocentes: el de quince años estuvo en casa de los abuelos desde la 20.45 hasta la una de la mañana, por una reunión familiar catorce personas pueden dar testimonio de esto, no se le ha tomado declaración a nadie."
Asimismo, señaló que los familiares están recibiendo amenazas con el fin de que desistan de exigir una investigación.
El chico de quince años "fue torturado durante horas", relata Sonzini, y "le tiraron agua caliente". Además afirmó que un policía de minoridad lo toqueteó durante una "revisación".
Mónica Sonzini, que es profesora en secundarias, agregó que fue directamente amenazada por un fidcal, quien le habría dicho que la detendrían, "por la causa que sea".
"Si algo me ocurriera -advirtió la mujer, que ya fue golpeada por la policía en otras oportunidades-, la Policía y la Justicia de Villa María es la responsable: comisario mayor Ferreyra, comisario Andrea Sosa, comisario Martínez, comisario Omar Gallo, oficial Daniel Pereyra, oficial -mujer- Miranda. Fiscal Del Vö, fiscal Atienza, juez de ejecución Ferreyra, juez de menores Fernández, fiscal Marquez, fiscal Félix Martínez."
Sonzini milita en la organización Vacap, en Antirrepresiva y en la Correpi, organizaciones que trabajan para impedir el abuso policial y represor.
ADELANTO: LIBRO "ARGENTINA ORIGINARIA"
El genocidio negado, el despojo de tierras y la lucha de las comunidades indígenas son los ejes de Argentina Originaria: genocidios, saqueos y resistencias, un libro del periodista Darío Aranda. La obra, que recopila investigaciones, crónicas y entrevistas publicadas en Página/12 y suma textos nuevos, otorga la voz a los pueblos originarios que interpelan a las industrias extractivas y gobiernos que pretenden sus territorios.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- Campos de concentración.
Desaparecidos.
Torturas.
Asesinatos masivos.
Robo de niños.
Las cinco acciones fueron sistemáticamente ejecutadas por el imperio otomano, el nazismo y la última dictadura militar de Argentina. Los tres, a pesar de pertenecer a distintos momentos históricos, fueron reconocidos como genocidios. No se duda de esos crímenes de lesa humanidad.
A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos indígenas estuvieron, como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy, un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio. La Argentina moderna está construida sobre esa negación, la madre de todas las represiones.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los responsables máximos del nazismo (juicios de Nüremberg). En Argentina, en 1985, se realizó el juicio a los ex comandantes que integraron las tres primeras juntas militares de la última dictadura.
En la actualidad, tras resistir y anular las llamadas leyes de impunidad, en distintas ciudades del país están siendo juzgados y condenados los responsables militares y civiles de crímenes consumados durante la dictadura.
No hubo intención política de hacer algo similar hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas. “Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares de fines de siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador Walter Delrío, autor de Memorias de expropiación, sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943).
Delrío es codirector de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. En su producción académica brinda pruebas de cómo, luego de la conquista militar, el Estado construyó un discurso de negación de la realidad indígena del país, donde “el crisol de razas” negó lo originario. Detalla que la invisibilización fue una estrategia de dominación, que permitió el desarrollo de distintas prácticas genocidas, como el traslado masivo de personas, la separación de familias y la supresión de la identidad de menores, la utilización de prisioneros como mano de obra esclava y la reducción en campos de concentración.
Diana Lenton –doctora en antropología, especialista en temas de política indígena y codirectora de la Red de Estudios sobre Genocidio– llama “pecado original” al nacimiento de Argentina sobre un engranaje jurídico que negó los derechos de los pueblos indígenas y, además, ejecutó la muerte y desaparición de la población originaria. La conformación del Estado nacional, a fines del siglo XIX, coincidió con un tipo de discurso autoritario que luchaba por hegemonizar el cuerpo de discursos sobre la población.
Luego de la campaña militar al Sur sobrevino la avanzada sobre el Norte, también llamada Conquista del Desierto Verde. Las poblaciones indígenas eran sometidas, obligadas a ser mano de obra esclava en las plantaciones de caña de azúcar y en los algodonales. También se los obligó a incorporarse al Ejército. Los niños y mujeres fueron repartidos para el trabajo domiciliario.
La isla Martín García, ubicada en la confluencia de los ríos Uruguay y De la Plata, se transformó en un gran campo de concentración. En sólo un año, 1879, fueron apresados (y luego bautizados) 825 indígenas, según consta en un trabajo en desarrollo de los investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Alexis Papazian y Mariano Nagy, que analizaron archivos de la Armada y el Arzobispado.
Los registros dan cuenta de 363 hombres, 132 mujeres y 330 niños.
Los investigadores explican que la población era más numerosa, sobre todo porque muchos prisioneros no figuran en los registros clericales de Martín García, ya sea porque habían sido bautizados con anterioridad o porque murieron antes de recibir la bendición del cura.
Papazian analizó los archivos oficiales que dan testimonio de lo sucedido en Martín García. No tiene dudas de que se trató de un campo de concentración que funcionó antes, durante y después de la Campaña del Desierto (desde 1872 hasta 1886), donde se practicó una rígida coerción sobre los cuerpos indígenas.
No hay cifras oficiales de la magnitud del campo de concentración. Papazian y Nagy son muy cautos en cuanto a números, sobre todo porque los registros son desordenados e imprecisos, dado que muchas veces no se contabilizaba a niños y mujeres. Sin embargo, y en base a pruebas documentales, los investigadores afirman que por la isla Martín García pasaron al menos 3000 personas, privadas de su libertad, sin derecho a defensa alguna y a las que se les negó todo derecho.
La isla no sólo recepcionó a habitantes originarios, sino que también funcionó como punto de reparto hacia todos los puntos cardinales del país.
El destino de los presos era diverso. Podían permanecer como detenidos, ser enviados a canteras, a estancias, o a formar filas del mismo ejército que los había atacado. Los documentos oficiales dan cuenta de que familias acomodadas de Buenos Aires pedían mujeres y niños para trabajar en las tareas hogareñas e incluso en el campo. “Fue claramente un mecanismo de control social enmarcado en un proceso mucho mayor: el del genocidio”, precisa Papazian, que también forma parte de la Red de Estudios sobre Genocidio. Explica que en 1890 ya no quedaban indígenas en Martín García. El destino no daba muchas opciones: Ejército o Marina, trabajo esclavo para empresarios, labores domésticas en casas de familias o la muerte.
La provincia de Mendoza también supo de campos de concentración y trabajo esclavo.
Diego Escolar investiga desde hace diez años lo sucedido con el Pueblo Huarpe y los prisioneros de las campañas militares. Investigador del Conicet en Mendoza y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, confirma que en la provincia se concentraron grandes contingentes de personas que fueron repartidas en estancias, en propiedades de los altos mandos militares y en las familias acomodadas de la región. Casi siempre pasaban a ser trabajadores esclavos, condición que padecieron hasta, al menos, la década de 1890.
En base a diarios de la época, partidas bautismales, memorias orales y entrevistas de principios del siglo XX se establece que, entre 1879 y 1886, fueron repartidos en Mendoza al menos 3000 indígenas. Escolar y su equipo de investigación –Leticia Sald y Carla Rigió– estiman que el número es mayor. Los lugares de detención ya comprobados fueron al menos seis, ubicados en los departamentos de Maipú, Malargüe, Santa Rosa, San Rafael, Rivadavia y en la capital provincial.
Junín de los Andes (Neuquén), Chinchinales y Valcheta (Río Negro), Carmen de Patagones (Buenos Aires) y el barrio de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) también contaron con campos de concentración, como los seis de Mendoza y el de la isla Martín García. Allí eran confinadas familias enteras, sin diferencia de sexo y edad. Su mayor crimen era ser indígenas y habitar un territorio preciado.
El investigador del Conicet y director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, Daniel Corach, afirma que, en base a partes del Ejército, la avanzada militar del siglo XIX dejó una cantidad de víctimas estimada en un número inquietante: “30 mil desaparecidos”.
A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención, pasara a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no tienen ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con calles, escuelas y monumentos. Uno de ellos llega al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que obliga al Estado a pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por cada víctima del terrorismo de Estado. Ninguna reparación económica se debatió jamás en ámbitos institucionales para las víctimas del genocidio indígena.
Tampoco, como en todo lo referido a pueblos originarios, existen datos oficiales sobre los asesinados y desaparecidos durante la Campaña del Desierto, pero algunas investigaciones dan idea de su magnitud: Diana Lenton señala que en 1883, a sólo cinco años de iniciada la avanzada militar, 20.000 prisioneros habían sido trasladados a Buenos Aires. Luego serán asesinados, desaparecidos o esclavizados.
El profesor de la Universidad de Buenos Aires Mariano Nagy, en base a Estado y cuestión indígena, de Enrique Mases, precisa que habitaban la Patagonia 25.000 indígenas. En el primer año de la Campaña del Desierto hubo 1300 indígenas muertos “en combate” y 13.000 prisioneros que pasaron a quedar bajo tutela del Estado.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negada por un sector de intelectuales, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio no fueron sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas: los distintos modelos productivos del último siglo y medio –agroexportador, petrolero, forestal, minero– tuvieron y tienen como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
* Argentina Originaria (lavaca-IGWA) se presenta mañana en Hipólito Yrigoyen 1440, ciudad de Buenos Aires, a las 19, con la presencia del periodista y escritor Osvaldo Bayer.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- Campos de concentración.
Desaparecidos.
Torturas.
Asesinatos masivos.
Robo de niños.
Las cinco acciones fueron sistemáticamente ejecutadas por el imperio otomano, el nazismo y la última dictadura militar de Argentina. Los tres, a pesar de pertenecer a distintos momentos históricos, fueron reconocidos como genocidios. No se duda de esos crímenes de lesa humanidad.
A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos indígenas estuvieron, como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy, un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio. La Argentina moderna está construida sobre esa negación, la madre de todas las represiones.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los responsables máximos del nazismo (juicios de Nüremberg). En Argentina, en 1985, se realizó el juicio a los ex comandantes que integraron las tres primeras juntas militares de la última dictadura.
En la actualidad, tras resistir y anular las llamadas leyes de impunidad, en distintas ciudades del país están siendo juzgados y condenados los responsables militares y civiles de crímenes consumados durante la dictadura.
No hubo intención política de hacer algo similar hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas. “Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares de fines de siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador Walter Delrío, autor de Memorias de expropiación, sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943).
Delrío es codirector de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. En su producción académica brinda pruebas de cómo, luego de la conquista militar, el Estado construyó un discurso de negación de la realidad indígena del país, donde “el crisol de razas” negó lo originario. Detalla que la invisibilización fue una estrategia de dominación, que permitió el desarrollo de distintas prácticas genocidas, como el traslado masivo de personas, la separación de familias y la supresión de la identidad de menores, la utilización de prisioneros como mano de obra esclava y la reducción en campos de concentración.
Diana Lenton –doctora en antropología, especialista en temas de política indígena y codirectora de la Red de Estudios sobre Genocidio– llama “pecado original” al nacimiento de Argentina sobre un engranaje jurídico que negó los derechos de los pueblos indígenas y, además, ejecutó la muerte y desaparición de la población originaria. La conformación del Estado nacional, a fines del siglo XIX, coincidió con un tipo de discurso autoritario que luchaba por hegemonizar el cuerpo de discursos sobre la población.
Luego de la campaña militar al Sur sobrevino la avanzada sobre el Norte, también llamada Conquista del Desierto Verde. Las poblaciones indígenas eran sometidas, obligadas a ser mano de obra esclava en las plantaciones de caña de azúcar y en los algodonales. También se los obligó a incorporarse al Ejército. Los niños y mujeres fueron repartidos para el trabajo domiciliario.
La isla Martín García, ubicada en la confluencia de los ríos Uruguay y De la Plata, se transformó en un gran campo de concentración. En sólo un año, 1879, fueron apresados (y luego bautizados) 825 indígenas, según consta en un trabajo en desarrollo de los investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Alexis Papazian y Mariano Nagy, que analizaron archivos de la Armada y el Arzobispado.
Los registros dan cuenta de 363 hombres, 132 mujeres y 330 niños.
Los investigadores explican que la población era más numerosa, sobre todo porque muchos prisioneros no figuran en los registros clericales de Martín García, ya sea porque habían sido bautizados con anterioridad o porque murieron antes de recibir la bendición del cura.
Papazian analizó los archivos oficiales que dan testimonio de lo sucedido en Martín García. No tiene dudas de que se trató de un campo de concentración que funcionó antes, durante y después de la Campaña del Desierto (desde 1872 hasta 1886), donde se practicó una rígida coerción sobre los cuerpos indígenas.
No hay cifras oficiales de la magnitud del campo de concentración. Papazian y Nagy son muy cautos en cuanto a números, sobre todo porque los registros son desordenados e imprecisos, dado que muchas veces no se contabilizaba a niños y mujeres. Sin embargo, y en base a pruebas documentales, los investigadores afirman que por la isla Martín García pasaron al menos 3000 personas, privadas de su libertad, sin derecho a defensa alguna y a las que se les negó todo derecho.
La isla no sólo recepcionó a habitantes originarios, sino que también funcionó como punto de reparto hacia todos los puntos cardinales del país.
El destino de los presos era diverso. Podían permanecer como detenidos, ser enviados a canteras, a estancias, o a formar filas del mismo ejército que los había atacado. Los documentos oficiales dan cuenta de que familias acomodadas de Buenos Aires pedían mujeres y niños para trabajar en las tareas hogareñas e incluso en el campo. “Fue claramente un mecanismo de control social enmarcado en un proceso mucho mayor: el del genocidio”, precisa Papazian, que también forma parte de la Red de Estudios sobre Genocidio. Explica que en 1890 ya no quedaban indígenas en Martín García. El destino no daba muchas opciones: Ejército o Marina, trabajo esclavo para empresarios, labores domésticas en casas de familias o la muerte.
La provincia de Mendoza también supo de campos de concentración y trabajo esclavo.
Diego Escolar investiga desde hace diez años lo sucedido con el Pueblo Huarpe y los prisioneros de las campañas militares. Investigador del Conicet en Mendoza y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, confirma que en la provincia se concentraron grandes contingentes de personas que fueron repartidas en estancias, en propiedades de los altos mandos militares y en las familias acomodadas de la región. Casi siempre pasaban a ser trabajadores esclavos, condición que padecieron hasta, al menos, la década de 1890.
En base a diarios de la época, partidas bautismales, memorias orales y entrevistas de principios del siglo XX se establece que, entre 1879 y 1886, fueron repartidos en Mendoza al menos 3000 indígenas. Escolar y su equipo de investigación –Leticia Sald y Carla Rigió– estiman que el número es mayor. Los lugares de detención ya comprobados fueron al menos seis, ubicados en los departamentos de Maipú, Malargüe, Santa Rosa, San Rafael, Rivadavia y en la capital provincial.
Junín de los Andes (Neuquén), Chinchinales y Valcheta (Río Negro), Carmen de Patagones (Buenos Aires) y el barrio de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) también contaron con campos de concentración, como los seis de Mendoza y el de la isla Martín García. Allí eran confinadas familias enteras, sin diferencia de sexo y edad. Su mayor crimen era ser indígenas y habitar un territorio preciado.
El investigador del Conicet y director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, Daniel Corach, afirma que, en base a partes del Ejército, la avanzada militar del siglo XIX dejó una cantidad de víctimas estimada en un número inquietante: “30 mil desaparecidos”.
A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención, pasara a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no tienen ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con calles, escuelas y monumentos. Uno de ellos llega al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que obliga al Estado a pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por cada víctima del terrorismo de Estado. Ninguna reparación económica se debatió jamás en ámbitos institucionales para las víctimas del genocidio indígena.
Tampoco, como en todo lo referido a pueblos originarios, existen datos oficiales sobre los asesinados y desaparecidos durante la Campaña del Desierto, pero algunas investigaciones dan idea de su magnitud: Diana Lenton señala que en 1883, a sólo cinco años de iniciada la avanzada militar, 20.000 prisioneros habían sido trasladados a Buenos Aires. Luego serán asesinados, desaparecidos o esclavizados.
El profesor de la Universidad de Buenos Aires Mariano Nagy, en base a Estado y cuestión indígena, de Enrique Mases, precisa que habitaban la Patagonia 25.000 indígenas. En el primer año de la Campaña del Desierto hubo 1300 indígenas muertos “en combate” y 13.000 prisioneros que pasaron a quedar bajo tutela del Estado.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negada por un sector de intelectuales, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio no fueron sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas: los distintos modelos productivos del último siglo y medio –agroexportador, petrolero, forestal, minero– tuvieron y tienen como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
* Argentina Originaria (lavaca-IGWA) se presenta mañana en Hipólito Yrigoyen 1440, ciudad de Buenos Aires, a las 19, con la presencia del periodista y escritor Osvaldo Bayer.
MOCASE CORTA RUTA 34
El Bolsón (ANPP).- Militantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) se encuentran en la ruta 34, a la altura del kilómetro 720, camino a la localidad satiagueña de Vilmer, reclamando el respeto a sus derechos ancestrales sobre sus terrotirios.
El Mocase denuncia la usurpación de tierras por parte de "empresarios inescrupulosos y sus bandas armadas, en complicidad con la policía y los jueces", que los desalojan, "amenazan de muerte, destruyen las casas, los cultivos y el bosque".
"Nuestras vidas y las de nuestros hijos corren riesgo en los lugares donde vivimos -datallaron los campesinos-, por esta razón nos encontramos aquí cortando la ruta para ser escuchados, y no nos iremos hasta que el gobierno de la provincia dé solución inmediata y definitiva a este reclamo."
Por otro lado señalaron que, a pesar de los diálogos mantenidos con el gobierno de esa provincia, siguen siendo "violentados" en sus derechos.
El Mocase integra más de 15 mil familias que producen el 75 por ciento de los alimentos que diariamente consume la sociedad satiagueña.
En tanto, los empresarios producen alimentos para la exportación, están destruyendo el modo de vida campesino, desertifican las tierras y arrastran a la gente, ya sin alternativas, a hacinarse en las villas miserias de las grandes ciudades.
Los agricultores exigen a las autoridades una ley urgente que regularizace la situación dominial de las tierras que poseen desde hace más de 4 generaciones.
Fuente: Daniel Otal.
El Mocase denuncia la usurpación de tierras por parte de "empresarios inescrupulosos y sus bandas armadas, en complicidad con la policía y los jueces", que los desalojan, "amenazan de muerte, destruyen las casas, los cultivos y el bosque".
"Nuestras vidas y las de nuestros hijos corren riesgo en los lugares donde vivimos -datallaron los campesinos-, por esta razón nos encontramos aquí cortando la ruta para ser escuchados, y no nos iremos hasta que el gobierno de la provincia dé solución inmediata y definitiva a este reclamo."
Por otro lado señalaron que, a pesar de los diálogos mantenidos con el gobierno de esa provincia, siguen siendo "violentados" en sus derechos.
El Mocase integra más de 15 mil familias que producen el 75 por ciento de los alimentos que diariamente consume la sociedad satiagueña.
En tanto, los empresarios producen alimentos para la exportación, están destruyendo el modo de vida campesino, desertifican las tierras y arrastran a la gente, ya sin alternativas, a hacinarse en las villas miserias de las grandes ciudades.
Los agricultores exigen a las autoridades una ley urgente que regularizace la situación dominial de las tierras que poseen desde hace más de 4 generaciones.
Fuente: Daniel Otal.
HOY TODOS A LA MARCHA POR LAS VICTIMAS DE LA REPRESIÓN POLICIAL
El Bolsón (ANPP).- Hoy familiares, amigos y ciudadanos de Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas marcharán en Bariloche a las 18 horas en la interseccioón de Onelli y Brown.
La multisectorial que reclama justicia para los jovenes asesinados por la policia rionegrina, acusan:"algunas de las causas judiciales están prácticamente estancadas y los signos de parte del poder político provincial parecen indicar que este pretende hacer olvidar los hechos".
Además denunciaron que el Comisario Carrizo que había sido puesto a disponibilidad fue restituido a su pusto y nuevamente se encuentra trabajando.
La multisectorial que reclama justicia para los jovenes asesinados por la policia rionegrina, acusan:"algunas de las causas judiciales están prácticamente estancadas y los signos de parte del poder político provincial parecen indicar que este pretende hacer olvidar los hechos".
Además denunciaron que el Comisario Carrizo que había sido puesto a disponibilidad fue restituido a su pusto y nuevamente se encuentra trabajando.
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