Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com

lunes, 12 de octubre de 2009

ESPECIAL DE RADIO LA NEGRA: "LOS VINDICADORES DE LA HISTORIA ARGENTINA"

Nuevo Especial de Radio La Negra

Los Vindicadores de la Historia Argentina”, es un especial de Radio La Negra que rescata a hombres y mujeres que de alguna manera revindicaron con su accionar a los oprimidos de nuestra historia.

Kurt Gustav Wilkens, obrero Anarquista Alemán, quien decidió hacer justicia por su propia mano de acuerdo al principio de matar al tirano. "Cuando no hay justicia, la justicia debe realizarla el pueblo", fue su consigna. Y Varela, el fusilador de peones rurales de la patagonia va a caer en la calle Fitz Roy, en una mañana del verano porteño de 1923. Sobre esta historia es el primer especial de este ciclo.
Escuche aquí esta nueva producción:







RADIO LA NEGRA - SONIDOS POPULARES E IDEAS LIBERTARIAS

VOLVER A LA TIERRA

Foto: Página 12.

Por Darío Aranda

Buenos Aires (Página 12).- El pueblo mapuche lleva adelante una política de reivindicación tan silenciada como histórica. Sujeto a la ley, comenzó a recuperar territorio ancestral. Al conmemorarse el 12 de octubre, los casos, los testimonios y las batallas de las comunidades.

Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras ancestrales. Respaldados por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales, la recuperación implica mucho más que hectáreas, instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario. “Nuestra visión choca de frente con los intereses del capital, que pretende apropiación del territorio, y con los gobiernos, que permiten, facilitan e instrumentan las nuevas formas del despojo”, explican desde el Consejo Asesor Indígena (CAI), organización de base de las comunidades indígenas de Río Negro.
Lucinda Quintupuray tenía 79 años. Toda su vida permaneció en el mismo lugar, paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, tierras preciadas por negociantes inmobiliarios. Fue encontrada con dos disparos. Nada robaron, sólo la asesinaron. Un año después, Victoriano Quintupuray, hijo de Lucinda y heredero de las 2500 hectáreas fue encontrado ahogado. La policía lo caratuló como “accidente”. Era agosto de 1994 y comenzaba una larga batalla administrativa por el territorio ancestral. La Comunidad Quintupuray de un lado, el gobierno de Río Negro y operadores inmobiliarios del otro. Luego de quince años de reclamo administrativo y judicial, el 5 de mayo de 2008, la Comunidad Quintupuray recuperó el territorio: ingresó a las parcelas, construyó una vivienda y comenzó a utilizar el territorio.
“El gobierno provincial no sólo no toma en cuenta el crimen impune sino que avanza en completar el despojo, desconociendo nuestra existencia”, explicó la Comunidad el día que volvió a su lugar.
El Consejo Asesor Indígena (CAI) acompañó a la comunidad y apuntó a la Dirección de Tierras y al Consejo de Desarrollo de Comunidad Indígenas (Codeci), dependientes del Gobierno. “Sus actuaciones son funcionales a quienes quieren apropiarse de nuestro territorio. No sólo defenderemos nuestros derechos colectivos sino que seguiremos avanzando en la recuperación de nuestro territorio”, afirmó el CAI, que en la última década acompañó a comunidades mapuches en la recuperación de 160 mil hectáreas.

El presidente del Codeci, Florentino Huircapan, deslindó responsabilidades en las acusaciones, pero aseguró apoyar las recuperaciones como “un acto de justicia”. También aceptó que el Estado provincial está en deuda con los pueblos indígenas y reconoció que ninguna de las 126 comunidades de Río Negro cuenta con título comunitario.
El CAI es una de las organizaciones referentes de la lucha indígena. Su conformación se remonta a mediados de la década del ’80, cuando a fuerza de movilizaciones y debates lograron una legislación provincial de avanzada (Ley 2287). Dos de los puntos más novedosos eran la expropiación de tierras para entregar a las comunidades y la investigación histórica del despojo territorial, con la posterior restitución.
Luego de diez años de insistir por vía administrativa, con exiguos resultados y marañas burocráticas, en 1997 una trawün (asamblea) en Ingeniero Jacobacci decidió avanzar con recuperaciones territoriales. “Durante años se creyó que el Estado devolvería la tierra despojada. Pero se dio por agotada la etapa administrativa, el poder político no tiene voluntad alguna de cumplir la ley, el Estado no tiene voluntad de devolver lo que sacó”, explicó Chacho Liempe, del CAI.
Duplicaron las acciones directas y fueron blanco de jueces corruptos, funcionarios con doble discurso y policías de gatillo fácil. A cada atropello sobrevenía un avance en los campos, en la Línea Sur (el inhóspito desierto provincial) o en la cordillera, hectáreas recuperadas de manos de grandes propietarios, Estados (provincial y nacional) y empresas forestales. Nunca afectaron metros de tierra de puesteros, campesinos o pequeños productores.
Entre 1987 y 1989 realizaron reafirmaciones territoriales de más de 30 mil hectáreas. En 2000 se produjo la primera recuperación, de la Comunidad Casiano-Epumer, 8000 hectáreas que había usurpado un empresario y terrateniente local. La Justicia negó durante siete años el derecho a esas parcelas, pero la Corte Suprema de la Nación certificó que la comunidad había cumplido todos los pasos administrativos, confirmó que la provincia no respondió al reclamo e instó al Juzgado de Bariloche a ocuparse del caso.
Entre 2002 y 2005 se avanzó sobre otras 30 mil hectáreas. Hasta mayo pasado, y con una veintena de casos, el pueblo mapuche de Río Negro lleva recuperadas 160 mil hectáreas. La mayor parte en cercanías de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao y El Bolsón.
Caso paradigmático es la comunidad José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón. A pesar de habitar el mismo lugar desde fines del siglo XIX, el Estado provincial (a través de la Dirección de Bosques) ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y sembró monocultivo de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos sin respuesta. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, fue denunciado por “robo” en su propia tierra.
“Ante esta situación, y cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: exigieron que la estatal Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) se retire definitivamente.
El Estado, contradiciendo toda la normativa vigente (incluida la misma Constitución provincial), solicitó el desalojo de los ocupantes tradicionales.
La Confederación Mapuche de Neuquén tiene casi cuatro décadas de historia, es protagonista de la resistencia y los avances en la región. Aunque en la actualidad los mayores conflictos se producen por intentos de desalojos y criminalización, lleva recuperadas 73 mil hectáreas, principalmente en el departamento de Aluminé, y gran parte son campos de invernada y veranada. En 1995 comenzaron con la mayor acción de recuperación, en el predio Pulmarí, departamento de Aluminé, 350 kilómetros de la capital provincial. Un cementerio indígena y arte ancestral en piedras confirman la preexistencia indígena. Fueron apropiados por el Estado luego de la Campaña al Desierto, expropiados por el primer gobierno peronista y, una de las mayores estancias, transferida al Ejército.
La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) había sido creada en 1987 con el objetivo de administrar de forma sustentable 112 mil hectáreas, con una gradual restitución al pueblo mapuche. Pero la Confederación Mapuche comenzó a denunciar que la CIP funcionaba como “un quiosco inmobiliario”, donde había entrega de tierras a “amigos del poder”. Luego de reiteradas denuncias y reclamos, comenzaron con las recuperaciones. En catorce años recuperaron 70 mil hectáreas, incluidas diez mil que son reclamadas por el Ejército. Nueve comunidades, 900 familias, 3500 personas que ya recuperaron territorio ancestral.
“El concepto de recuperación se complementa con el de restitución, que es el acto legal de reconocimiento que esperamos sobre esas recuperaciones. Para afirmar que esas tierras las ocupamos como acto de estricta legitimidad histórica, ante la pasividad política y jurídica, y ante la amenaza inminente de pasar a manos de los especuladores de la zona”, advierte Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche.
Hace dos meses, el CAI tomó la iniciativa en el frente judicial. En un hecho inédito, planteó una demanda colectiva contra el Estado. “Demandamos judicialmente al Estado de Río Negro para que disponga el reconocimiento total y definitivo de las fracciones del territorio tradicional que ocupamos. A la vez, para que conforme la comisión investigadora de los despojos y robos de tierras, y restituya los espacios”, señalaron once comunidades mapuches.
En base a la Constitución Provincial y la legislación internacional, el objetivo de fondo de la demanda contra el Estado de Río Negro es que se declare la nulidad de todos los actos administrativos “que blanquearon el despojo” de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades. La línea argumental de la denuncia es extrapolable a los demás pueblos originarios: “El robo de tierras fue y es una práctica extendida contra el pueblo mapuche. El mecanismo de despojo y omisión que lleva adelante el Estado es en perjuicio de las comunidades y en beneficio de terceros, incluido el propio Estado”.

RADIO Y ADOLESCENTES EN BARRIO USINA

El Bolsón (ANPP).- Este martes 13, por la tarde, se hará la primera reunión para avanzar en un taller de radio por y para adolescentes en la biblioteca popular Atahualpa Yupanqui del barrio Usina de El Bolsón.
En el proyecto participarán integrantes de la biblioteca, de Radio La Negra y del grupo juvenil Los Luceritos.
Un objetivo a corto plazo es poder grabar un programa para luego ofrecerlo en radios de aire de El Bolsón.

RETENCIÓN DE SERVICIOS EN ESCUELAS

El Bolsón (ANPP).- Desde mañana martes, y probablemente hasta el miércoles inclusive, los docentes de Río Negro harán retención de servicios en repudio al retraso en el pago de haberes a estatales, cuyo cronograma recién se dio a conocer el jueves a la tarde.
En El Bolsón, la medida determinada por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) puede llegar a hacerse sentir en el nivel primario, pero ya se prevé que el acatamiento en las secundarias va a ser dispar.
Según la información oficial, los docentes estarán cobrando sus sueldos recién el miércoles 14 y el jueves 15.
La policía y los trabajadores de la salud, por lo pronto, ya percibieron sus salarios el viernes pasado.

V ENCUENTRO NACIONAL DEL FORO SOCIAL DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN ARGENTINA

El Bolsón (ANPP).- Inspirados en la experiencia del Foro Social Mundial, desde 2002, los encuentros del Foro Social de Salud y Medio Ambiente son espacios de debate y planificación en la lucha por la Salud Colectiva en Argentina.
El V encuentro nacional del Foro Social de Salud y Medio Ambiente en la República Argentina será esta vez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 23 y 24 de octubre, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (Paraguay 2155).
Participarán organizaciones y movimientos sociales y sindicales, comunidades originarias, ONGs, organismos de derechos humanos, especialistas de salud pública, cátedras universitarias, habitantes de todo el país “que creen que otra salud es posible y necesaria”.

DESALOJOS CONTRA COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE SANTIAGO DEL ESTERO

Santiago del Estero (Médicos del Mundo).- La organización humanitaria internacional Médicos del Mundo Argentina manifestó su preocupación, repudio y solidaridad frente al proceso de desalojo ordenado por el "Juzgado del Crimen 3ra Nominación", a cargo de Diego Alarcón, de la provincia de Santiago del Estero contra el presidente de la Central Campesina de Los Juríes, Pablo Orellana, coordinador del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MO.CA.SE-Los Juríes) y referente del Frente Nacional Campesino (FNC).
La orden de desalojo fue consecuencia de una resolución judicial vinculada directamente a los intereses de las empresas multinacionales productoras de soja en la zona Sur de Santiago del Estero, con epicentro en la localidad de Los Juríes, a pocos kilómetros de la ciudad de Añatuya.
"Lamentablemente en Argentina una vez más vemos al Estado, tanto el Poder Judicial como el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, garantizando negocios al mercado por sobre la vida de nuestras comunidades: este modelo de monocultivo de la soja, con sus intereses puramente económicos, su destrucción del ambiente y uso intensivo de agrotóxicos que dañan la salud y la vida de las comunidades en la zona de Los Juríes es a costa de la expulsión del campesinado y sus familias, incluso negando los derechos de los pueblos campesinos e indígenas a la propiedad colectiva de sus tierras, que son reconocidos por el Convenio 169 de OIT de los Pueblos Originarios y por nuestra Constitución nacional", denunció el presidente de Médicos del Mundo Argentina, Gonzalo Basile.
"Desde Médicos del Mundo Argentina manifestamos profundamente nuestra solidaridad hacia la Central Campesina de Los Juríes y su referente Pablo Orellana, y exigimos que se anule esta medida judicial claramente injusta que ataca a los sectores campesinos de Santiago del Estero que se organizan para luchar por su derecho a la tierra, a una soberanía alimentaria integral y que junto a Médicos del Mundo vienen trabajando por el Derecho a la Salud de sus pueblos en el combate al Chagas, el Dengue, y la falta de acceso a la salud histórica", puntualizó el presidente de Médicos del Mundo Argentina, y coordinador nacional del Foro Social de Salud y Medio Ambiente en Argentina.

CHOS MALAL PROHIBIÓ LA MINERÍA A CIELO ABIERTO

Esquel (No a la Mina).- El Concejo Deliberante de Chos Malal, provincia de Neuquén, resolvió por unanimidad prohibir la minería a cielo abierto.
“La minería es una actividad extractiva que no deja nada. Hay que pensar en otras alternativas", expresó el intendente de esa localidad, Carlos Lator.
El Concejo Deliberante declaró a esta ciudad como municipio "no tóxico y ambientalmente sustentable”, y a través de la Ordenanza Nº 2390/09 prohibió la minería a cielo abierto y que utilice “sustancias químicas que pongan en riesgo la salud de la población y vulnere los recursos naturales”.
En la zona no habría antecedentes. Existen sí emprendimientos mineros como aquel que lleva a cabo la firma Andacollo Gold S.A. y, a la vez, se advierte la intención latente de que en la región se radiquen otros proyectos.
“Por eso queremos adelantarnos a esta situación”, señaló Lator, aunque aclaró que no se opone a la actividad minera por sí misma, sino a cualquier emprendimiento que implique contaminación.
Además, indicó que la ordenanza aprobada guarda coherencia con otras acciones emprendidas por la comuna.
Recordó que la Municipalidad fue declarada libre de humo y que hace más de un año integra la Red Argentina de Municipios Sustentables.
“Para ingresar presentamos un proyecto vinculado a capacitaciones y talleres barriales a fin de disminuir el índice de accidentes de tránsito que se registra”, comentó.
Este proyecto, según apuntó, fue aprobado y se está ejecutando. Ahora la idea es avanzar con otros proyectos vinculados al medio ambiente y la salud, que mejoren la calidad de vida de los habitantes.
Para Lator, además, es necesario poner en valor las potencialidades turísticas que existen en el lugar.
“Por aquí pasa el desarrollo”, afirmó. Y lejos de pensar que la actividad minera puede desarrollar exponencialmente la región, sostuvo que ésta colisiona con los recursos turísticos que se encuentran.

Fuente: LU17.

OPINIÓN: ANTE LA REPRESIÓN, CHUBUT RESISTE

(Chubut Resiste).- Chubut es reflejo, hoy, de una terrible escalada de violencia estatal. El GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), bajo el amparo político explícito del gobernador Das Neves, ha reprimido con palos, gases lacrimógenos y balas de gomas a trabajadores, gente de asentamientos y, además, pretende desalojar a comunidades de pueblos originarios para entregar esas tierras a agentes económicos internacionales.
Como si esto fuera poco, también desaparecen personas. Iván Torres es el caso más conocido de una larga lista, todas víctimas de un estado represivo, explotador, racista y patriarcal.
Este 12 de octubre se cumplen 7 meses de la desaparición de Luciano González, un trabajador rural detenido y brutalmente golpeado por la policía de Das Neves en Cerro Centinela.
El gobernador elogia la actuación del GEOP y continúan las acciones represivas en toda la provincia, que el silencio de los medios no esclarece.
La función del GEOP es fácilmente comparable a la UCEP metropolitana, y es por eso que acudimos a ustedes para repudiar y difundir los actos inhumanos que estos aparatos ejercen sobre el pueblo.

Basta de persecución y violencia policial por reclamar derechos. Basta de gatillo fácil. Basta de operaciones siniestras del aparato represivo. Aparición con vida de Iván Torres y Luciano González.

Fuente: agencia Walsh.

ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES, MILITARIZADO

El Bolsón (ANPP).- La confluencia de 20.000 mujeres convocadas por el XXIV Encuentro Nacional de Mujeres y la huelga de los Autoconvocados por la Salud ameritaron, para el gobierno de la provincia de Tucumán, la convocatoria a 2.500 policías en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
La policía de esa provincia preparó a uniformadas para “la primera línea en contención”, pero “también se contará con grupos masculinos, en caso de ser necesarios”, denunció el Plenario de Trabajadoras.
Por otro lado, acusaron al obispo Villalba de enviar personas a romper los talleres de lesbianas y de anticoncepción y aborto.
Señalaron, además, que el gobierno de Tucumán “dice que no hay plata para la salud, pero no escatima en gastos para reprimir”.

Fuente: agencia Walsh.

ASAMBLEA AMBIENTALISTA EN FISKE MENUCO, EN NOVIEMBRE

El Bolsón (ANPP).- Organizaciones ambientales, sociales y sindicales, representantes de los pueblos originarios y vecinos del Alto Valle han convocado a participar de la “IV Asamblea Provincial por la Sanidad de la Cuenca del Lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro”, para el sábado 14 de noviembre, en el CEM N° 1, calle San Martín esquina Sarmiento, ciudad de Fiske Menuco.
Con el fin de evitar que estos ríos patagónicos se “conviertan en un riachuelo”, los organizadores del encuentro sostienen que el agua no es un objeto o recurso sino un bien natural o común que “debe entenderse como un derecho humano.
Tienen como objetivo informar, analizar y coordinar las acciones, así como establecer un diálogo de saberes sobre la salud, desde las diferentes cosmovisiones, para ampliar el conocimiento sobre la sanidad de la cuenca.
Participarán, entre otros, la Comunidad Kospi, el Equipo Patagónico de Abogados de Derechos Humanos, Económicos y Sociales (Epadhes) y la Unión de Asambleas
Para mayor información comunicarse al correo electrónico monteroda@yahoo.com.ar o al teléfono (0299) 477 0977.