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miércoles, 5 de noviembre de 2008

LA AGRUPACIÓN ROJINEGRA LE DICE NO A LA TRANSFORMACIÓN DE NIVEL MEDIO

El Bolsón (ANPP).- La agrupación Rojinegra esta llamando a votar en contra de la transformación de Nivel Medio propuesta por el gobierno provincial.
En un comunicado enviado ayer, los militantes afirman oponerse a esta transformación "pactada entre el gobierno y Unter central, para poder colgar las medallitas de honor en la repisa de ambas corporaciones."
Afirman además que son "cambios superficiales para recibir los fondos de BID", y que estos "se van a evaporar como Flavors S.A.", en referencia a la empresa a la cual el gobierno Rionegrino le compraba alimentos preelaborados en mal estado para comedores y planes sociales.
También hablaron de la necesidad de una "discusión profunda y desde las bases" sobre la función social de la escuela, y de esa manera llegar a un "cambio verdadero."
Desde la agrupación cuestionan el presupuesto del Ministerio de Educación, afirmando que "hay parte de la propuesta que parece positiva pero no se destinan fondos para aplicarlas concretamente, terminando siendo un 'como sí', que sólo servirá como excusa para mamar fondos de afuera."

COMUNICADO: ENCERRAR A LOS CHICOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Bariloche (Promoción Familiar).- Los trabajadores de Promoción Familiar de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, nos pronunciamos en total desacuerdo con el proyecto de Ley Nº4348-D-2008, impulsado por el Gobernador de la prov. De Buenos Aires Sr. Daniel Scioli, el cual refiere la baja de edad de imputabilidad en relación a los menores.
Consideramos que esta postura es contradictoria en tanto, en 1990 la República Argentina ratificó la convención internacional de los derechos del niño, incorporada en el año 1994 al texto Constitucional, de la cual se colige que el Estado no solo debe reconocer a los niños y jóvenes como sujetos de derechos y garantías iguales a un adulto, por su sola condición de ciudadanos, sino también una serie de derechos propios por su condición de tales. No podemos desconocer que la legislación vigente en materia de intervención judicial juvenil no satisfacen mininamente los principios que nuestra constitución establece, por el contrario mucha de ellas vulneran los mismos.
Esta manera de dar respuesta a una problemática de inseguridad, nos debe llevar a pensar a que nos referimos cuando hablamos de seguridad… a qué seguridad nos referimos, a la de quién?
Estamos hablando de una seguridad de unos por sobre la de otros? Creemos sentirnos seguros "apartando" aquello que nos es "ajeno"?
Creemos que esta manera de intervenir, lejos de ser una "solución" a esta problemática social, configura una doble victimización de los sectores más vulnerados socialmente, sectores excluidos desde hace tiempo, por la falta de oportunidades.
¿La seguridad nacional o social no implica tener una población de niños y jóvenes escolarizados, contenidos, saludables, con proyectos de vida? Todos necesitamos sentirnos seguros, necesitamos la seguridad de una salida laboral, una vivienda, educación, una familia… los niños y jóvenes también.
Desde esta perspectiva, pareciera ser que los argentinos estamos amenazados por una población de niños y adolescentes "peligrosos" y que deben ser encerrados y una vez mas excluidos, para garantizar "la seguridad". Pero la pregunta seria quien ha garantizado anteriormente la seguridad de estos niños y jóvenes… nos preocupamos por modificar una ley para bajar la edad de imputabilidad pero nadie se preocupa por garantizar el cumplimiento de las leyes proteccionales de derechos de estos mismos chicos.
Nos preguntamos ¿donde estamos los adultos? ¿Dónde están quienes deberían responsabilizarse por la prevención de estas situaciones? ¿Dónde esta el estado?
No podemos ser ingenuos y creer que porque un funcionario en particular plantea solucionar el problema de inseguridad de esta manera, se este ocupando en resolver la situación actual, sin atender previamente y preventivamente la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes argentinos.
Ante esto, quienes trabajamos diariamente con estas situaciones e intentamos intervenir en las mismas, con los escasos recursos que presenta el estado, insistimos en la necesidad de impulsar políticas públicas universales (pleno acceso a la educación, salud, deporte, recreación, trabajo para los padres, vivienda digna).
Actualmente, no existe inversión presupuestaria del Estado en estas áreas esenciales para sostener una calidad de vida digna. Los planes focalizados tienen un presupuesto insuficiente y disfrazado.
Particularmente en Río Negro, ni siquiera se respeta el derecho a la alimentación básica de las familias, haciendo entrega el Estado de alimentos pre elaborados que no son nutritivos y son nocivos para la salud.
No se garantiza la atención sanitaria en los hospitales Públicos, la prevención y tratamiento de adicciones, ni el acceso y permanencia en las instituciones educativas.
Los derechos son para todos, y los de los niños/as y adolescentes son de interés superior ante cualquier otro, por lo tanto consideramos que el Estado debería focalizar la intervención mas allá de bajar la edad de imputabilidad y cuestionarse que esta haciendo con el presente y el futuro de los niños y jóvenes argentinos.