(No A La Mina).-
El Juzgado Federal de Esquel, informó que resolvió dictar el procesamiento del agente imputado por haber realizado actividades de inteligencia prohibidas por la Ley. La declaración del imputado complica al fiscal Rivarola que también podría ser procesado.
Fuente: Noticias de Esquel
La declaración del hasta ahora único imputado, complica al fiscal
Fernando Rivarola, ya que este fiscal entre otras cosas sostuvo que no
hubo más contacto con el agente, pero el imputado afirmó que Rivarola
pidió su colaboración para poder identificar a las personas y sus
movimientos. Resaltó que es el propio fiscal quien abrió la información
informática y que en conjunto la observaron.
Observó que Rivarola informó que copiaría la información en su
computadora, manifestó interés en su contenido y solicitó que continúe
enviando información.
Además el juez advirtió una importante contradicción entre la versión
que dio Rivarola en su declaración testimonial y el análisis pericial
que se realizó sobre su computadora.
Dijo el acusado que Rivarola se mostró interesado y dispuesto a pasar
la información a su computadora diciendo “lo bajamos, sí”, “esto ya,
espere que yo me lo voy a copiar, y me lo voy a guardar en mí archivo”.
Le dijo que “todo lo que usted me quiera pasar por mail como dato a
nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o no”.
Se constató una llamada de Rivarola al celular del agente de
inteligencia imputado , donde le hizo saber que si necesitaba algo de su
trabajo tenía que pedirlo. “Rivarola quería saber cosas, insistía, pero
yo no le podía decir, yo le dije que para incorporar a la causa
necesitaba la orden judicial”. Dijo que Rivarola creó una carpeta en su
computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. “Todos
los documentos que copió en su computadora los abrió, los miro y
decidió copiarlos".
“Me mandé un cagadón”
Con relación al archivo “ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA
ANDINA.doc” dijo que Rivarola “lo abrió, lo vio e incluso dijo que le
podía interesar”. Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le
dijo “me mandé un cagadón”. Primero le dijo que le habían sacado la
información y después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le
dijo que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende
también lo iba a tener él.
Conocé en detalle que dijo el espía ilegal cuando fue a declarar.
Sorprendete con la intromisión en el expediente de empleados de la
minera, que también habrían realizado tareas de inteligencia contra
vecinos del No a la Mina.
Te lo contamos como a vos te gusta con nombre y apellido.
A continuación transcribimos parte de la resolución.
Esquel, 12 de abril de 2016.
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa N° FCR 12012/2015, del registro de
esta Secretaría en lo Criminal y Correccional sobre la situación
procesal de [Agente AFI], nacido el … en …, hijo de …, …, empleado, con
domicilio en …, Chubut.
Y CONSIDERANDO:
I) El inicio de la investigación
1.a) El 31 de agosto de 2015 los Fiscales Generales de la Circunscripción Esquel del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, Fernando Rivarola, Alicia Fernanda Révori y María Bottini, concurrieron a este Juzgado Federal para realizar una denuncia penal en orden a la posible comisión de un delito previsto en el art. 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional nº 25.520 (fs. 1).
1.a) El 31 de agosto de 2015 los Fiscales Generales de la Circunscripción Esquel del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, Fernando Rivarola, Alicia Fernanda Révori y María Bottini, concurrieron a este Juzgado Federal para realizar una denuncia penal en orden a la posible comisión de un delito previsto en el art. 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional nº 25.520 (fs. 1).
Ese mismo día se tomó declaración testimonial a Fernando Rivarola, en
su condición de Coordinador del Sector de Investigaciones y Delitos
Complejos de la Oficina Fiscal de Esquel (fs. 3/5).
En esta declaración explicó que el 28 de mayo de ese año por la
mañana se presentó en la Oficina Fiscal de Esquel una persona que pidió
hablar con los fiscales acerca de ese caso. Lo recibió en su oficina
junto a la Fiscal Bottini, dada la sensibilidad del caso, tomando el
recaudo de filmar la entrevista.
Relató que la persona se identificó como [Agente AFI], con credencial
que acreditaba que integraba la Delegación Trelew de la Secretaría de
Inteligencia (ya por ese entonces, denominada Agencia Federal de
Inteligencia –de aquí en más AFI-). Dijo que hacía más de un año que
venía trabajando con el grupo mapuche que estaba realizando tareas de
recuperación territorial y quería aportar información que tenía en su
carácter de agente de inteligencia, pidiendo reserva al respecto dada
esa misma condición. La información estaba relacionada a la posibilidad
de identificar a las personas que estaban dentro del predio, que era el
objetivo que tenían los fiscales a cargo de la investigación. La
información era tan variada y disímil que ofreció dejarla en formato
digital, descargándola desde un disco externo en la computadora del
Fiscal Rivarola, titulándola “Información Inteligencia”. La entrevista
terminó en ese momento y no tuvo más contacto con el agente de
inteligencia.
Rivarola continuó explicando que en junio se realizó la audiencia de
apertura de la investigación, para lo cual la Defensora Pública Penal
Paola Bagnato solicitó copia del legajo fiscal. Para ello, se digitalizó
la prueba documental formalmente ingresada al legajo y se la puso a
disposición de la defensora, que concurrió al día siguiente con un
pendrive. Luego se advirtió que en esa transferencia de archivos
informáticos quedaron incluidos los archivos aportados por el agente de
inteligencia, no pudiendo recordar si esto fue por error o por pedido
expreso de la defensora. A esta información hizo referencia tiempo
después el Defensor Público Civil Fernando Radziwilowski, en la
audiencia realizada el día 28 de agosto de 2015. Las Fiscales Révori y
Bottini no pudieron responder al requerimiento del defensor en esa
audiencia, debido a que desconocían el contenido de esa información en
particular.
Cuando los fiscales advirtieron que en las redes sociales y en la
prensa se mencionaba que esa información hacía alusión a tareas de
inteligencia realizadas respecto de vecinos de Esquel vinculados con el
movimiento “No a la Mina”, convocaron a la Defensora Penal Bagnato y
labraron un acta dejando constancia de que esa documental no estaba
agregada formalmente al legajo fiscal. En ese momento advirtieron que se
trataba de la información aportada por el agente de inteligencia.
Rivarola señaló que hasta entonces ninguno de los fiscales había podido
procesar la información que les había dejado esta persona, agregando que
resultaba de muy baja calidad a los fines procesales.
El denunciante aseguró que el viernes 28 de agosto a las 18.05 hs. se
comunicó con el agente de inteligencia desde su teléfono celular
oficial, y le manifestó que tomaría las medidas que estimara necesarias
ante la existencia de la información referida.
1.b) A raíz de esta
denuncia, el día 2 de septiembre la Fiscal Federal Subrogante Silvina
Ávila requirió la instrucción de esta causa impulsando la realización de
distintas medidas de prueba que serán reseñadas en el punto siguiente
(fs. 7/11).
En esta presentación, analizó de manera pormenorizada la secuencia de
la entrevista que quedó registrada en el video aportado por los
denunciantes para delinear la plataforma fáctica de esta investigación.
Destacó que en esa entrevista el imputado manifestó que llevaba un
año investigando e informó a Rivarola que participó constantemente en
las actividades policiales que se llevaron adelante en el lugar de la
ocupación. Así, Rivarola pidió su colaboración para poder identificar a
las personas y sus movimientos.
Advirtió que durante la reunión el agente imputado relacionó el hecho
con variadas situaciones, entre ellas, actividades de grupos políticos
que brindan apoyo económico (MTR y Federación Universitaria Patagónica),
extorsión a intendentes para conseguir dinero, financiamiento externo a
organizaciones mapuches por parte del movimiento italiano “Ya Basta”,
financiamiento para la radio Kalewche, situaciones de conflictividad
mapuche marcadas en un mapa publicado en Facebook por una activista,
etc.
También destacó que a pedido de Rivarola el agente de inteligencia aportó los datos de una mujer oriunda de Rosario.
Resaltó que es el propio fiscal quien abrió la información
informática y que en conjunto la observaron a medida que el agente
comentaba su contenido.
Observó que Rivarola informó que copiaría la información que estaban
observando en su computadora, guardando los archivos bajo el número del
legajo fiscal, manifestó interés en su contenido y solicitó que continúe
enviando información.
1.c) Se constituyeron
como querellantes particulares y solicitaron realizar distintas medidas
de prueba Osvaldo Alberto González Salinas, Adolfo Alarcón y Gustavo
Manuel Macayo (fs. 125/9 y 130). Luego, hicieron lo mismo Oscar Andrés
Campos, Nora Rosalía Corvalán, Pablo Matías Galperín, Agustín Gigli,
Ludmila Andrea La Manna, Cristian Oscar Maximiliano Masquijo, Corina
Inés Milán, Laura Haydée Ortiz, Federico Ovidi, Pablo Fernando Quintana,
María Fernanda Rojas, Flavio Romano, Emanuel Vera y Juan Alberto Zuoza
(fs. 174/5 y 176).
Ahora bien, el peritaje informático determinó que el archivo
“ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN LA ZONA DE LA COMARCA ANDINA.DOC” fue creado
el 18 de marzo de 2015 a las 1:34 horas, es decir sólo cinco días
después de que comenzara la ocupación territorial en la zona de Leleque.
Aparece grabado por primera vez en la computadora del Fiscal Rivarola
el jueves 28 de mayo de 2015 a las 12:59 hs. en la ubicación “LEGAJO
31829/COPIA DEFENSA/CALFUNAO VOCERO TOMA/RAM”, varias horas después de
que el agente de inteligencia se entrevistara con los fiscales. Este
archivo también fue grabado el domingo 30 de agosto de 2015 a las 11:19
horas en la otra ubicación “LEGAJO 31829/INFORMACIÓN INTELIGENCIA
BRIGADA PUELO/CALFUNAO VOCERO TOMA”.
Rivarola manifestó interés en el aporte que podría brindar la
Secretaría de Inteligencia para identificar y detectar el movimiento de
personas vinculadas con el hecho:
También dijo que había “activistas políticos” en la ocupación.
Rivarola preguntó a quiénes se refería y él ofreció enviar la
información por mail, cosa que Rivarola aceptó diciendo “sí, sí, todo lo
que tenga me lo manda por mail” (min 11:09).
Bottini preguntó por el financiamiento de la ocupación. A esto
[Agente AFI] contestó que los ocupantes están “rentados” y que la
organización italiana “Ya Basta” “gira dinero a los mapuches”, que hay
líderes mapuches que consiguen dinero de manera extorsiva consiguiendo
subsidios municipales para evitar conflictos y que la radio “Kalewche”
de Esquel ha recibido remesas de dinero muy importantes sin explicación
en publicidad (a partir de min 13:44).
Pasado este momento, mientras seguía revisando fotografías a medida
que [Agente AFI] brindaba datos y explicaciones, Rivarola anunció “esto
ya, espere que yo me lo voy a copiar, y me lo voy a guardar en mí
archivo”. Aquí se aprecia que creó una carpeta con el número de legajo
fiscal de la investigación, ya que tipió el número “31829” a medida que
se lo dictaba Bottini (min 25:15). Según surge del video, en esta
carpeta copió la carpeta del disco externo que estaban revisando con su
contenido, ya que aguardó unos instantes y culminó diciendo “Calfunao
vocero, ahí está” (min 25:27).
Luego dijo “ahora vuelvo al disco” y continuaron revisando su contenido.
Rivarola le dijo que “todo lo que usted me quiera pasar por mail como
dato a nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o
no” (min 53:08). Cuando se despidieron [Agente AFI] dijo que los
visitaría una vez por mes, mientras Rivarola le decía que cuando venga
le pase los datos que tenga para ir actualizando.
– Daniel Martín Díaz Escobar,
había realizado un comentario en Facebook –que fue aportado a esta
instrucción por los querellantes a fs. 173- relativo a una nota
periodística publicada en el sitio “Rawson Informa” el 6 de septiembre
de 2015, en la cual se señaló que el integrante del movimiento “No a la
Mina” Guillermo Vilanova aseguró que el Gobernador Martín Buzzi “nos
mandó a espiar por los servicios de inteligencia”.
El testigo reconoció haber hecho ese comentario en la red social en
el que publicó: “La investigación se hizo por Facebook y la hizo una
persona que nada tiene que ver con el estado nacional la investigación
fue pedida por los fiscales y a personas puntuales por eso los vecinos
promineros no estamos en esas listas. Fuente confiable”.
Dijo que integra un grupo de personas que están a favor de la
minería, querían saber si estaban en la lista de personas investigadas.
Dijo que sólo investigaron a los que reclamaban por cuestiones
indígenas, que no hubo seguimientos físicos sino que el fichaje se hizo a
través de redes sociales. Esto se lo había contado su jefe Ricardo
Lochocki. Le comentó que la investigación la hizo una persona que
necesitaba plata de apellido Burgueño, a pedido de la fiscalía (fs.
204/6).
– Ricardo Lochocki
se presentó espontáneamente a declarar al día siguiente de que lo
mencionara Díaz Escobar en su declaración testimonial. Dijo que Díaz
Escobar le había preguntado “si los de la minera estaban en el fichaje”,
pero él nunca le mencionó que Burgueño tuviera relación con ello. Había
escuchado en “charlas de café”, “por lo que salía en los diarios” y lo
que “se comentaba públicamente” que había sido Burgueño quien llevó la
lista a tribunales. Dijo que no conoce a nadie de la AFI (fs. 213. Las
publicaciones periodísticas a las que hizo referencia el testigo fueron
incorporadas a fs. 214/27).
– Eugenia Natalia Williams
había compartido en Facebook el comentario realizado por Díaz Escobar.
Dijo que le interesaba saber si ella u otras personas estaban siendo
investigadas por su posición ante la mina. Dijo que no sabe a quién se
refería Díaz Escobar en ese comentario, que si se lo había dicho no
recordaba el nombre. No recordó qué otros comentarios se hicieron con
motivo de esa publicación (fs. 254/vta).
– Sergio Gustavo Kain
también había comentado la publicación que realizó Díaz Escobar,
preguntando si la situación estaba relacionada con el pedido de informes
realizado por el Diputado Assef. Creyó recordar que Díaz Escobar le
respondió que la investigación no tenía nada que ver con eso. Agregó que
si bien no le dijo quién hizo la investigación, “ellos suponen que la
Fiscalía sabe quién encomendó las tareas… en base a una interpretación
por lo que salió publicado en el diario” (fs. 255/vta.).
1.f) Se requirió el
listado de llamadas recibidas y emitidas el día 28 de agosto de 2015
registradas en el teléfono celular oficial del Fiscal Rivarola – … -. Se
constató que ese día a las 18:05 hs. está registrada un llamado de
siete minutos que el fiscal efectuó con uno de los teléfonos celulares
del agente de inteligencia imputado – … – (fs. 153/5).
III) Declaración indagatoria del imputado
El 28 de diciembre de 2015 [Agente AFI] compareció a prestar
declaración indagatoria en este juzgado. En esa oportunidad hizo uso de
su derecho a negarse a declarar y solicitó que se le fije una nueva
audiencia (fs. 308/10vta.) La segunda audiencia se realizó el día 2 de
febrero de este año, ocasión en la que brindó la explicación que será
reseñada en este punto (fs. 318/23vta.).
En las dos audiencias se le efectuó la siguiente imputación:
1) Que en su condición de agente de la Delegación Provincial de
Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia obtuvo información, produjo
inteligencia y almacenó datos sobre personas por el solo hecho de su
adhesión o pertenencia a una organización social. Esa actividad
prohibida por el art. 4º inc. 2) de la Ley de Inteligencia Nacional nº
25.520 fue realizada respecto de veintiseis (26) personas identificadas
por apoyar o participar en la organización social “NO A LA MINA”,
registrándolas en un archivo informático denominado “ACTIVISTAS
ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA ANDINA.doc” con nombre y apellido,
fotografía y datos sobre sus actividades u ocupación. Las personas
individualizadas son: Adolfo Alarcón, Osvaldo González Salinas, Humberto
Kadomoto, Maximiliano Masquijo, Pablo Quintana, Flavio Romano, Luaguita
Ruiz, Andrés Campos, Alejandra Cea, Alejandro Corbeletto, Pablo
Galperín, Agustín Gigli, Gustavo Macayo, Santiago Malizzia, Corina
Milan, Omar Orlando Ojeda, Federico Ovidi, Sheila Rios, Fernanda Rojas,
Emanuel Vera, Juan Zouza, Moira Millán, Mauro Millán, Mariela Millán,
Gabriel Horacio Colipi y Nora Corvalán. Esa actividad también fue
realizada obteniendo fotografías de varias personas que concurrieron a
la edición del programa “Casa Abierta” realizada en la localidad de
Cholila el sábado 14 de marzo de 2015, portando una bandera con la
consigna “No a la Mina” y una bandera “Wiphala” de los pueblos
originarios, identificando a Darío Calfunao y a Cristina Danelón en dos
de esas fotografías.
Le hizo saber que si necesitaba algo de su trabajo tenía que pedirlo.
“Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, yo
le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial”.
Dijo que Rivarola creó una carpeta en su computadora y copió los
archivos que iba viendo y le interesaban. “Todos los documentos que
copió en su computadora los abrió, los miro y decidió copiarlos… si mal
no recuerdo, me parece [que la carpeta] la tildó como ‘Inteligencia’…”.
Las fotos que “yo había tomado de la toma” le servían para su
investigación. También le podía servir la información para una denuncia
por incumplimiento de deberes de funcionario público realizada por el
entonces Subcomisario Ale, a raíz de que no se había detenido a Jones
Huala.
Dijo que él le quiso dar a Rivarola “las fotografías que eran de
interés para él, que le podían servir”, le aclaró que “si le interesaban
las podía pedir oficialmente y se las mandaban”. Rivarola también le
dijo “qué otra cosa más hay”, “era todo material extraído de redes
sociales, medios masivos de comunicación, de radios, declaraciones
públicas” sobre “cuestiones que iban aconteciendo” para hacer informes.
Dijo que “no había información secreta ni nada por el estilo”, que la
información que le dio a Rivarola no es clasificada, el manejo de ese
tipo de información no es de su menester.
Con relación al archivo “ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA
ANDINA.doc” dijo que Rivarola “lo abrió, lo vio e incluso dijo que le
podía interesar”. En ese momento, él se dio cuenta que se le había
“traspapelado”, “pero como me dijo que le podía interesar se lo dejé que
lo copie”. Este archivo estaba en la carpeta “RAM”, que reconoció como
suya, pero dijo que el archivo “no tenía nada que ver con el tema”.
Agregó que él no confeccionó ese archivo, sino que había circulado en
“redes sociales” tiempo atrás con motivo a un conflicto suscitado entre
la UOCRA y sectores anti mineros. Ignoraba que todavía estuviera en su
computadora. Estimó que el archivo debió haber sido creado en 2014. “Yo
no lo levanté, llegó a mi computadora porque fue visto en la delegación,
estaba dentro del marco social conflictivo de esa época, entre estos
sectores había escraches mutuos”.
Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo “me mandé
un cagadón”. Primero le dijo que le habían sacado la información y
después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le dijo que sabía
que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a
tener él. Le hizo referencia al archivo de activistas anti mineros, él
le dijo que no sabía ni de donde había salido. Rivarola le dijo que
tenía que hacer una denuncia. Después no tuvo más contacto con él.
IV) Responsabilidad penal del imputado:
El análisis jurídico de la imputación que se ha realizado al agente de inteligencia debe ser contextualizado en determinados lineamientos del sistema de inteligencia nacional se resalta que la “inteligencia nacional debe ser
El análisis jurídico de la imputación que se ha realizado al agente de inteligencia debe ser contextualizado en determinados lineamientos del sistema de inteligencia nacional se resalta que la “inteligencia nacional debe ser
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