LA COMUNICACIÓN NO ES REHÉN DE NINGÚN GOBIERNO.

El Bolsón (ANPP).- La red nacional de medios alternativos expresa:

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 que modifica la Ley de Ministerios creando nuevos organismos y transfiriendo competencias, el nuevo gobierno acaba de otorgarle el poder para la  aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual  al Ministerio de Comunicaciones, dentro del cual sitúa a la AFSCA y la AFTIC. Esta norma les quita el carácter autárquico y descentralizado a ambos organismos.  

Esta decisión fue hecha explícita de manera pública por el flamante ministro Oscar Aguad, quien declaró que: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”, lo cual no alienta muchas esperanzas para nuestros medios, ni  para la pluralidad de voces. 

La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) es por definición independiente del Estado, de sus instituciones y de los poderes políticos y económicos. Por eso nuestra posición trasciende la defensa de un funcionario u organismo estatal, para anclarse en  la exigencia de que se aplique la Ley y se cumplan los reclamos que desde los medios comunitarios, alternativos y populares venimos planteando desde su debate mismo.

El gobierno saliente utilizó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para montar un aparato comunicacional gubernamental con el afán de disputarle el discurso a los medios opositores y hegemónicos, principalmente al multimedios Clarín. También afirmó que con su aplicación se acabarían los monopolios. Sin embargo a más de 6 años de su sanción esto no ha sucedido y nuestros reclamos sectoriales siguen sin ser resueltos.  

Los medios comunitarios, alternativos y populares seguimos presos de una disputa entre dos sectores políticos, el macrismo y el kichnerismo, que manipulan una y otra vez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no para multiplicar voces y discursos, sino para confrontar entre ellos.  

Una disputa en la cual nuestros medios siguen sin ser reconocidos en su especificidad, sin tener licencias, sin la elaboración de un plan técnico que garantice nuestro lugar en el 33% destinado a los medios sin fines de lucro. Volvemos así a quedar frágiles frente a posibles y nuevos decomisos, como pasó en los 90', como pasó durante el gobierno anterior con el allanamiento y secuestro de los equipos que sufrieron nuestros compañeros y compañeras  de Antena Negra TV. 

Es en este contexto que llamamos al sector de medios comunitarios, alternativos y populares, a la búsqueda de la unidad, con el objetivo de lograr que se efectivicen nuestros derechos adquiridos por la lucha de años. 

También demandamos a la nueva gestión nacional que explicite cuáles serán sus políticas para nuestro sector, exigiendo que, mientras no se regule el espectro radioeléctrico tal cual lo dice la ley, se garantice que no haya nuevos decomisos que atenten contra nuestro derecho a comunicar. 

Seguimos reclamando el reconocimiento de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares teniendo en cuenta los censos y empadronamientos efectuados oportunamente tras una larga y sostenida lucha que nos encontró junto a otras redes del sector. 

Por todo esto exigimos:

*La autarquía de AFSCA y AFTIC, tal como establece la LSCA votada por el Congreso Nacional.

*La aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

*La elaboración del plan técnico y reserva del 33 % para el sector sin fines de lucro.

*Reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores diferenciados dentro del sector de las sin fines de lucro.

*Apertura de concursos específicos para medios comunitarios, alternativos y populares.

Argentina, 15 de diciembre de 2015

  

TORTURA SISTEMÁTICA EN CONTEXTOS DE ENCIERRO. MÁS DE 7 MIL CASOS EN UN AÑO.

El Bolsón (ANPP).-

(APL) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, presentan el cuarto Informe Anual del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT). El nuevo informe devela una vez más la sistemática vulneración de derechos en las instituciones de encierro en todo el país y la estrategia de saturación territorial por parte de las fuerzas de seguridad. La presentación pública será el próximo martes 15 de diciembre a las 18 horas en el Auditorio de la CPM (calle 54 Nº 487, La Plata), y contará con la participación del presidente del organismo, Adolfo Pérez Esquivel, el procurador Penitenciario Nacional, Francisco Mugnolo, y la directora del GESPyDH, Alcira Daroqui.

En más de 50 instituciones de encierro relevadas, 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias. Estos son algunos de los datos que arroja el cuarto informe del Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos tratos (RNCT) integrado por las tres instituciones.
La CPM, como organismo de control y monitoreo de las condiciones de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, ha dado cuenta en reiteradas oportunidades de la práctica sistemática de la tortura, la violencia estructural, las muertes evitables y la degradación de los sujetos como herramientas de gobierno en las cárceles bonaerenses y en los territorios habitados por los sectores más vulnerables. El informe anual 2015 ya alertaba sobre el agravamiento de esta situación: 548 muertes, índices records de sobrepoblación en comisarías (más del 400 %), aumento de la tasa de encarcelamiento (218,5 personas cada 100 mil) y uso sistemático de la prisión preventiva (más del 60 %).
El IV Informe del RNCT aporta datos igualmente alarmantes. El relevamiento en Buenos Aires incluyó 24 inspecciones a cárceles, institutos de menores y unidades neuropsiquiátricas. La información generada por la intervención del Comité Contra la Tortura de la CPM en los lugares de detención y las fichas que se construyen a partir de las denuncias recibidas arrojan que, sólo en el ámbito de la provincia, se constataron 866 víctimas y 3677 casos de torturas y/o malos tratos: es decir, un promedio de más de cuatro hechos de torturas por víctima. Entre los tipos de torturas y/o malos tratos más generalizados se encuentran el aislamiento, las malas condiciones de detención, la falta o deficiente alimentación y asistencia de la salud.
La situación constatada en la provincia de Buenos Aires se repite en todo el territorio del país. ElRNCT –creado en el 2010– es el primer registro nacional que sistematiza, organiza y publica esta información; los organismos que lo elaboran vienen denunciando cada año la práctica sistemática de torturas en las comisarías y unidades penitenciarias y la extrema vulneración de derechos que padecen las personas detenidas. Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos tienen el deber de seguir denunciando los hechos de violencia institucional, la impunidad y la invisibilidad social y política de estas violaciones perpetradas por el Estado.
En esa línea se expresó Roberto Cipriano García, integrante de la CPM: “Este nuevo informe delRNCT refleja las graves violaciones de derechos humanos que acontecen en lugares de encierro y a partir del despliegue de las fuerzas de seguridad, tanto del sistema federal como de la provincia de Buenos Aires y la CABA. Es la prueba rigurosa, concreta, de las practicas sistemáticas de tortura que ejecutan funcionarios públicos, liberados en su accionar por poderes judiciales que no actúan para prevenir o sancionar la tortura. Esperamos que sea una alerta urgente para que las nuevas gestiones de gobierno que comienzan sus mandatos implementen políticas efectivas destinadas a terminar con la tortura, la muerte y el sufrimiento de las víctimas del sistema penal”.
El trabajo de campo de este IV Informe se realizó en más de 50 instituciones de encierro que concentran el 60% de los presos de todo el país: 19 unidades penales, cuatro alcaidías penitenciarias y tres unidades neuropsiquiátricas del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un instituto de menores de la provincia de Buenos Aires. Ocho unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, cuatro comisarías de la Policía Federal y una de la Policía Metropolitana. También se relevaron otras 15 Unidades Federales y alcaldías judiciales, unidades de Servicios Penitenciarios provinciales, además de centros de detención de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

El estudio sobre esta muestra permite describir el mecanismo de producción de los hechos de tortura y sus consecuencias. De las 2074 personas entrevistadas, la mayor parte (casi el 70%) son jóvenes y más de la mitad de las víctimas han denunciado agresiones físicas, aislamiento y malas condiciones de detención.
En esta oportunidad, el RNCT también contiene un apartado que releva las prácticas irregulares e ilegítimas de las policías en su despliegue territorial y en centros de detención no penitenciarios de Buenos Aires y CABA. En este sentido, la CPM ha denunciado en reiteradas oportunidades el avance del punitivismo como un grave problema político y cultural que instala al castigo penal como horizonte de múltiples demandas ciudadanas. Ha quedado demostrado que las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo –la represión, la persecución y el castigo penal como vías de resolución de los problemas sobre los que se demanda respuesta– no sólo han resultado ineficaces sino que han agravado la violación de derechos de determinados sectores sociales a niveles históricos desde el advenimiento de la democracia.

Las condiciones expuestas conforman la regla con que se rigen las políticas demagógicas de seguridad y constituye al Estado en victimario: saturación territorial de las fuerzas de seguridad que lleva a intervenciones violentas e ilegales en el espacio público, y el aumento del uso letal de la fuerza, la práctica sistemática de la tortura y las deplorables condiciones de encierro, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de reparación para las víctimas de estas violencias. Es decir, no sólo hay acción del Estado en su comisión sino también una gravísima omisión en no detenerla.

NEUQUÉN: AMENZAS EN EL JUICIO "LA ESCUELITA IV" A MILITANTES DE DERECHOS HUMANOS

COMUNICADO DE PRENSA.
Juicio " La Escuelita IV"
Aten repudia las amenazas sufridas por militantes de DDHH por parte del ex policía provincial Emilio Rozar, imputado en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad. Los hechos se sucedieron el día miércoles cuando se retiraba de la sala donde se realizó la primera audiencia y el represor las increpó diciéndoles “Ya van a ver. Ya van a ver” con el dedo índice en alto. De acuerdo con una resolución del tribunal, los imputados que están en libertad o con prisiones domiciliarias son convocados en la U9 para desde allí ser trasladados a la sala de audiencia. "Entendíamos que al finalizar la audiencia eran trasladados a la U9. Esto demuestra que no es así. Rozar salió por la misma puerta que lo hace el público" informaron las/los abogadas querellantes.
Aten llama a mantener la lucha por Juicio y Castigo a todos los genocidas!!
Memoria, Verdad y Justicia!
Carlos Fuentealba Presente!
Comisión Directiva Provincial.

EL BOLSÓN: RECLAMO DEL CENTRO CULTURAL GALEANO

Gacetilla:
La Asociación Artístico Cultural Sur, junto con las Escuelas de danzas Ahlamy y Frecklass y el Gimnasio Tiempo Libre; invitan a la comunidad a firmar un reclamo a EDERSA por haberse quemado equipos durante la muestra de fin de año de dichas escuelas. Debido a baja tensión se estropearon equipamiento técnico de luces, sonido y un proyector.

El reclamo se encuentra en el Centro Cultural Eduardo Galeano, Onelli y Dorrego a disposición de quienes quieran firmar.

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Centro Cultural Eduardo Galeano

Onelli 2871 - El Bolsón - Río Negro

Asociaicón Artístico Cultural SUR

Personería jurídica Nº 1819/91

ccgaleano.com.ar

www.facebook.com/ccgaleano

El Bolsón (ANPP).- Compartimos la siguiente nota de ANRED , para conocer o reconocer las personalidades que asumen como ministros. Caras no tan nuevas y con prontuarios preocupantes, para un gobierno que dice ser "el cambio".

10 de diciembre (ANRED).-

Caras y prontuarios del "Cambio"

El futuro presidente Mauricio Macri y su jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, fueron dando a conocer en estos días los nombres que integrarán el equipo de su gobierno. Entre los nombres figuran personalidades procesadas por lavado y fuga de activos, defraudaciones al estado, desvíos de fondos gubernamentales, represiones violentas a trabajadores de la cultura, gastos desmedidos, responsabilidad en recortes extremos a estatales y jubilados en gobiernos anteriores y, en el mejor de los casos, nula formación y experiencia para la tarea encomendada. Proponemos un recorrido por los prontuarios de los ministros más importantes del gobierno que asume sus funciones este jueves 10 de diciembre. Por ANRed.

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Alfonso Prat-Gay (Ministerio de Hacienda y Finanzas)

Es economista. LLegó a Cambiemos de la mano de la Coalición Cívica ARI. Fue presidente del Banco Central entre 2002 y 2004, estando tanto en la presidencia de Eduardo Duhalde como en la de Néstor Kirchner. Luego fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre el 2009 y el 2013 por el Acuerdo Cívico y Social (ACyS).
Su formación es liberal ortodoxa, y se vio reflejado en su carrera: fue Director de Estrategia del J. P. Morgan (empresa se servicios financieros sospechada de complicidad en casos de lavado de dinero). En 2005 creó la empresa financiera Tilton Capital junto con Pedro Lacoste, administradora de la fortuna de María Amalia Lacroze de Fortabat -ya fallecida- y su hija María Inés Lafuente Lacroze - ésta última la quinta persona más rica de Argentina. Creó y presidió, además, la fundación ANDARES, dedicada al desarrollo de las Microfinanzas en Argentina.
Prat Gay se encuentra imputado por ser parte de una red de economistas, contadores y abogados que crearon una “plataforma facilitadora para la evasión” (tal como consta en la denuncia de la AFIP), que posibilitó la fuga de activos y lavado de capitales a Suiza. Prat Gay desmintió esta denuncia informando que él no es titular ni beneficiario de una cuenta en Suiza. Pero en esa causa se encuentra vinculado, justamente, por ser el administrador apoderado de la fortuna de los Fortabat, que poseen una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra, Suiza, tal como figura en la denuncia de la AFIP.
En esa denuncia se establece que el objetivo de esa red de apoderados, abogados, economistas y contadores imputados - entre ellos, Prat Gay - fue colaborar en el armado de una compleja red de estructuras jurídicas, sociedades y fideicomisos extranjeros (trust) radicada en paraísos fiscales como Panamá, Jersey, Guersney, Suiza, Uruguay, Bahamas e Islas Vírgenes, con el fin de ocultar la identidad de los titulares de los fondos depositados en cuentas del HSBC Ginebra, Suiza.
Otros antecedentes del niño mimado de la City
Asimismo, el futuro Ministro de Hacienda y Finanzas tiene otros antecedentes dignos de ser mencionados:
 Una investigación de mediados del 2007 de la Revista Veintitrés dio a conocer que la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña –quien provenía del ARI– denunció una “doble moral” de Alfonso Prat-Gay por haber fugado U$S 780 mil antes del congelamiento de los depósitos durante el corralito, ocupando el puesto 67 en un listado de 1400 personas que habían girado dinero al exterior.
 También en 2007 fue denunciado por el ex diputado Mario Cafiero (ARI) por defraudación, dado que ocultó, desde su cargo de presidente del Banco Central, la fuga de U$S 26 mil millones que quedaron en un puñado de bancos, entre ellos, obviamente, el JP Morgan, donde Prat-Gay se desempeñó como jefe de Negocios hasta 2001. La investigación estuvo a cargo del fiscal Oscar Almirante, cuyo dictamen sostuvo que durante el corralito “existió un plan destinado a proteger y favorecer a determinados grupos de poder económico y en especial a los patrimonios de los bancos”.
 Tampoco es nada secundario que el entonces ministro de Economía de la Alianza, Domingo Cavallo, lo propusiera para dirigir el Banco Central en el año 2001, en lo que se entendía como un guiño a los mercados financieros, que dudaban cada vez más de la sostenibilidad económica de la Convertibilidad. El senado de la Nación rechazó su pliego en base a un dictamen de la Oficina Anticorrupción, donde se remarcaba que el nombramiento de Prat-Gay implicaba una violación a un artículo de la Ley de Ética Pública: el inciso que establece que ninguna persona puede ocupar un cargo público si se había desempeñado hasta un año antes en un cargo privado con intereses contrapuestos. Sin embargo, un año después entró al Banco Central como parte de las condiciones exigidas por el FMI, de la mano del patrocinio de Eduardo Amadeo, actual diputado por el Peronismo Federal, y uno de los artífices de la derogación de la Ley de Subversión Económica, gracias a la cual quedaron impunes los mismos banqueros que se habían llevado las reservas, sustituyéndolas por títulos de deudas destinados a caer en default.

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AUMENTOS DE PRECIO Y VIA LIBRE AL ENDEUDAMIENTO

10 de diciembre (Red Eco).-
Así comienza la gestión el nuevo gobierno de Cambiemos que acaba de asumir. El flamante presidente Mauricio Macri llega al sillón de Rivadavia con una escalada de precios y con el camino allanado para el endeudamiento externo. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina - Inflación y endeudamiento constituyen parte del escenario cierto para la nueva gestión que asumió este jueves la presidencia de la Nación.
Ninguno de los dos elementos conforman una novedad sino que se fueron gestando durante el gobierno kirchnerista más allá de que ambos fueron sistemáticamente ocultados o negados.  Desendeudamiento e inflación irreales son dos componentes de una gestión que finalizó luego de casi 13 años de gobierno y que terminó con una escalada de precios.
El economista Julio Gambina y Héctor Polino, integrante de Consumidores Libres, dieron su opinión sobre este tema en entrevistas realizadas por el programa Los Locos de Buenos Aires.
“El gobierno de Cristina Fernández terminó su mandato con aumento de precios y obviamente culpando  a los anuncios del gobierno entrante de Mauricio Macri, aunque aún era el kirchnerismo quien estaba en funciones y la realidad es que no podía disciplinar a los fijadores de precios. Inclusive una parte del aumento de precios está asociado al aumento de los combustibles y éste lo disparó YPF, una empresa privada de gestión estatal”, comentó el presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP), Julio Gambina.
El aumento del combustible - recordó Gambina - había sido acordado con el Ministerio de Economía y las autoridades a principios de 2015, “se sabía que iba a aumentar, es más, aumentaron ahora porque esperaron que pasaran las elecciones. Estaba previsto aumentar los combustibles antes del 22 de noviembre (balotaje), pero con toda la intención de disputar votos se planteó que el aumento se aplicara después de esa fecha”.
El aumento de los combustibles siempre termina impactando sobre los precios a los cuales se traslada. Por lo tanto, una parte importante de los recientes incrementos tiene su explicación con la suba  de los combustibles por disposición de la empresa de gestión  estatal.
La situación queda muy complicada sobre todo para los sectores de menores ingresos que son los principales afectados por esta escalada de precios.
Así lo confirmó Héctor Polino, director de Consumidores Libres, entidad que realiza desde hace 20 años, en forma quincenal, mediciones  de precios de artículos que componen la canasta básica de alimentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La última medición de fines de noviembre arrojó aumentos similares a los que se venían produciendo durante el año. “La canasta de 38 artículos subió 1,95 % y el acumulado desde principios de año dio un incremento del 20,82 %”, comentó Polino.  Sin embargo, a principios de diciembre, en tres días, se produjo una estampida sobre todo en los artículos de la canasta básica de alimentos, aumentos sobre los incrementos que ya se venían generando normalmente.
“Estos últimos son absolutamente injustificados, no hay ninguna razón que los explique, solamente los anuncios que hicieron algunos futuros funcionarios (hoy ya en funciones) de que va a haber una devaluación del peso en relación al dólar”.
Sobre estas especulaciones, Polino manifestó la necesidad de ver qué artículos son importados. “Aumentar los precios de los artículos cuya materia prima, tanto agropecuaria como industrial, es argentina, los salarios son argentinos, impuestos argentinos, es un absurdo querer referenciarlos  al valor del dólar. Y si alguno tiene componente importado hay que determinar en qué proporción incide ese componente en la estructura del costo. Tratar de aumentar todos los productos porque va a haber una devaluación del peso es una actitud claramente especulativa, antisocial, que demuestra que los buitres no están solo fuera del país sino también adentro”, afirmó.
Ambos entrevistados coincidieron en que el gobierno saliente tuvo la legitimidad necesaria para parar esta estampida hasta entregar su mandato pero no lo hizo. “El gobierno tenía diversos instrumentos, en primer lugar la Ley de Defensa del Consumidor que establece sanciones de multa hasta la clausura del establecimiento. Debió haberse creado hace tiempo el Observatorio de Precios, que es una ley que se aprobó en 2014 sobre la base de un proyecto del propio Poder Ejecutivo, constituido por funcionarios de distintas aéreas económicas del gobierno nacional, con representantes de las entidades de defensa de los consumidores para observar la evolución de los precios desde la materia prima hasta el producto que llega al consumidor y determina en qué eslabón de la cadena se produce un aumento injustificado del precio y el Estado actuar rápidamente sobre ese eslabón. Pasó un año y no se hizo nada de esto”, recordó Polino.
Los aumentos ya están y muchos afirman que nada asegura que cuando el gobierno actual precise sus medidas económicas, que son hasta ahora enunciados generales, no vuelvan a aumentar. “Estas remarcaciones perjudican a los sectores de clase media, de clase media baja, a los trabajadores que viven de ingreso fijo y que deberán esperar hasta agosto o setiembre del año próximo en que finalicen las convenciones colectivas de trabajo, a los jubilados que perciben el haber mínimo (un 70%) y que recién en marzo se realizará un nuevo reajuste de sus jubilaciones. O sea que van a poder comprar menos y esto puede afectar el empleo en especial los que hacen horas extras, y esto puede conducirnos a un proceso claramente recesivo”, describió Héctor Polino, trazando una secuencia ya conocida en los ciclos económicos de nuestro país.
Otra de las cuestiones que tiene definido el nuevo gobierno de Cambiemos es el tema del endeudamiento. “Es verdad que hay menor deuda externa pero no menos deuda pública. Y esa va a ser la gran excusa del gobierno de Macri, decir que como estamos con baja deuda externa, entonces vamos a endeudarnos. Argentina está en excelentes condiciones para que el gobierno de Macri endeude a nuestro país y no tengan duda que lo va a hacer”, aseguró Gambina.
Como dato que contribuye a tener certeza sobre el camino nunca abandonado del endeudamiento, el titular de FISyP recordó que María Eugenia Vidal (quien acaba de asumir como gobernadora de la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, la alianza encabezada por Mauricio Macri) dijo que la caja que le entregó el gobierno de Daniel Scioli (FPV) está en cero pero aseguró que pagarán los sueldos y el aguinaldo de todos los empleados públicos con dinero que le pedirá a la Nación. “En el marco del actual déficit fiscal que tiene el gobierno nacional, solo podrá resolverlo tomando deuda pública”, afirmó.
Solo pensando en el corto plazo, Gambina recordó que en 2016 vence el bono que suscribió el Tesoro argentino con el Banco Central cuando Néstor Kirchner le pagó 1500 millones de dólares en 2006 y le firmó un pagaré a 10 años: “Al vencimiento lo más probable es que el gobierno renueve esa deuda y a lo mejor pague los intereses o los incluya en la renovación como parte del capital”.
Otro dato importante que trajo Gambina durante la entrevista  es el de las reservas del Banco Central. Cuando Cristina Fernández asumió su segundo mandato, había 50 mil millones de reservas internacionales y hoy son la mitad (aunque gran parte son títulos públicos y encajes del sistema financiero) “porque se han utilizado esos recursos para pagar deuda y para fugar capitales de manera legal: remesas de utilidades al exterior y mecanismos especulativos como el contado con liquidación (que son inversiones que se hacen en pesos comprando en Argentina bonos dolarizados que luego se venden en dólares en el exterior y esa plata no vuelve a nuestro país). En Argentina se han ido 26.000 millones de dólares en estos cuatro años. Hubo un favorecimiento a quienes pudieron sacar los dólares de Argentina en forma muy impresionante”, dijo.
Gambina recordó además que el gobierno kirchnerista fue el que más deuda pagó. Cristina Fernández dio en diferentes momentos tres cifras distintas de todo lo que se había pagado. Habló de 192 mil millones de dólares, de 173 mil y de 146 mil. “Cualquiera de las tres cifras es una inmensidad, es más de lo que debía Argentina al momento de cesación de pagos en 2001, momento en el que debía 141 mil millones de dólares. Aunque se tome cualquiera de las tres, el país pagó 146, o 173, o 192 y está debiendo 230 mil millones de dólares de deuda pública”, manifestó quien integra la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes.

EL BOLSÓN TEATRO EN EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE CONTINUA

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos la siguiente invitación

Se invita a la comunidad este sábado 12 de diciembre dos obras de teatro por el precio de una:

20.30: “Trailer,” a cargo del grupo Surenvivo, dirigido por Silvia Brovia

22.00: “La obra que nunca se estrenó”, a cargo del grupo Cronopios,                                       dirigido por Gabriel Brizuela.

Bono Contribución:    $ 50

Duración total aproximada: 2 hs 15.

 En el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua El Bolsón, Liniers y Alberti.