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jueves, 20 de abril de 2017
CENTRO ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.) - ESCUELA N°271
El Bolsón (ANPP).- Compartimos la siguiente información:
EL SÁBADO PRÓXIMO, 22 de ABRIL, DE 9 A 13 HS., EN EL ÁMBITO DE LA ESCUELA Nº 271, SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DEL CAI. PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 3º A 7º GRADOS DE TODA LA COMUNIDAD.
TALLERES DE. TEATRO, COCINA, FUTBOL CALLEJERO Y MÚSICA/PERCUSIÓN/DANZA.
Libres y gratuitos.
Realizaremos eventos, salidas, festejos, encuentros familiares.
¡LAS / LOS ESPERAMOS!.
Heraldo MORA
Coordinador C.A.I.
miércoles, 19 de abril de 2017
ARACELI: BÚSQUEDA DESESPERADA EN UN TERRITORIO SIN JUSTICIA
19 de abril(LA Vaca).-
En la plaza central de la localidad de San Martín la
familia y vecinos de Araceli Fulles realizaron una nueva acción para
exigir su aparición con vida. Tras 18 días, todavía no hay ninguna pista
concreta. Su mamá insiste: “No puede habérsela tragado la tierra”. El
miedo y la desconfianza en la justicia del barrio está presente en un
caso en el que el Estado tampoco aparece.
El colectivo acaba de pisar San Martín y lo primero que se ve es la foto de Araceli. Nos mira desde un afiche, los ojos le brillan y sonríe. Nos mira y no podemos mirar para otro lado.
Tiene 22 años, desapareció el sábado 1° de abril y desde entonces la familia la busca desesperadamente.
Una y otra y otra foto en afiches, carteles, volantes.
“¿Apareció esa mina?” pregunta un pibe desde el colectivo, mirando el patrullero frenado en el semáforo que tiene la foto pegada en el vidrio. “Todavía no”, le contestan.
Te estamos buscando
En la Plaza San Martin reparten la foto de Araceli Fulles y un número de contacto. Los carteles claman: “Viva la queremos”, “Te estamos buscando”, “Seguimos luchando”. Las mujeres sostienen banderas que dicen “Aparición con vida YA”.
El grito es urgente. Araceli está desaparecida desde hace dieciocho días.
La familia realizó la denuncia en la Comisaría 5ta.de Billinghurst. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de San Martín y la fiscal es Graciela López Pereyra.
Las recientes novedades fueron el hallazgo de una pulsera y una cartera en los rastrillajes cercanos a la Villa 9 de Julio. La familia descartó que las pertenencias sean de Araceli, pero dentro de la cartera había un papel escrito con su letra.
Marcelo, su hermano mayor, dijo a lavaca: “Yo creo que ahora están haciendo el trabajo como corresponde”.
¿Qué respuesta le dio la fiscal con respecto a su labor?
“La respuesta que me dio es que yo ahora puedo ir a sacarle fotocopia al legajo y puedo investigar qué están haciendo”.
Investigar si investigan.
En medio de la entrevista Marcelo se quiebra en llanto. No puede seguir hablando. Los familiares se abrazan y contienen unos a otros. La gente que los rodea comienza a aplaudir y a corear el nombre de Araceli.
La acción en Plaza San Martin es la última de muchas que viene sosteniendo la familia. Desde el primer día salieron a buscarla. El Estado, en cambio, no da respuestas.
“Son todas hipótesis. Nos están marcando diferentes lugares, pero no hay nada concreto”, dice a lavaca Andres, otro de los hermanos.
Y se aferran al celular en el que reciben los llamados porque, como dijo Mónica, mamá de Araceli, en un comunicado: “No puede ser que a Araceli se la haya tragado la tierra”.
Voces de mujeres
Ofelia es de Villa La Rana, uno de los barrios en los que se hizo operativos de búsqueda. “Fue la policía, entraron a casas, pero nada”, dice.
¿Qué pasa en el barrio?
“Hay una realidad: hay un montón de violencia y la justicia no hace nada. Estamos desprotegidos totalmente. Estas cosas en el barrio están, lo que no está presente es el Estado, la comisaria y la justicia”.
Silvia suma su mirada: “Acá hay una red de complicidades que, lamentablemente, se van dando en distintos casos. El problema es que hay mucho miedo en los vecinos del barrio. Algunos dicen haberla visto, pero hay mucho miedo de ir a declarar porque los que son testigos protegidos, a la hora del juicio oral terminan teniendo que poner la cara y la experiencia con la justicia acá no es buena”. Y agrega: “La realidad es que muchas veces en el barrio la seguridad, incluso de las compañeras que sufren violencia machista, no la hace la policía: la hacen los propios narcos. Entonces, si para que se respete a una mujer hay que ir a buscar al tranza del barrio estamos en problemas”.
Sentada está una repartidora de una marca de cerveza, estar en la calle le da una visión estratégica: “Está muy peligrosa, hay muchas mafias”.
¿Qué hacemos?
“Hablar mucho con los chicos. Soy madre de cuatro chicos -dos varones y dos nenas-, todos adolescentes. Les hablo mucho, trato que se vuelquen a la música, al arte, para que ellos se puedan desenvolver como persona”.
Silvia reza: “Sólo le pido a Dios que Araceli aparezca con vida”.
El colectivo acaba de pisar San Martín y lo primero que se ve es la foto de Araceli. Nos mira desde un afiche, los ojos le brillan y sonríe. Nos mira y no podemos mirar para otro lado.
Tiene 22 años, desapareció el sábado 1° de abril y desde entonces la familia la busca desesperadamente.
Una y otra y otra foto en afiches, carteles, volantes.
“¿Apareció esa mina?” pregunta un pibe desde el colectivo, mirando el patrullero frenado en el semáforo que tiene la foto pegada en el vidrio. “Todavía no”, le contestan.
Te estamos buscando
En la Plaza San Martin reparten la foto de Araceli Fulles y un número de contacto. Los carteles claman: “Viva la queremos”, “Te estamos buscando”, “Seguimos luchando”. Las mujeres sostienen banderas que dicen “Aparición con vida YA”.
El grito es urgente. Araceli está desaparecida desde hace dieciocho días.
La familia realizó la denuncia en la Comisaría 5ta.de Billinghurst. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de San Martín y la fiscal es Graciela López Pereyra.
Las recientes novedades fueron el hallazgo de una pulsera y una cartera en los rastrillajes cercanos a la Villa 9 de Julio. La familia descartó que las pertenencias sean de Araceli, pero dentro de la cartera había un papel escrito con su letra.
Marcelo, su hermano mayor, dijo a lavaca: “Yo creo que ahora están haciendo el trabajo como corresponde”.
¿Qué respuesta le dio la fiscal con respecto a su labor?
“La respuesta que me dio es que yo ahora puedo ir a sacarle fotocopia al legajo y puedo investigar qué están haciendo”.
Investigar si investigan.
En medio de la entrevista Marcelo se quiebra en llanto. No puede seguir hablando. Los familiares se abrazan y contienen unos a otros. La gente que los rodea comienza a aplaudir y a corear el nombre de Araceli.
La acción en Plaza San Martin es la última de muchas que viene sosteniendo la familia. Desde el primer día salieron a buscarla. El Estado, en cambio, no da respuestas.
“Son todas hipótesis. Nos están marcando diferentes lugares, pero no hay nada concreto”, dice a lavaca Andres, otro de los hermanos.
Y se aferran al celular en el que reciben los llamados porque, como dijo Mónica, mamá de Araceli, en un comunicado: “No puede ser que a Araceli se la haya tragado la tierra”.
Voces de mujeres
Ofelia es de Villa La Rana, uno de los barrios en los que se hizo operativos de búsqueda. “Fue la policía, entraron a casas, pero nada”, dice.
¿Qué pasa en el barrio?
“Hay una realidad: hay un montón de violencia y la justicia no hace nada. Estamos desprotegidos totalmente. Estas cosas en el barrio están, lo que no está presente es el Estado, la comisaria y la justicia”.
Silvia suma su mirada: “Acá hay una red de complicidades que, lamentablemente, se van dando en distintos casos. El problema es que hay mucho miedo en los vecinos del barrio. Algunos dicen haberla visto, pero hay mucho miedo de ir a declarar porque los que son testigos protegidos, a la hora del juicio oral terminan teniendo que poner la cara y la experiencia con la justicia acá no es buena”. Y agrega: “La realidad es que muchas veces en el barrio la seguridad, incluso de las compañeras que sufren violencia machista, no la hace la policía: la hacen los propios narcos. Entonces, si para que se respete a una mujer hay que ir a buscar al tranza del barrio estamos en problemas”.
Sentada está una repartidora de una marca de cerveza, estar en la calle le da una visión estratégica: “Está muy peligrosa, hay muchas mafias”.
¿Qué hacemos?
“Hablar mucho con los chicos. Soy madre de cuatro chicos -dos varones y dos nenas-, todos adolescentes. Les hablo mucho, trato que se vuelquen a la música, al arte, para que ellos se puedan desenvolver como persona”.
Silvia reza: “Sólo le pido a Dios que Araceli aparezca con vida”.
COMUNICADO DE ATE COMARCA ANDINA
El Bolsón (ANPP).- Compartimos el comunicado enviado a nuestra redacción:
http://comarcaandina.ate.org. ar/nota-ab.asp?id=8698
Lamentamos informar que ha fallecido nuestra compañera de conducción Carolina Canellas, después de dar una larga y dura batalla a su enfermedad.
Carito nos deja su ejemplo de lucha incansable, siempre acompañada por su sonrisa.
Acompañamos y abrazamos a su padre, su hermana y sus hijas Paloma y Jazmín.
Estarás presente junto a nosotros en cada lucha!
Luciano Taladriz
Prensa ATE-CTA
Comarca Andina
Lamentamos informar que ha fallecido nuestra compañera de conducción Carolina Canellas, después de dar una larga y dura batalla a su enfermedad.
Carito nos deja su ejemplo de lucha incansable, siempre acompañada por su sonrisa.
Acompañamos y abrazamos a su padre, su hermana y sus hijas Paloma y Jazmín.
Estarás presente junto a nosotros en cada lucha!
Luciano Taladriz
Prensa ATE-CTA
Comarca Andina
ATE
SECCIONAL COMARCA ANDINA
TE 0294 4471309
TE 0294 4471309
"FORTALECER EL ESTADO PARA LIBERAR LA NACIÓN"
COMUNICADO DE ATECH NOROESTE
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el siguiente comunicado:
A L@S DOCENTES:
--
A L@S DOCENTES:
Conforme
a lo que hemos definido en estos días, en reuniones de afiliados y
encuentros multitudinarios (como durante el PARO del día 6 y el del 11
de abril) hemos encarado algunas acciones.
Recorrimos
escuelas y llevamos adelante visitas a lugares como Cholila, El Maitén,
Epuyén, Zona Rural, etc. Fomentamos elecciones de delegad@s donde no
los había y continuamos en contacto con el sindicato a nivel provincial y
regionales.
La
demanda de l@s compañer@s se centra en la necesidad de acercar a TODOS
los parajes y pueblos los motivos del reclamo y la lucha docente. En la
búsqueda de ese encuentro con la comunidad es que nos sumamos a la PEÑA
SOLIDARIA que organizan l@s docentes y la Asoc. Cooperadora de la
Escuela 109 (para esto invitamos a sumarse a la organización).
La
paritaria a nivel provincial se encuentra SIN CONVOCATORIA siendo que
lo último que se trabajó en lo salarial fue el rechazo a un aumento del
16,6% en 2 cuotas (que significaban algo más que $900 de bolsillo en 2
cuotas).
PARA
CONVERSAR SOBRE TODOS ESTOS TEMAS, ADEMÁS DE LAS VISITAS QUE ESTAMOS
REALIZANDO, CONVOCAMOS A L@S DELEGAD@S A REUNIÓN PARA EL DÍA JUEVES 20
DE ABRIL A LAS 11 HS EN LA SEDE SINDICAL DE RUTA 16 KM 10.
nota: Respecto al PARO NACIONAL que declaró para mañana desde ATE, tenemos para decir que NOS SOLIDARIZAMOS COMO SIEMPRE HEMOS HECHO CON L@S TRABAJADOR@S ESTATALES EN SU RECLAMO por
el Cese de los despidos, la reincorporación de cesantead@s, el fin de
la precariedad en los empleos del estado y la paritaria sin
condicionamientos. SI BIEN NO EXISTE CONVOCATORIA A PARO DOCENTE, los
compañer@s que entiendan que desean apoyar el reclamo con PARO tienen la
libertad y el derecho de hacerlo.
0294 - 4499 - 791
0294 - 154 - 67 77 66
ARGUMENTOS PARA RECHAZAR LA REFORMA A LA LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA
Buenos Aires 17 de abril (APL).-
2.Viola el principio de competencias legislativas del Congreso Nacional, la ley de ejecución penal es complementaria al código penal, regula el contenido de la pena, es decir es una función constitucionalmente reconocida al Congreso Nacional legislar sobre la materia por el art. 75 inc.15. No obstante el proyecto regula aspectos procesales ajenos al cuerpo normativo de fondo.
Esto se inscribe en la discusión que se ha suscitado entre una doctrina minoritaria (a la que evidentemente adhiere el proyecto) que interpreta que la ley de ejecución penal es una ley local y una doctrina mayoritaria (que es la que además viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia y es conteste con el principio según el cual la materia penal queda reservada al Congreso, y que la ley de ejecución penal es una ley de fondo y no de procedimiento.
3. El proyecto viola el principio de progresividad en tanto impone condiciones más gravosas en la ejecución de la pena y al ejercicio de derechos constitucionalmente consagrados que no pueden ser limitados o restringidos por medio de leyes de jerarquía inferior.
4. Amplía injustificada e inadecuadamente las facultades administrativas del
Deriva a su vez en un reglamentarismo que excede el ámbito de aplicación que se propone una norma de estas características, poniendo obstáculos a vencer a las personas privadas de la libertad para acceder a la progresividad de la ejecución, sin reconocer herramientas de reclamo de sus derechos y vías de queja.
5. Restringe la garantía del control judicial permanente de la ejecución de la pena, fortaleciendo potestades indebidas en el poder administrador, lo cual va en contra de la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consolidada en nuestro país como el antecedente de la Corte Suprema “Romero Cacharane” entre muchos otros.
6. Vulnera los principios de progresividad en la ejecución de la pena y de inocencia al sujetar la concesión de las salidas transitorias y cumplimiento de etapas de la resocialización a la valoración de que la persona se encuentre sujeta a un nuevo proceso, sin que haya condena ya que en ese caso no importaría el esfuerzo personal de una persona detenida, su evolución en el tratamiento penitenciario, ni las calificaciones de conducta y concepto que alcance con base en su comportamiento intramuros.
Tampoco puede restringirse o supeditarse la libertad según la disponibilidad de dispositivos electrónicos o a una evaluación de equipos de trabajo infundadas sobre el futuro que nadie puede conocer con antelación y menos ello ser utilizado en contra de una persona.
Cuestiones específicas
Los problemas más concretos y puntuales que vemos en el marco de esta reforma.
1. Mayores requisitos para la progresividad de la ejecución de la pena: en tiempo, evaluaciones de órganos administrativos y yuxtaposiciones de intervenciones de equipos interdisciplinarios que tornan más engorroso el procedimiento. Esta superproducción de informes técnicos redunda en indefinición de plazos en la resolución de las peticiones y un aumento desmedido de trámites burocráticos.
2. Se traduce en una militarización o fortalecimiento de las áreas de seguridad (bajo el concepto de custodia y represión) por sobre las áreas de profesionales de la salud, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, programas de empleo genuino, oficios. Es decir, es el fortalecimiento de la faz represiva por sobre la resocializadora.
Asimismo, se pone a trabajar a los cuerpos técnicos en funciones dictaminadoras, en desmedro de un rol activo en la concreción de los derechos de las personas privadas de la libertad, la creación de condiciones particulares para lograr el pleno ejercicio de derechos que los internos avancen en los objetivos resocializadores y en consecuencia, que el objetivo de la ley de ejecución penal se cumpla.
3. La única forma de reducir estos efectos negativos de la carcel es mediante mecanismos de desprisionización, y que deben producirse bajo el criterio de
Desde la Red de Cooperativas de Liberadxs y
organizaciones sociales en contextos de encierro queremos manifestar
nuestro repudio al proyecto en debate que pretende modificar
parcialmente la Ley 24.660, por ser contrario a principios
constitucionales, normativa internacional, y por violentar el fin de la
ley de ejecución penal que como dice su artículo 1° es la reinserción
social. El proyecto se discute sin contar con un diagnóstico adecuado y
sin la participación pertinente en el debate
de la sociedad civil, en particular las propias personas privadas de su
libertad, de organismos estatales, la comunidad académica y otras
organizaciones sociales y asociaciones civiles afines. En adición,
propone una reforma parcial de la Ley de Ejecución
Penal desconociendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado
argentino, cuyo incumplimiento puede acarrear la responsabilidad
internacional. Por su tratamiento, impide un debate integral y profundo
de la aplicación y ejecución de penas e, incluso,
contraría principios receptados en la discusión en torno a la reforma
del Servicio Penitenciario Federal que no pueden ser eludidos. (Ver
argumtos detallados más abajo)
Cuestiones generales
1. Es inconstitucional porque viola el principio de resocialización (único fundamento de la pena en nuestro orden constitucional) y de legalidad, fortaleciendo las potestades del poder administrador en la definición de libertades básicas que afectan derechos reconocidos ampliamente por todos los tratados a los que Argentina suscribió (libertad ambulatoria, derechos laborales, derecho y protección de la familia y de resocialización).
1. Es inconstitucional porque viola el principio de resocialización (único fundamento de la pena en nuestro orden constitucional) y de legalidad, fortaleciendo las potestades del poder administrador en la definición de libertades básicas que afectan derechos reconocidos ampliamente por todos los tratados a los que Argentina suscribió (libertad ambulatoria, derechos laborales, derecho y protección de la familia y de resocialización).
No recepta las consolidadas y recientemente denominadas reglas de
Mandela inobservando que en la Declaración de Doha sobre la Integración
de la Prevención del Delito y la Justicia Penal se recomienda a los
Estados Miembros que continúen procurando limitar
el hacinamiento en las cárceles y, cuando proceda, recurran a medidas
no privativas de libertad como alternativa a la prisión preventiva,
promoviendo un mayor acceso a mecanismos de administración de justicia y
de asistencia letrada, reforzando las medidas
sustitutivas del encarcelamiento y apoyando los programas de
rehabilitación y reinserción social. A su vez, agrava ilegítimamente las
condiciones de detención de las personas privadas de su libertad.
2.Viola el principio de competencias legislativas del Congreso Nacional, la ley de ejecución penal es complementaria al código penal, regula el contenido de la pena, es decir es una función constitucionalmente reconocida al Congreso Nacional legislar sobre la materia por el art. 75 inc.15. No obstante el proyecto regula aspectos procesales ajenos al cuerpo normativo de fondo.
Esto se inscribe en la discusión que se ha suscitado entre una doctrina minoritaria (a la que evidentemente adhiere el proyecto) que interpreta que la ley de ejecución penal es una ley local y una doctrina mayoritaria (que es la que además viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia y es conteste con el principio según el cual la materia penal queda reservada al Congreso, y que la ley de ejecución penal es una ley de fondo y no de procedimiento.
3. El proyecto viola el principio de progresividad en tanto impone condiciones más gravosas en la ejecución de la pena y al ejercicio de derechos constitucionalmente consagrados que no pueden ser limitados o restringidos por medio de leyes de jerarquía inferior.
4. Amplía injustificada e inadecuadamente las facultades administrativas del
servicio penitenciario favoreciendo el gobierno de la cárcel de
manera arbitraria y discrecional a la voluntad administrativa mediante
el uso del sistema de premios y castigos, que no es otra cosa que la
restricción abusiva del ejercicio de derechos.
Ello se potencia, a su vez, a través de la utilización de términos vagos o imprecisos poniendo en jaque el principio de legalidad y la certeza jurídica.
Ello se potencia, a su vez, a través de la utilización de términos vagos o imprecisos poniendo en jaque el principio de legalidad y la certeza jurídica.
Deriva a su vez en un reglamentarismo que excede el ámbito de aplicación que se propone una norma de estas características, poniendo obstáculos a vencer a las personas privadas de la libertad para acceder a la progresividad de la ejecución, sin reconocer herramientas de reclamo de sus derechos y vías de queja.
5. Restringe la garantía del control judicial permanente de la ejecución de la pena, fortaleciendo potestades indebidas en el poder administrador, lo cual va en contra de la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consolidada en nuestro país como el antecedente de la Corte Suprema “Romero Cacharane” entre muchos otros.
6. Vulnera los principios de progresividad en la ejecución de la pena y de inocencia al sujetar la concesión de las salidas transitorias y cumplimiento de etapas de la resocialización a la valoración de que la persona se encuentre sujeta a un nuevo proceso, sin que haya condena ya que en ese caso no importaría el esfuerzo personal de una persona detenida, su evolución en el tratamiento penitenciario, ni las calificaciones de conducta y concepto que alcance con base en su comportamiento intramuros.
Tampoco puede restringirse o supeditarse la libertad según la disponibilidad de dispositivos electrónicos o a una evaluación de equipos de trabajo infundadas sobre el futuro que nadie puede conocer con antelación y menos ello ser utilizado en contra de una persona.
Cuestiones específicas
Los problemas más concretos y puntuales que vemos en el marco de esta reforma.
1. Mayores requisitos para la progresividad de la ejecución de la pena: en tiempo, evaluaciones de órganos administrativos y yuxtaposiciones de intervenciones de equipos interdisciplinarios que tornan más engorroso el procedimiento. Esta superproducción de informes técnicos redunda en indefinición de plazos en la resolución de las peticiones y un aumento desmedido de trámites burocráticos.
2. Se traduce en una militarización o fortalecimiento de las áreas de seguridad (bajo el concepto de custodia y represión) por sobre las áreas de profesionales de la salud, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, programas de empleo genuino, oficios. Es decir, es el fortalecimiento de la faz represiva por sobre la resocializadora.
Asimismo, se pone a trabajar a los cuerpos técnicos en funciones dictaminadoras, en desmedro de un rol activo en la concreción de los derechos de las personas privadas de la libertad, la creación de condiciones particulares para lograr el pleno ejercicio de derechos que los internos avancen en los objetivos resocializadores y en consecuencia, que el objetivo de la ley de ejecución penal se cumpla.
3. La única forma de reducir estos efectos negativos de la carcel es mediante mecanismos de desprisionización, y que deben producirse bajo el criterio de
promoción de la libertad, criterio contenido en la ley vigente y que
el texto proyectado desnaturaliza, haciendo de la ejecución de la pena
compartimientos estancos.
Las formas de desprisionización son la correcta aplicación y consecuente reducción del uso de la prisión preventiva (recomendada por todos los órganos internacionales que orbitan en nuestro orden internacional), la implementación de medidas no privativas de la libertad, la efectivización del menor tiempo que proceda en centros de máxima seguridad, favorecimiento de modalidades de semilibertad y confianza en el autogobierno (salidas transitorias, libertades anticipadas).
4. Inconstitucionalidad de ampliación de requisitos para la evolución en las etapas de la progresividad: la ampliación del elenco de delitos para los cuales lisa y llanamente se establece la improcedencia de salidas anticipadas, advertimos que se vincula con fortalecimiento de la prisionización y recae sobre tipos penales sensibles al sistema punitivo, especialmente a los delitos contra la propiedad que de alta incidencia de prisionización en el país.
Y si bien el proyecto presenta una serie de normas relativas a las penas en la función pública, sabemos claramente que sea por las dificultades en la investigación o por connivencia, los presos por delitos relacionados con la corrupción, no sólo no abundan en el sistema penitenciario, mientras que los delitos que sí llenan las cárceles y que se relacionan con delitos contra la propiedad, generalmente vinculados a problemáticas sociales más amplias que la “conducta desviada” y que se vinculan a los procesos de ajuste en las economías y déficit de las políticas públicas, particularmente las políticas de empleo.
Según la SNEEP la incidencia de los delitos de la propiedad (robo, hurto y otros delitos contra la propiedad), dan un 44% a nivel nacional y 39% para el sistema federal exclusivamente.
La jurisprudencia se expresó respecto de la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24.660, en cuanto veda la concesión de salidas transitorias para determinados delitos, es inconstitucional porque vulnera los principios constitucionales de igualdad ante la ley, razonabilidad de los actos republicanos de gobierno, el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y el sistema progresivo para la consecución del fin preventivo.
Si el interés está en dar respuesta a la problemática de la reincidencia, consideramos que deben ser tratados con urgencia en la comisión dos proyectos ingresados recientemente que operan en el nudo de la problemática de reinserción: uno referido a la modificación de art. 64 de ley de cooperativas que en la actualidad impide a las personas que registren antecedentes penales integren cooperativas, que en muchos casos son la única opción laboral que encuentran los liberados para sustentar sus proyectos vitales y sostener a sus familias y la otra es la ley de cupo laboral, ambos proyectos operan en el sentido de reconocer en las personas privadas de la libertad a trabajadores y trabajadoras, en muchos casos desocupadas o precarizados, es a través del trabajo genuino que vamos contribuir al objetivo de reducción de la reincidencia, además de las otras necesarias reformas de las que es susceptible la ley actual, que ameritan un amplio debate que integre a todos los órganos estatales (defensoría oficial, procuración penitenciaria, Procuvin, defensor del pueblo), organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y sociales que trabajan con la población y asimismo, debe abrirse el debate a la realidad de cada una de las provincias.
Por todo lo expuesto, solicitamos se rechace el proyecto en debate en los términos planteados.
Las formas de desprisionización son la correcta aplicación y consecuente reducción del uso de la prisión preventiva (recomendada por todos los órganos internacionales que orbitan en nuestro orden internacional), la implementación de medidas no privativas de la libertad, la efectivización del menor tiempo que proceda en centros de máxima seguridad, favorecimiento de modalidades de semilibertad y confianza en el autogobierno (salidas transitorias, libertades anticipadas).
4. Inconstitucionalidad de ampliación de requisitos para la evolución en las etapas de la progresividad: la ampliación del elenco de delitos para los cuales lisa y llanamente se establece la improcedencia de salidas anticipadas, advertimos que se vincula con fortalecimiento de la prisionización y recae sobre tipos penales sensibles al sistema punitivo, especialmente a los delitos contra la propiedad que de alta incidencia de prisionización en el país.
Y si bien el proyecto presenta una serie de normas relativas a las penas en la función pública, sabemos claramente que sea por las dificultades en la investigación o por connivencia, los presos por delitos relacionados con la corrupción, no sólo no abundan en el sistema penitenciario, mientras que los delitos que sí llenan las cárceles y que se relacionan con delitos contra la propiedad, generalmente vinculados a problemáticas sociales más amplias que la “conducta desviada” y que se vinculan a los procesos de ajuste en las economías y déficit de las políticas públicas, particularmente las políticas de empleo.
Según la SNEEP la incidencia de los delitos de la propiedad (robo, hurto y otros delitos contra la propiedad), dan un 44% a nivel nacional y 39% para el sistema federal exclusivamente.
La jurisprudencia se expresó respecto de la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24.660, en cuanto veda la concesión de salidas transitorias para determinados delitos, es inconstitucional porque vulnera los principios constitucionales de igualdad ante la ley, razonabilidad de los actos republicanos de gobierno, el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y el sistema progresivo para la consecución del fin preventivo.
Si el interés está en dar respuesta a la problemática de la reincidencia, consideramos que deben ser tratados con urgencia en la comisión dos proyectos ingresados recientemente que operan en el nudo de la problemática de reinserción: uno referido a la modificación de art. 64 de ley de cooperativas que en la actualidad impide a las personas que registren antecedentes penales integren cooperativas, que en muchos casos son la única opción laboral que encuentran los liberados para sustentar sus proyectos vitales y sostener a sus familias y la otra es la ley de cupo laboral, ambos proyectos operan en el sentido de reconocer en las personas privadas de la libertad a trabajadores y trabajadoras, en muchos casos desocupadas o precarizados, es a través del trabajo genuino que vamos contribuir al objetivo de reducción de la reincidencia, además de las otras necesarias reformas de las que es susceptible la ley actual, que ameritan un amplio debate que integre a todos los órganos estatales (defensoría oficial, procuración penitenciaria, Procuvin, defensor del pueblo), organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y sociales que trabajan con la población y asimismo, debe abrirse el debate a la realidad de cada una de las provincias.
Por todo lo expuesto, solicitamos se rechace el proyecto en debate en los términos planteados.
lunes, 17 de abril de 2017
COMUNICADO DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE ÁREA EL BOLSÓN
El Bolsón (ANPP).- Compartimos el siguiente afiche enviado a nuestra redacción por trabajadores del Hospital de Área El Bolsón:
Acusaron de asesinos
Trabajadores del Hospital de Área El Bolsón decimos a quienes:
Acusaron de asesinos
Hicieron marchas para denostar el Hospital Local
Buscaron romper la confianza en la Institución
Rompieron el trabajo participativo
Utilizaron POLITICAMENTE el dolor de una familia sin dar la cara
Destituyeron las autoridades
HOY LA JUSTICIA DICE “SOBRESEIMIENTO TOTAL…..SOBRE INVESTIGACION MUERTE DE CAUSA DUDOSA…..
GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS APOYARON Y ABRAZARON CON NOSOTROS EL HOSPITAL.
GRACIAS A LOS QUE SIGUEN CONFIANDO EN LA INSTITUCIÓN.
Compañeros de los que vieron afectados su buen nombre y honor, intentan con orgullo reivindicar su labor. Octubre 2015 - Abril 2017
CÓRDOBA: FRENTE A LA INSTALACIÓN DEL PLAN COLOMBIA, NOS ORGANIZAMOS
El Bolsón (ANPP).-La ciudad de Córdoba ha sido el experimento argentino del "Plan Colombia". Sin embargo, y más allá de haber tenido efectividad o no, lo que sí es cierto es que la comunidad, sus organizaciones de base, se han puesto de pie y vienen batallando desde diferentes frentes. El frente comunicacional es muy significativo, porque es el que ha servido para alertar a otras regiones de nuestro país, pero también ha sido herramienta de organización y lucha.
"La Marcha de la Gorra", marcha que hoy se realiza en varias partes del país, y que pone al ejecutor del Plan Colombia en el taburete de acusado, ha logrado visibilizar a nivel nacional la aplicación de Codigos Contravencionales, como una herramienta anticonstitucional de aplicación de la represión, en la que la policía detiene, juzga y encarcela por el sólo aspecto de una persona.
El arduo trabajo en red de estas organizaciones se pone de manifiesto en ocasiones como esta, donde desde todo el país llegan a realizar actividades como la del día de hoy, en que comienza el juicio por el asesinato de David Moreno, en el contexto de la represión de diciembre de 2001. Una represión que en nuestro país quedará en la memoria, porque desbordó hasta a quienes intentaron hacerla propia como estrategia opositora a un gobierno ciertamente antipopular. Una represión desmedida a nuestra historia (no por ejemplo a la de Colombia) frente a un pueblo que salió a la calle masivamente para poner fin a un mandato, pero que reclamaba un cambio estructural en el sistema político -situación que puso muy nerviosos a varios- con la consigna de "que se vayan todos".
El Plan Colombia, es la continuacción de La Escuela de las Américas. En La Escuela de las Américas, Estados Unidos adiestró a militares de toda América para ejecutar dictaduras que permitieran la implantación del neoliberalismo y ensayaran diferentes formas de represión y dominación del pueblo.
Luego del cierre de esta escuela en Panamá (lugar donde se asesinó a varios millones de personas), Estados Unidos creó una nueva estrategia que viene perfeccionando en Colombia y que lleva el nombre, justamente de PLAN COLOMBIA. Allí ya no se adiestran militares, sino policías y gobernantes. Con la aplicación de Códigos Contravencionales, partidos ceocráticos, medios de comunicación que trabajan finamente creando "sentidos comunes" que ponen a la clase obrera en contra de sí misma, diabolizando sindicatos y organizaciones de izquierdas, creando un sentido de la historia determinista; llevando todo accionar posible por parte de la población a la esfera de las ONGs, y de organizaciones totalmente controladas y vigiladas.
Desde varias de las organizaciones y colectivos de comunicación popular se realizará una transmisión especial durante diferentes momentos de esta jornada. Las mismas se podrán seguir desde las páginas web y de facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y varias de las emisoras que se sumarán a la misma.
"La Marcha de la Gorra", marcha que hoy se realiza en varias partes del país, y que pone al ejecutor del Plan Colombia en el taburete de acusado, ha logrado visibilizar a nivel nacional la aplicación de Codigos Contravencionales, como una herramienta anticonstitucional de aplicación de la represión, en la que la policía detiene, juzga y encarcela por el sólo aspecto de una persona.
El arduo trabajo en red de estas organizaciones se pone de manifiesto en ocasiones como esta, donde desde todo el país llegan a realizar actividades como la del día de hoy, en que comienza el juicio por el asesinato de David Moreno, en el contexto de la represión de diciembre de 2001. Una represión que en nuestro país quedará en la memoria, porque desbordó hasta a quienes intentaron hacerla propia como estrategia opositora a un gobierno ciertamente antipopular. Una represión desmedida a nuestra historia (no por ejemplo a la de Colombia) frente a un pueblo que salió a la calle masivamente para poner fin a un mandato, pero que reclamaba un cambio estructural en el sistema político -situación que puso muy nerviosos a varios- con la consigna de "que se vayan todos".
El Plan Colombia, es la continuacción de La Escuela de las Américas. En La Escuela de las Américas, Estados Unidos adiestró a militares de toda América para ejecutar dictaduras que permitieran la implantación del neoliberalismo y ensayaran diferentes formas de represión y dominación del pueblo.
Luego del cierre de esta escuela en Panamá (lugar donde se asesinó a varios millones de personas), Estados Unidos creó una nueva estrategia que viene perfeccionando en Colombia y que lleva el nombre, justamente de PLAN COLOMBIA. Allí ya no se adiestran militares, sino policías y gobernantes. Con la aplicación de Códigos Contravencionales, partidos ceocráticos, medios de comunicación que trabajan finamente creando "sentidos comunes" que ponen a la clase obrera en contra de sí misma, diabolizando sindicatos y organizaciones de izquierdas, creando un sentido de la historia determinista; llevando todo accionar posible por parte de la población a la esfera de las ONGs, y de organizaciones totalmente controladas y vigiladas.
Desde varias de las organizaciones y colectivos de comunicación popular se realizará una transmisión especial durante diferentes momentos de esta jornada. Las mismas se podrán seguir desde las páginas web y de facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y varias de las emisoras que se sumarán a la misma.
domingo, 16 de abril de 2017
EDITORIAL: EMPEZANDO A TEJER DE OTRO MODO, LA LUCHA CONTRA EL PATRIARCADO.
El Bolsón (ANPP).-Editorial de la Agrupación Rojinegra:
En
los últimos días se han escuchado discursos e incluso se han tomado
medidas que ponen el foco del problema de los femicidios en el
endurecimiento de las penas y el recorte de derechos hacia quienes están
presos por este tipo de delitos. Ante el estado de shock social que
provoca un femicidio como el de Micaela y otros casos de desapariciones
de mujeres (como el de Araceli Fulles en la misma semana); se alzan
rápidamente las voces de quienes piden más y peores penas. Y Es con la misma lógica que aparecen
también quienes propugnan discursos moralistas, culpabilizando ciertos
comportamientos "socialmente inadecuados" de las mujeres; que
supuestamente atraerían o provocarían el acecho de los varones, las
violaciones y las muertes.
Paradójicamente
el papá de Micaela García, la joven víctima de femicidio en la ciudad
de Gualeguay; declaró que había que enfocar el problema en “el sistema” y
no tanto en un juez determinado,y que había que “seguir luchando por
las mismas cosas que luchaba Micaela”. Los medios buscaban una
declaración desgarradora y de odio a los violadores, pero encontraron un
padre capaz de comprender un poco más allá del dolor, que pudo
transmitir un mensaje esperanzador.
Es decir, tenemos por un lado el uso mediático de este un
tema y por otro las declaraciones de un padre lúcido que no impulsa la
venganza ni la pena de muerte. Porque si contextualizamos un poco esto,
tenemos un gobierno que promueve medidas de endurecimiento de penas,
mayor control social, represión a los trabajadores y que por otro lado
vacía programas de ESI (educación sexual integral) y quita presupuesto a
áreas estatales que tienen que ver con la prevención de la violencia de
género. Entonces, en realidad poco le importa al
gobierno ir por el camino de educar, hoy vemos que se elige condenar , reprimir, invisibilizar. Esta lógica sigue dejando a las mujeres desprotegidas, victimizándolas más aún, cuando son víctimas de violencia de género,
tanto sea de golpes, abusos físicos, psicológicos y económicos. Una vez
más, proponiéndonos una realidad intocable, intransformable. Un
determinismo, que nos inducen a aceptar pasivamente.
EL
fortalecimiento de las redes solidarias entre las mujeres, la práctica
de la autodefensa tanto física como psicológica y las políticas
pedagógicas que desenmascaran al patriarcado y educan en la diversidad
desde pequeños; son otros caminos posibles, más efectivos, sanos y
liberadores. Por ello quizá será, que ciertos gobiernos prefieren seguir
exacerbando lo peor del sistema patriarcal, es decir prefieren gente
miedosa y sumisa para poder tomar las medidas tanto en lo económico,
político y social que no podrían tomar con gente más despierta, crítica,
luchadora y esperanzada.
Lo
han demostrado los colectivos feministas, y las organizaciones de
mujeres en general. El camino no es sólo la punición, sino la educación
desde pequeños/as, pero también el fortalecimiento de las mismas
mujeres, que comienzan a ver y a creer que otra forma de vivir es
posible y que los lazos con otras son de vital importancia para este
proceso. Justamente el miedo y el encierro es lo que nos paraliza.
Dejando el miedo de lado, practicando la autodefensa y construyendo empoderamiento podremos transformar el sistema patriarcal, en el que el macho es el que tiene la fuerza, el poder y las armas.
Juntxs podemos construir un mundo nuevo. El Feminismo no es sólo el antipatriacado, es igualdad, encuentro, resistencia, denuncia y trasformación.
Para
cambiar el orden patriarcal necesitamos destruir la colonialidad que
nos constituye y empezar a tejer los vínculos de otro modo, recuperando
los sueños de todas las mujeres que lucharon por esto.
NOCHES DE LOS BASTONES LARGOS EN JUJUY
Bs As 14 de abril de 2017(Agencia para La libertad).-
Los estudiantes se encontraban en la facultad, con autorización del
decano, realizando un tradicional agasajo a sus compañeros ingresantes,
cuando un operativo de la policía provincial ingresó de manera ilegal al
predio de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la UNJu y detuvo a dos alumnos.
Recordemos que es la segunda vez que la policía jujeña irrumpe en los establecimientos de la universidad para llevarse a alguien preso, ya que el año pasado ya habían ingresado a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Aunque los estudiantes fueron liberados rápidamente, tanto el hecho como la forma en que se llevo adelante, demuestran un acto de hostigamiento y represión con aquellos que sean capaces de organizarse para enfrentar al gobierno provincial y nacional.
Hoy fue el turno de dirigentes estudiantiles, pero el Gobierno de Gerardo Morales, amparado en el código contravencional reprime y coarta las libertades de todos aquellos que pretendan oponerse a su plan de ajuste.
Por Fernanda Callejón
(APL) En un acto de “impunidad total”, como lo caratularon los alumnos y testigos de del hecho, en la madrugada de este jueves la policía ingresó a la Universidad Nacional de Jujuy y se llevó detenido al Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias Joaquín Quispe junto a otro alumno, Ignacio García, violando así la autonomía universitaria, en un hecho que evoca la “noche de los bastones largos” de la dictadura de Onganía en los años 60. Ambos estudiantes ya recuperaron su libertad.Recordemos que es la segunda vez que la policía jujeña irrumpe en los establecimientos de la universidad para llevarse a alguien preso, ya que el año pasado ya habían ingresado a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Aunque los estudiantes fueron liberados rápidamente, tanto el hecho como la forma en que se llevo adelante, demuestran un acto de hostigamiento y represión con aquellos que sean capaces de organizarse para enfrentar al gobierno provincial y nacional.
Hoy fue el turno de dirigentes estudiantiles, pero el Gobierno de Gerardo Morales, amparado en el código contravencional reprime y coarta las libertades de todos aquellos que pretendan oponerse a su plan de ajuste.
miércoles, 12 de abril de 2017
A 20 AÑOS DEL AESINATO DE TERESA RODRIGUEZ
(Viento del Sur).-
Dos abriles. La misma sangre nuestra y el mismo fuego de ellos.
.
La
década del 90 presentó una situación por demás adversa para las
apuestas de transformación radical de la sociedad y puso sobre el
tablero un inmenso desafío: enfrentarse tanto a un enemigo poderoso que
había logrado imponerse a escala global, como al estigma del fracaso (y
no sólo la derrota) de las políticas revolucionarias del siglo. Como ha
destacado Perry Anderson, a mediados de los años noventa “reinaban en
casi todos los países latinoamericanos versiones criollas del
neoliberalismo norteamericano, instaladas o apoyadas por Washington: los
gobiernos de Carlos S. Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú,
Fernando Enrique Cardoso en Brasil, Salinas de Gortari en México,
Sánchez de Losada en Bolivia, etcétera”. En este contexto,
aparentemente, “los movimientos sociales que quisieran legitimarse
tendrían que asumir esa realidad, es decir, promover sus intereses
particulares sin alterar el orden universal
de la democracia liberal. En otras palabras, la revolución en el sentido
de cambio social radical ligado a la lucha de las clases subalternas,
era despojada del marco conceptual de la política entendida como el arte de lo posible”.
De allí que la irrupción de los Movimientos de Trabajadores Desocupados
y su consigna de Trabajo-Dignidad-Cambio Social vinieran a “patear el
tablero” en nuestro país. Aunque no sólo en él. También en otros sitios
de Nuestra América se desarrolló un conjunto de movimientos sociales más
radicales. Como bien insiste Anderson, “allí se encuentran desde los
zapatistas en México y los integrantes del Movimiento Sin Tierra (MST9
en Brasil, a los cocaleros y mineros de Bolivia, los piqueteros de
Argentina, los huelguistas de Perú, el bloque indígena de Ecuador, y
tantos otros. Esta constelación dota al frente de resistencia de un
repertorio de tácticas y acciones, y de un potencial estratégico,
superior a cualquier otra parte del mundo”.
En nuestro caso, desde que los pobladores
de la sureña localidad de Cutral Có se levantaron (y provocaron aquel
formidable “efecto contagio” que llevó a que la mayoría de las
provincias del país se encontraran con sus rutas bloqueadas) a hoy,
hemos transitado ya más de 20 años. Dos décadas en la que pasaron
demasiadas cosas. Lo fundamental: el ciclo de luchas que se inicia a
partir de entonces y se extiende de manera casi ininterrumpida hasta el
2003. Su pico más alto: las jornadas del 19/20 de diciembre de 2001. Su
quiebre más trágico: la Masacre de Avellaneda.
Existe la discusión de si fue Cutral Có
el punto de quiebre o si, por el contrario, estas puebladas se inscriben
en un proceso que arranca unos años antes. Es difícil tratar de
periodizar, clasificar los procesos sociales, las luchas populares. Es
cierto, hay antecedentes importantes antes de Cutral Có. En septiembre
de 1992, cerca de 200 obreros textiles despedidos cortaron la ruta en
Trelew, quemando neumáticos. En 1993, en Senillosa, a unos 20 km de la
ciudad de Neuquén, un grupo de obreros que habían sido despedidos de la
obra de Piedra del Aguila interrumpieron el paso por la ruta 22. En
marzo de 1994 apareció en Puerto Madryn la primera organización
exclusivamente de desempleados (el Movimiento de Trabajadores
Desocupados), constituida por ex trabajadores portuarios, pesqueros y de
las industrias textiles y metalúrgicas. Sin embargo, de este MTD sólo
quedó la sigla.
También está el Santiagazo, en diciembre
de 1993. Y en 1994 la Marcha Federal. Y el 24 de marzo de 1996 la
gigantesca movilización por los 20 años del golpe genocida. Por esa
fecha también ya habían irrumpido los HIJOS con sus escraches.
Sin embargo, Cutral Có, y a partir de
allí el ciclo de luchas que se libran, tiene ese “no sé qué” que permite
articular de otra manera los procesos de organización popular. Tal vez
por eso nos empecinemos en remarcar la importancia de las puebladas.
Porque su aporte a las clases subalternas en la recuperación de la
confianza en sus propias fuerzas, en la valoración de la lucha como
forma de reconquistar los derechos conculcados por las políticas
neoliberales fue central. Y la posibilidad, para los protagonistas de
aquellas jornadas, de recuperar la autoestima tan golpeada, no nos
parece un dato menor. De alguna manera, el método del piquete aportó lo
suyo para hacer visible en Argentina la irrupción de las masas plebeyas.
Porque hay que decirlo: todo eso se visualizó en el centro del país
luego de que la periferia clamara por soluciones urgentes para sus
necesidades más elementales.
En este sentido, cabe traer aquí unas
reflexiones de Pablo Seman. El piquete, nos dice, es un arma sabia:
logra fuerza para los que no tienen casi ninguna. No es por nada,
continúa el antropólogo argentino, que gracias a los piquetes, los
sectores subalternos de Argentina, en su época de mayor debilidad
histórica, consiguieron, a pesar de ello, cambiar la agenda de una
sociedad que tenía por principio ignorar sus demandas.
Si bien “el Estado respondió con
focalizados planes asistenciales” al reclamo de trabajo que nació en la
barricada (políticas gubernamentales destinadas a acallar los reclamos
de los más pobres y anticiparse, frenando a los posibles levantamientos
que, intuían entonces desde la clase política, se avecinaban en un
futuro próximo), surgió sin embargo, a partir de allí, un nuevo proceso
de luchas populares. La tríada “cortes de ruta-asambleas-planes
trabajar” inició un camino que sería recorrido a lo largo y ancho del
país por vastos sectores de la militancia y de nuestro pueblo. Sobre
todo por aquellos que venían realizando una reflexión acerca de los
límites que la lógica de los años anteriores tenía en la construcción
política: volcar los esfuerzos en construir pequeños grupos militantes,
que confluyeran con otros pequeños grupos, en la búsqueda de constituir
el “Partido Revolucionario de la clase”, en el mejor de los casos. En
otros, cobijarse bajo el ala de algún espacio institucional, para
realizar alianzas electorales, que se solían romper al otro día de la
elección, luego de sacar el 0, 2 % de los votos. Y volver a cobijarse
tras el ganador o tras algún perdedor pero “progre” y con posibilidades
de sacar tajada en la próxima.
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