El Bolsón (ANPP).-
La asamblea ordinaria de Coopetel, se desarrolló en la Escuela Hogar de
nuestra ciudad, este sábado 26 a las 13 horas y durando hasta más allá de las 23.
Con el objetivo de entre
otras cosas la elección de tres concejeros titulares y dos suplentes
para reemplazar en el concejo directivo y con una masiva participacion, la asamblea marcó un fuerte mensaje a
quienes pretendieron transformar a la cooperativa en una empresa que
no puede dar pérdidas, entendiendo por estas a la acción solidaria, y en
definitiva cooperativa.
Para arrancar, y en un clima de diálogo cruzado, se plantea votar dos mociones:
1- separar memoria de balance, y se vota por la positiva: 123 por la
negativa: 75 abstenciones: 3. Con estos resultados, luego se votaría
la aprobación o no de ambas pero por separado.
2-Realizar una asamblea extraordinaria dentro de los 3 meses, derivado
del tratamiento de los temas memoria y balance, para evaluar los
convenios con la Fundación Cooperar y los temas en general sobre esta
fundación. Se vota y se aprueba por unanimidad.
De esta manera, a continuación se votó el balance, y todos los
informes económicos. Por la afirmativa en amplia mayoría, 5
abstenciones y ningún voto negativo.
Se vota seguidamente, y con la discusión siempre creciente, la memoria.
Este tema se volvió complejo, ya que el mismo, implica la memoria de
un período que fue llevado adelante por dos concejos directivos
distintos, y con lo cual el último realiza una "interpretación" de la
gestión anterior. En este punto, concretamente, varios asociadosplantearon desacuerdos en esa interpretación. Entrevistados por El Pueblo
TV, referentes de la lista 2 (opositora al actual concejo), planteaban
que la memoria presentada daba cuenta de una gestión desastroza a la que esta última conducción había arreglado casi milagrosamente en sólo dos
meses, logrando un excedente de 54 mil pesos. Para ellos, esto no era
así, el saneamiento de la cooperativa fue obra de la gestion anterior, y
decir que la actual conducción había recibido solamente deudas era una
gran mentira. Los asociados evaluaron los argumentos de unos y otros, y
de hecho la votación fue de 29 abstenciones, 81 por la aprobación, y
106 por la NO aprobación de la memoria, dándole la razón a los planteos
de los asociados de la gestion anterior.
Finalmente, el desempate le dio lugar a un integrante más de la lista 1, quedando los puestos elegidos de la siguiente manera:
Concejeros titulares electos: Facundo Andreasi (lista 2), Juan Carlos Martinez (lista 1), Oscar Dominguez Berri (lista 2)
Concejeros suplentes: Carlos Alvarez (lista 2), Guillermo Tornero (lista 1).
La
lista 1 logró dos puestos y la lista 2 tres. Esta nueva manera de
elegir concejeros, que permite una elección mixta, y en la que solamente
se renueva una parte del concejo, es fruto de la reforma estatutaria
impulsada por la conducción anterior y que tiende a un concejo más
representativo de las minorías.
Mas allá de la eleccion de concejeros, esta desaprobación del balance,
marcada con una postura rígida por parte del presidente Juan Carlos
Martinez, y por Alfredo Carabajal, quienes plantearon terminantemente la
negativa a evaluar cuáles eran los puntos que generaban diferencias
entre los asociados para discutir y corregir eventualmente la memoria,
moción planteada por el reconocido socio Rene Peñas, quien intentaba
proponer una salida razonable a la bochornosa situación.
Este claro mensaje se volvió a ver reflejado en la elección de
concejeros, que de los tres titulares les dio lugar a dos de la lista 2,
opositora a esta conducción, y a uno de los suplentes. El segundo
suplente fue un empate, y debió volver a votarse.
De la lista uno, solamente entró un titular, Juan Carlos Martinez, por diferencia de dos votos.
Martinez, en entrevista con ANPP, comentó que el resultado de estas
elecciones se debía a un "bunker" que se había armado en el municipio y
en otras organizaciones como "asambleas" y UnTER.
Por su parte, referentes de la lista 2 expresaron su alegría por saber
que este mensaje servía para seguir recuperando la cooperativa
en un sentido social y no empresarial.
La asamblea también tuvo un momento emotivo, en el que se brindó un reconocimiento a cuatro empleados que forman parte de Coopetel hace
más de 25 y hasta 31años: Patricia Contreras, Sandra Soto, Flavio Becerra, César
Carter.
Terminada la asamblea, muchas voces podían oirse en sentido encontrados, para unos, la derrota o triunfo pasaba por la elección de concejeros, para otros, el marcado sentido de la misma era ya un avance significativo sobre el sentido del cooperativismo. Nuevos desafíos quedan para los meses que vienen. Sin dudas, la cooperativa ganó en un claro acto de participación.
Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com
domingo, 27 de abril de 2014
lunes, 21 de abril de 2014
COMUNICADO DE PRENSA DE LA ESCUELA 337
El Bolsón (ANPP).-La Cooperadora de la Escuela Nº 337 del Barrio Usina, realizará una gran FERIA DE ROPAel pxmo VIERNES 25 de ABRIL a las 18 h en el Establecimiento.
Se ofrecerán 10 prendas por 10 $. Los esperan agradeciendo la colaboración de todos.
ENCUENTRO DE MURGAS EN EL BOLSÓN
El Bolsón (ANPP).-Con gran color y alegria se desarrolló el 1er Encuentro Regional Murguero
en las instalaciones del IFDC de El Bolsón. Niños y grandes vibraron con sonidos redoblantes, murgas y tambores de Fiske Menuco, Bariloche y El Bolsón.
Quedo registrado en sus cantos y sonidos la alegría como también el compromiso social de sus letras.
Otro Cantar, Colgados de las Nubes, A Todo Trapo, Comparsa Afro, Mugra Sugra, Adrián y Ciru entre otras, todas las presentaciones contaron con el acompañamiento de un nutrido público que se emocionó, se rio con el colorido y los típicos arreglos murgueros.
El evento fue además registrado por el programa Sonidos del Pueblo de El Pueblo TV Canal 3, y será publicado luego en internet y en dvds que estarán a disposición.
EXIGEN LA RENUNCIA DE GUSTAVO “CHENQUE” FERREYRA A SU CARGO DE SECRETARIO DE MINERÍA DE RIO NEGRO
S.C. de Bariloche (Prensa Asamblea Bariloche Contra la Megaminería).-Porque consideramos que haber colocado a un antropólogo a dirigir la cartera política no tiene motivos técnicos, sino que es evidente que quieren lograr convencer a la gente a aceptar un modelo que naturalmente tiene resistencia, y más sabiendo que la base cultural de las comunidades en el territorio amenazado es mapuche.
En declaraciones a la prensa, el gobernador Weretilneck sostuvo que sólo autorizaría emprendimientos de megaminería si cuentan con "licencia social" y agregó que: "No vamos a hacer minería a cualquier costo, la vamos a hacer con licencia social y con responsabilidad ambiental". "El pueblo tiene que estar de acuerdo”.
Señor Weretilneck: No hay licencia social.
La estrategia del gobierno de Rio Negro es transparente, así como derogaron la ley anticianuro a espaldas del pueblo, de la misma manera ponen a un antropólogo a gestionar la Secretaría de Minería, y de ese modo pretenden pasar por encima de la licencia social.
Así que no se necesita de mucho análisis para deducir que el nombramiento es para lograr un objetivo "a pesar" de los rionegrinos. Por lo tanto exigimos que no se nos tome el pelo y reclamamos se coloque al frente de minería a un técnico que demuestre que va a trabajar en su área y no se dedicará a la evangelización de los pobladores, ya que existe la presunción fundada de que su presencia apunta a manipular la voluntad de las comunidades.
Sostener a Gustavo “Chenque” Ferreyra en su función es denigrante para la democracia, ya que tan solo unos meses antes de asumir su función se desempeñaba como Gerente de Relaciones comunitarias del Proyecto Navidad de Minera Argenta, subsidiaria de Panamerican Silver.
Asimismo consideramos que la minería necesita técnicos idóneos para realizar prácticas que no impacten al ambiente, no la "megaminería" que sabemos destruirá los ecosistemas y pondrá en riesgo el abastecimiento de agua para las futuras generaciones en nuestra región.
Entendemos que, como funcionario del estado provincial, este antropólogo representa intereses ajenos al bien común, y las únicas necesidades que evalúa son las de las corporaciones para sus planes extractivistas, siendo en consecuencia un eslabón más de la maquinaria de imposición de la megaminería, al ser ejecutor de una misión a favor de ellas.
Y entendemos también que el gobierno de Rio Negro y él, le faltan el respeto a las comunidades al no informar la verdad sobre las consecuencias de la megaminería, que genera graves riesgos para la salud y el futuro de las poblaciones afectadas.
Por lo tanto desde la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Bariloche exigimos la renuncia del secretario de minería Gustavo “Chenque” Ferreyra.
En declaraciones a la prensa, el gobernador Weretilneck sostuvo que sólo autorizaría emprendimientos de megaminería si cuentan con "licencia social" y agregó que: "No vamos a hacer minería a cualquier costo, la vamos a hacer con licencia social y con responsabilidad ambiental". "El pueblo tiene que estar de acuerdo”.
Señor Weretilneck: No hay licencia social.
La estrategia del gobierno de Rio Negro es transparente, así como derogaron la ley anticianuro a espaldas del pueblo, de la misma manera ponen a un antropólogo a gestionar la Secretaría de Minería, y de ese modo pretenden pasar por encima de la licencia social.
Así que no se necesita de mucho análisis para deducir que el nombramiento es para lograr un objetivo "a pesar" de los rionegrinos. Por lo tanto exigimos que no se nos tome el pelo y reclamamos se coloque al frente de minería a un técnico que demuestre que va a trabajar en su área y no se dedicará a la evangelización de los pobladores, ya que existe la presunción fundada de que su presencia apunta a manipular la voluntad de las comunidades.
Sostener a Gustavo “Chenque” Ferreyra en su función es denigrante para la democracia, ya que tan solo unos meses antes de asumir su función se desempeñaba como Gerente de Relaciones comunitarias del Proyecto Navidad de Minera Argenta, subsidiaria de Panamerican Silver.
Asimismo consideramos que la minería necesita técnicos idóneos para realizar prácticas que no impacten al ambiente, no la "megaminería" que sabemos destruirá los ecosistemas y pondrá en riesgo el abastecimiento de agua para las futuras generaciones en nuestra región.
Entendemos que, como funcionario del estado provincial, este antropólogo representa intereses ajenos al bien común, y las únicas necesidades que evalúa son las de las corporaciones para sus planes extractivistas, siendo en consecuencia un eslabón más de la maquinaria de imposición de la megaminería, al ser ejecutor de una misión a favor de ellas.
Y entendemos también que el gobierno de Rio Negro y él, le faltan el respeto a las comunidades al no informar la verdad sobre las consecuencias de la megaminería, que genera graves riesgos para la salud y el futuro de las poblaciones afectadas.
Por lo tanto desde la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Bariloche exigimos la renuncia del secretario de minería Gustavo “Chenque” Ferreyra.
PRENSA DE ASAMBLEA DE BARILOCHE CONTRA LA MEGAMINERÍA –
Bariloche, 20 de abril de 2014
CONVOCATORIA DE LAS FAMILIAS Y DOCENTES DE LA ESCUELA 103 A UNA JORNADA DE TRABAJOS ESTE VIERNES A LAS 9
El Bolsón (ANPP).-Comunicado de prensa de las familias y los docentes de la Escuela Rural 103:
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE MALLÍN ESTÁN ABANDONADOS
El Consejo de Educación no ha dado una solución.
Entonces Las familias y docentes nos vemos en la obligación de hacerlo JUNTOS.
Necesitamos tu ayuda. La escuela es de TODOS
Toda la gente de Mallín quiere que empiecen las clases.
¡VAMOS A LA MINGA POR LA ESCUELA 103!
El viernes 25/4 a las 9.00.Horas en la escuela.
Traigan herramientas, agua, alegría, algo para compartir y fuerza para resolver.
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE MALLÍN ESTÁN ABANDONADOS
El Consejo de Educación no ha dado una solución.
Entonces Las familias y docentes nos vemos en la obligación de hacerlo JUNTOS.
Necesitamos tu ayuda. La escuela es de TODOS
Toda la gente de Mallín quiere que empiecen las clases.
¡VAMOS A LA MINGA POR LA ESCUELA 103!
El viernes 25/4 a las 9.00.Horas en la escuela.
Traigan herramientas, agua, alegría, algo para compartir y fuerza para resolver.
El Bolsón (ANPP).-Este sábado 26 de abril, la cooperativa COOPETEL de nuestra localidad elije nuevos concejeros. Por esto, nos informan cuáles son las dos listas que se podrán elegir a través de un comunicado de prensa que reproducimos a continuación:
"COOPETEL pone en conocimiento de sus asociados las listas oficializadas para la Asamblea del 26/04/2014:
LISTA
|
TITULAR/SUP
|
PERIODO
|
CANDIDATO
|
1
|
TITULAR
|
3 años
|
MARTINEZ, Juan Carlos
|
ALMONACID, Adrián Maximiliano
| |||
GUASCO, Horacio Mario
| |||
SUPLENTE
|
3 años
|
MOLINA, Luis Mario
| |
1 año
|
TORNERO, Guillermo Fernando
| ||
LISTA
|
TITULAR/SUP
|
PERIODO
|
CANDIDATO
|
2
|
TITULAR
|
3 años
|
DOMINGUEZ VERRI, Oscar Alberto
|
PIGNATARO, Graciela
| |||
ANDREASSI, Facundo Javier
| |||
SUPLENTE
|
3 años
|
ALVAREZ, Carlos Estaban
| |
1 año
|
HERNANDEZ, Felipe Hilario
|
domingo, 20 de abril de 2014
ASESINATO DE LAUTARO TORRES Y DETENCIÓN DE SU MADRE, NATALIA SUÁREZ
(APL)“Natalia
tenía un hijo, Lautaro, de 16 años, que fue acusado por la Policía en el día de
ayer por intentar robar un celular a un efectivo policial en barrio Las Palmas
de la ciudad de Córdoba, a poca distancia de donde este joven vive con su
madre. Lautaro recibió por parte de la mujer policía 4 disparos en su espalda
que lo dejaron al borde de la muerte. Posteriormente fue trasladado al Hospital
de Urgencias donde finalmente murió en la madrugada de anoche. Natalia Suárez
fue avisada del asesinato de su hijo, no la dejaron verlo en el Hospital, y en
medio de su miedo e impotencia es detenida por la Policía quien adujo que había
roto un vidrio de esa dependencia”, significativo tramo del comunicado de
denuncia de la CA sobre el estado terrorista cordobés.
La
Coordinadora Antirrepresiva en el Encuentro Nacional Antirrepresivo denuncia
nuevos hechos represivos por parte de la Policía de Córdoba en la jornada de
ayer sábado por la noche. En esta ocasión, las fuerzas represivas asesinaron a
un joven de 16 años y detuvieron posteriormente a su madre, trabajadora sexual
víctima de persecución desde enero de este año, por denunciar que fue
secuestrada por redes de trata en complicidad con la Policía y el Gobierno
Provincial.
Natalia Suárez es una trabajadora sexual que en enero de este año fue secuestrada y torturada durante seis días en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba. Mientras tanto, la denuncia recorría los habituales cursos burocráticos sin respuestas sobre su desaparición. Luego de un mes de búsquedas por parte de sus familiares y amigos sin lograr que la Justicia y la Policía hicieran lo propio; a finales del mes de enero, integrantes de AMMAR Córdoba se presentaron en la Unidad Judicial de Alta Gracia para agilizar acciones en torno a la denuncia. “Casualmente” en esa jornada apareció Natalia, en una esquina de esa ciudad, golpeada, drogada y con visibles signos de torturas en todo su cuerpo. Evidentemente había intenciones de que Natalia integrara las redes de trata y fue la movilización, la búsqueda sistemática y la preocupación de sus familiares y de las organizaciones políticas y sociales, quienes lograron que Natalia no formara parte de la extensa lista de mujeres secuestradas que aún seguimos buscando.
Por medio de distintas acciones Natalia e integrantes de AMMAR denunciaron su secuestro y la complicidad de los responsables políticos del Poder Judicial, la Policía y el Gobierno Provincial. En posteriores oportunidades Natalia advirtió públicamente que había sufrido sucesivas amenazas por difundir aquellos hechos y sus responsables directos. Estos señalamientos molestaron a sectores políticos que participan del entramado de las redes de trata y narcotráfico en la Provincia de Córdoba (como ya denunciamos en innumerables ocasiones en relación a la complicidad del gobernador De la Sota y otros funcionarios del Gobierno) y esto se asocia directamente con lo acontecido anoche con su hijo de 16 años: Lautaro Torres.
Es necesario conocer estos antecedentes para comprender y vincular con claridad lo sucedido anoche, cuando Natalia Suárezfue detenida en el Hospital de Urgencias por la Policía de Córdoba, con los hechos que venimos relatando.
Natalia Suárez es una trabajadora sexual que en enero de este año fue secuestrada y torturada durante seis días en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba. Mientras tanto, la denuncia recorría los habituales cursos burocráticos sin respuestas sobre su desaparición. Luego de un mes de búsquedas por parte de sus familiares y amigos sin lograr que la Justicia y la Policía hicieran lo propio; a finales del mes de enero, integrantes de AMMAR Córdoba se presentaron en la Unidad Judicial de Alta Gracia para agilizar acciones en torno a la denuncia. “Casualmente” en esa jornada apareció Natalia, en una esquina de esa ciudad, golpeada, drogada y con visibles signos de torturas en todo su cuerpo. Evidentemente había intenciones de que Natalia integrara las redes de trata y fue la movilización, la búsqueda sistemática y la preocupación de sus familiares y de las organizaciones políticas y sociales, quienes lograron que Natalia no formara parte de la extensa lista de mujeres secuestradas que aún seguimos buscando.
Por medio de distintas acciones Natalia e integrantes de AMMAR denunciaron su secuestro y la complicidad de los responsables políticos del Poder Judicial, la Policía y el Gobierno Provincial. En posteriores oportunidades Natalia advirtió públicamente que había sufrido sucesivas amenazas por difundir aquellos hechos y sus responsables directos. Estos señalamientos molestaron a sectores políticos que participan del entramado de las redes de trata y narcotráfico en la Provincia de Córdoba (como ya denunciamos en innumerables ocasiones en relación a la complicidad del gobernador De la Sota y otros funcionarios del Gobierno) y esto se asocia directamente con lo acontecido anoche con su hijo de 16 años: Lautaro Torres.
Es necesario conocer estos antecedentes para comprender y vincular con claridad lo sucedido anoche, cuando Natalia Suárezfue detenida en el Hospital de Urgencias por la Policía de Córdoba, con los hechos que venimos relatando.
Natalia
tenía un hijo, Lautaro, de 16 años, que fue acusado por la Policía en el día de
ayer por intentar robar un celular a un efectivo policial en barrio Las Palmas
de la ciudad de Córdoba, a poca distancia de donde este joven vive con su
madre. Lautaro recibió por parte de la mujer policía 4 disparos en su espalda
que lo dejaron al borde de la muerte. Posteriormente fue trasladado al Hospital
de Urgencias donde finalmente murió en la madrugada de anoche. Natalia
Suárezfue avisada del asesinato de su hijo, no la dejaron verlo en el Hospital,
y en medio de su miedo e impotencia es detenida por la Policía quien adujo que
había roto un vidrio de esa dependencia. En este momento, distintas personas de
organizaciones compañeras están ocupadas por liberar a Natalia Suárezde la
Comisaría en la que continúa detenida.
Desde la Coordinadora Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Córdoba denunciamos la gravedad de estos hechos porque consideramos que no son “casuales” ni desvinculados a una política de persecución y hostigamiento hacia Natalia Suarez, testigo más que importante para visibilizar el funcionamiento de las redes de trata. Es Natalia quien por su propia experiencia de secuestro y tortura viene haciendo públicas denuncias que comprometen a los integrantes de estas redes y a los responsables políticos cómplices: las fuerzas represivas, el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador José Manual De la Sota, en la ciudad de Córdoba.
Exigimos la destitución del efectivo de la fuerza policial que asesinó a Lautaro e inmediato esclarecimiento de los hechos acontecidos.
Desde la Coordinadora Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Córdoba denunciamos la gravedad de estos hechos porque consideramos que no son “casuales” ni desvinculados a una política de persecución y hostigamiento hacia Natalia Suarez, testigo más que importante para visibilizar el funcionamiento de las redes de trata. Es Natalia quien por su propia experiencia de secuestro y tortura viene haciendo públicas denuncias que comprometen a los integrantes de estas redes y a los responsables políticos cómplices: las fuerzas represivas, el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador José Manual De la Sota, en la ciudad de Córdoba.
Exigimos la destitución del efectivo de la fuerza policial que asesinó a Lautaro e inmediato esclarecimiento de los hechos acontecidos.
Lautaro Torres ¡presente!
Basta de Gatillo Fácil.
No a la criminalización de la pobreza y la protesta.
Desmantelamiento de las Redes de Trata y sus responsables políticos.
Coordinadora Antirrepresiva en el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA)
fb/ coordinadora.
mail: caddhh@gmail.com
Contactos: Lucrecia – 0351- 152-953644/ Mariana – 0351- 156-119486
COMUNICADO DE PRENSA ASAMBLEA EN DEFENSA DEL AGUA Y LA TIERRA
La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra
repudia los actos de violencia sufridos en el Centro de Salud y el Centro
Comunitario de Costa del Río Azul, con un incendio que causó fuertes daños.
Desde la refundación de El Bolsón, que quedó
atrás con el gobierno anterior, nos hemos pronunciado por la inclusión, en
favor de la vida y de la alegría.
Seguiremos planteando SI ALESQUI SIN LOTEOS;
unidos, exigiendo investigación y justicia, pensando para adelante, y por la
reconstrucción.
ESTE ATAQUE NOS UNE MÁS EN EL CUIDADO Y
DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES.
Este no es un hecho aislado, comunitariamente
venimos siendo agredidos con una seguidilla de ataques desde la quema de
Espacios Verdes del Municipio, la pérdida de bienes del Polideportivo, el robo
en el Jardín Nº 21, el incendio este viernes a la madrugada en el Centro de
Salud, anoche el robo en la Casa de la Cultura y ahora nuestro Centro
Comunitario; espacios todos que se utilizan para actividades de inclusión y de
participación.
COMO SIEMPRE, PROMOVEREMOS CONTINUAR
TRABAJANDO JUNTOS, UNIDOS POR EL BIEN COMÚN.
Asamblea
en Defensa del Agua y la Tierra
Mallín
Ahogado, 13 de abril de 2014.
COMUNICADO DE REPUDIO ANTE LOS ATENTADOS PERPETRADOS CONTRA EL CENTRO COMUNITARIOS “COSTA DEL RÍO AZUL”
La Asociación Civil Alas y el Colectivo de la
radio comunitaria FM Alas repudiamos los atentados perpetrados contra el Centro
de Salud y el Centro Comunitario de Costa de Río Azul y exigimos su pronto y
real esclarecimiento.
Como espacio de comunicación popular,
invitamos a toda la comunidad de la comarca a hacer suya la defensa de estos
lugares de construcción colectiva de ideas y de enlace entre vecinas y vecinos.
“NO DEBEMOS SER COMPLICES”
El Bolsón (ANPP).
Una vez más nuestro territorio se ve amenazado por el avance de los proyectos
megamineros con la complicidad de los gobernantes de turno, quienes enmascarados en el discurso del desarrollo regional
persiguen las migajas o las suculentas tajadas que se esconden tras de éstos
negociados. La comunidad de Ingeniero Jacobacci
se niega al saqueo de sus recursos naturales, alzando la voz contra la
concepción capitalista de la depredación de los recursos naturales y
pronunciándose a favor de actividades ambientalmente sustentables y socialmente
equitativas.
Ingeniero Jacobacci 14 de Abril de 2014
Ante las recientes declaraciones del senador
nacional Miguel Pichetto, de la legisladora Sandra Recalt, e intendentes de la
Región Sur como Javier Giménez y Mario Del Carpio, los cuales proponen avanzar
rápidamente con la explotación de la minería metalífera hidrotóxica, utilizando
como principal argumento que el camino para alcanzar el desarrollo regional
pasa por explotar nuestros bienes naturales a cualquier costo, queremos
manifestar nuevamente nuestro total desacuerdo y además expresar lo siguiente:
Comprendemos la compleja situación económica
productiva por la que estamos atravesando y también la urgencia por remediarla.
Pero no podemos aceptar que se lo haga de cualquier manera y menos aún
especulando con las necesidades que hoy tiene nuestra gente.
Decir que nuestra principal actividad
regional, como lo es la ganadería, tocó fondo o que no va más, es decirle a
3500 familias que abandonen una forma de vida y pautas culturales que les ha
permitido trabajar dignamente durante generaciones. Pero claro, con 675
derechos cedidos para minerales de primera categoría los campesinos y
comunidades se terminan convirtiendo en un estorbo.
Rechazamos los argumentos que utilizan tanto
el gobierno provincial como el municipal para llevar adelante este saqueo
organizado quienes además ofrecen soluciones mágicas a problemas graves.
Nos sentimos vulnerados cuando no tienen en
cuenta disposiciones legales locales, provinciales y constitucionales que son
las que garantizan actos justos para el bien común. Están equivocados cuando
mencionan a quienes se oponen a este tipo de actividad extractiva y
contaminante como grupos minoritarios, subestiman las capacidades de muchas
personas, niegan la autodeterminación de los pueblos sobre sus territorios y
asumen además un alto costo político pensando erróneamente que cuentan con la
licencia social necesaria.
Aceptar esta conducta por parte de los
gobernantes es poner en grave riesgo el estado de derecho que merecemos y que
todos debemos cuidar. Hacemos exigibles el respeto por las normas contenidas en
la legislación ambiental, en los principios precautorios, en la Constitución
Provincial, Nacional y en las ordenanzas locales.
Rechazamos que se legisle en favor de las
empresas privadas o mixtas que solo hacen lobby de su supuesta responsabilidad
social, y que buscan solamente ingresos por regalías o grandes beneficios
económicos sin importar los impactos ambientales que sus actividades generan.
Queremos una vez más dejar claro que estamos
en contra de la minería metalífera hidroquímica contaminante que responde un
sistema extractivo basado en la especulación financiera llevado adelante por
empresas transnacionales con complicidad de nuestros funcionarios y llamamos a
la reflexión sobre cuántos y que minerales son realmente necesarios extraer, de
qué manera, para qué y para quienes.
El uso del agua como bien común esencial y
escaso debe ser destinado en forma prioritaria para el consumo humano y la
actividad agropecuaria.
Los bienes naturales son más que “recursos”.
No somos sus dueños absolutos sino sólo sus administradores; misión que debemos
cumplir con responsabilidad y justicia, de acuerdo al derecho que sobre los
mismos tienen las futuras generaciones.
Por todo ello reclamamos al senador nacional,
los legisladores provinciales e intendentes que gestionen actividades
ambientalmente sustentables, socialmente equitativas, que convoquen a las
organizaciones que tienen posiciones diferentes a un debate serio y
participativo y que fundamentalmente trabajen por el bien común de todos los
rionegrinos.
ORGANIZACIONES Y VECINOS AUTOCONVOCADOS DE
INGENIERO JACOBACCI
EL GOBIERNO DEBATE LA REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL
(ANRED).La devaluación de enero, los índices
de inflación, el aumento de los precios, el ajuste salarial, la indemnización a
Repsol, el acuerdo Chevron-YPF, la quita de subsidios a los servicios públicos,
el pago al Club de París, la designación de Milani marcan la agenda oficial y
también la protesta de los trabajadores como quedó claramente manifestado en el
masivo paro nacional del jueves pasado. De acuerdo al “relato” oficial la
protesta que estaba justificada en 2001/2 perdió legitimidad porque han bajado
la pobreza y la desocupación, entonces, es necesario limitarla. Por Mario
Hernández.
Recordemos que frente al reciente paro de
los maestros en la provincia de Buenos Aires, el Estado intentó limitar
libertades democráticas básicas como el derecho de huelga.
El vicegobernador
bonaerense, Gabriel Mariotto, propuso legislar que la educación sea
considerada un servicio público. El gobernador cordobés, José Manuel de la
Sota, anunció una propuesta similar. El juez bonaerense Terrier
ordenó el cese inmediato de la huelga desconociendo la Constitución Nacional y
las convenciones internacionales.
Todos pretendían que los maestros brindaran
educación por un salario prácticamente igualado al mínimo, vital y móvil,
desconociendo que en la “década ganada” las desigualdades de ingreso no se
redujeron en la proporción en que el país se enriqueció y el dinero sigue
siendo apropiado en forma concentrada. Otra prueba de ello es que más de un
tercio de la población activa trabaja en condiciones de ilegalidad (salarios
más bajos, mayor arbitrariedad patronal, cobertura social inexistente, sin
licencia por maternidad, jubilación ni vacaciones) y esta proporción permanece
estable en los últimos 10 años.
La protesta como acción comunicativa,
como ejercicio de la libertad de expresión, como derecho civil no puede pedir
permisos, sobre todo cuando están comprometidos sectores marginales y
excluidos, quienes lo hacen fundamentalmente, porque padecen graves
violaciones de derechos sociales (salud, vivienda, educación, etc.).
Limitar la protesta social a un “corralito”
solicitando formularios que consignen días y lugares como pretenden el
gobierno nacional y la oposición política y patronal, castra su potencial de
comunicar rápidamente necesidades y reclamos de los sectores sociales más
débiles ante la omisión estatal o la pasividad del sistema político y favorece
a quienes poseen recursos para comprar libertad de expresión en las
corporaciones mediáticas.
El derecho a la protesta es uno de los
pilares fundamentales del constitucionalismo y de la defensa de la democracia.
El 1º de abril José “ Pepino” Fernández,
principal referente de la UTD de General Mosconi,
Salta,
recobró su libertad, tras ser detenido por una supuesta participación en la
toma de un supermercado. La detención de Fernández se realizó por portación
de apellido mediante un informe de la Gendarmería Nacional que lo
identificó erróneamente con un homónimo. Aquel día, 26 de febrero, “Pepino”
estaba declarando por otra causa judicial en Tartagal pero, pese a esta prueba,
el Juez Federal Raúl Reynoso lo detuvo por "averiguación de
antecedentes".
Esta es una muestra más de la persecución
política y judicial que pesa sobre "Pepino" Fernández y los demás
compañeros de la UTD de Gral. Mosconi por parte del gobierno de Salta de Juan
Manuel Urtubey y los jueces falderos de turno que criminalizan la
protesta social y pretenden desgastar a uno de los movimientos sociales que son
ejemplo de lucha y dignidad en nuestro país.
No es casual que esta persecución contra la
UTD de Gral Mosconi ocurra mientras también se encuentran presos los referentes
de Quebracho, "Boli" Lescano y Fernando Esteche,
acusados de autoría ideológica y responsabilidad política por un escrache en el
2007 contra un local partidario del entonces gobernador de Neuquén y
candidato presidencial, Jorge Sobisch, quien había dado la orden de
reprimir una protesta docente que tuvo como saldo la muerte del maestro Carlos
Fuentealba.
Otro caso lo constituye la aberrante condena
a los trabajadores petroleros de Las Heras inventando una sentencia que no
se ajusta a los hechos acaecidos en esa localidad de Santa Cruz en 2006 como
fue probado en el juicio por la defensa de los trabajadores y denunciado por el
cura párroco del lugar.
En la CABA la Cámara Penal, Contravencional y
de Faltas revocó el sobreseimiento al referente de la Villa 20 de
Lugano, Diosnel Pérez y al Tano Nardulli, de la Corriente Clasista
y Combativa, acusados de ser los responsables de la toma del Parque
Indoamericano, en diciembre de 2010 y ambos serán sometidos a juicio
oral, a pesar de que la jueza penal porteña María Gabriela López Iñiguez
había descartado la responsabilidad de ambos en diciembre pasado.
También los casos del Secretario Adjunto
de ATE-Capital, Humberto Rodríguez y del Delegado General de la
Junta Interna de Promoción Social, Mariano Skliar, en el marco del
conflicto por el aumento salarial de 1600 contratos de locación de servicio,
donde una vez más las víctimas pasan a ser victimarios, al igual que con
los episodios de la represión en el Hospital Borda por el desalojo
ilegal ordenado por el GCBA donde hay cinco trabajadores procesados, situación
que también sufren las/los artistas por la toma de la Sala Alberdi.
Todas éstas son muestras de la persecución
política que viene creciendo contra los luchadores sociales por parte de
los gobiernos provinciales y el gobierno nacional acompañados por una
legislación penal y un poder judicial que usan la vía de la criminalización
como amenaza legal para perseguir líderes, reprimir el conflicto y debilitar
los movimientos sociales.
No por casualidad, el kirchnerismo en materia
normativa deja un Código Penal hostil al garantismo luego de las
presiones de Juan Carlos Blumberg y la Ley Antiterrorista que es un
instrumento legislativo fabuloso para habilitar la represión de la protesta e
inhibir a los luchadores sociales -muchos de ellos con varios procesos
anteriores abiertos- por la posibilidad de que una detención en el marco de
esta ley agrave duramente las penas.
A SIETE MESES: ÁNGELO MURIÓ POR LA ACCIÓN O LA OMISIÓN DEL PERSONAL POLICIAL
Las investigaciones de la Policía Federal tuvieron como resultado que no
se ha podido determinar ni el accionar de terceros ni el suicidio –esta última,
la hipótesis más fuerte de la Fiscalía-. Hecho que nos lleva a afirmar sin
ninguna duda que Ángelo murió por la acción o la omisión
del personal policial de turno, la madrugada del 19 de septiembre de 2013.
Ángelo sufrió el abandono, que dejado sin revisión ni cuidado entre las
3.00 am y las 5.45 am, termina siendo una posible instigación al suicidio. La
consecuencia de esa falta de monitoreo es la muerte de una persona.
La Comisión entiende que esto constituye una muestra más de la violencia
estructural y la negligencia en que se encuentra inmerso el sistema policial
chubutense y la indiferencia de funcionarios de gobierno y de justicia, quienes
de no hacer nada más al respecto terminan consintiendo la crueldad que implica
dejar un caso así, con la carátula de suicidio, bajo el argumento de que fue un
“suicidio por suspensión incompleta”.
La sola posibilidad de que este caso quede así, “suicidio”, sin que se
tomen más recaudos para continuar la investigación en dirección de imputar
penalmente a alguien sería no solamente un golpe muy grande para la sociedad en
su conjunto, sino que alentaría los índices de impunidad e injusticia sobre
nuestros pibes en particular, y por lo tanto, sobre nuestro proyecto de futuro.
Siguen dudas pendientes: varios policías que fueron entrevistados por la
Fiscalía por haberse encontrado prestando servicio al momento de la detención
de Ángelo, afirman que efectivamente los calabozos estaban clausurados y que
solo se utilizaban para demorados, entonces las preguntas son ¿Por qué había
colchones en los calabozos si nadie iba a permanecer allí más que unas horas,
bajo la condición de “demorado”? ¿Entonces, la Comisaría Segunda tenía celdas
inhabilitadas o no? Esta Comisaría está siendo muy cuestionada socialmente y no
deja garantías a la sociedad de que los eventuales demorados sean tratados como
corresponde por derecho y por ley. Consta a esta Comisión que al menos en dos
casos más, por intervención de la misma, se ha logrado que “demoren” a los
pibes en otras Comisarías (la Cuarta y la Primera) y que el argumento bajo el
cual se logró esto fue que las celdas de la Segunda no estaban en condiciones y
que esa Comisaría no daba garantías de nada. Por lo tanto, insistimos ¿Por qué
habían pibes demorados allí la noche del 19 de septiembre?
Más preguntas que siguen sin contestar:
¿Dónde se encuentran reubicados el Comisario Luciano Yapileo y el Subcomisario
Juan Carlos Jara?
¿Qué ocurrió con el
personal de turno que “debía” custodiar a Ángelo? ¿Continúa ese personal en
funciones, “cuidando”, a otros detenidos en las Comisarías de Chubut?
¿Qué respuestas da el
Estado Provincial a la secuencia de muertes que se suceden en la Provincia
de Chubut por causa de la violencia policial?
Es claro que debe haber alguna imputación penal por esta muerte y todas
las irregularidades y negligencias en torno a ella, no solo los familiares o la
Comisión la exigen, socialmente necesitamos esta imputación, porque sin un
procesamiento y condena, sin una sentencia real sobre este gravísimo hecho, no
hay justicia para nadie, ningún pibe puede vivir y crecer sabiendo que si “cae”
apenas demorado lo puede esperar la muerte.
Por Ángelo,
¡Ni un pibe menos!
Comisión contra la Impunidad y por la
Justicia en Chubut.
lunes, 14 de abril de 2014
ATECH NOROESTE COMUNICA SOBRE ASAMBLEA
El Bolsón (ANPP).- A continuación reproducimos el comunicado de prensa:
A los docentes y a la comunidad educativa:
La Regional Noroeste de ATECh tal
cual lo planteara el mandato de la asamblea de delegados y amparada en la ley
de asociaciones sindicales convoca a la realización de Asambleas Escolares en
horario de trabajo el día miércoles 16 de abril entre las 8 y las 9:30 para el
turno mañana y de 13 a 14:30 para el
turno tarde.
Dado que los docentes estarán desarrollando
esta tarea solicitamos a las familias prevean el ingreso de los estudiantes
ingresen a las 9:30 en el turno mañana y 14:30 en el turno tarde.
ATECH REGIONAL NOROESTE
Asesinatos en serie de chicos Wichí en Formosa
(ANRED).-“Quiero pan” . Un niño wichí
de 11 años baleado por un policía en el pueblo formoseño Ingeniero Juárez está
luchando por su vida y tiene hambre en un hospital público. El contexto de este
ataque policial es aterrador: testigos de la localidad denuncian asesinatos en
serie de no menos que 17 chicos indígenas, en parte asesinados por la policía.
A esto se suman asesinatos de personas mayores, violaciones sistemáticas de
niñas, muertes dudosas en hospitales y tráfico de órganos; una violencia
morbosa que se replica en todo el noroeste del país.
El niño Wichí de 11 años Nazareno Chávez se encuentra
todavía en el Hospital de la
Madre y el Niño de Formosa Capital, a unos 500 kilómetros de su
comunidad en Ingeniero Juárez.
Los huesos de su rodilla de
izquierda fueron astilladas por una bala de plomo de un policía hace más que
tres semanas. Su situación es precaria. Cuenta el referente de comunidades
Wichí de Ingeniero Juárez, Agustín
Santillán, quién visito a Nazareno recién: “El chico apenas podía hablar. Me dijo:
Quiero pan, ¿tenes algo de pan? Su boca estaba seca y sus ojos lleno de dolor.
Es un niño que no sabe porqué le pegaron. Perdió mucha sangre y su herida es
muy grave. Ahora no parece que vuelva a caminar, todavía no está recuperando.”
La herida de Nazareno es producto de una verdadera
cacería de niños realizada por policías provinciales en la tarde del viernes 21
de Marzo, como ya se pudo documentar. Un grupo de
niños se había sentado tranquilamente en la vereda frente a la Plaza Juan
Domingo Perón cuando efectivos
bajando de un patrullero dispararon a los chicos y los siguieron disparando con
balas de goma y de plomo por una distancia de más que 100 metros. El resultado
fue tres niños heridos, dos de ellos por bala de plomo, lo más grave Nazareno.
“Es muy triste ver las lágrimas en los ojos
de la madre, porque su hijo casi murió y está luchando por su vida”, dice
Santillán. Critica a las instituciones por ocultar la gravedad de la herida. “Los políticos dicen, que Nazareno está bien,
pero no es así. Nadie investiga, ni los médicos dieron explicación. Les
pregunte si hay un resumen médico, pero me dijeron que no hay.“
Cuando la madre Ana Chávez, acompañado por el referente, quería denunciar el crimen
en la comisaría de Ingeniero Juárez: “ellos no aceptaron la denuncia. Ni nos
atendieron.”
Recientemente, el hospital pidió a la madre
Chávez el carnet de vacunas de su hijo. Por eso, tuvo que volver a su casa, un
viaje de unos mil kilómetros en total que solo pudo pagar con donaciones de una
organización humanitaria. Lo mismo pasa con la comida en el hospital: “Lo que
más bronca me da, es que el hospital no les da de comer, ni a los acompañantes
y ni al herido, la comida se la tienen que comprar”, dice Santillán.
En toda su crueldad la cacería de niños en
Ingeniero Juárez es parte de una violencia generalizada contra los pueblos
originarios especialmente en las provincias Formosa, Chaco y Salta. Es aparentemente un
fenómeno creciente. Como dice el ex cura de la teología de la liberación Patricio Doyle, quién vivió
20 años hasta mediados de los 90´ con los Wichí: “Esto no había cuando yo
estaba.”
Al contrario de los originarios de la
Patagonia, como los Mapuche, pueblos
como los Wichí del noroeste no fueron asesinados sino esclavizados en el siglo
XIX, porque los grandes ingenios necesitaban una mano de obra barata.
“Fue la iglesia quien los quebró, no la fuerza armada”, dice Doyle. Explica que
los misionarios quebraron su autoestima enseñándoles “que toda su cultura era
mal” y así los esclavizaron. Sufrieron un genocidio silencioso durante el siglo
XX. “El Impenetrable fue un
cementerio de proyectos de desarrollo”, remarca.
Pero en los últimos tiempos en lugar de la demanda de esclavos, creció
la demanda de tierra para la explotación de recursos naturales, especialmente
para extender la frontera del sistema agro-exportador transgénico – un sistema
agropecuario casi sin mano de obra. El originario no se necesita más y en esta
lucha territorial se repite la masacre en el sur del siglo XIX. Por eso los ataques violentos contra las
comunidades Wichí en Ingeniero Juárez y de los Qom en La Primavera, Riacho de
Oro, Pampa del Indio y una multitud de otras en la región..
Así se puede entender, por qué el crimen
policial contra el niño Nazareno y sus amigos tiene un contexto aún más aterrador.
Según testigos, son 17 los
asesinatos de chicos Wichí – no incluyendo los asesinatos de personas grandes –
a manos de integrantes de instituciones estadales o por sus protegidos.
Estos números dan cuenta de lo sucedido: desde el año 2000 sólo en Ingeniero
Juárez, con 19 mil habitantes, se trata de un patrón de crímenes contra los
jóvenes originarios que según testimonios de vecinos se repite allí, en otras
localidades de las Provincias de Formosa, Chaco y Salta.
En ningún caso de Ingeniero Juárez hubo un
juicio, la mayoría de los asesinatos ni siquiera fueron investigados
oficialmente,
algunos de ellos se supone que fueron cometidos directamente por integrantes de
la policía. En general, tampoco
hubo denuncias de familiares por miedo a la represión y “porque acá en Juárez
no toman la denuncia” – la misma experiencia que tuvo la madre
de Nazareno –, aunque, como dicen los vecinos, “sabemos quiénes son que los
matan”.
Por ejemplo, un joven Wichí se encontró muerto en un basural.
“Sabemos que los que lo mataron y torturaron son policías y la causa quedo en
la nada”, dice un referente. “Luego encontramos un chico todo esqueleto, le
sacaron toda la piel y de eso no hubo justicia tampoco. Otro chico fue yendo
para un paraje y sabemos quiénes lo mataron, porque tienen muchas vacas y
entonces son políticos”, dice un vecino. Hace tres años una mujer joven fue
violada. “La chica la mataron, le sacaron los dientes. El hospital dice que
murió por deshidratación, pero como va a morir por deshidratación, teniendo así
la boca y sin dientes, con todos los moretones. El tobillo estaba torcido y se
veía que peleó con su agresor.” El asesino fue “uno de los dirigentes de acá de
Juárez”.
En el año pasado asesinaron a Víctor “Oli” Segundo, el
número 17 de los asesinatos de chicos Wichí en Ingeniero Juárez, un crimen
morboso que se podría reconstruir de manera precisa con nuevos testimonios,
aunque el sistema judicial
cerró el caso. El joven, supuestamente de 16 años (no tenía
DNI), fue golpeado brutalmente
el 22 de Junio. Según testigos el asesino fue el dueño criollo de un comercio y
la razón del acto había sido el hecho que el Wichí Olivero se había sentado en
la vereda del local criollo.
“No sé cómo, pero Oli salió del barrio”,
cuenta la referente de la comunidad Barrio
Belgrano, Ercilia
Agüero. “Se dice que le mandaron a comprar algo ahí en ese
negocio, pero cuando le mandaron ellos pensaron que el chico se había ido a su
casa, pero luego él no aparecía. Dos
días estuvo desaparecido, al tercer día lo encontraron a 50 metros de ese negocio
en una chacra, como un perro muerto”.
El joven fue desfigurado por golpes y
encontrado sin ropa, lo que impidió identificarlo. Fue declarado fallecido y
llevado al cementerio. Allá el encargado se dio cuenta que Víctor Segundo
todavía estaba vivo, significa que el joven había sufrido – “como un perro
tirado en la chacra” – dos días de agonía antes de detectarlo. Entonces fue
traslado a la terapia intensiva de un hospital de Formosa Capital, donde murió.
Solo cuando volvió su cuerpo,
cosido como un matambre como se puede ver en las fotos tomadas, su identidad
fue revelada y sus familiares, preparando el cuerpo para el funeral, detectaron
que fue vaciado de sus órganos.
Unas semanas antes de estos hechos una mujer fue violada y golpeada por
criollos de la localidad. Fue atacada en un galpón abandonado
del ferrocarril y murió en el hospital, caso que tampoco fue resuelto por la
justicia. Estos crimines están acompañados por muertos dudosos en hospitales. En una cantidad
de comunidades hay denuncias de personas trasladadas a los hospitales de las
capitales provinciales de Formosa y de Chaco que volvieron muertos con falta de
unos órganos.
El supuesto asesino del
joven Víctor Segundo, a quien miembros de la comunidad Wichí acusan de
participar también en violaciones de mujeres Wichí, hoy en día está suelto y en
libertad. Un hecho inédito, especialmente en el contexto de los linchamientos
de las últimas semanas, es lo que paso, después de que las comunidades se
dieron cuenta del asesinato. Unas
mil personas se juntaron para reclamar justicia y fueron al lugar del asesinato.
Dice un testigo: “Ellos llevaron al negociante y la señora, pero después la
gente se frenó un poco. Pensaba que por fin va a haber justicia. Entonces les
entregaron a la policía.”
Mientras que en el barrio porteño Palermo un
ladrón que robó un reloj marca Rolex de una turista casi es linchado, unos mil
vecinos de un joven asesinado bestialmente se resisten a ajusticiarlo y
entregan al supuesto asesino para que el estado haga justicia. Pero en lugar
de cumplir con su función, el sistema judicial liberó al comerciante y ahora
está persiguiendo a los manifestantes acusándolos de robo en banda y en
poblado. Entre los imputados se encuentran personas que probadamente no estaban
en la manifestación, como una mujer que ese día estaba internada en un
hospital. Otros imputados estaban, con testigos, en el campo afuera del pueblo.
La comunidad Wichí decidió no
atender las audiencias judiciales en el pueblo de Las Lomitas, unos 200 kilómetros de
Ingeniero Juárez. No tenían los recursos para viajar “y tenemos miedo”, dice un
imputado: “pensamos si vamos, nos pueden encerrar, y la gente se puso de
acuerdo de no ir. Ahora estamos como en rebeldía. Pero si lo va a buscar la
policía a una persona no la dejamos que se la lleven.”
El caso Víctor Segundo es emblemático, como
lo es la herida del niño Nazareno Chávez, por su crueldad. Ambos son casos que
exponen la perversión social donde las jóvenes y niñas originarias son
golpeadas y violadas casi a diario. De hecho, existe un verbo que da cuenta de
esta práctica en el noroeste argentino: se
dice “vamos a chinear” cuando unos criollos buscan una chica indígena para
violarla.
Pero los
casos de Olivar y Nazareno también demuestran, cómo las instituciones del
estado están involucradas directamente en los crímenes: la policía, el sistema
judicial y el de salud y el poder ejecutivo. El estado no está ausente en este
juego violento, está bien presente y es un participante activo en crímenes
organizados como el tráfico de órganos. Recientemente un médico
que atendió a un paciente Wichí refirió el caso de un paciente que le comentó
sobre una operación de apéndice que le practicaron en un hospital público.
Cuando el médico pregunto dónde estaba su
cicatriz, el paciente la mostró. El médico sorprendido constató que se
encontraba en la espalda justo encima del riñón.
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