 La
 causa contra los 7 policías acusados por su desaparición podría 
elevarse a juicio en los próximos días, pero primero el tribunal 
superior de justicia debe decidir si el caso se mantiene en el ámbito de
 Río Negro o pasa al fuero federal. En tanto, los abogados de la familia
 Solano insisten en periciar un jagüel donde habría sido arrojado el 
joven y continúan recolectando pruebas de otros ejemplos de estafa 
laboral. Sobre estos temas dialogamos con Sergio Heredia, uno de los 
letrados querellantes. Por La Retaguardia.
La
 causa contra los 7 policías acusados por su desaparición podría 
elevarse a juicio en los próximos días, pero primero el tribunal 
superior de justicia debe decidir si el caso se mantiene en el ámbito de
 Río Negro o pasa al fuero federal. En tanto, los abogados de la familia
 Solano insisten en periciar un jagüel donde habría sido arrojado el 
joven y continúan recolectando pruebas de otros ejemplos de estafa 
laboral. Sobre estos temas dialogamos con Sergio Heredia, uno de los 
letrados querellantes. Por La Retaguardia. 
                Daniel Solano era miembro de la comunidad 
guaraní Misión Cherenta; en octubre de 2011 viajó desde su Tartagal 
(Salta) natal a la zona de Valle Medio de Río Negro para trabajar en 
forma temporaria en la cosecha de manzanas, a través de la empresa 
tercerizadora Agrocosecha SRL, en el establecimiento de la multinacional
 belga Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque. Al cobrar su 
primer sueldo, un mes más tarde, descubrió que el dinero recibido era 
menor al acordado y comenzó a organizar un reclamo junto a sus 
compañeros. En la madrugada del 5 de noviembre fue visto por última vez 
mientras era sacado por policías del boliche Macuba, en Choele Choel.
A 4 años, su desaparición permanece impune; sin embargo, Sergio 
Heredia, el abogado de la familia, asegura que se trata de un caso 
totalmente resuelto: “ahora se va a llevar a juicio a los 7 policías que
 están acusados del homicidio, pero la justicia protegió a los 
empresarios que ordenaron la muerte de Daniel, y por supuesto a la 
multinacional Expofrut que sabía de la estafa que estaban cometiendo. 
Ahora la justicia de Río Negro está esperando que el tribunal superior 
resuelva si la causa continúa en esa provincia o si pasa a la justicia 
federal. De esa resolución saldrá la fecha de inicio del juicio. Creo 
que en estos días se va a resolver. Si se resuelve que es la justicia 
federal, obviamente rechazarán ser competentes y si esto es así se 
terminará en la Corte de Justicia de la Nación, otro trámite y otra 
demora. Nosotros creemos que la causa va a quedar en Río Negro”.
Estafas y muertes
Sergio Heredia tiene abiertos varios frentes en la causa Solano. Uno 
de ellos es la investigación por la estafa a los trabajadores: “me fui a
 Tartagal a trabajar porque nosotros creemos que el tema de la estafa, 
no solamente a Solano sino también a los miles de obreros norteños, 
tiene su origen en Tartagal, porque ahí se realizaba la captación, por 
lo tanto para mí la competencia para tramitar la estafa sería en los 
tribunales salteños donde están los domicilios de las víctimas. Este mes
 se los cita a indagatoria en el juzgado federal de Roca a los dueños de
 Agrocosecha; los patrones que ordenan la muerte de Solano van a ser 
indagados por el delito de trata de persona y explotación con fines 
laborales, por un testimonio y aporte de pruebas que hice ante el juez 
federal de Roca. Pero lo importante de esto es que transcurrieron 4 años
 para que sean indagadas personas que están fugadas de la provincia de 
Río Negro y cuyas empresas fueron presentadas en concurso preventivo. 
Estoy hablando de Agrocosecha, Trabajo Argentino y Servicios Agrarios. A
 Tartagal también fui por Andrés Umberto Cuyebay, y vamos a hablar de 
otro muerto en democracia, asesinado en marzo de este año. Se trata de 
otro muchacho también captado por esta empresa que llevó a Solano, que 
fue sacado de Macuba, un día sábado cuando él cobra, igual que Solano, 
lo saca la policía y aparece muerto el martes en las aguas del Río 
Lamarque. Y la prensa y la policía te dicen que el chico se muere 
después de jugar al futbol, se emborracha y muere ahogado, cuando ya 
sabemos que la autopsia dice que murió de un cachiporrazo en la nuca. 
Este chico fue a bailar y la policía lo mató como una señal a nosotros 
de que ellos siguen matando cuando quieren. Entonces, en Río Negro, en 
Choele, hay un boliche, Macuba, donde mataron a dos obreros que fueron a
 bailar, Daniel Solano y Umberto Cuyebay, y sigue funcionando. A Umberto
 lo matan porque en mayo del año pasado, nosotros atendemos a Roberto 
Cuyebay porque es golpeado en Macuba, llevado a la comisaría de Choele, 
desmayado y los policías le roban el sueldo; por esa denuncia cae 
Trabajo Argentino, que es la segunda empresa del caso Solano, entonces 
cuando lo sacan a Umberto se lo confunden con Roberto y la policía lo 
asesina. Nosotros ya estamos atendiendo a la viuda, a la mamá de los 
tres hijos menores de Cuyebay, y hemos traído un montón de pruebas”.
El jagüel
Heredia es uno de los abogados de la familia de Daniel Solano que 
desde marzo de 2012 realiza un acampe frente al juzgado de Choele Choel.
 Gualberto, papá de Daniel, tuvo dos ACV en el transcurso de estos 4 
años de impunidad, pero actualmente se encuentra bien de salud y reparte
 sus días entre el acampe y la iglesia, que también cobija a Romina 
(prima de Daniel), Maira y Pablo Solano (sus tíos)y a los propios 
abogados.
En julio de este año, un testigo declaró saber dónde había sido 
arrojado el cuerpo de Daniel. Aseguró que se encontraba en un jagüel de 
80 metros, ubicado en la base de un molino dentro del campo La Manuela.
Al respecto, Heredia expresó: “inspeccionamos el jagüel en diciembre,
 el juez dijo que no se podía bajar porque estaba con chapas podridas. 
Sin embargo, en base a la declaración de ese jagüelero, en agosto 
logramos llevar un geólogo de la Facultad de Ingeniería en perforación 
de Tartagal, pagamos una filmación y logramos demostrar que el jagüel 
estaba totalmente cementado; pero hay un pequeño problema: desde 
diciembre a agosto volvieron a bajar a este jagüel, que tiene 4 metros 
más de profundidad, lo que significa que sacaron elementos de allí 
dentro, fue adulterado. Pedimos la detención del dueño del campo, de los
 jagualeros que mintieron, y esto sigue sin resolverse, y sin 
autorizarse el descenso al jagüel. Entonces no hay ninguna duda de que 
se sigue encubriendo, mintiendo, demorando, y es realmente vergonzoso 
porque escuchábamos que en este país todo cambia, que los modelos, los 
no modelos, pero sigue siendo todo lo mismo, y hay impunidad para estas 
empresas”.
“Nosotros tenemos pedidos de 20 detenciones –continuó el letrado en 
diálogo con Oral y Público–, el requerimiento de la querella tiene 500 
páginas, el caso Solano es el más importante de la Argentina, en cuanto a
 su complejidad. Estamos trabajando, y voy a aportar nuevas pruebas que 
he logrado conseguir en Salta, de tantas que hemos aportado y que espero
 que de una vez por todas vayan resolviendo y podamos terminar este caso
 y podamos descender al jagüel y sacar los elementos que se encuentran, 
ya que nosotros creemos que allí está el cuerpo de Daniel y el arma con 
el que lo mataron. Él fue asesinado con una carabina. El testigo que 
dice que está en el jagüel también le ha informado al juez que a Solano 
lo mataron con su arma, después de que lo revisa el médico de la 
policía, que se llama Vaira, y les dice ‘mátenlo porque el chico está 
agonizando y es un chico joven’. El dueño del campo donde está el jagüel
 es pariente de la esposa de Vaira. Nosotros al campo no llegamos 
solamente por el testimonio de esa persona, sino también por una serie 
de pruebas que nos llevan a que el cuerpo fue tirado en ese jagüel. 
Nosotros dijimos hace rato que Solano había sido quemado, fue incinerado
 su cuerpo con nafta. Por eso cuando nosotros hacemos la primera 
inspección, vemos agua y cal. En la segunda ya no había agua, eso 
significa que bajaron y sacaron el agua con bomba para poder sacar los 
elementos que los incriminaran y eso fue una maniobra organizada por el 
juez y el fiscal, que es el que pide el testimonio de tres jagualeros y 
estos dicen que no se podía bajar porque estaba revestido en chapa. 
Ahora se acreditó mediante peritos oficiales y de la querella que el 
jagüel está totalmente cementado. Se puede bajar sin problemas”.
A pesar de los permanentes obstáculos que imponen los intereses 
económicos, políticos, policiales y de la propia justicia para intentar 
paralizarla o desviarla, la causa Solano parece estar siempre avanzando,
 y es gracias a la continua lucha de los familiares de Daniel y al 
trabajo y esfuerzo de los abogados.